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El nombre de Marienela Cabrera, jueza Cuarta Penal del Circuito de Florencia, Caquetá, apareció en los titulares de varios medios colombianos tras la apertura de una investigación disciplinaria en su contra por publicar videos bailando en TikTok. La investigación se originó a partir de dos quejas anónimas enviadas por correo electrónico, en las que se argumentaba que su comportamiento en redes sociales supuestamente “atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión”. Se trata de un caso que expone formas de violencia estética y machista que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres y que, según expertas consultadas por este diario, revela un sesgo de género dentro de la Rama Judicial.
Marienela Cabrera utiliza sus redes sociales como lo haría cualquier otra persona: comparte anécdotas, participa en tendencias, publica bailes, bromas, fotos de sus viajes y de su vida cotidiana. En particular, en su cuenta de TikTok, donde ya acumula cerca de 680.000 seguidores, combina este contenido con publicaciones pedagógicas sobre derecho, en las que aborda preguntas, aclara dudas sobre procesos judiciales y expone teorías jurídicas.
A nivel profesional, ha compartido en sus redes sociales que cuenta con dos carreras universitarias, una especialización, una maestría y actualmente es candidata a doctorado. Además, en entrevistas con medios de comunicación ha destacado su desempeño como jueza, señalando que en diciembre de 2023 alcanzó un índice de cumplimiento del 114 %, y que para el mismo periodo de 2024 llegó al 137 %. Esto significa que su despacho no solo cumple con las metas anuales establecidas, sino que las supera ampliamente en términos de productividad y gestión judicial.
Sin embargo, la polémica y el proceso disciplinario en su contra no están enfocados en sus capacidades profesionales ni en su desempeño como jueza, sino en la forma en que se viste y se expresa en sus redes sociales. En entrevista con Blu Radio, la jueza afirmó que uno de los correos anónimos que motivaron la apertura del proceso señala lo siguiente: “La jueza Marienela, en su cuenta social de TikTok —la cual es una cuenta personal, pero de público conocimiento— realiza videos mostrando de manera sugestiva su cuerpo, lo cual atenta contra el decoro y la moralidad de la profesión. Al punto de vanagloriarse en su cuenta de que es juez y, además, realiza videos sexuales, se viste de manera inapropiada y no le pasa nada. Además de no ocupar la totalidad de su tiempo en desempeñar su labor”.
Y es en palabras como “sugestiva”, “decoro”, “moralidad”, “videos sexuales” y “se viste de manera inapropiada” donde, según las expertas, este caso permite entrever el sesgo de género presente en la Rama Judicial. Señalan cómo a las mujeres se les juzga por su apariencia y por cómo se expresan, bajo parámetros machistas y patriarcales, y cómo persiste una intención de controlar la manera en que se muestran públicamente.
Ana María Rodríguez, abogada y directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señala que este caso evidencia la presión social sobre cómo debe lucir una mujer y, en particular, cómo debe verse una jueza. “Es un claro ataque contra ella por el hecho de ser mujer, no por ser jueza, sino por ser una mujer muy bella. De alguna manera, eso contraviene el estereotipo machista de lo que se espera de una mujer en la judicatura. Y eso, a su vez, conlleva algún tipo de sanción desde las estructuras patriarcales, en las cuales, si eres mujer, eres bella y además eres visible, se cuestiona aún más tu profesionalismo y tu capacidad para ejercer tu trabajo”, afirmó en entrevista con El Espectador.
Esto es lo que se conoce como violencia estética, un concepto desarrollado desde los estudios feministas que hace referencia a las presiones y mandatos sociales impuestos sobre los cuerpos, especialmente en lo que tiene que ver con la apariencia física. Cuando las capacidades profesionales de una mujer son cuestionadas por su belleza o por la forma en que se viste, esta forma de violencia se manifiesta al reforzar estereotipos de género. En el caso de la jueza Cabrera, se evidencia al desestimar su formación, experiencia o desempeño, enfocándose exclusivamente en su imagen, como si el hecho de ser atractiva o vestir de cierta manera la hiciera menos capaz.
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El debate por el “decoro”: las mujeres enfrentan una doble exigencia
En conversación con este diario, Gabriela Galeano, abogada especializada en temas de género, señala que, en el marco de la doble exigencia que históricamente recae sobre las mujeres, en el caso de la jueza existe una interpretación sesgada de lo que se entiende por “decoro profesional y moralidad”. Estas expresiones, que sustentan la apertura de la investigación disciplinaria, aluden al código de conducta que rige a los profesionales del derecho, y en particular a quienes administran justicia. Dicho código está contemplado en la Ley 270 de 1996, donde se establece que se debe “cuidar de que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su elevada misión”.
