¿Quiénes eran y son Paola Guzmán Albarracín, Manuela, Celia Ramos, Norma, Lucía y Susana? Todos estos nombres han ocupado titulares en los últimos cinco años, pues forman parte de una serie de decisiones judiciales que han marcado precedentes en América Latina al reconocer y reparar violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
Paola Guzmán Albarracín, una estudiante ecuatoriana, fue abusada sexualmente por el subdirector de su escuela y obligada a mantener una relación forzada que la llevó al suicidio. Su caso fue litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, en junio de 2020, estableció que el derecho a la educación debe incluir la educación sexual y reproductiva. Sin embargo, un reciente informe de la Fundación Desafío, una ONG ecuatoriana, señaló que la información sobre educación sexual que dan en los colegios suele estar sesgada por dogmas religiosos o limitada a contenidos exclusivamente de anatomía.
Por su parte, Manuela, una mujer salvadoreña, fue condenada a 30 años de prisión por “homicidio agravado” tras sufrir una emergencia obstétrica que resultó en la pérdida de su embarazo, debido a las estrictas leyes contra el aborto del país. Falleció en la cárcel dos años después. Su caso, también evaluado por el alto tribunal, instó, en 2021, al Estado salvadoreño a reformar las políticas de salud, con las que se perseguían a las mujeres que buscan atención médica reproductiva. También se le solicitó adoptar medidas para prohibir la criminalización por emergencias obstétricas. No obstante, el panorama no ha cambiado tanto, a finales de 2024, estaban siendo penalizadas nueve mujeres tras enfrentar emergencias obstétricas, y dos de ellas ya estaban privadas de su libertad, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
También está el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitido en 2025, que condenó a los Estados de Ecuador y Nicaragua por las violaciones de los derechos humanos de Norma, Lucía y Susana, tres niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual que fueron obligadas a continuar embarazos producto de dichas agresiones. La sentencia reafirmó que las niñas deben ser eso: niñas, no madres. Con esto, el Comité reafirmó que los Estados están obligados a garantizar el aborto, especialmente cuando se trata de maternidad forzada, entendida como la práctica de obligar a una mujer o niña a continuar con el gestado gestacional incluso cuando es en contra de su voluntad.
El caso más reciente es el de Celia Ramos, una mujer peruana que fue sometida a una esterilización sin su consentimiento y falleció por complicaciones durante el procedimiento. Todo ocurrió en el marco de un programa de salud impulsado por el régimen Fujimori, que, según expertas del Centro de Derechos Reproductivos, tenía como objetivo reducir los índices de pobreza. Esta política afectó principalmente a mujeres campesinas, indígenas y de zonas rurales y urbanas empobrecidas, muchas de ellas en situación de analfabetismo.
Aunque los avances en materia de justicia frente a las esterilizaciones forzadas han sido limitados, en mayo pasado la Corte IDH celebró una audiencia pública sobre lo ocurrido con Celia Ramos, convirtiéndose en el primer caso de esterilización forzada en Perú que llega ante este tribunal. De esta manera, se abrió la conversación sobre las violencias reproductivas como una categoría distinta de la violencia sexual, entendiéndolas como cualquier acto que vulnere la autonomía de una persona sobre su cuerpo y las decisiones reproductivas, como decidir tener hijos, cuántos, cuándo y con quién.
Detrás de todos estos casos se encuentra el Centro de Derechos Reproductivos, una organización global que utiliza el litigio y la defensa legal como herramientas para promover la autonomía reproductiva e igualdad. Con presencia en más de 65 países, su labor ha contribuido a la construcción de estándares internacionales, que a través de los pronunciamientos de los órganos judiciales como la Corte IDH, han permitido mejorar los marcos jurídicos de algunos países de América Latina materia de derechos sexuales y reproductivos.
Sobre los avances, desafíos y aprendizajes que dejan estos litigios en la región, conversamos con Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
¿Qué revelan los litigios que ha acompañado el Centro de Derechos Reproductivos en los últimos años?
Revelan la magnitud de la violencia y la discriminación que enfrentan las niñas en América Latina. Casos como los de Norma, Fátima, Lucía y Susana, presentados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, mostraron un patrón regional: niñas víctimas de violencia sexual a quienes se les negó el acceso al aborto, fueron obligadas a continuar embarazos forzados y luego quedaron fuera del sistema educativo, en situación de pobreza y expuestas al estigma, culpabilizadas por lo que vivieron.
