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Frases como “mamacita rica”, “debe ser rica desnudita”, “dele una acariciadita” y “me la voy a robar” son las que pronuncia el inspector de Policía de Soacha José Arturo Figueredo, en un video en el que presuntamente acosa sexualmente a una trabajadora de seguridad de la Inspección Sexta de Policía del municipio, según información revelada por Noticias Caracol. Material que ya está en manos de las autoridades y que revela algo mayor: el acoso sexual que viven cientos de mujeres en los espacios laborales y la importancia del consentimiento.
Se trata de hechos grabados el 3 de junio de 2025. En el video se observa cómo el inspector José Arturo Figueredo, habría dirigido expresiones de carácter sexual a la vigilante Dalin Selena Monsalve, de 23 años. Mientras diligenciaba la minuta del turno, ella activó la cámara de su celular para documentar lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con su testimonio, revelado al medio de comunicación, llevaba pocos meses en el cargo y explicó que, desde su llegada, reconoció que el comportamiento del inspector se repetía constantemente. Por esa razón decidió obtener pruebas para presentar la denuncia.
El preocupante panorama de acoso, que mujeres sufren a diario en Colombia, muestra las fallas en la ley que permiten que muchos de estos agresores no paguen por sus acciones.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 9, 2025
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En el video grabado por la denunciante se puede ver al inspector Figueredo, riéndose de forma burlona. La sujeta por los brazos y las manos para impedir que se mueva, le toca la cara y el cabello, aproxima su rostro al de ella, le toca los senos y, finalmente, toma una de sus manos para dirigirla hacia sus genitales. En ese momento, ella intenta apartarse, rechaza el contacto y le dice “no” varias veces para que detenga sus acciones. “Se supone que son personas que están para resolver y proteger a la gente de estas de estas cosas y el decir de ellos es, pues, si yo lo hago, quién me va a decir algo, si yo soy un inspector”, señaló Monsalve en entrevista con Noticias Caracol.
Por hechos como los descritos, organismos internacionales han reiterado que cuando se habla de consentimiento no existen zonas grises. Se define como la aceptación libre y voluntaria de participar en un acto, una decisión que debe expresarse de manera clara, sin coerción, fuerza, amenazas o manipulación, y que puede retirarse en cualquier momento. Aun así, frases como “no dijo que no” o “hay que ser más tajante a la hora decir que no” siguen utilizándose para cuestionar a quienes denuncian violencia sexual. “La gente las usa para intentar desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido”, explica ONU Mujeres.
Por este caso, según la denuncia presentada y el material, no sólo habría ausencia de consentimiento, sino que además la víctima se encontraba en una situación de indefensión marcada por relaciones de poder. En estos contextos, las personas que denuncian violencia sexual enfrentan mayores obstáculos para reportarla o cuestionar el comportamiento por el temor a las represalias, como la pérdida del empleo o daño a su reputación laboral. Habitualmente, cuando existen relaciones jerárquicas de este tipo, se trata de personas en posiciones de autoridad que, presuntamente abusan de su poder para incurrir en conductas de acoso, como ocurriría en el caso atribuido a Figueredo.
Lisa Cristina Gómez Camargo, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género de la Defensoría del Pueblo, hizo una lectura de los hechos, que compartió con Noticias Caracol: “lo que se ve en el video es que claramente él siente que tiene la potestad de asumir el acercamiento, tiene la potestad a apropiarse de su cuerpo, hace llamados absolutamente sexualizados y sexistas, el llamado a la apropiación, en los gestos se ve que siente que no le va a pasar nada y que su acción es legítima, entonces es desafortunado ver toda la gestualidad del agresor porque lo que muestra es justamente la estructura de desigualdad que viven las mujeres y por las cuales una y otra vez son víctimas de violencia sexual”.
Solo en Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer ha documentado que el acoso laboral y sexual es una de las formas más frecuentes de violencia basada en género en los entornos de trabajo. Según la entidad, cinco de cada diez mujeres se han sentido discriminadas por razones de género y el 14% ha estado expuesta a situaciones que facilitan el acoso sexual o laboral. Además, el año pasado, la Procuraduría General de la Nación advirtió que, en muchos casos, el acoso laboral se origina en actos de intimidación o presión vinculados con la negativa de aceptar exigencias de índole sexual, prácticas que afectan principalmente a las mujeres.
Volviendo al caso de Monsalve, la denunciante señala que habrían ocurrido más agresiones que no quedaron registradas y que, según relata, también sucedieron con varias compañeras. De acuerdo con el medio citado, al menos dos mujeres aceptaron contar sus experiencias de forma anónima por temor a represalias. Relataron que el inspector Figueredo aprovechaba momentos en los que estaban solas para acosarlas, se bajaba los pantalones, les mostraba sus genitales, trataba de tocarles la cola y las partes íntimas, e intentaba besarlas.
Según su hoja de vida, Figueredo ha ocupado cargos como personero y defensor de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Desde 2021 ejerce como inspector de Policía en Soacha, un cargo adscrito a la Alcaldía del municipio, puesto donde se supone debería resolver conflictos de la ciudadanía y garantizar convivencias pacíficas, en este caso en la comunidad de Soacha.
A comienzos de junio, Dalin Selena Monsalve denunció los hechos ante la Fiscalía y la Alcaldía de Soacha. Ambas entidades abrieron expedientes con su testimonio. No obstante, asegura que han pasado más de seis meses sin que se conozcan pronunciamientos o decisiones por parte de ninguna de las dos instituciones.
Esto, pese a que, la jurisprudencia colombiana ha reconocido el acoso sexual en el ámbito laboral como una forma de violencia basada en género y una violación de los derechos humanos. En la sentencia T-140 de 2021, la Corte Constitucional señaló que los empleadores tienen la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y de actuar con debida diligencia frente a situaciones de discriminación o violencia. También ordenó no tolerar estas conductas y adoptar medidas orientadas a evitar su repetición.
En las últimas horas, la Alcaldía de Soacha, en un comunicado a la opinión pública, informó que José Arturo Figueredo fue suspendido provisionalmente de su cargo por un periodo de tres meses por parte de la Personería de Soacha, el pasado 3 de diciembre. De acuerdo con el documento, esto ocurre “mientras se toman decisiones de fondo en el caso”. A su vez, aseguró que “durante todo el proceso, el Programa de Mujer y Género de la Alcaldía ha brindado acompañamiento permanente a las dos víctimas”.
¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?
- Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.
- Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.
- Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.
- Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.
- Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.
- Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846
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