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El pasado domingo, Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú, una ciudad ubicada en la frontera entre Argentina y Uruguay. Está acusado de haber asesinado en Córdoba a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, así como de secuestrar a su hijo de seis años. Además, se le imputa el asesinato de Martín Palacio, el conductor que lo llevó al lugar de los hechos. Este doble feminicidio ha causado conmoción no solo en Argentina, sino en toda la región. También abre el debate sobre cómo los discursos antifeministas y antigénero no son inofensivos: se trasladan a la vida real, irrumpen en lo cotidiano y evidencian un entramado más complejo que el de un caso aislado.
Laurta ya tenía antecedentes por violencia de género. Su expareja lo había denunciado varias veces por maltrato hacia ella y su hijo. Según información del diario Clarín, se conocieron a finales de 2018, se mudaron a Montevideo en 2022 y, en octubre de 2023, ella huyó por la violencia que sufría. En Córdoba, denunció que él la agredía física, psicológica, verbal y sexualmente. Las autoridades le otorgaron una orden de restricción y un botón antipánico.
En enero de 2024, fue detenido en Córdoba por espiar a su expareja desde el techo de su casa. Fue acusado de amenazas y violación de domicilio, pero quedó en libertad el 8 de febrero de ese año. A principios de este mes, habría cruzado la frontera por un paso ilegal sobre el río Uruguay para cometer los delitos.
Durante ese tiempo, el presunto feminicida sostuvo reiteradamente que se trataba de “falsas denuncias” y que él era la verdadera víctima. Este discurso le resultaba familiar, ya que es fundador de la organización uruguaya “Varones Unidos”, que promueve mensajes antifeministas y contrarios a lo que denominan “ideología de género”, así como la idea de una supuesta asimetría legal que perjudica a los hombres. Este grupo, cuyos miembros se autodefinen como “defensores de derechos humanos”, opera en redes sociales y foros digitales, y ha tenido presencia en espacios parlamentarios de Uruguay y Argentina, donde ha difundido una retórica que presenta al feminismo como una amenaza.
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Uno de los eventos organizados por Laurta tuvo lugar en abril de 2018 en el Palacio Legislativo de Uruguay. Participaron Agustín Laje y Nicolás Márquez, coautores de “El libro negro de la nueva izquierda” y actualmente asesores del presidente argentino Javier Milei. La actividad formó parte de una serie de intervenciones públicas impulsadas por referentes conservadores que rechazan el feminismo y las políticas de género en América Latina.
Tras su captura, Laurta declaró ante medios argentinos que “todo fue por justicia”. Sin embargo, fuentes oficiales informan que se negó a declarar y que permanecerá detenido.
En este contexto, que ya lo perfilaba como un posible feminicida, se cometieron los crímenes contra Luna Giardina y Mariel Zamudio. Analistas señalan que el caso evidencia el impacto de discursos que han ganado espacio en redes sociales y en la política, y que buscan deslegitimar la lucha contra las violencias de género. Además, el doble feminicidio ocurrió en un momento en que, a nivel local, el gobierno promueve iniciativas que suponen un retroceso. Por ejemplo, en enero se propuso eliminar la figura del feminicidio del Código Penal argentino, medida que, en palabras del presidente Milei, se justifica porque “legaliza que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
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Afirmaciones como esa ya han sido refutadas. El feminicidio y el homicidio no son equivalentes. Mientras el homicidio es la muerte de una persona sin que su género sea un factor determinante, el feminicidio ocurre cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. En estos casos, el agresor actúa desde una posición de poder, arraigada en la creencia de que la mujer le pertenece, es inferior o merece ser castigada. Esta forma de violencia se expresa con mayor brutalidad y refleja un patrón de discriminación.
La situación en Argentina es crítica: entre el 24 de septiembre y el 9 de octubre se registraron al menos doce feminicidios en distintas partes del país. Uno de los casos con mayor repercusión fue el triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura y desmembramiento en Florencio Varela.
