Cuando pensamos en las disputas políticas de nuestro tiempo solemos mirar las elecciones, las leyes, los discursos de los gobiernos o las decisiones de los tribunales. Mucho menos visible es otra disputa que también está ocurriendo: la que define qué puede conocer un Estado sobre la sociedad que gobierna. Qué información decide producir, qué poblaciones logra reconocer en sus sistemas, qué preguntas hace, cómo organiza sus registros, qué estadísticas publica y qué evidencia queda disponible para tomar decisiones parecen asuntos técnicos. Esas decisiones también determinan qué problemas podemos identificar, qué desigualdades podemos medir y qué realidades llegan a ser visibles para la acción pública.
Por eso, los datos también están en disputa.
Las discusiones recientes alrededor del género permiten verlo con especial claridad. En Estados Unidos, desde 2025, el gobierno federal adoptó una definición de sexo basada en categorías masculina y femenina y ordenó cambios en políticas, documentos y formularios oficiales. Entre otras medidas, dispuso que los formularios federales que solicitan información sobre sexo no incluyeran preguntas sobre identidad de género. Una discusión que podría parecer limitada al terreno de los valores o del lenguaje llegó también a la manera en que el Estado pregunta, registra y organiza información sobre su población.
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Argentina muestra otra dimensión. Desde la llegada de Javier Milei, el gobierno reorganizó o eliminó parte de la institucionalidad nacional que trabajaba específicamente en asuntos de género y contra la discriminación, incluido el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Eso no significa que Argentina haya dejado de producir estadísticas sobre estas poblaciones, ni que ambos casos sean equivalentes. Lo que sí muestra es que las capacidades institucionales construidas durante años pueden cambiar rápidamente cuando cambia la visión política de un gobierno.
Ahí aparece la pregunta que me interesa. Es normal que un nuevo gobierno modifique prioridades, políticas e instituciones. La pregunta es si debería poder reducir también la capacidad del Estado para conocer realidades que no encajan con su visión del mundo. ¿Qué ocurre cuando una disputa política empieza a determinar qué información se produce, qué fenómenos siguen siendo observables y qué evidencia queda disponible para que la sociedad evalúe lo que está ocurriendo?
El problema parece pequeño hasta que pensamos en sus consecuencias. Una persona trans sigue yendo al hospital, buscando empleo, estudiando, envejeciendo o enfrentando violencia aunque un sistema público no tenga información suficiente para reconocer esas experiencias. Las personas no desaparecen cuando el Estado deja de preguntarse por ellas. Lo que puede desaparecer es parte de nuestra capacidad para saber qué les está ocurriendo, identificar si enfrentan barreras distintas y determinar si las políticas que deberían protegerlas realmente están funcionando.
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Ahí aparece también una cuestión de justicia estadística: qué tan capaces son los sistemas del Estado de reconocer a las personas y de producir información que refleje la diversidad de la sociedad que buscan comprender. Esto importa porque los datos oficiales nunca son una fotografía perfecta de la sociedad. Producir información implica tomar decisiones: qué queremos conocer, qué preguntas hacemos, cómo organizamos los registros, qué diferencias necesitamos observar y qué resultados ponemos a disposición de la sociedad. Esas decisiones pueden y deben cambiar con el tiempo. Eso no significa que toda diferencia deba convertirse en una nueva variable ni que producir más datos sea siempre mejor. Significa que las instituciones públicas deberían conservar la capacidad de conocer una sociedad compleja incluso cuando parte de esa complejidad resulta incómoda políticamente.
Y esto va mucho más allá de las personas trans. La misma pregunta puede hacerse frente a la migración, la violencia, la pobreza, la discapacidad, las desigualdades raciales, el cambio climático o cualquier asunto en el que la evidencia entre en tensión con determinadas posiciones políticas. Los sistemas estadísticos necesitan revisarse. Una cosa es mejorar la manera en que conocemos un fenómeno y otra reducir nuestra capacidad de conocerlo porque preferimos que deje de formar parte de la conversación pública.
Colombia tiene aquí una oportunidad interesante. Con todas sus limitaciones, durante los últimos años distintas instituciones han ampliado la información disponible sobre diversidad sexual y de género, al mismo tiempo que el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de identidades trans y no binarias. Persisten vacíos importantes y nuestros sistemas no siempre conversan entre sí. Una misma persona puede ser reconocida por una institución y permanecer invisible para otra. Aun así, esos avances muestran que la infraestructura de conocimiento del Estado puede transformarse para representar mejor a la sociedad.
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Podemos pensar los datos públicos como parte de una infraestructura democrática que debería ser suficientemente sólida para sobrevivir a los cambios de gobierno. No porque las estadísticas estén por encima de la política ni porque los expertos deban reemplazar la deliberación democrática, sino porque una sociedad necesita conservar cierta capacidad común para observarse, discutir sus problemas y evaluar las consecuencias de las decisiones de quienes gobiernan. La realidad del país no debería poder redefinirse completamente cada cuatro años en función de quién tenga el poder.
Eso también obliga a reconocer los límites de la producción de datos. La visibilidad puede proteger, pero también puede exponer. Recoger información sobre identidad de género, salud, origen étnico, discapacidad, migración u otras características sensibles exige propósitos claros, protección de la privacidad, seguridad y participación de las personas sobre quienes se produce esa información. Un Estado democrático no debería tener que escoger entre conocer mejor a su población y protegerla. El desafío es construir sistemas capaces de hacer ambas cosas.
Por eso la pregunta no es simplemente si necesitamos más datos. Es qué tipo de infraestructura pública de conocimiento queremos construir y para qué.
Colombia podría proponerse ser un referente regional en este terreno: desarrollar sistemas capaces de reconocer diferencias sin convertirlas en sospecha, producir información sin poner vidas en riesgo, permitir que investigadores, periodistas y organizaciones sociales evalúen lo que está ocurriendo, y ofrecer a quienes toman decisiones evidencia suficiente para identificar dónde persisten las desigualdades y si las políticas públicas están funcionando.
La evidencia, por supuesto, no gobierna sola. No decide qué valores debemos priorizar ni elimina los desacuerdos legítimos de una democracia. Pero sí puede ayudarnos a conocer las consecuencias de nuestras decisiones y a exigir que quienes gobiernan respondan por ellas. Si una política profundiza una desigualdad, necesitamos conservar la capacidad de saberlo. Si una población enfrenta mayores barreras, necesitamos poder identificarlas. Y si un gobierno decide ignorar determinada evidencia, la sociedad debería al menos conservar la capacidad institucional para producirla, discutirla y exigir explicaciones.
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Tal vez ahí esté una de las tareas democráticas menos visibles de nuestro tiempo: proteger la posibilidad de conocer una realidad que siempre será más compleja que la visión de cualquier gobierno.
Una democracia cuenta votos, sí. Pero también necesita instituciones capaces de contar, comprender y reconocer las vidas que existen detrás de ellos. Defender esa capacidad, con privacidad, participación y garantías, es también defender la democracia: garantizar que la capacidad de conocer la realidad del país no dependa únicamente de quien tenga temporalmente el poder de nombrarla.
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Por Sebastián León-Giraldo