Con estos casos entendimos que no se trataba de excepciones, sino de fallas estructurales: sistemas de justicia y salud que castigan en lugar de proteger, leyes que priorizan el control sobre la autonomía y una cultura que normaliza la violencia contra las niñas. Por eso, el litigio no fue solo una acción jurídica, sino también con perspectiva de transformación social.
Casos como estos, y otros que hemos litigado a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han convertido no solo en la búsqueda de justicia para nuestras representadas, sino también en una herramienta para visibilizar que negar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, inclusive a niñas sobrevivientes de violación, es una violación de Derechos Humanos. La visibilización y sensibilización alrededor de estos casos es una forma de garantizar vidas libres y proyectos de vida autónomos. Nuestros litigios demuestran que el derecho, cuando se ejerce desde las experiencias reales y con enfoque de género, puede convertirse en un espacio de reparación y transformación social.
¿Cómo estos litigios han marcado precedente y han ayudado a comprender el panorama actual de derechos sexuales y reproductivos en América Latina?
El impacto de los litigios que hemos llevado a cabo ha sido histórico. Por ejemplo, con los casos de Norma, Fátima, Lucía y Susana por primera vez, el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoció que negar el acceso al aborto a una niña constituye maternidad forzada y una violación del derecho a una vida digna. Ese reconocimiento da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que enfrentaron estas niñas, y miles de todas ellas en la región. De esa manera eleva el estándar de protección internacional.
El Comité también señaló que esta negación implica discriminación por motivos de género, porque reproduce estereotipos sobre el rol reproductivo de las mujeres y niñas. Es la primera vez que se reconoce esta forma de discriminación en un caso de aborto negado. Con ello, los Estados quedan advertidos de que su inacción frente a estas violencias no es neutral, sino una violación activa de derechos humanos.
Estos precedentes fortalecen el marco jurídico regional y global para exigir cambios en las leyes y políticas públicas. En conjunto, los fallos y la movilización que acompañan nuestros litigios estratégicos ayudan a redefinir cómo se entienden los derechos sexuales y reproductivos en América Latina: no como temas de moral o salud de forma aislada, sino como parte esencial del derecho a una vida digna, libre de violencia y con plena autonomía sobre el propio cuerpo. Los derechos reproductivos deben ser entendidos claramente como derechos humanos.
¿Qué aprendizajes indican lo que aún falta para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la región?
Estas decisiones también nos enseñan a pensar —o, mejor, a afirmar— por qué la educación sexual integral es tan importante. Como dijo la Corte Interamericana en el caso de la niña Paola Guzmán Albarracín, por primera vez se reconoció que la educación sexual y reproductiva hace parte del derecho a la educación. Es importante para que las niñas, niños y adolescentes comprendan las implicaciones de las relaciones sexuales y afectivas basadas en el consentimiento.
Y no se trata solo de que tengan esas herramientas, sino también de que las personas que hacen parte de la institucionalidad cuenten con recursos para identificar y prevenir la violencia sexual. Lo que hemos visto históricamente —en los casos conocidos y en muchos otros que nunca llegan a los medios— es una estigmatización y una revictimización de quienes sobreviven a estas violencias cuando acuden al sistema de justicia. Son constantemente sometidas a ideas patriarcales que terminan culpando a las sobrevivientes, empujándolas a retractarse, abandonar los procesos o incluso a sentirse responsables de las violaciones a sus derechos humanos.
Cuando hablamos de prevención, la educación sexual integral es fundamental. No evitará todas las violencias —porque hace parte de un panorama mucho más amplio—, pero sí permitiría reducirlas significativamente y generar mayor conciencia en niñas y adolescentes. Por eso es tan importante que el sistema educativo forme a docentes con herramientas para brindar educación sexual integral en todos los niveles, de forma no discriminatoria, libre de sesgos y basada en evidencia científica.
Además, si garantizáramos el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, no estaríamos hablando de embarazos ni de maternidades forzadas. Pero esto requiere trabajar conjuntamente en realidades más amplias, como la pobreza y las condiciones estructurales que aumentan la vulnerabilidad de muchas niñas y adolescentes.
En un escenario de retrocesos y cuestionamientos a los derechos sexuales y reproductivos, ¿cómo ve el impacto de las medidas de prevención?
Sí, yo creo que, sin duda, estamos en un escenario donde hemos visto la evolución de algunos discursos no solo autoritaristas, sino también contrarios a los derechos humanos. Incluso a aquellos que los propios Estados se habían comprometido a garantizar durante tanto tiempo.
Si bien eso es cierto, también creo que hay una narrativa y un ruido muy grande alrededor. Por eso, la invitación es a mantener una esperanza radical a partir de los progresos alcanzados.
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Por Luisa Lara
