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A dos semanas de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella ya empezó a delinear el rumbo de su gobierno. Al gabinete ministerial le faltan pocos nombramientos, el equipo de empalme avanza y desde la administración entrante ya se anticipa un paquete de decretos para el 7 de agosto, con los que pretende iniciar lo que ha denominado una “patria milagro”. Esos procesos empiezan a dar pistas para interpretar una pregunta que, por ahora, sigue abierta: ¿cómo gobernará en materia de derechos de las personas LGBTIQ+ y políticas de igualdad?
La incertidumbre está presente entre organizaciones y personas de la población LGBTIQ+. Apenas una semana después de la segunda vuelta presidencial, miles de personas marcharon en más de 30 ciudades y municipios durante el Día Internacional del Orgullo con una consigna común: “Ni un paso atrás”. El mensaje apuntaba a los derechos conquistados por esta población en las últimas décadas y volvió a escucharse esta semana durante la besatón convocada en el Centro Comercial Andino, en rechazo a un caso denunciado de discriminación.
“Al próximo gobierno le pedimos que respete los derechos adquiridos, que respete la Constitución, los fallos de la Corte Constitucional. Acá seguiremos, seguiremos siendo y amando en libertad”, dijo a El Espectador una de las asistentes a la marcha en Bogotá.
Esas peticiones y preocupaciones no aparecieron de la nada. Durante la campaña, De la Espriella habló en varias ocasiones sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ y las políticas de género. Entre 2025 y 2026 se pronunció al menos 20 veces sobre temas como la supuesta “ideología de género” en los colegios, la oposición a la adopción por parejas del mismo sexo, la defensa de la familia tradicional y sus reparos sobre matrimonio igualitario. Aunque enfatizó en algunos de esos pronunciamientos en que respetaría las decisiones de la Corte Constitucional.
La respuesta a esa pregunta todavía no es definitiva. De la Espriella aún no gobierna y buena parte de sus anuncios deberán superar límites constitucionales, controles judiciales y debates en el Congreso. Sin embargo, es justamente en ese terreno donde se empieza a leer cómo el discurso que sostuvo durante la campaña dialoga con la hoja de ruta que pretende construir desde la Casa de Nariño. ¿Cuáles son esas señales?
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Las primeras pistas del gobierno están en el Ministerio de Educación y la supuesta “ideología de género”
Según las fuentes consultadas, uno de los primeros lugares donde ese discurso se podría reflejar es el Ministerio de Educación. La designación de Viviane Morales al frente de esa cartera llamó la atención de organizaciones feministas y de derechos humanos por la trayectoria de la exfiscal en debates sobre educación sexual, derechos sexuales y reproductivos y derechos de la población LGBTIQ+.
En 2017, Morales impulsó un referendo que buscaba limitar la adopción exclusivamente a parejas conformadas por un hombre y una mujer. Para defender la medida, Morales retomó el término “ideología de género” desde una narrativa de pánico moral y afirmó que: “Los líderes de la ‘ideología de género’ quieren impedir nuestros derechos ciudadanos”. Aunque reunió más de dos millones de firmas válidas y la iniciativa llegó al Congreso, esta no obtuvo los votos necesarios en la Cámara de Representantes. Pero esto la convirtió en una de las principales voces políticas contra la adopción igualitaria y en el discurso que ha defendido la familia heterosexual como el modelo “preferente” para la crianza.
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Por eso el nombramiento de Viviane Morales no pasó desapercibido. Para organizaciones feministas y LGBTIQ+, su llegada al Mineducación conecta directamente con uno de los temas que De la Espriella más insistió durante la campaña: la llamada “ideología de género”. En marzo de este año, por ejemplo, el ahora presidente electo afirmó en una entrevista con Caracol Radio: “Yo soy enemigo de la ‘ideología de género’. No acepto que a nuestros niños se les quiera condicionar, se les contamine con ‘ideología de género’ para tratar de cambiar su visión sobre la sexualidad, incluso del sexo”.
Incluso, hace poco más de un mes, la administradora de empresas y esposa del presidente electo, Ana Lucía Pineda, enfatizó en esa postura durante un encuentro de mujeres en Cartagena que reunió a cerca de 2.000 asistentes. En él mencionó: “Hay que eliminar la ‘ideología de género’ de los colegios y regresar a Dios a las aulas”, como una muestra de apoyo a la candidatura y a su visión sobre la educación y las políticas de diversidad.
