Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Beatriz tenía 22 años, vivía en extrema pobreza en El Salvador y había sido diagnosticada con lupus y artritis. Necesitaba un aborto para salvar su vida, sin embargo, el Estado se lo hizo imposible sometiéndola a tortura. Fue en 2013, cuando era mamá de un bebé de nueve meses y quedó en embarazo, pero el feto tenía una malformación congénita que le impedía sobrevivir fuera del vientre. Beatriz también podía morir, así que la única recomendación médica era interrumpir el embarazo, una opción totalmente prohibida en su país desde 1998. Aunque acudió a la justicia para que la amparara, ésta le negó su solicitud. (La colombiana que fue violada en su casa y hoy logró justicia en la Corte IDH)
“Yo lo que quiero es vivir, quiero estar con mi niño, con mi familia. Espero que el Estado haga algo”, dijo en ese entonces Beatriz a los medios de comunicación mientras lidiaba con ansiedad. “Mi hija quiere vivir por su bebé, ella no quiere dejarlo solo. Como madre que soy, no quiero que mi hija muera”, aseguró a su vez la mamá de Beatriz. Tuvieron que acudir, entonces, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para pedir medidas provisionales y así se logró realizar el procedimiento como si fuera un parto, cuando tenía 20 semanas de gestación. Fue sometida a una cesárea y el feto murió cinco horas después de nacido. (Mamás marchando con sus hijas: así vivimos la marcha del 8M en Bogotá)
El dolor, el sufrimiento y el riesgo que soportó Beatriz podrían constituir tortura. Por eso, ella, su familia y las organizaciones que la representan le solicitaron a la Corte IDH declarar responsable al Estado de El Salvador por violarle los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y la salud.
Diez años después de esa petición, la Corte proferirá a finales del 2023 la sentencia que, no solo resolverá el caso de Beatriz, sino que podría cambiar el panorama del aborto en América Latina. Pero antes, este 22 y 23 de marzo, el tribunal escuchará en audiencia pública a las organizaciones, expertas y familiares que hablarán por Beatriz, pues ella murió en 2017, después de contraer una neumonía en un hospital tras un accidente de tránsito. Su mamá reiterará que su hija nunca volvió a ser la misma después de luchar tanto para que la dejaran vivir y que su deseo era que ninguna otra mujer sufriera lo que ella sufrió. (Me violaron y no puse resistencia: sí, sigue siendo violación)
La sentencia de la Corte IDH será histórica para la vida de las mujeres, pues es la primera vez que el tribunal regional se pronuncia concretamente sobre un caso de aborto. Sara García, coordinadora de alianzas e incidencia de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, afirma que se está frente a la posibilidad de que la historia cambie y se genere un precedente que reconozca que las mujeres son sujetas de derecho y no objetos de reproducción ni incubadoras. Las abogadas esperan que El Salvador sea condenado y se le ordene acabar con la prohibición total del aborto. (Las médicas y los médicos que defienden el derecho al aborto en Colombia)
“Las víctimas deben estar en el centro, así que, en primer lugar, esperamos que se repare a Beatriz y su familia. Buscamos también que el Estado pueda flexibilizar la legislación del aborto para permitirlo en casos con ciertas implicaciones médicas, como cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o persona gestante y cuando es inviable la vida extrauterina del feto. Y que se diseñen políticas públicas para garantizar los derechos reproductivos”, añade Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Por su parte, Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), espera que la Corte sea clara y contundente al decir que la penalización absoluta del aborto viola varios derechos de las mujeres y, como medida de no repetición, se establezca la necesidad de modificar legislación y las políticas públicas, para que las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo, lo hagan.
