En 2018, la captura de Robert Andrés Colonia González, conocido como “Gono Taser”, sacudió las redes sociales y los medios de comunicación. Fue detenido tras violar y torturar a una joven de 21 años en su vivienda en Bogotá. En el allanamiento, la Policía halló drogas, cámaras ocultas y más de mil videos de presuntas agresiones sexuales. Días después, comenzaron a multiplicarse las denuncias: más de 150 mujeres lo señalaron como su agresor. Algunas de ellas, menores de edad.
Contexto: A la cárcel alias Gono Taser por presunto abuso sexual y extorsión
Sin embargo, siete años después, el panorama judicial es desolador. De todos los casos, sólo cuatro fueron admitidos por el sistema judicial, y de esos, solo uno terminó en condena: doce años y medio de prisión por acceso carnal violento y constreñimiento ilegal contra una menor que conoció por redes sociales. En los demás casos, las víctimas denuncian revictimización, falta de celeridad, aplazamientos sistemáticos y, lo más grave, la pérdida del principal material probatorio: el disco duro con los mil videos.
“Los videos se perdieron”
Según declaraciones de Lucia*, una de las denunciantes y sobrevivientes de una presunta agresión sexual por parte de Colonia, fue la propia fiscal de su caso —el único que actualmente sigue en curso—, quien le comentó que los videos incautados en 2018 presuntamente no aparecen. “Inicialmente recibieron mi denuncia para poder sacar de custodia por un día ese material. Me reuní con la fiscal Juanita Montes y le dije: ‘Bueno, doctora, ¿cómo hacemos para sacar esos videos?’ Ella se puso pálida, se puso en blanco y me dijo: ‘No, esos videos se perdieron’”, comenta la denunciante en diálogo con El Espectador.
Ella y otras sobrevivientes afirman que este material, crucial para probar los delitos y el accionar violento de Colonia, desapareció tras ser enviado a peritaje. Asimismo, señalan que han experimentado negligencia y actuaciones estigmatizantes por parte del ente acusador. Según sus testimonios, varias de las denuncias que fueron presentadas no fueron admitidas por funcionarios, quienes consideraban “que no eran graves”.
La abogada Daniela López Muñoz, especialista en sistema penal acusatorio y representante de víctimas, es clara al afirmar que, aunque los videos estaban vinculados a un caso en particular, eran claves como antecedentes y prueba del perfil violento de Colonia. “Sin ese material, lo único que queda es el testimonio de las sobrevivientes, y aunque debería ser suficiente, en la práctica no lo es. La justicia exige evidencias que muchas veces no existen porque los delitos sexuales ocurren en la intimidad”, dice.
Ante este panorama, El Espectador radicó un derecho de petición el pasado mes de mayo. Hasta la fecha de publicación de este reportaje — más de cincuenta días después de presentada la solicitud—, no ha habido respuesta por parte de la entidad.
Los casos contra “Gono Taser” se inscriben en un contexto nacional de impunidad sistemática y de aumento de violencias basadas en género. El 99 % de los casos de acoso sexual y el 78 % de los feminicidios en Colombia permanecen sin resolución judicial, según la Red Nacional de Mujeres. Cada día, 87 menores de edad son víctimas de violencia sexual, y el 88 % de quienes denuncian estos delitos son mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Entre enero y mayo de 2025 se reportaron 362 casos de feminicidio, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia.
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Estas cifras no solo reflejan el volumen de violencia, sino también la ineficacia del sistema para responder de manera oportuna y con un enfoque de género. La revictimización, las dilaciones procesales y los argumentos machistas contra las mujeres que denuncian son comunes. Por ello, no es coincidencia que más del 70 % de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia no denuncian por miedo a que no les crean o a ser estigmatizadas durante el proceso judicial.
Un agresor sistemático
Colonia no actuaba al azar. Según expertas forenses consultadas por este diario, presuntamente tenía un patrón claro de seducción, manipulación y sometimiento. Contactaba a mujeres por redes sociales, les ofrecía participar en causas sociales o de ciclismo urbano, fundamentalmente con su colectivo “Gonoraiders”, y luego las aislaba, drogaba, agredía y grababa. Algunas veces era él solo, y en otras hubo más implicados, según las denuncias. Además, con los videos de las violaciones y agresiones sexuales las amenazaba para “asegurar” su silencio.