Según Galeano, la gravedad del caso radica en lo que se entiende por “decoro”. “Estamos en un sistema creado por hombres y para hombres, y en ese marco, entender el decoro implica aceptar que ese concepto está construido sobre bases totalmente patriarcales”, dice. Aunque el código de conducta es, en teoría, el mismo para todos y todas, sostiene que en la práctica se impone una interpretación diferenciada de la norma según el género.
Si se mira desde la perspectiva de la violencia estética, en los escenarios institucionales y sociales esto se refleja en la constante exigencia de que las mujeres estén siempre “presentables”, según estándares morales y subjetivos. Históricamente, ellas han sido juzgadas con mayor severidad que sus colegas hombres por su apariencia. En ámbitos laborales, académicos o mediáticos, todavía existe la idea de que es necesario tener cierto “look” para ser considerada competente, atractiva o confiable.
“Es gravísimo porque refuerza, una vez más, que las mujeres no tenemos un espacio real en la administración de justicia, y que se nos juzga con una doble vara: se nos exige más y se nos reprocha todo con mayor severidad. Cualquier actuación es sancionada más duramente”, agrega.
Rodríguez, directora de la CCJ, coincide con esta mirada y añade que la idea de decoro está más vinculada a la dignidad que a la forma. “Siempre y cuando tú cumplas tu tarea con dignidad, no afectes la dignidad de los otros y seas respetuoso, hay un margen de autonomía que cada persona puede manejar a la hora de decidir sus formas de expresión en línea”, señala.
En relación con este último punto —la libertad de expresión y las formas de expresión en línea—, se abre otro de los debates centrales en el caso de Marianela Cabrera. No obstante, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema en más de 20 ocasiones.
Un estudio de estas sentencias, realizado por las abogadas Andrea Garzón y Laura Ledezma, señala que los casos han sido evaluados con base en la protección de derechos fundamentales, sin “imponer modelos morales”. Además, advierten que es únicamente cuando se ven afectados los derechos de otras personas que la Corte ha considerado necesario revisar los límites de la libertad de expresión en entornos digitales.
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“Marienela es un chivo expiatorio”: así se ve el control sobre los cuerpos de las mujeres
Tras la polémica, Marienela Cabrera declaró en entrevistas a medios que, luego de que se abriera el proceso disciplinario en su contra, el magistrado Manuel Enrique Flores ordenó la entrega e inspección de su dispositivo móvil. Para ella, esta medida vulnera su derecho a la intimidad, razón por la cual se negó a entregarlo y expresó públicamente su inconformidad. Según sus declaraciones, esa postura habría motivado la apertura de un segundo proceso disciplinario, esta vez por divulgar información reservada.
Para la abogada Gabriela Galeano, la visibilidad del caso responde al contexto actual, en el que a nivel global resurgen discursos que buscan limitar los derechos de las mujeres. “Es un chivo expiatorio que, en últimas, va a terminar repercutiendo en cómo el sistema nos castiga a las mujeres por existir, por tener cuerpos a los que se les han asignado ciertas características sexuales”, señala.
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De acuerdo con las fuentes consultadas, la investigación contra la jueza se enmarca en dinámicas de control que funcionan como mecanismos de regulación social. Estas dictan cómo deben lucir, comportarse o expresarse las mujeres, en función de normas culturales. Esta forma de control puede ejercerse de manera directa —mediante leyes o procesos institucionales— o indirecta, a través de expectativas y sanciones sociales. En este caso, se manifiesta en una vigilancia constante sobre su cuerpo e imagen, lo que restringe su libertad y condiciona su participación en distintos espacios, incluidos los profesionales.
“Es como una regla no escrita que busca controlar a las mujeres dentro de los espacios públicos. Es como si siempre estuviéramos en deuda y tuviéramos que estar agradecidas por permitirnos estar en espacios públicos y en espacios de poder”, explica Galeano.
Además, el caso no se ha limitado al ámbito institucional: ha trascendido a las redes sociales, generando una oleada de opiniones, señalamientos y ataques hacia la jueza. Incluso ha alcanzado a su hija, también abogada, de 26 años. Según Galeano, esto ha desencadenado una forma específica de agresión: la violencia digital basada en género.
Este tipo de violencia, conocida como “violencia basada en género facilitada por la tecnología”, ha sido definida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como “un acto de violencia perpetrado por uno o más individuos, que se comete, agrava o amplifica mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación o medios digitales, contra una persona en razón de su género”.
Las cifras son alarmantes: el 23 % de las mujeres en el mundo ha sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, y el 28 % de quienes han vivido esta violencia ha optado por reducir su presencia digital, según datos de ONU Mujeres.
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Por Alejandra Ortiz Molano