Lo que diga la Corte IDH no solo impactará a El Salvador, sino a los demás países de América Latina que hacen parte de la convención que sustenta a este organismo. Después de que se conozca la sentencia del caso Beatriz, si ésta ordena, por ejemplo, no penalizar en todos los casos el aborto, las mujeres en Nicaragua podrían demandar en su Estado pidiendo la despenalización, ya que esa jurisprudencia regional es vinculante y debería aplicarse. “Con la sentencia del caso Beatriz, no se trata de tener un techo, sino un piso, para avanzar en la región. No puede ser que aun existan países que no permitan ninguna causal para abortar”, añade Sara García. (Un líder religioso, la iglesia Su Presencia y una denuncia de violación)
El aborto es un delito en cualquier circunstancia en El Salvador y, aunque se ha intentado despenalizarlo en algunos casos, la justicia ha negado las demandas. Una situación similar se vive en Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Se mantiene la prohibición absoluta, pese a que organismos internacionales han dicho que criminalizar totalmente el aborto viola los derechos de las mujeres.
Naciones Unidas dijo, por ejemplo, que, sin opciones legales, seguras y oportunas, muchas mujeres salvadoreñas se someten a prácticas peligrosas e incluso mortales; se abstienen de requerir servicios médicos o tienen emergencias obstétricas sin la necesaria atención médica. Que sea delito tampoco reduce la tasa de abortos. El Ministerio de Salud de El Salvador estima que, entre 2005 y 2008, ocurrieron 20.000 abortos ilegales e inseguros, a pesar de la prohibición total. Eso equivale a decir que ocurrieron 14 abortos diarios.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por este panorama y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó que las más afectadas son las mujeres pobres y con un nivel menor de educación. Los casos más graves, en su concepto, son las que han acudido al sistema de salud con alguna urgencia y han terminado denunciadas por sospecha de haber cometido aborto.
Se calcula que más de 180 mujeres han sido encarceladas por delitos asociados al aborto, que tienen penas de hasta 50 años de cárcel, como sucede cuando se tipifica como homicidio. Sobre esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró “horrorizado”.
Estos fueron algunos de los argumentos que tuvo en cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para darle la razón a Beatriz y remitir el caso a la Corte IDH para que falle. En opinión de la comisión, es claro que el Estado de El Salvador no proporcionó a Beatriz un procedimiento para interrumpir su embarazo, aun cuando la vida del feto era inviable y suponía un riesgo de vida o salud de la mujer.
“La penalización del aborto, en particular la prohibición bajo toda circunstancia y sin excepción, no solo puede incentivar a que las mujeres recurran a abortos ilegales e inseguros, sino que pone indefectiblemente en riesgo su salud física, e incluso su vida misma, así como su salud mental, sobre todo de aquellas mujeres en situación de pobreza y mayor vulnerabilidad”, añadió la CIDH, que solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador.
María Antonieta Alcalde Castro, directora de la organización IPAS CAM, califica de “cruel y absurdo” que las mujeres no puedan interrumpir el embarazo incluso en condiciones extremas, como le ocurrió a Beatriz. De acuerdo con Alcalde, la joven sufrió por la negligencia de un Estado indolente, que, hasta el momento, no ha traído justicia a su familia ni ha implementado las medidas necesarias para asegurar que este caso no se vuelva a repetir.
“Penalizar el aborto no es la solución, no es el camino, los temas de salud deben ser abordados desde la salud pública, no desde la perspectiva punitivita o desde la cárcel. Será un precedente para nosotras y para toda la región”, concluyó a este diario Sara García. La experta recuerda también que las sentencias de la Corte IDH son de obligatorio cumplimiento para los Estados e, independientemente del gobierno de turno, están obligados a implementar la decisión.
Liliana Caballero explica que la Corte IDH es el tribunal más alto del continente y asegura imparcialidad en los casos que llegan a su jurisdicción, es decir, que sus decisiones no responden a intereses o injerencias externas. Su fin principal es buscar mejorar la situación de derechos humanos en los Estados. La sentencia será un paso importante, pero su implementación seguirá siendo luchada por las organizaciones feministas, que prometen no terminar el litigio del caso Beatriz con lo que suceda a finales de este año en la Corte IDH.
*Este artículo se realizó en el marco de la beca de investigación periodística Red Dialoga, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina Fundación Konrad Adenauer.