“No es un agresor impulsivo, es un depredador que planificaba cada ataque. Buscaba víctimas ‘vulnerables’, muchas menores de edad, y se escudaba en su imagen de activista”, explica Angélica Mora, psicóloga jurídica, en entrevista con El Espectador. Su comportamiento y accionar también incluía intimidación, acoso sexual —tanto en persona como en línea— y sumisión química.
Colonia ya había sido detenido antes por porte y tráfico de estupefacientes, no obstante, el caso fue archivado y, hasta la fecha, no ha sido condenado por algún delito relacionado con drogas. Pero, de acuerdo con las expertas consultadas, el consumo y posible venta de marihuana le habría permitido atraer personas a su casa, en contextos distintos a los que usaba con las otras víctimas que lo denunciaron. Ese fue el caso de Lucía; ella relató que fue hasta su vivienda a comprar marihuana. Aunque insistió en que no quería ningún tipo de contacto sexual, “Taser” se le tiró encima, la manoseó y la tocó sin su consentimiento. Ella manifiesta que, de no haber llegado dos amigos a tocar la puerta, él la habría violado.
¿Procesos estancados y privilegios en la cárcel?
El caso por el que Colonia fue capturado inicialmente incluía delitos de violación agravada, tortura, secuestro y constreñimiento ilegal. Fue un caso en el que se relataron hechos de empalamiento y, a pesar de su gravedad, el proceso está estancado desde el 2020. La audiencia de formulación de cargos fue aplazada en varios momentos por solicitud de la defensa del acusado y, hasta la fecha, no se ha realizado, ni tampoco han recibido alguna actualización sobre el proceso.
Mientras tanto, en 2023, Colonia logró recibir una reducción de siete meses y cinco días de su condena por trabajo intramural. Esto para la Fundación Mujer Libre —organización que acompaña a las víctimas—, resulta violento hacia ellas y manda un mensaje de impunidad. Precisamente porque el caso por el que está privado de la libertad fue por acceso carnal violento contra una menor de edad. “Puedes violar y abusar sexualmente de niñas y mujeres, y aun así recibir beneficios estando en la cárcel”, denuncian desde la fundación.
De igual forma, según información recolectada por este diario, Colonia fue reportado por tenencia de armas y estupefacientes al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá. Asimismo, en 2020, se presume que participó activamente en un intento masivo de fuga y motín al interior del centro penitenciario. En videos publicados en el canal de YouTube de “Gonoraiders”, el colectivo de ciclistas al que pertenece, se escucha su voz y se le ve grabando el motín y quemando implementos junto a otros reclusos.
Otra de las denuncias que fue admitida por actos sexuales abusivos fue cerrado en 2023. No hubo juicio y la Fiscalía retiró la solicitud de audiencia sin dar explicaciones. Hoy, el único proceso que sigue activo, el de Lucia, que es por acto sexual violento, acaba de culminar la etapa de juicio oral. Durante la audiencia que se celebró el pasado 3 de julio, ella brindó su testimonio, este relato es la única prueba y evidencia del caso.
La audiencia: insultos, burlas y machismo
Según su relato, Lucia conoció a Robert Colonia porque un amigo se lo presentó como expendedor de marihuana. Ya había ido a su casa dos veces antes, pero él siempre estaba acompañado. La tercera vez fue diferente: estaba sola, solo quería comprar marihuana e irse. Colonia la invitó a pasar y a fumar un “porro”. Estaba solo y su actitud era extraña. Cuando ella quiso irse, él le arrebató su celular y lo metió dentro de su pantalón, a la altura de su pene. Le dijo que si lo quería, que lo tomara. Luego la empujó bruscamente contra la pared y empezó a manosearla violentamente tocando su pecho y genitales.
Lucia forcejeó y le repetía que no quería nada con él, que la dejara ir, pero Colonia insistía. En ese momento tocaron la puerta: eran dos amigos suyos, por lo que la soltó y le dijo “esos hijueputas la salvaron”. Lucia salió aterrada. Tiempo después, cuando vio su captura en medios y escuchó otras denuncias, decidió formalizar la suya. Ella asegura que nunca va a olvidar la cara de su agresor.
Durante el juicio oral, Colonia negó los hechos. Dijo que no se acordaba y que todo era mentira. Durante la sesión fue violento y ofensivo con Lucia, la fiscal y la jueza. Se refirió a ellas como “babosas”, “mentirosas”, “resentidas” e “hijueputas”. Incluso le dijo a la fiscal que si no le gustaba su actitud, que lo denunciara, que “con tantos procesos que tenía, no le importaba”.
