Cada junio se conmemora el Mes del Orgullo, una fecha en la que se celebra la diversidad y se recuerdan las luchas de la población LGBTIQ+. Este año, la fecha llega en medio de conquistas que han ampliado derechos para las personas sexodiversas en distintas partes del mundo, pero también de señales de alerta por discursos y decisiones que buscan limitar esas garantías.
Los datos más recientes de ILGA Mundo reflejan ese escenario fragmentado. Actualmente, 65 Estados miembros de la ONU criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, una cifra que aumentó por primera vez en casi una década. Paralelamente, en otros lugares se logran debates y reformas sobre el matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de la autodeterminación de género o la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión”. Movimientos impulsados, en gran medida, por organizaciones sociales que permiten ver cómo está cambiando el mundo frente a estos derechos.
En ese contexto global se encuentra Colombia. Un país que recibe este Mes del Orgullo en medio de las elecciones presidenciales, en las que dos candidaturas ubicadas en orillas ideológicas opuestas buscan llegar a la Casa de Nariño. Para entender cuál es la posición colombiana, qué retos siguen pendientes y qué aspectos merecen atención en medio de la contienda electoral, El Espectador habló con Curro Peña Díaz, consultor de investigación de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), y con Jorge Virviescas, integrante del Consejo Regional de ILGALAC para la subregión andina.
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¿Cómo describiría el panorama actual de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el mundo?
Curro Peña: Creo que una conclusión general que podemos sacar es que los derechos de las personas LGBTIQ+ no pueden entenderse sin comprender el contexto político general. Tanto cuando estudiamos países concretos como cuando hacemos un análisis más global. Vivimos un momento de avance del autoritarismo, de ataques a la libertad de expresión y de actos violentos y unilaterales de los Estados más poderosos. Eso inevitablemente se nota en el desarrollo que tienen las libertades de las comunidades marginalizadas y, en particular, de las personas LGBTIQ+.
En países como Ghana o Senegal, donde recientemente se han recrudecido las leyes que castigan a las personas LGBTIQ+, estas reformas legales se han producido tras campañas políticas y electorales en las que las personas LGBTIQ+ son utilizadas como chivo expiatorio. También se nota la influencia que tienen los movimientos evangélicos internacionales de Estados Unidos, que lo mismo hacen lobby contra las personas trans allí, contra el aborto en América Latina o a favor de criminalizar la homosexualidad en Uganda.
Por ejemplo, en cuanto a las mal llamadas “terapias de conversión”, también depende mucho del contexto y, sobre todo, del éxito que tengan las movilizaciones sociales. En la Unión Europea sí que han pasado a ser una de las prioridades de la Comisión Europea, gracias a una iniciativa ciudadana que recogió más de un millón de firmas para que se castigaran. En mi propio país, España, ahora mismo se está discutiendo una ley para castigarlas de manera más eficaz, también por iniciativa de la sociedad civil. En otros lugares, como Japón o Polonia, los esfuerzos se centran más en conseguir el reconocimiento de las parejas del mismo género.
¿Considera que, frente a la visibilidad y los avances en derechos de las personas sexodiversas, estamos viendo una respuesta reaccionaria a nivel global?
Curro Peña: Sin duda el movimiento antiderechos ha adquirido una enorme fuerza, pero creo que esta fuerza no deriva del apoyo que tienen entre la gente de a pie, sino de que es un movimiento muy bien coordinado y, sobre todo, muy bien financiado. En Europa estamos descubriendo cómo Viktor Orbán, el ya exprimer ministro de Hungría, era responsable de financiar a muchos grupos en Europa y el mundo. Hay investigaciones que apuntan también a organizaciones españolas de ultraderecha que estarían canalizando dinero desde Rusia hacia distintas causas antiderechos en el mundo.
Estos movimientos explotan los problemas reales que enfrentan las personas en el mundo como: la pobreza, la falta de vivienda, la explotación laboral o la violencia, culpando a las personas LGBTIQ+ y a otros grupos, como las personas migrantes o las minorías étnicas. Así, le dan a la ciudadanía una respuesta fácil a la vez que desvían la atención de los verdaderos causantes, que son quienes se benefician de que vivamos en sociedades cada vez más desiguales.
Una cualidad del movimiento antiderechos es que es capaz de adaptarse con mucha soltura al contexto de cada país. Esto lo hace identificando cuáles son los temas en los que el consenso social es más débil para atacar a la diversidad por ahí. Un ejemplo a nivel global es el pánico moral que existe en torno a las atletas trans. Las personas trans llevan décadas participando en competiciones deportivas sin ningún problema. Sin embargo, los grupos ultraconservadores supieron ver que ese era un tema que podía servirles para generar dudas y abrir una brecha. Eso les ha permitido ir muchísimo más allá. Recientemente, el movimiento antiderechos está desmontando (casi siempre de la mano de partidos de ultraderecha) el marco protector que tenían contra la discriminación a las personas trans en países tan diferentes como EEUU, Nueva Zelanda, Georgia, Portugal o India.
