Con la entrada del gobierno de Abelardo de la Espriella al poder, resurgió un tema que ha hecho parte de los debates en materia de derechos humanos durante los últimos años: la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Cuando se escucha hablar sobre estrategias pedagógicas para formar a niños, niñas y adolescentes desde la etapa escolar en la prevención del embarazo, el reconocimiento de violencias basadas en género y la inclusión, surgen inquietudes respecto a lo que implica. Entre ellas, reaparecen las críticas de sectores conservadores que cuestionan estos programas, los asocian con que busca “perjudicar a la niñez” y promueve lo que denominan “ideología de género”.
El más reciente de estos episodios fue protagonizado por la exministra de Educación, Viviane Morales -quien presentó su renuncia el pasado 2 de septiembre-, cuando aseguró que los temas relacionados con educación integral en sexualidad son, en realidad, una “estrategia progresista” con la que se busca “ideologizar a los niños”. ¿Pero de qué se habla realmente cuando se refieren a la formación de niñas y niños en estos temas dentro de los ámbitos escolares?
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Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “la educación sexual integral ayuda a las y los jóvenes a aprender sobre los aspectos emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, proporcionándoles los conocimientos necesarios para proteger y defender su salud, su bienestar y su dignidad”. En esta definición cabe además la enseñanza sobre relaciones saludables, derechos sexuales y reproductivos -ajustados a las diferentes edades- y prácticas que permiten a niñas y niños respetar y reconocer la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales.
“Tomar decisiones informadas, cuidarse a sí mismos y alcanzar la autonomía corporal” son los principales beneficios de una educación integral en sexualidad, según el organismo. A través de estos pilares, se construye posteriormente el criterio para “defender los derechos humanos y alcanzar la igualdad de género”.
La educación integral en sexualidad está compuesta por la formación en ocho tópicos: relaciones; valores, derechos, cultura y sexualidad; comprensión del género; violencia y cuidado propio; habilidades para la salud y el bienestar; el cuerpo humano y el desarrollo; sexualidad y comportamiento sexual; y salud sexual y reproductiva.
En ese sentido, este componente educativo reconoce las diversas necesidades que tienen las niñas y los niños tomando en consideración “su edad, su raza, su clase, su género y su experiencia sexual”. Además tiene en cuenta otros factores fundamentales, como las condiciones sociales en las que se encuentran, su ubicación geográfica, así como “si pertenecen a grupos marginados y vulnerables, como los que tienen discapacidades, jóvenes LGBTIQ+, los que viven en entornos humanitarios, jóvenes indígenas y geográficamente aislados, y quienes viven con VIH”.
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En Colombia las brechas se mantienen y se profundizan a pesar de los logros
Según la organización Poderosas, que se dedica a la formación integral en sexualidad en Colombia, nuestro país tiene un marco legal robusto en esta materia gracias a la Ley 115 de 1994, la Ley 1620 de 2013 y el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, aseguran que el marco normativo no garantiza su implementación, pues los datos muestran una brecha importante entre lo que la ley exige y lo que realmente sucede en las aulas.
“Para 2024 sólo el 34 % de los colegios había capacitado a sus docentes en sexualidad y derechos reproductivos -apenas el 10 % en prevención del VIH-, y solo el 19 % había entregado información actualizada sobre anticoncepción”, asegura la organización, basándose en el Índice de Welbin.
En esta misma línea, Lina Corredor, directora de Aliada, una agencia pedagógica en derechos sexuales y reproductivos, sostiene que “en Colombia hay avances estructurales que son innegables, pero siguen existiendo unas señales de alerta que no se pueden minimizar”. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) señala que, para el año 2015, el 95,1 % de las mujeres y el 94,4 % de los hombres tenían acceso a información sobre sexualidad. No obstante, para 2025 -y a pesar de que existen mayores posibilidades de acceso a la información-, el porcentaje se redujo al 80,4 % entre las mujeres y al 71,4 % entre los hombres.
Además, la UNFPA y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sostienen que Colombia tiene un grado bajo de implementación efectiva de programas de EIS en el sector educativo. Aunque no se encuentra en la categoría de países que desconocen totalmente este tema, sí se suma a Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana en este escalón.
