Casi un mes después de que se conocieran múltiples denuncias de acoso sexual en medios de comunicación, impulsadas por los movimientos #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, El Espectador pudo confirmar que el caso de la periodista y escritora María Antonia García fue desarchivado. La denuncia penal por acoso sexual contra Hollman Morris, hoy gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC), vuelve a tomar curso en la justicia.
Este caso se dio a conocer en 2019, cuando María Antonia García decidió contar, en una columna publicada en El Tiempo, lo que, según su denuncia, ocurrió con Hollman Morris durante un encuentro en Madrid en 2011. La reunión se dio en el barrio Lavapiés, en un bar al que acudió para entrevistarlo sobre el documental Impunity, tema sobre el que estaba interesada en escribir mientras trabajaba como reportera en el diario El Mundo. La periodista relató que Morris presuntamente la acosó sexualmente con tocamientos indebidos y un beso forzado, sin su consentimiento.
En septiembre de 2019 decidió presentar la denuncia por acto sexual violento ante las autoridades. Ahí comenzó el laberinto judicial. Según le contó a Volcánicas, fue citada a declarar, pero en 2022 le notificaron que su caso sería archivado, ya que los hechos habrían ocurrido en España y quedaban fuera de la jurisdicción colombiana. Ese mismo año, ella solicitó la reapertura del expediente; la Fiscalía accedió y, meses después, fue archivado nuevamente. En abril de 2023 presentó una nueva solicitud, pero el ente negó la reapertura bajo el argumento de que la clasificación jurídica del caso había cambiado a un delito de menor gravedad.
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Es sobre esa cadena de sucesos que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema ordenó reactivar el caso el pasado 20 de abril de este año. Señaló que no se protegieron los derechos de la denunciante y que hubo un error en la “adecuación típica” posterior, al trasladar el caso al presunto delito de “injuria por vía de hechos” y no mantener la investigación bajo el delito de “acto sexual violento”. Esa decisión, según lo planteado en la nueva decisión, evidencia la ausencia de enfoque de género durante la investigación y derivó en un escenario de revictimización institucional para María Antonia.
“Cuando el operador judicial ignora los elementos específicos del tipo penal y lo califica erróneamente, despoja a la conducta de su carga jurídica y simbólica”, se lee en la decisión, documento al que tuvo acceso este diario. Resaltando que no se trata de un “simple fallo técnico, sino una forma de violencia”. Para la víctima, esto tiene varias consecuencias: primero, se oculta la gravedad real de lo ocurrido; segundo, se acortan injustificadamente los plazos para que el caso pueda ser investigado o sancionado; y tercero, se produce una nueva forma de daño, porque se envía un mensaje de impunidad al no nombrar el delito como es.
En entrevista con El Espectador, María Camila Correa, apoderada de María Antonia García, coincide en que se configuró un escenario de revictimización. “Claramente, sí es una revictimización y es una forma de violencia de segundo orden al invisibilizar la agresión sexual y el daño a la libertad e integridad sexual. Pero, además, lo que generó fue un archivo que evitó en su momento el acceso a la justicia de una víctima. En este orden de ideas, hubo violencia institucional”, sostiene.
Y es que, justamente, en contextos de violencias basadas en género, expertas explican que la revictimización se da cuando, por acción u omisión de las instituciones, las autoridades o el entorno social, se prolonga o agrava el daño ya sufrido, con afectaciones directas a los derechos de la persona. En este caso, la decisión se da después de que el caso fuera archivado dos veces y casi siete años después de que la periodista interpusiera la denuncia.
No obstante, Correa celebra la decisión. “Es una buena noticia. Consideramos que esta decisión de desarchivo es un paso más para la protección de las mujeres víctimas de violencias basadas en género”, afirma.
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Por su parte, Claudia Cristancho, abogada de Hollman Morris, sostiene que la presunción de inocencia se mantiene vigente y mostró su desacuerdo con la reapertura del caso, aludiendo a que la decisión inicial de la Fiscalía no fue improvisada y que fue evaluada con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema. “La Fiscalía reabrió un caso en el que la acción penal ya estaba extinguida, pese a que ella misma había concluido que no hubo acto sexual violento”, dijo en entrevista con El Tiempo.
Además, agregó que la apertura le resulta “irregular”, al señalar que no hay hechos nuevos frente a lo ya analizado y que el Estado perdió la facultad para investigar. “Lo que hoy se presenta como una ‘corrección’ o como la aplicación de un ‘enfoque de género’ es, en realidad, una relectura forzada del mismo expediente que desconoce las reglas básicas del debido proceso”, comentó al medio citado.
Por su parte, Correa señala que no se trata de una “relectura forzada” ni de oportunismo político. “El enfoque de género es una metodología mediante la cual se deben aproximar quienes administran justicia en casos que así lo ameriten. Es una forma de resolver casos y una concreción del deber de jueces y fiscales de hacer análisis en contexto, como lo ha establecido la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional”, asegura.
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Frente a este panorama, el ente acusador reabrió la indagación contra Hollman Morris. La decisión llegó tras reconocer fallas en el proceso: la vulneración de los derechos de la denunciante, la ausencia de enfoque de género y un error en la modificación del delito durante la investigación. Con ese giro, el caso vuelve a moverse en un escenario donde lo que está en discusión no es solo la conducta denunciada, sino también la forma en que la justicia la nombra, la entiende y la tramita.
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Por Alejandra Ortiz Molano
