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A Luisa Fernanda Parra la encontraron sin vida en una calle; a Sara Millerey, agonizando en un río; a Emy Britto la atacaron y asesinaron en un establecimiento comercial. Las tres tenían algo en común: eran mujeres diversas, eran visibles en sus comunidades y fueron asesinadas en espacios públicos y a la vista de otras personas. No son detalles menores. En América Latina, las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer están siendo asesinadas en escenarios abiertos, expuestas y visibles. Colombia es el país que más reporta estos crímenes en la región.
Entre 2022 y 2025, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ documentó 137 asesinatos de mujeres LBQ en nueve países de América Latina: Colombia, Honduras, México, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Perú. Este conteo se construyó a partir del trabajo de organizaciones sociales, redes comunitarias y noticias locales, por lo que no corresponde a cifras oficiales y evidencia los límites de los registros estatales.
“En muchos países no hay fuentes oficiales y, cuando existen, muchas veces son incompletas o difíciles de consultar”, explica la investigadora de la red, Paula Spagnoletti, en entrevista con El Espectador. Aunque la mayoría de países tiene registros sobre violencias de género, muchos no incluyen la orientación sexual ni la identidad de género de las mujeres, lo que termina invisibilizando estas violencias y deja vacíos en la investigación de crímenes por prejuicio desde las primeras etapas de los procesos judiciales.
Colombia aparece una y otra vez en ese mapa. Casos como los de Luisa, Sara o Emy se repitieron al menos 65 veces más en el país durante ese periodo de tiempo. Son hechos que obligan a mirar estos asesinatos más allá de cómo se ha entendido el feminicidio o el transfeminicidio hasta el momento. “Muchas veces los cuerpos son abandonados en espacios públicos, arrojados a ríos o dejados a la vista, lo que muestra una violencia que busca enviar un mensaje”, dice Spagnoletti.
Un ejemplo es el caso de Sara Millerey, un crimen que sacudió a Colombia y cruzó fronteras, debido a la sevicia con la que fue cometido y por la circulación de imágenes que expusieron su sufrimiento y la revictimizaron. El 7 de abril de 2025 se conoció su muerte. Tenía 32 años, era una mujer trans y vivía en Bello, Antioquia. Sus agresores le fracturaron los brazos y las piernas y la arrojaron a la quebrada Playa Rica. Sara quedó en el agua, herida y quejándose de dolor y, aunque varias personas presenciaron lo ocurrido, nadie la ayudó; por el contrario, grabaron la escena y viralizaron el video.
“Estamos hablando de violencia por prejuicio”, afirma la investigadora. Es una violencia que nace del rechazo social y que busca “castigar” a las personas diversas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. “Se sostiene en estructuras sociales, culturales y políticas que rechazan a quienes no encajan en la norma heterosexual y cisgénero”, agrega.
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En el caso de las mujeres LBQ en América Latina, el informe de la red registra patrones que refuerzan esa lectura: homicidios acompañados de violencia sexual, signos de tortura, agresiones y golpes en el cuerpo. “Vemos altos niveles de brutalidad y ensañamiento sobre los cuerpos, con lesiones repetidas y concentradas en partes específicas, lo que habla de un intento de borrar la identidad de estas mujeres”, explica Spagnoletti.
En algunos casos, la violencia continúa después de la muerte, cuando el cuerpo es abandonado o expuesto en el espacio público. Y al ser expuestos, “el mensaje detrás es el castigo, la intención de generar miedo y la sanción hacia cualquier mujer que quiera visibilizar su orientación sexual”, reitera. Es un mensaje dirigido a otras mujeres, que puede traducirse en miedo a salir a la calle, a mostrarse con su pareja, a tomarse de la mano o a expresar afecto en público sin temor a represalias.
En el caso de Emy Britto, una mujer lesbiana conocida y querida en su comunidad, organizaciones sociales señalan que el crimen podría estar relacionado con su visibilidad. Fue asesinada a plena luz del día, el 16 de junio de 2025, en el barrio 31 de Octubre, en Riohacha. Estaba en un establecimiento comercial, en uno de los momentos de mayor movimiento del sector, cuando dos hombres en motocicleta entraron al lugar y le dispararon varias veces frente a todas las personas. La forma en que ocurrió el ataque causó conmoción en la comunidad y reforzó la sensación de desprotección.