¿Se está viendo una tendencia similar de retrocesos en América Latina y el Caribe?
Jorge Virviescas: Lo que vemos es que hay una correlación entre gobiernos nacionales, un poco con tendencias de derecha y antiderechos, frente a nuestras conquistas en temas de derechos y garantías. En el caso regional, por ejemplo, Argentina pasó de ser un país pionero, que tenía una cantidad de normatividades e institucionalidad, a estar hoy en cabeza de un gobierno que ha desmontado estos espacios que existían para garantizar los derechos LGBT: las oficinas de derechos humanos y el cupo laboral trans. Eso se desmontó porque hubo una decisión del gobierno de reducir el Estado y de considerar que estos temas no eran prioritarios para su agenda política.
También está pasando en Perú, Chile, El Salvador y algunos países de Centroamérica. En el caso de Brasil, durante el gobierno de Bolsonaro se congelaron unos avances que se habían desarrollado en 15 años y solamente pudieron ser retomados ahora, de nuevo, con el gobierno de Lula da Silva. Aún así, quiero destacar que en medio de toda esta ola de retrocesos, hay gobiernos que han hecho correcciones históricas frente a su comportamiento homofóbico, como el caso del Estado cubano, que con la nueva Constitución, metieron todo el paquete de derechos que a los otros países nos costó más de 30 años.
Pero también tenemos países donde históricamente ha habido demoras y ausencia. O sea, a pesar de que hayan tenido gobiernos progresistas, como Ecuador o Venezuela. Si bien tenían gobiernos con una ideología diferente a estos gobiernos antiderechos, tampoco hubo mucho desarrollo institucional. Entonces no es automático que frente a una posición ideológica de izquierda o derecha haya una plena garantía, pero sí hemos visto mayores protecciones en gobiernos progresistas porque tienen diálogo con los movimientos sociales.
¿Cómo se posiciona Colombia frente al contexto internacional?
Jorge Virviescas: Colombia, en el contexto internacional e incluso en América Latina, es uno de los países donde se ha garantizado una importante serie de derechos civiles, que se fueron dando a partir de la Constitución de 1991. Es relevante decir que esos derechos han sido ganados gracias al movimiento social, que frente a la ausencia histórica de acciones afirmativas, han realizado demandas de litigio estratégico ante la Corte Constitucional, tal como ocurrió con el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Esto nos parece muy importante mencionarlo porque demostró que había una ausencia de actuación por parte del Congreso de la República y también del poder ejecutivo.
Solamente en los últimos periodos es que el Ejecutivo ha intervenido en temas LGBT. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Manuel Santos se decretó una política pública LGBT; siendo la primera vez que esta rama se pronuncia sobre los derechos de la población. En el siguiente, que es el de Iván Duque, ese avance quedó congelado porque no hubo desarrollo institucional al respecto. Pero ahora, en el gobierno de Gustavo Petro, se han retomado algunos de esos procesos. A través del Ministerio de Igualdad se impulsó un CONPES que permite avanzar en el desarrollo de estos derechos.
Algo similar ocurrió con la rama legislativa. En este periodo que está por terminar se tramitaron proyectos de ley sobre las mal llamadas “terapias de conversión” y sobre algunos derechos para las personas trans, quienes, según distintos estudios, son de las más vulneradas dentro de la población LGBTIQ+. Aunque hubo más movimiento legislativo alrededor de estos temas, varios de los proyectos han sido archivados o no han avanzado en su trámite.
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Usted ha mencionado que Colombia tiene importantes avances en materia de derechos LGBTIQ+, pero que aún existen temas pendientes. ¿Qué aspectos siguen en deuda?
Jorge Virviescas: Creería que, por el lado del Ejecutivo, es decir, de la persona que quede en las próximas elecciones, hay deudas pendientes con los sectores LGBT. Por un lado, garantizar una institucionalidad. Esa institucionalidad puede significar un Ministerio de Igualdad con una dirección de diversidad o un nuevo desarrollo institucional en el Ministerio del Interior, pero debe existir una entidad responsable de hacer seguimiento a las políticas públicas, coordinar a los diferentes actores del Estado y verificar el cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, es necesaria la implementación del CONPES que ya fue formulado. Allí están definidas las responsabilidades de distintos sectores, así como un presupuesto y un plan de acción para desarrollar las medidas planteadas.
