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Hace casi diez años, el asesinato de Paola Buenrostro —una mujer trans, amiga, trabajadora sexual y con proyectos de vida— abrió en México una discusión sobre la extendida violencia por prejuicio que enfrentan las personas trans. Especialmente, sobre las barreras, la impunidad y la revictimización con las que se topan cuando buscan justicia. Su caso terminaría convirtiéndose en un referente para varios avances jurídicos en el país, entre ellos la tipificación del transfeminicidio y la necesidad de investigar estos crímenes con perspectiva de género.
La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Buenrostro subió al automóvil de Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien había solicitado sus servicios. El vehículo avanzó unos metros y, poco después, Delgadillo —guardia de seguridad y autorizado para portar un arma únicamente durante su jornada laboral— le disparó. Amigas y compañeras de la mujer, aparte de presenciar los hechos, detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, poco después, un juez ordenó su liberación al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo con el asesinato. Durante años permaneció prófugo.
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La violencia contra Buenrostro siguió incluso después de su muerte, algo que empujó a colectivos y organizaciones sociales a exigir justicia en su nombre. Durante la investigación, las autoridades desconocieron su identidad de género, se refirieron a ella con pronombres masculinos y utilizaron el nombre que le había sido asignado al nacer. El sistema de justicia tampoco reconoció, en un primer momento, el lugar que ocupaban sus amigas y compañeras trans como familia elegida. Aunque algunas habían presenciado directamente los hechos, no fueron consideradas dentro de la investigación.
A esto se sumó la manera en que fue investigado el crimen. La Fiscalía abrió en su momento, una carpeta por homicidio, pese a que para entonces el feminicidio ya estaba reconocido como delito, pues había sido incorporado al Código Penal Federal en junio de 2012, cuatro años antes del asesinato de Buenrostro.
“En 2016 no existía nada de visibilidad, de atención, de programas, protocolos o lineamientos para mujeres trans. No existíamos. Después de lo que pasó con Paola, durante diez años hubo un trabajo importante de las colectivas y de las instituciones, en el que se empezó a reconocer esta identidad, esta expresión y orientación, lo que ayudó a atender de una manera transversal a las personas LGBT”, dice en conversación con El Espectador Kenya Cuevas, una de las testigos del crimen, quien más adelante se convirtió en activista y defensora de derechos humanos y fundó La Casa de las Muñecas Tiresias, una organización que trabaja por los derechos de esta población.
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Con los años, el expediente se convirtió en uno de los casos más representativos de las fallas institucionales frente a los asesinatos de personas trans. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, en la que documentó múltiples omisiones y deficiencias en la investigación inicial. Como parte de las medidas de reparación derivadas de esa resolución, en 2021 la Fiscalía ofreció una disculpa pública a la memoria de Buenrostro y a su familia elegida.
Fue tanta la insistencia en la búsqueda de justicia por parte de Cuevas y demás organizaciones sociales, que la lucha llegó al terreno legislativo. En julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 45 votos a favor y uno en contra, la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio como delito autónomo en el Código Penal de la capital y estableció penas de entre 35 y 70 años de prisión.
Con esto, se incorporaron medidas para respetar la identidad de género de las víctimas, evitar su revictimización y reconocer a la familia social dentro de los procesos. Varias de las barreras que atravesaron el caso de Buenrostro quedaron así recogidas en la nueva ley. Cuevas explica que, hasta ahora, seis de los 32 estados de la República han legislado sobre el transfeminicidio: Nayarit, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Baja California y Baja California Sur.
Un giro en la investigación: después de 10 años fue reconocido como un feminicidio
El pasado 4 de septiembre, el caso dio un giro histórico. Un juez reclasificó el asesinato de Buenrostro, que hasta entonces era investigado como homicidio calificado, y determinó que el proceso continuara por feminicidio agravado. En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México explicó que el juez determinó “que la clasificación jurídica del caso se modificará de homicidio calificado a feminicidio agravado”, es decir, los hechos serán analizados bajo el enfoque de género correspondiente a esta tipificación.
La entidad explicó que la reclasificación a feminicidio agravado permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, atendiendo el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos.