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Asimismo, mientras Lucia brindaba su testimonio, él se burlaba, reía y hacía gestos despectivos. Cuando le pidieron a ella que confirmara e identificará si él era su agresor, Colonia miró a la cámara fijamente y le dijo: “Hola, zorra”, haciendo un gesto ofensivo con sus manos. La jueza dejó constancia, en diversas ocasiones, de su actitud agresiva, violenta e irrespetuosa contra las asistentes y el proceso.
Por su parte, la defensa de Colonia intentó desestimar su testimonio —según las expertas consultadas— por medio de prejuicios y sesgos de género, preguntándole detalles como, por ejemplo, cómo iba vestida ese día o cuántos minutos pasaron desde que llegó hasta la agresión. El abogado sugirió que todo estaba en el “imaginario” de Lucia y que no hubo tocamientos, insinuando que, al haber fumado marihuana ese día, ella debía tener “la psiquis alterada”.
También pidió que perdonara el comportamiento agresivo de su cliente, porque “no es así normalmente”, pero que lo “entendieran”, pues al mencionar las otras denuncias por violencia sexual en su contra se ponía “incómodo y eufórico”.
La fiscal y la representante de Lucia pidieron que el fallo incorpore el enfoque de género y se base en un análisis libre de estereotipos. Recordaron que los tocamientos sin consentimiento son delito y que no puede presumirse el consentimiento, pues este debe ser claro y expreso. La fiscal insistió en que la actitud de Colonia durante la audiencia demuestra desprecio y odio hacia las mujeres y que, por ende, “decir que no es violento es contrario a lo que se vio y vivió”, concluyó. La audiencia de imputación de cargos quedó citada para los próximos meses.
Esta llamada a incorporar el género en su análisis es clave. Como expresan las fuentes expertas consultadas, el caso podría quedar impune de no ser así. En palabras de López, “el sistema judicial está diseñado para proteger los derechos del agresor, no de las víctimas. Las mujeres cargan solas con la culpa, con la duda y con la demora”. Ella advierte que Lucia ha sentido abandono institucional, agotamiento emocional y miedo. Por eso, en más de una ocasión ha dudado en continuar. “Lo único que me queda es mi palabra”, afirma. Su caso también refleja lo que muchas mujeres viven: un sistema que las expone, las desgasta y rara vez responde. Además, según la abogada, si no hay fallo este año, el caso podría prescribir.
Las víctimas denuncian amenazas por redes sociales
Por otra parte, varias víctimas de Colonia han reportado amenazas por redes sociales durante los últimos años. Una de ellas denunció que miembros de “Gonoraiders” la intimidaron para que abandonara el proceso judicial. Lucia asegura que ella ha trabajado en recopilar los relatos de muchas mujeres, pero que, al final, no continuaron con sus denuncias por miedo y por la falta de confianza en el sistema de justicia. “Lo que hoy pasa es la razón por la que muchas no denuncian. Las entiendes cuando ves cómo el sistema te revictimiza”, enfatiza.
Todas las fuentes consultadas coinciden en que el sistema judicial debe incorporar urgentemente la perspectiva de género. Las violencias sexuales no siempre dejan huellas físicas o visibles, pero, definitivamente, siempre marcan la vida de quien las sufre. “No podemos seguir midiendo la gravedad del delito por cuánta sangre hubo o cuántos golpes quedaron”, señala Mora.
Por su parte, López recuerda que la Corte Constitucional ya ha establecido que el testimonio de la víctima es prueba válida y que, en casos como este, en los que hubo denuncias públicas y escrache, son herramientas de denuncia legítima cuando el sistema falla.
Por ahora, las víctimas y las organizaciones que las acompañan no solo buscan justicia para el caso en curso, sino también reactivar los demás casos y denuncias que no fueron admitidas formalmente. En estos siete años, han recopilado testimonios, documentos y han insistido para evitar que estas agresiones queden impunes. Actualmente, desde la normativa penal, no se puede condenar a una persona dos veces por los mismos delitos. Sin embargo, la expectativa que tienen es que, con un nuevo fallo, la juez y el sistema, reconozca la gravedad del comportamiento sistemático y el riesgo que, presuntamente, representa Colonia para la sociedad, y así evitar que continúe reduciendo su condena.
*El nombre de la víctima fue modificado con el fin de proteger su identidad.
**Si conoce un caso como el relatado en este artículo, escribe un correo a lasigualadasoficial@gmail.com
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