La situación de derechos humanos en las cárceles de Colombia no es sencilla, diez años después de la creación de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, las alertas siguen siendo las mismas: problemas en el acceso a la salud y a la alimentación, hacinamiento, infraestructura y resocialización. Sin embargo, cuando se trata de las personas con experiencia de vida trans, el día a día en la cárcel puede ser aún más difícil. Según sus propios testimonios, pareciera que deben enfrentar una doble condena: por un lado, la judicial e institucional, que implica la privación de la libertad en un sistema penitenciario que aún no está preparado para garantizar plenamente sus derechos; y por otro, la social, derivada del estigma y la discriminación que recae sobre las personas que tienen una identidad de género diversa.
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Estos fueron los principales hallazgos del estudio “Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad”, una investigación del Instituto Seres de la Universidad del Rosario, en la que participaron activamente personas trans con experiencia carcelaria en el país e investigadores sociales. Durante casi dos años, el equipo recopiló testimonios en siete centros penitenciarios, visibilizando voces históricamente silenciadas. Entre ellos La Modelo, La Picota, Cómbita, Jamundí, Pedregal, Cali y la Reclusión de Mujeres de Bogotá.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en 2023 se reportaron 243 personas trans en prisión. No obstante, las y los investigadores advierten que esta cifra podría estar muy por debajo de la realidad, pues los hallazgos revelan que “muchas personas trans permanecen ocultas dentro del sistema carcelario por miedo a ser agredidas o discriminadas”, señala Valentina Villamarín, fundadora de Pazósfera y profesional de investigación social de Seres, en entrevista con El Espectador.
¿Qué ocurre detrás de los muros? Esa “doble condena” se manifiesta en la vida cotidiana de las personas trans en las cárceles, y está estrechamente vinculada con los prejuicios y la discriminación que enfrentan, en general, las personas con identidades diversas fuera del sistema penitenciario. De acuerdo con Ana María Medina, mujer trans y coordinadora del colectivo Cuerpos en Prisión, Mentes en Acción, quien vivió 12 años privada de la libertad: “Lo que se vive en las cárceles es el claro reflejo de lo que es la sociedad”, en conversación con este diario.
Un ejemplo es el caso de Laura Catalina Zamora, cuenta Medina, “la persona trans con la condena más alta en Colombia”. Ella inició su proceso de transición, pero fue expulsada de su casa y del sistema educativo. Estuvo expuesta al trabajo sexual mientras buscaba otras alternativas. Sin embargo, cuando se daban cuenta de que era una mujer trans, no le ofrecían empleo.
“Eso la llevó a estar envuelta en una situación por la que fue denunciada, pero en la que su testimonio no fue reconocido ni validado. Actualmente, tiene un diagnóstico de salud muy delicado. Se encuentra en espacios que no puede evitar y está expuesta a todo tipo de situaciones de violencia en la cárcel”, relata Medina.
Durante su reclusión y el proceso de investigación, Ana María Medina cuenta que pudo observar cómo las personas trans eran excluidas de lugares dentro de la cárcel, espacios educativos o laborales -para reducir penas-, patios a los que no tenían acceso, visitas íntimas y otros escenarios que preferían no concurrir para evitar ser violentadas. A esto se suma el poco acceso a la atención en salud y medicamentos, desde hormonas hasta tratamientos para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Incluso, la imposibilidad de usar prendas acordes a su identidad de género.
“Una vez las personas trans ingresamos a los establecimientos carcelarios, estas situaciones se acentúan porque las cárceles son una pequeña radiografía de lo que es la sociedad, entonces cuando nosotras ingresamos acá nadie cree en el trabajo que nosotras podamos desarrollar, en las capacidades que tenemos, en los talentos que tenemos, entonces poder acceder a la educación no es un tema de un derecho que tengo sino de un privilegio”, se lee en uno de los testimonios que recogió el estudio.
Villamarín y Medina concuerdan en que una de las mayores preocupaciones es la salud. “No se trata solo de atender enfermedades. Muchas personas trans necesitan continuar sus tratamientos hormonales, pero en la mayoría de los casos se interrumpen sin una razón clara, los medicamentos desaparecen cuando se traen desde afuera o pasan meses esperando a que un especialista las atienda”, agregó Medina.
No hay un solo tipo de experiencia trans en las cárceles de Colombia
El estudio también revela que las vivencias de mujeres y hombres con experiencia de vida trans en los establecimientos carcelarios son muy distintas. Las mujeres trans suelen estar recluidas en cárceles de hombres, donde enfrentan mayores niveles de violencia y exposición. En cambio, los hombres trans, ubicados en cárceles de mujeres, sufren una invisibilidad que también genera exclusión.
Villamarín explica que estas personas son víctimas de discriminación al no ser reconocidas conforme a su identidad de género y, aunque muchas veces sucede por desconocimiento, son malgenerizadas. Es decir, se les trata o se hace referencia a ellos con un género que no corresponde a su identidad, desconociendo o invalidando quiénes son.
“Las mujeres trans son más visibles, pero están más expuestas a agresiones. Los hombres trans, en cambio, no encajan ni se sienten reconocidos en los espacios que existen. No hay, por ejemplo, programas de resocialización pensados para sus intereses y sus proyectos de vida, ni espacios donde se sientan parte”, dice Medina.
Redes de apoyo y mayor capacitación: la resistencia dentro de la cárcel
A pesar de estas condiciones, muchas personas trans privadas de la libertad han creado redes de apoyo dentro de las cárceles. Además, el programa bajo el cual se realizó el estudio tiene como objetivo capacitar al personal del Inpec en enfoque diferencial, salud mental, construcción de paz y prácticas restaurativas, al tiempo que ofrece espacios de formación para que las personas trans privadas de la libertad puedan continuar desarrollando sus proyectos de vida. “No basta con conocer la ley antidiscriminación; hay que enseñar cómo aplicarla en el día a día, desde el uso del pronombre correcto hasta la prevención de abusos”, explica Valentina Villamarín.
Por su parte, Medina destaca que “la educación colectiva, el autocuidado y el apoyo entre compañeras son formas de resistencia que salvan vidas” y considera que poder organizarse dentro de la cárcel fue una oportunidad para dignificar su experiencia.
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Por Alejandra Ortiz Molano