“La clasificación como feminicidio nos ayuda mucho a visibilizar la identidad, pero, sobre todo, a entender que el caso de una mujer trans, por ser mujer, tiene que ser analizado con perspectiva de género. También implica reconocer el trabajo sexual como un trabajo”, agrega Cuevas, quien celebra la decisión por tratarse, según explica, del primer caso en México en el que el asesinato de una mujer trans es juzgado bajo esta tipificación.
Previamente, la Fiscalía había explicado que el asesinato de Buenrostro no podía ser perseguido como transfeminicidio, pues esa figura penal no existía en 2016, cuando ocurrieron los hechos. La razón está en el principio de irretroactividad de la ley penal mexicana. Cuevas lo explica de forma sencilla: si el delito no existía cuando se cometió el crimen, no puede utilizarse después para juzgarlo. Por eso, aunque hoy el transfeminicidio está tipificado en Ciudad de México, la ley no aplica para el proceso relacionado con el asesinato de Buenrostro.
“Pero en el caso de Paola, yo sabía perfectamente que no iba a llegar a aceptarse como transfeminicidio”, dice Cuevas, y agrega: “la ratificación no tiene que ver con las sentencias que puede generar el delito, sino con el reconocimiento de la identidad de Paola. Entonces, este caso encaja perfectamente en el feminicidio. Obviamente, para los casos futuros sería importante que se clasifiquen como transfeminicidio”.
Al mismo tiempo, Cuevas explica que el caso tampoco fue investigado inicialmente como feminicidio por la falta de reconocimiento de la población trans. “Vivíamos en una estructura de discriminación muy fuerte en México y no se reconocía a las mujeres trans como mujeres. De hecho, en ese entonces los medios de comunicación publicaban notas diciendo ‘joto’, ‘hombre vestido de mujer’ u ‘hombre con falda’”, recuerda.
Según explica, aunque la figura jurídica del feminicidio ya existía, todavía había poco conocimiento institucional sobre cómo aplicarla cuando la víctima era una mujer trans. Esa falta de reconocimiento de su identidad influyó en que la investigación comenzara como homicidio, por lo que celebra que finalmente haya sido reclasificada.
El país azteca ha dado pasos recientes en el reconocimiento de estas violencias. También este año, un juez de Ciudad de México declaró culpable por tentativa de feminicidio al hombre que atacó a la activista y periodista Natalia Lane en 2022. El caso se convirtió en un precedente para reconocer la violencia contra las mujeres trans dentro de esta figura penal.
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¿Qué pasó con Arturo “N” tras el asesinato de Paola Buenrostro?
La detención llegó casi diez años después del crimen. El 31 de agosto de 2026, la Fiscalía de Ciudad de México capturó en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, a Arturo “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de Paola Buenrostro. Sobre él pesaba desde 2016 una orden de aprehensión por homicidio calificado.
Un día después de la captura, durante la primera audiencia, la Fiscalía mantuvo la imputación bajo esa figura penal. La institución explicó que la orden respondía al expediente abierto en 2016. Aun así, la decisión despertó el rechazo de colectivos trans, que reclamaban que el asesinato fuera analizado desde la violencia de género que había atravesado el caso desde el comienzo. Arturo “N” quedó en prisión preventiva mientras se definía su situación jurídica.
Tres días después, con la reclasificación del caso como feminicidio agravado, un juez vinculó a Arturo “N” a proceso. La decisión permite que el asesinato de Paola sea investigado y juzgado teniendo en cuenta su identidad, el contexto del crimen y las razones de género relacionadas con los hechos. Además, se fijó un plazo de tres meses para completar la investigación.
El caso Paola Buenrostro tuvo que ser revisado con perspectiva de género para ser reclasificado como feminicidio
Para Kenya Cuevas, la decisión marcó un momento histórico en el acceso a la justicia para las personas trans. Sin embargo, la discusión no termina con el caso de Paola.
“Es el primer caso que se formaliza y, para nosotras, es un precedente porque el caso de Paola nos ha ayudado a entender muchas de las violencias estructurales que vivimos”, explica. A su juicio, reconocer esa identidad permite también reconocer la violencia que existe detrás de estos crímenes. Para la activista, ese cambio supone empezar a reconocer no solo las violencias, sino también a las personas que las enfrentan y su dignidad, incluso después de la muerte.
“Siempre va a valer la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones. Mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices”, así resume la activista el largo recorrido de diez años en la búsqueda de justicia para su amiga.
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Por Luisa Lara