En el Legislativo estaría la Ley Integral Trans. Es una ley que construyeron las organizaciones, incluso con la bancada de diversidad sexual del Congreso de la República, y que sigue pendiente de trámite. También está la ley contra las “terapias de conversión”, sobre la que ya ha habido avances legislativos en otros países de la región, pero donde Colombia sigue estancada.
A nivel de sociedad tenemos un trabajo muy importante, que es el cambio cultural. Sin ese cambio va a ser muy difícil desarrollar políticas efectivas y lograr que las acciones afirmativas del Estado tengan arraigo en las regiones, en los municipios, en las ciudades y en los barrios. Ahí, como sociedad, tenemos retos muy importantes.
Y finalizaría con una cosa que es más de la dependencia del orden judicial: la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación tiene una deuda importante con nosotros porque no está investigando los crímenes y los delitos contra la población LGBT. En algún momento ellos tuvieron el desarrollo de un equipo en la Fiscalía, pero hoy la gran mayoría de los crímenes contra las personas LGBT están quietos y en total impunidad, y la Fiscalía está cruzada de brazos. Frente a esa acción, sería importante hacer un llamado a la Procuraduría para que presione a los organismos de inteligencia del Estado, a las fuerzas de Policía y a la Fiscalía para que desarrollen su competencia, porque no lo están haciendo y todos estos crímenes están sin investigación y en absoluta impunidad.
En Colombia, el Mes del Orgullo coincide este año con las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve este panorama y qué está en juego?
Jorge Virviescas: Nosotros estamos hoy en el ombligo del debate de lo que está pasando internacionalmente. Y ese debate es si tenemos Estados que garantizan derechos de sectores poblacionales que han sido discriminados o marginados históricamente, o si definitivamente esos avances se echan a una caneca.
Sería terrible que para Colombia, en el mes de la diversidad sexual, se tomara una definición por un camino de retroceso en derechos. El reto de Colombia es demostrar que las garantías y los derechos se mantienen independientemente de quién llegue al gobierno. Ya sea con una administración más cercana a nuestros sectores o con una que no lo sea tanto, lo importante es que se garanticen unas condiciones básicas. Eso sería muy importante.
De hecho, de los dos candidatos, el que obtuvo la mayor votación en la primera vuelta presidencial ha mencionado que, si estuviera en sus manos, no estaría de acuerdo con el matrimonio, la adopción y otros derechos. Eso lo puede decir cualquier ciudadano, pero no quien aspira a encabezar el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque con su respaldo podrían avanzar proyectos de ley impulsados por congresistas que busquen hacer retroceder estos derechos.
Es una advertencia necesaria porque es algo que ya está pasando en el contexto regional e internacional, donde desafortunadamente nuestros derechos se convirtieron en moneda de cambio, de negociación y de debate para avanzar hacia determinados modelos de Estado. Creemos que ahí están los retos en este contexto internacional y justo en el Mes del Orgullo, en el que paradójicamente vamos a ver qué pasa.
¿Qué balance hace de los avances y retrocesos registrados desde el Mes del Orgullo del año pasado hasta hoy?
Curro Peña: Estamos en un momento muy complejo en el que el movimiento LGBTIQ+ se enfrenta a un adversario gigantesco, muy organizado y bien financiado. Eso requiere que el movimiento LGBTIQ+ se coordine y que reciba un mayor apoyo de sus aliados. Aunque el contexto actual no ayuda a esto último, pues muchos Estados están restringiendo sus ayudas al desarrollo y a la sociedad civil, otros gobiernos están dando un paso al frente y demostrando de maneras más inequívocas su respaldo a los derechos humanos.
Además, las personas queer me demuestran cada día una gran capacidad para la resistencia, la creatividad y, sobre todo, la solidaridad. Tanto dentro de nuestra comunidad como más allá de ella. Lo vemos cuando las marchas del Orgullo se llenan de mensajes contra el genocidio y la guerra o cuando fiestas LGBTIQ+ reúnen fondos para otras causas. Creo que esa es la clave para responder a estos tiempos complejos: solidaridad radical frente a todas las formas de opresión.
¿Hay razones para ser optimistas frente al panorama de Colombia si se compara con lo que está ocurriendo en otros países?
Creo que sí por varias cosas. Primero, porque aquí hay un camino andado con ganancias concretas. O sea, hoy no estamos partiendo de la nada. Desafortunadamente hay países que no tienen nada de legislación. Entonces tenemos esperanza en que, a pesar de la diversidad política e ideológica del movimiento social LGBT, hay unidad en hacer una exigencia sobre estos temas, independientemente de si somos de izquierda, de derecha o de centro. Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer desarrollo institucional y con que hay que hacer cambio cultural.
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Por Luisa Lara