Para Caribe Afirmativo, el uso de este término en la política “se trata de una narrativa ampliamente utilizada en distintos países para desacreditar políticas orientadas a garantizar derechos de mujeres y personas LGBTIQ+, especialmente aquellas relacionadas con educación sexual integral, prevención de la discriminación y reconocimiento de identidades de género diversas”.
“La preocupación radica en que la expresión ‘ideología de género’ no constituye una categoría jurídica reconocida por el derecho internacional ni por el ordenamiento constitucional colombiano”, agrega, en conversación con este diario. Y explica que es una expresión que transmite la idea de que las medidas que promueven la igualdad no constituyen obligaciones derivadas de los derechos humanos, sino “posturas ideológicas” que pueden ser limitadas o incluso suprimidas, lo que va en contravía de la jurisprudencia nacional.
Vista de manera aislada, la designación de Morales podría interpretarse simplemente como la llegada de una dirigente conservadora al gabinete. Pero al analizar el nombramiento junto con el discurso del presidente electo, puede considerarse como una de las primeras decisiones que conecta las posiciones de la campaña con cómo está armando su gobierno.
(Lea más aquí: El fantasma de la “ideología de género” reaparece en las campañas presidenciales: ¿por qué?)
Eso no significa que las políticas educativas vayan a cambiar de un día para otro. Hay normas y decisiones de la Corte Constitucional que ponen límites a lo que un gobierno puede cambiar. Por ejemplo, la sentencia del caso Sergio Urrego (T-478 de 2015) dejó claro que la identidad de género y la orientación sexual hacen parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y ordenó revisar los manuales de convivencia de los colegios.
“Siendo la cabeza de un Ministerio de Educación, ella sí decide qué se prioriza, qué se financia, qué se deja de nombrar, qué equipos se conforman, a quiénes contratan, qué lineamientos se actualizan, qué materiales se distribuyen y qué mensaje se envía institucionalmente a las secretarías de educación, a los colegios y a las familias”, comentó en entrevista con El Espectador.
La fuerza de ese discurso está en que convierte debates complejos en una idea fácil de entender. En lugar de discutir, por ejemplo, si la educación sexual ayuda a prevenir el embarazo adolescente, el abuso sexual infantil, la discriminación o las infecciones de transmisión sexual, la discusión se traslada hacia la idea de que existe un intento por “adoctrinar” a niños y niñas. Entonces, el foco deja de estar en la garantía de derechos y pasa a centrarse en un supuesto riesgo para la familia o la infancia. La filósofa Judith Butler plantea en Who’s Afraid of Gender? que este tipo de narrativas forman parte de una oposición más amplia a los avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
La familia tradicional, otro eje del discurso de De la Espriella
Si hay un tema que atravesó buena parte de la campaña de Abelardo de la Espriella fue su defensa de la llamada “familia tradicional”. El hoy presidente electo afirmó en distintas entrevistas que “un niño necesita un padre y una madre” cada vez que se le preguntaba por la adopción igualitaria. En abril de este año, expresó en entrevista con la Revista Semana su desacuerdo con la adopción por parejas del mismo sexo y aseguró que respaldaría iniciativas ciudadanas que buscaran reabrir ese debate por las vías constitucionales.
Y es que no se trata de una discusión nueva. La adopción homoparental ha sido uno de los temas más polémicos dentro de la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero desde 2015 la Corte Constitucional estableció que impedir la adopción a parejas del mismo sexo es una forma de discriminación y concluyó que no existe evidencia que demuestre que la orientación sexual de madres o padres afecte el bienestar de niños y niñas. Desde entonces, la discusión jurídica quedó resuelta, aunque el debate político nunca desapareció.
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“Tengo que ser respetuoso de la ley, pero no por ello tengo que estar de acuerdo”, dijo De la Espriella en el programa Desnúdate con Eva, en julio de 2025. Esta afirmación contrasta con la postura que expresó en 2016, durante la audiencia pública en el Congreso sobre el referendo promovido por Viviane Morales, cuando afirmó que prefería que “un niño que viva y crezca en un hogar integrado por homosexuales a que lo haga viviendo en la calle”. Por lo que su postura cambió de un extremo a otro durante la campaña presidencial.
Legalmente, el presidente no puede eliminar por sí solo la adopción igualitaria. Según explica Caribe Afirmativo, cualquier cambio requeriría un giro en la jurisprudencia de las altas cortes, escenario que hoy parece poco probable. Sin embargo, el alcance político de ese discurso podría ir más allá.