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Los impactos reales de la educación sexual en el país: el Índice del Poder de Decidir (IDP)
“Estamos viviendo narrativas y discursos que nos están diciendo erróneamente que la educación integral en sexualidad es una amenaza, pero no lo es. No hay datos que muestren algo así. Lo que sí hay son datos que muestran que la educación sexual logra transformar realidades para tomar mejores decisiones. [...] La educación sexual fortalece el poder de decidir, el nivel de autonomía y las posibilidades de relacionarnos de forma más equitativa”, dice Mariana Sanz, directora de Poderosas, quien, junto a Cifras y Conceptos, construyó el Índice del Poder de Decidir (IDP), una herramienta para medir el impacto de la educación sexual en el país.
Esta iniciativa muestra lo que sucede en diferentes instituciones educativas a nivel nacional antes y después de procesos de formación en educación integral en sexualidad.
Con este indicador, la organización comparó los conocimientos entre estudiantes antes y después de los procesos de formación y encontró varios cambios que vale la pena destacar. El primero tiene que ver con la idea de que “la virginidad” es un constructo social. Antes de la formación, solo el 14 % de niños y niñas de las distintas instituciones educativas conocía este concepto; después, la cifra subió al 48 %. Algo similar ocurrió con la comprensión de la menstruación como un proceso natural: el conocimiento pasó del 34 % al 74 %. Otro tema importante fue el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho y como una decisión personal, un indicador que pasó del 45 % al 70 % tras la formación.
Además, se trabajaron otros temas, como las labores de cuidado —y la idea de que no son responsabilidad exclusiva de las mujeres—, el funcionamiento de los órganos sexuales y la identificación de las violencias basadas en género. En todos los casos, los indicadores aumentaron respecto a la primera encuesta, lo que contribuyó a cuestionar y corregir mitos e información falsa presentes entre las creencias de la población estudiantil.
En ese sentido, María José Álvarez, educadora con perspectiva de género de la Universidad de los Andes, asegura que a través de la educación sexual y de iniciativas como Poderosas, las niñas y los niños “aprenden cómo cuidarse, relacionarse con otros, disfrutar y amar. Tenemos que pensar que es una parte fundamental del currículum, como las matemáticas o el lenguaje”.
Y agrega que “la capacidad de decidir varía según dónde nacemos en Colombia, si somos mujeres, si somos hombres, si somos pobres, si no lo somos y esto tiene unas consecuencias enormes a largo plazo. Cuanto más temprano tenemos hijos, es más infrecuente terminar la educación y por lo tanto tener mejor empleo. La educación integral en sexualidad reduce las desigualdades en el poder de decidir y permite comprender las consecuencias que tiene tomar un camino u otro”.
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Los resultados también muestran cambios en la comprensión de la diversidad sexual y de género: después de la formación, aumentó el reconocimiento de expresiones y actitudes discriminatorias relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, aumentó la capacidad para reconocer los celos como una señal de violencia y no como una muestra de cariño, identificar las violencias basadas en género y saber a dónde acudir en caso de violencia sexual o física. Además, “los estudiantes aprendieron a solicitar métodos anticonceptivos gratis y reconocen como anticonceptivos el condón masculino, las pastillas, el implante, la inyección y el anticonceptivo de emergencia, entre otros”.
Aunque los beneficios son comprobables, según los resultados presentados por el IDP, la educación sexual integral en el país es constantemente estigmatizada y su implementación puede verse afectada en lo que respecta a los colegios públicos, que dependen de cómo se le de manejo a estas temáticas desde el gobierno de turno. Sin embargo, niñas y niños que han pasado por Poderosas y se han formado en educación sexual integral hoy agradecen que existan procesos como estos.
“Está bien cuidarte, pensar en ti, en tu futuro y en tu salud”, dijo Juan David. “Antes no sabía nada de educación sexual, cuando aprendí, aparte de saber que sí existía, me pregunté cómo compartir esto con las demás personas y con mi comunidad educativa”, aseguró Sara. “Cambió mi manera de percibirme, de relacionarme con las personas y de entender a las mujeres”, dijo Daniel. Tanto Juan David como Sara y Daniel pasaron por procesos de formación en educación sexual integral e hicieron parte del estudio.
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Por Luna Mejía Farías