Más allá de las cifras, son los discursos oficiales y la narrativa promovida por el acusado los que, según Milena Páramo, abogada feminista e integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), generan un entorno que exacerba la violencia de género. “En Argentina se está dando una batalla cultural que no solo moviliza estas narrativas antifeministas, sino que también se traduce en políticas concretas: se eliminó el Ministerio de las Mujeres y se desmantelaron dispositivos que atendían casos de violencia, bajo el argumento de reducir el gasto público”, señala en entrevista con El Espectador.
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El caso de Laurta expone tanto la ejecución del crimen como el entorno simbólico en el que se produjo. Este doble feminicidio ocurre en un clima donde los discursos que banalizan la violencia y desacreditan a las víctimas han ganado terreno. Para Páramo, esta situación genera una “sensación de impunidad” que contribuye al recrudecimiento de estas violencias, al extenderse no solo entre quienes las ejercen, sino también entre quienes las sufren, en un entorno percibido como carente de garantías de protección.
“Hay un mensaje que transmite la sensación de impunidad que algunos varones parecen experimentar, amparados por el contexto actual. Se trata de un hombre que escribía sobre estos temas, organizaba eventos con consignas como ‘los varones hemos perdido derechos’ y construía un discurso de victimización masculina. Todo ese entorno simbólico parece haberle servido de base para ejecutar un acto de violencia extrema: asesinar a su expareja, a su exsuegra y al conductor que lo trasladaba. Este tipo de crímenes, más allá de su brutalidad, parecen atravesados por una lógica de ‘es ahora o nunca’, como si el agresor creyera que el momento era propicio y justificado para actuar”, explica la abogada.
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La narrativa de “denuncia falsa” que Pablo Laurta utilizaba
Por otro lado, la experta también alerta sobre los peligros del discurso de la “epidemia de denuncias falsas”, una idea que ha ganado visibilidad, especialmente en redes sociales. Bajo ese relato, Pablo Laurta construyó su defensa durante años. Aunque en Argentina no hay datos oficiales sobre la proporción de denuncias falsas, una referencia cercana es el caso de España, donde la Fiscalía ha informado que solo el 0,01 % de las denuncias resultan ser de esta forma.
“Las denuncias falsas existen. Negarlo sería absurdo. Pero la violencia contra las mujeres es un problema tan profundo que esas denuncias son la excepción, no la regla”, afirma Milena Páramo. Para ella, es clave analizar quién impulsa ese discurso, que ha llegado incluso al ámbito político. “Parte de esa narrativa sostiene que las denuncias falsas son habituales. Sin embargo, los datos muestran lo contrario: los sistemas judiciales están saturados por la cantidad de denuncias reales. No hay una avalancha de falsedades, sino una sobrecarga de casos reales y de agresores que ejercen violencia sistemática”, añade.
Esta percepción distorsionada contrasta con los propios datos del sistema judicial argentino. Según el Ministerio Público Fiscal, la mitad de las denuncias por abuso sexual se archivan sin que se inicie una investigación formal. A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC, el 88 % de las personas que sufren agresiones sexuales no denuncia.
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El caso de Pablo Laurta revela cómo las violencias de género se desarrollan en un entorno social y político que debilita las respuestas institucionales y cuestiona las denuncias de las víctimas. La difusión de discursos que banalizan la violencia de género, junto con la reducción de políticas públicas de protección, contribuye a un clima de desprotección e impunidad.
“Tomó mucho tiempo lograr que los Estados se sintieran obligados a generar dispositivos para que las mujeres acudieran a la justicia, entendiendo que la violencia es un delito. Requirió un gran esfuerzo, mucha energía y recursos. Este contexto muestra precisamente lo fácil que es destruir todo eso; destruir es muy sencillo. El ejemplo argentino es claro”, concluye Páramo.
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Por Alejandra Ortiz Molano
