Aunque el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 de gestación, continúan presentándose iniciativas políticas que plantean nuevas condiciones o procedimientos dentro del proceso de atención para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El pasado 23 de mayo, en el Concejo de Bogotá, fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 340 de 2025, titulado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”. La propuesta realizada por Clara Sandoval, concejal del Partido Liberal, establece la creación de un plan de atención para mujeres durante el embarazo, la lactancia y el posparto.
Este tipo de iniciativas, que en apariencia promueven “el cuidado”, muchas veces esconden una intención de control sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres y personas gestantes. Una propuesta dentro del proyecto es la que ha alertado a organizaciones sociales y líderes que defienden los derechos sexuales y reproductivos en el país, pues dentro del articulado se podrían colar medidas que generen obstáculos y barreras adicionales para acceder a un aborto legal y seguro.
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Según denuncian, el peligro radica en que se aprueben propuestas que, con un lenguaje ambiguo, introduzcan mecanismos de vigilancia y disuasión sobre las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar que ya están protegidas constitucionalmente.
El documento, la “Ruta por la Vida”, plantea acompañamiento psicosocial, con énfasis en la salud mental, dirigido a mujeres, madres cabeza de familia y personas gestantes identificadas en alto riesgo de enfrentar dificultades durante el embarazo, el parto o de recurrir a laIVE.
El documento aprobado en primer debate por la Comisión Segunda Permanente de Gobierno del Concejo de Bogotá señala que “la Administración Distrital establecerá acciones de sensibilización y capacitación a servidores públicos de las entidades del distrito, en alternativas a la IVE”, pero “garantizando el respeto por la voluntad de las personas durante el acompañamiento”.
Defensoras de los derechos sexuales y reproductivos advierten que el inciso que propone “alternativas a la IVE” es problemático, ya que sugiere la intención de persuadir a las mujeres para que no accedan a un derecho ya reconocido en Colombia. Señalan que esta formulación desconoce la autonomía sobre los cuerpos y los proyectos de vida de las personas con capacidad de gestar. Además, alertan que ofrecer este tipo de alternativas en contextos de atención en salud mental puede derivar en presiones, tanto directas como indirectas, que afectan la libertad de decisión en un proceso que debe ser voluntario, informado y libre.
¿Puede un proyecto a nivel distrital representar un retroceso en el acceso a la IVE?
Laura Pedraza Estrada, abogada de incidencia política de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, le comentó a El Espectador que “con este proyecto de acuerdo, y otros que hemos visto en el Concejo de Bogotá, están apuntando a establecer barreras dentro del sistema de salud que dificultan el acceso a este servicio y derecho. En realidad, esto representa un retroceso en algo que se supone ya debería estar implementado”.
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Actualmente existe una ruta de atención integral para mujeres y personas gestantes que brinda servicios en materia de salud sexual y reproductiva, incluida la atención psicosocial. Según la normatividad sanitaria nacional, esta ruta no condiciona el acceso a la IVE.
Sin embargo, el proyecto, además de duplicar un servicio ya contemplado, propone la inclusión de nuevas acciones enfocadas en “salud mental para personas que soliciten un aborto”. Esto podría suponer que, si una mujer solicita el servicio, deba pasar primero por una valoración en salud mental, lo cual representaría pasos adicionales e innecesarios, convirtiéndose en una barrera más para ejercer este derecho, explica la experta.
Este tipo de medidas refuerzan la idea estigmatizante de que abortar implica necesariamente una crisis emocional o una situación relacionada con la salud mental, cuando en realidad se trata de una decisión racional y válida en cualquier circunstancia, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.
“Este proyecto de acuerdo es profundamente estigmatizante, no solo porque asocia la decisión de acceder a un aborto con problemas de salud mental, sino porque perpetúa tabúes sobre la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Quienes acceden a una IVE no lo hacen necesariamente por una condición psicológica, y asumirlo así las despoja de su capacidad plena de decisión como ciudadanas”, señaló Pedraza.