“Sus discursos pueden influir en la orientación de las políticas públicas, en las prioridades institucionales y en la implementación de medidas dirigidas a proteger a las familias diversas. Asimismo, este tipo de mensajes contribuye a reforzar la idea de que las familias homoparentales son menos legítimas que las heterosexuales, perpetuando estereotipos que favorecen la discriminación y debilitan el principio de igualdad”, agrega. Es decir, aunque el derecho no cambie, sí puede cambiar la forma en que el Estado trata a esas familias.
Cuando las familias conformadas por parejas del mismo sexo son presentadas como modelos “inferiores” o “insuficientes” para la crianza, “se está cuestionando la legitimidad de un derecho ya reconocido por el ordenamiento jurídico colombiano y reforzando prejuicios que históricamente han servido para excluir a las personas LGBTIQ+ del ejercicio pleno de la vida familiar”, dice la organización. Esto envía un mensaje para ellas: que su proyecto de vida sigue siendo considerado menos legítimo que el de las familias heterosexuales y eso tiene un impacto en la opinión pública.
Según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar obtenida por El Espectador, 132 familias conformadas por parejas del mismo sexo han adoptado entre 2015, año en que la Corte Constitucional reconoció la adopción igualitaria, y 2025.
Así las cosas, organizaciones de derechos humanos sugieren que la preocupación no se refiere únicamente a que un presidente tenga una convicción moral distinta sobre la familia. En una democracia, esa posibilidad existe y hace parte del pluralismo político. En realidad surge cuando esa convicción se traduce en un discurso institucional que cuestiona derechos y reabre debates que el sistema constitucional colombiano ya resolvió.
¿Quién implementará las políticas de igualdad?
La llegada de Abelardo de la Espriella ocurre en un momento en el que el país ha adquirido compromisos nacionales e internacionales para incorporar el enfoque de género y de diversidad en distintas políticas. Solo por mencionar algunos, están el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad; la Política Exterior Feminista impulsada por la Cancillería y la copresidencia de Colombia en la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), uno de los principales espacios multilaterales para la protección de las personas LGBTIQ+.
Asimismo, se suma la incertidumbre sobre el futuro de los programas y políticas impulsados por el Ministerio de la Igualdad, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno saliente. Desde el 22 de junio de este año, Gustavo Petro ordenó la liquidación de la cartera y, aunque aseguró que el proceso sería ágil para garantizar la continuidad de los programas, organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de que estos queden en el limbo. La entidad, que tenía a cargo al menos 30 programas y contaba con cerca de 700 empleados, entró en un proceso de liquidación que podría tardar hasta un año.
Para la abogada y defensora de derechos humanos, Viviana Vargas, la duda está en que parte de la creación de esta cartera llevó consigo la reducción del papel de otras entidades que antes cumplían esas funciones. Por el momento, no estaría claro quién se hará cargo de estos temas y sin una entidad que los lidere, el futuro de los programas quedará en manos del próximo gobierno.
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Ninguno de esos compromisos desaparece automáticamente con la llegada de un nuevo Gobierno, dice Caribe Afirmativo. Sin embargo, una vez más, todos dependen de decisiones presupuestales, voluntad política y capacidad institucional para mantenerse. Los antecedentes internacionales, como el caso de Argentina con el gobierno de Javier Milei, de Estados Unidos con el segundo mandato de Donald Trump o de El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, los tres mencionados como “referentes” por Abelardo de la Espriella durante su campaña, muestran que estos programas y compromisos son los primeros en los que comienzan los retrocesos.
Aunque cada caso responde a contextos distintos, los tres comparten un patrón. En Argentina, Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; en Estados Unidos, Donald Trump ha impulsado restricciones a las políticas de afirmación de género y ha centrado parte de su agenda en contra de las personas trans; y en El Salvador, Nayib Bukele retiró la perspectiva de género de la institucionalidad pública y los contenidos sobre diversidad de las escuelas.
A simple vista parecen cambios administrativos. Aunque rara vez generan el mismo impacto mediático que una reforma legal, reducir presupuestos, cerrar oficinas especializadas o eliminar programas puede transformar la manera en que el Estado garantiza derechos sin modificar una sola línea constitucional.
Ese es el escenario con el que llegará De la Espriella a la Casa de Nariño. La pregunta seguirá abierta hasta que el gobierno empiece a tomar decisiones. No obstante, las primeras piezas ya están sobre la mesa. El gabinete, la reforma administrativa, las prioridades y el propio discurso de campaña ofrecen las primeras pistas sobre la forma en que la nueva administración entiende el papel del Estado frente a las políticas de igualdad. Será ahí, más que en las declaraciones de campaña, donde empezará a medirse el alcance real de su gobierno.
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Por Alejandra Ortiz Molano
