Una conmemoración a medias: inclusión en el discurso, barreras en la práctica (Opinión)

Foto: Nito100

Imaginemos a una persona trans que el 17 de mayo de 2026 entra a una EPS en Bogotá y pregunta por un proceso de afirmación de género. En la ventanilla o durante la consulta, puede encontrarse con una respuesta conocida: antes de acceder al cuidado, su identidad debe pasar por valoraciones, diagnósticos o certificaciones que traduzcan su vida al lenguaje clínico. Mientras espera, ve en una pantalla institucional un mensaje celebrando el Día Internacional contra la LGBTIfobia. La escena parece contradictoria, pero en realidad describe con precisión el problema que queremos nombrar: el Estado puede conmemorar la diversidad, publicar comunicados y hablar de inclusión, mientras sus propios sistemas siguen clasificando a las personas trans bajo categorías que arrastran una larga historia de patologización.

El 17 de mayo no es una fecha cualquiera. Ese día recuerda una decisión histórica: el 17 de mayo de 1990, durante la 43ª Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades mentales. Años después, esa fecha fue propuesta como un día internacional contra la homofobia y, con el tiempo, amplió su lenguaje para nombrar también la transfobia y la bifobia. Esa ampliación fue necesaria, pues permitió reconocer violencias que durante mucho tiempo fueron ignoradas, minimizadas o tratadas como asuntos secundarios dentro de las agendas de derechos humanos. Sin embargo, entre el origen histórico de la fecha y la forma en que hoy suele conmemorarse hay una diferencia que pocas veces se discute. El punto de partida del 17 de mayo no fue solamente una pregunta sobre el odio, sino también una pregunta sobre la clasificación: ¿con qué autoridad la medicina, la ciencia y el Estado nombran como patológica una parte de la diversidad humana?

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Esa pregunta sigue abierta para las personas trans. Cuando el debate se reduce a la LGBTIfobia como rechazo individual, los responsables parecen estar en todas partes y en ninguna: el agresor anónimo, el familiar que discrimina, la sociedad que excluye o el funcionario que reproduce prejuicios en la atención cotidiana. Todo eso existe, debe ser nombrado y no puede minimizarse. Pero, cuando la pregunta se desplaza hacia la patologización, los responsables dejan de ser únicamente individuos y empiezan a aparecer con más claridad las instituciones, los manuales diagnósticos, los sistemas de codificación, las rutas de atención y las decisiones administrativas que definen quién entra al sistema, bajo qué categoría, con qué requisitos y con qué consecuencias. La primera pregunta permite campañas, comunicados e izadas de bandera; la segunda exige modificar la arquitectura del Estado.

Colombia está en un momento clave para hacerse esa pregunta. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, conocida como CIE-11, y allí las categorías asociadas a las experiencias trans dejaron de estar ubicadas en el apartado históricamente usado para patologizar la diversidad de género y pasaron a un capítulo sobre condiciones relacionadas con la salud sexual. No se trata de una despatologización plena, pues muchas organizaciones y activistas trans han señalado que mantener estas categorías dentro de una clasificación de salud sigue siendo problemático. Aun así, representa un avance frente a la CIE-10, que clasificaba las experiencias trans bajo códigos diagnósticos F64, una nomenclatura explícitamente patologizante. Colombia ya adoptó formalmente la CIE-11 y se encuentra en un proceso de transición. Esto es relevante, pero también obliga a reconocer que la adopción formal de una nueva clasificación no transforma automáticamente las prácticas del sistema de salud. Mientras los registros, los reportes, los formularios y las rutas clínicas sigan funcionando con lógicas heredadas de la CIE-10, la vida de muchas personas trans seguirá entrando al sistema por una puerta estrecha: la del diagnóstico.

Ese es el punto que no puede perderse en la conmemoración del 17 de mayo. La discusión no es solo si el país usa una sigla más amplia, si publica comunicados más incluyentes o si reconoce simbólicamente la diversidad, sino si las instituciones que organizan el acceso al cuidado han dejado realmente de tratar la existencia trans como un problema clínico que debe ser certificado antes de ser atendido. En otras palabras, la pregunta no es únicamente si el Estado condena la transfobia en sus discursos públicos, sino si sus sistemas de salud, información y protección social han dejado de producir formas de patologización que afectan la vida concreta de las personas trans cuando intentan acceder a servicios, reclamar derechos o ser reconocidas en sus propios términos.

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El CONPES 4147, aprobado en 2025 como Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, fue presentado como un hito importante y su existencia debe ser reconocida. Sin embargo, una política de derechos no puede quedarse en el lenguaje general de la inclusión ni limitarse a diseñar lineamientos amplios sobre eliminación de barreras,. También puede intervenir los mecanismos concretos que producen exclusión: las rutas de atención, los requisitos administrativos, los sistemas de información, los diagnósticos que habilitan o bloquean servicios, y las categorías con las que el Estado decide quién aparece y cómo aparece. En salud, esto significa que la transición a la CIE-11 debe estar acompañada de lineamientos claros para la práctica clínica, formación del talento humano, criterios de interoperabilidad entre sistemas y una revisión seria del lugar que ocupa el diagnóstico psiquiátrico en el acceso a servicios de afirmación de género. De lo contrario, el país puede tener una política pública avanzada en el papel y una experiencia cotidiana profundamente patologizante en la consulta.

Por supuesto, la violencia tampoco puede separarse de esta discusión. En 2024, Caribe Afirmativo reportó 164 homicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 52 casos en el mismo período. La diferencia entre ambas cifras no es solo un problema metodológico ni una disputa entre fuentes, sino una señal de algo más profundo: los sistemas del Estado todavía tienen dificultades para reconocer, clasificar y contar adecuadamente las violencias que enfrentan las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans. Esa brecha entre fuentes es una forma concreta de injusticia estadística. No porque los datos, por sí solos, salven vidas, sino porque organizan prioridades, recursos, respuestas institucionales y memoria pública. Cuando una población aparece mal clasificada en los sistemas de salud y mal contada en los registros de violencia, queda atrapada entre dos formas de borramiento: una que la reconoce como condición clínica y otra que no logra registrar plenamente los daños que enfrenta.

Por eso, conmemorar el 17 de mayo desde una perspectiva de justicia estadística implica algo más exigente que rechazar el odio. Implica preguntar quién aparece en los sistemas del Estado, bajo qué nombre, con qué categoría, en qué capítulo, con qué riesgo de exposición y con qué consecuencias para su acceso a derechos. No se trata de volver al 17 de mayo de 1990 ni de negar la importancia de nombrar la homofobia, la transfobia y la bifobia. Al contrario, se trata de recuperar la pregunta incómoda que hizo posible esa fecha: la pregunta por el poder de las instituciones para definir qué vidas son consideradas normales, cuáles son tratadas como desviación, cuáles son protegidas, cuáles son apenas toleradas y cuáles siguen siendo obligadas a traducirse al lenguaje del diagnóstico para poder acceder al cuidado.

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Las personas trans no necesitan que los datos les digan quiénes son. Lo saben y lo han sabido siempre. Pero sí necesitan que los sistemas de salud, justicia, protección social y registro público dejen de traducir su existencia a categorías que las patologizan, las exponen o las borran. Precisamente, esa es la apuesta de la justicia estadística que proponemos desde la Liga de Salud Trans: el derecho a ser reconocidas en los sistemas del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de la sociedad. Y esa es, quizá, la pregunta que el 17 de mayo todavía nos debe: no solo contra qué odio luchamos, sino bajo qué categorías nos clasifica el Estado mientras dice celebrar nuestra existencia.

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