“Es una práctica de disciplinamiento y exclusión del espacio social. El mensaje es: acá no”, dice Spagnoletti.
Sin embargo, hay otro patrón en la violencia contra las mujeres LBQ, lo que la investigadora denomina una afectación a su “autonomía afectiva”. Se trata de la libertad de elegir con quién vincularse emocional y sexualmente, una decisión que, para muchas mujeres diversas, sigue siendo castigada.
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Por ejemplo, el caso de Luisa Fernanda Parra, una mujer trans y lesbiana de 19 años. El 8 de junio de 2023 salió tomada de la mano con su novia rumbo a su trabajo en una fábrica de calzado en el barrio Restrepo, en Bogotá. A pocas cuadras de la iglesia de la Valvanera, en Bosa, dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon varias veces. Luisa murió en el lugar. Su familia aseguró que no conocían de amenazas previas ni conflictos que explicaran el ataque. Su pareja contó que no hubo forcejeo ni intento de robo, lo que deja abierta la posibilidad de que el crimen estuviera motivado por prejuicio.
Así mismo, en la región se registraron casos en los que “los agresores fueron exparejas varones de las víctimas o personas vinculadas a relaciones previas. Ahí aparece el castigo hacia una mujer que decide de manera autónoma su orientación sexual”, dice la experta. La violencia aparece como una forma de control frente a mujeres que deciden amar a otra mujer.
Por este conjunto de patrones, que se repiten de manera sistemática, la Red Sin Violencia sostiene que los asesinatos de mujeres lesbianas, bisexuales y queer deben entenderse como una forma de violencia de género, con rasgos propios. A diferencia de muchos feminicidios de mujeres heterosexuales, donde gran parte de los crímenes ocurre en el ámbito privado, los datos muestran que las mujeres LBQ son asesinadas sobre todo en el espacio público.
“La agresión aparece muchas veces cuando la orientación sexual se hace visible. Cuando están con sus parejas, cuando ocupan el espacio público como mujeres que aman a otras mujeres”, señala Spagnoletti.
Impunidad y subregistro en América Latina
La investigadora advierte que este conteo también tiene límites, al depender de información recolectada por organizaciones sociales. En los nueve países, más del 80 % de los casos documentados corresponde a mujeres lesbianas, 21 a mujeres bisexuales y cinco a mujeres registradas como “no heterosexuales”, una categoría que evidencia fallas y falta de cuidado en la forma en que se documentan estos crímenes y que no nombra identidades, sino vacíos institucionales.
“En el 40 % de los homicidios no se consignó el medio utilizado, lo que muestra graves fallas en la investigación y en los registros oficiales”, señala el informe. Estos vacíos afectan especialmente los casos de violencias basadas en género cuando están atravesados por orientaciones sexuales e identidades de género diversas sin que existan sistemas estatales robustos que permitan dimensionarlas en su totalidad.
Esa falta de precisión en los registros no es menor y se traslada, incluso, a la falta de visibilidad frente a las violencias contra las mujeres trans, que se siguen documentando semana a semana en Colombia y los otros ocho países analizados.
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A esto se suma la impunidad. De los 137 asesinatos registrados por la red, solo dos han terminado en condenas. “La impunidad también se da cuando los procesos avanzan sin tener en cuenta la orientación sexual de las víctimas ni una mirada desde la diversidad”, agrega Spagnoletti.
Ahora bien, la experta enfatiza en que el hecho de que Colombia concentre el mayor número de casos registrados no necesariamente significa que la violencia sea mayor comparada con los otros países. La pregunta que queda abierta es si esas cifras responden a un mayor seguimiento por parte de organizaciones sociales y redes comunitarias, mientras en otros países de la región los asesinatos de mujeres LBQ ocurren con menos documentación, menos visibilidad y más silencio.
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Por Alejandra Ortiz Molano