Según indicó la experta, la actual normativa de IVE ya contempla el acompañamiento psicosocial, y lo hace de forma voluntaria. “Lo que no queremos es que las mujeres tengan que acudir obligatoriamente a servicios de salud mental, psiquiatría o psicología, alargando aún más el proceso para acceder al servicio”.
Además, explicó que, aunque el proyecto se presenta con el enfoque de “fortalecimiento”, su propósito no estaría orientado únicamente a la protección de la salud mental. A su juicio, el énfasis en la llamada “vida por nacer”, como lo plantean los proponentes, revela un trasfondo ideológico que atraviesa la formulación de la iniciativa.
Este enfoque, el cual se maneja en discursos conservadores sobre el rol reproductivo de las mujeres, tiende a desconocer los avances jurisprudenciales alcanzados en Colombia, producto de la lucha de los movimientos feministas, al poner en tela de juicio los derechos ya ganados.
“Lo que se puede asumir es que las mujeres que accedan a esa ruta pueden resultar disuadidas de ejercer su derecho”, afirma Pedraza. Y agrega que el contenido no plantea, como tal, acciones concretas para garantizar maternidades deseadas, dignas y respetadas.
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con la imposición de nuevas barreras se eleva la probabilidad de que las mujeres y adolescentes recurran a procedimientos inseguros. En países donde el aborto está más restringido, solo 1 de cada 4 abortos se realiza de forma segura, en contraste donde el procedimiento es legal y accesible, cerca de 9 de cada 10 abortos se realizan con garantías médicas adecuadas.
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Alcance del proyecto fuera de Bogotá
Aunque se presenta como una iniciativa distrital, el proyecto podría tener implicaciones más allá del contexto local, afectando a mujeres y personas con capacidad de gestar de otras regiones del país que viajan a la capital en busca de servicios de IVE.
Una realidad que no está muy alejada, según la organización consultada, esto responde a las desigualdades existentes en los territorios: en muchas zonas del país no hay una infraestructura adecuada, especialmente quirúrgica, para atender estados gestacionales avanzados; además de las limitaciones económicas o de medicamentos en los centros de salud y la estigmatización social que enfrentan en sus regiones. En este contexto, Bogotá se convierte en uno de los pocos lugares donde el acceso a un aborto legal y seguro es viable.
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El movimiento Causa Justa, que despenalizó el aborto en Colombia, identificó cerca de 100 barreras que siguen dificultando el acceso a la IVE después de la sentencia C-055. Estas se suelen incrementar cuando se trata de mujeres y personas gestantes en contextos rurales o de alta vulnerabilidad, aumentando el tiempo de gestación de quienes intentan acceder al servicio.
¿Posible contradicción constitucional?
Adicionalmente, las organizaciones sociales de derechos sexuales y reproductivos alertan que el proyecto podría considerarse inconstitucional. De acuerdo con lo dictado por la Corte Constitucional desde 2006, junto con con la sentencia C-055 de Causa Justa, no pueden exigirse requisitos adicionales a los ya establecidos para acceder a los servicios de aborto.
Del mismo modo, señalan que el actual Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá contempla medidas para reducir las muertes relacionadas con el estado de gestación a través de la prevención del aborto inseguro. Según las expertas, este objetivo podría verse afectado por el proyecto de acuerdo 340, ya que, cuando se imponen obstáculos —sean administrativos, institucionales o sociales— que dificultan el acceso a la IVE, muchas personas terminan recurriendo a procedimientos clandestinos, realizados en condiciones precarias y sin acompañamiento médico.
El Espectador intentó comunicarse con la concejala Clara Sandoval, ponente del proyecto, quien señaló que, debido a una recusación en curso, no puede pronunciarse públicamente ni intervenir en el debate hasta que la situación legal no sea resuelta.
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Por Luisa Lara
