La denominada “crisis” de la caída de la natalidad ha traído consigo diversas preocupaciones económicas, entre ellas, la futura reducción de la fuerza laboral, el aumento de los costos sanitarios y los sistemas de pensiones, que en gran parte del mundo no están preparados para las próximas. Una preocupación que, en algunos discursos políticos, ha trasladado de manera desproporcionada la responsabilidad a las mujeres, no solo culpándolas de no tener hijos e hijas, sino también usando el argumento de la baja natalidad para restringirles derechos sexuales y reproductivos.
Argumentos que desvían la atención y siguen sin garantizar condiciones dignas de vida para quienes deciden ejercer la maternidad o la paternidad, según expertas. Por ejemplo, en casos como el de Chile, donde se promueven proyectos para pagar a las “futuras madres” cerca de mil euros por cada hijo o hija, además de la apertura de una cuenta de ahorro a nombre del bebé. O el caso de Argentina, en el que el actual presidente Javier Milei ha utilizado está bandera como argumento para oponerse al derecho al aborto. Y en China, pese a haber tenido una política de hijo único que comenzó a flexibilizarse en 2015, desde este año se promueven ayudas familiares de 500 dólares por cada niño menor de tres años.
Respecto a estas medidas, diversos organismos internacionales y personas defensoras de derechos humanos han calificado como reduccionista la lectura que atribuye la baja natalidad a una supuesta falta de voluntad de las mujeres. Señalan que este enfoque desconoce factores estructurales, como que en América Latina, a pesar de que las mujeres alcanzan niveles más altos de educación, siguen enfrentando mayores tasas de desempleo que los hombres, realizan el doble de trabajo en labores de cuidado no remuneradas, asumen los costos de la maternidad en un mercado laboral inestable y precarizado y enfrentan un aumento sostenido del costo de vida.
Y si se mira con lupa, el caso colombiano, en los últimos 75 años, entre 1950 y 2025, las mujeres pasaron de tener en promedio seis hijas o hijos a 1.61, según cifras del World Population Prospects de las Naciones Unidas (ONU). Estas cifras, lejos de ser nuevas, se relacionan con la baja tasa de fecundidad en el mundo, que desde 1970 viene disminuyendo y hoy refleja un descenso total del 50 %.
Para Susana Sottoli, directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) quien habló con El Espectador en el marco de la Cumbre de Planificación Familiar 2025 que se realiza en Bogotá, el discurso sobre la natalidad cambia según el tipo de crisis del momento. “Este clamor dice que los países van a quedar despoblados. Pero si se compara con lo que ocurría hace décadas, la preocupación era la contraria: hay sobrepoblación, somos demasiados, el planeta no va a resistir, habrá escasez de recursos”. Para la experta, estas posiciones extremas implican repensarse qué está pasando con las personas y las decisiones que pueden tomar para hacer realidad sus deseos reproductivos.
De hecho, esta relación directa entre las mujeres y la maternidad va en contravía de los avances en materia de derechos de las mujeres en gran parte del mundo. Que desde la década de 1990, a través de convenciones internacionales como Belém do Pará y la Plataforma de Acción de Beijing, se ha promovido la igualdad para mujeres y niñas en todos lo ámbitos, incluida la pedagogía para reducir los estereotipos de género, que las vinculan a un rol reproductivo. Es decir, dejar de plantear la idea de que su único destino es ser madres.
Según Sottoli, los informes elaborados por el UNFPA como “La verdadera crisis de la fecundidad: Alcanzar la libertad reproductiva en un mundo de cambios”, muestran que la mayoría de las personas desean tener hijos e hijas, pero terminan teniendo menos de los que quisieran. Para ella, esto plantea una pregunta más grande: ¿qué impide que las personas concreten sus deseos reproductivos? Y entre las principales causas, identifica las dificultades económicas y la falta de condiciones que permitan ejercer la maternidad o la paternidad de forma libre y segura.
“Por ejemplo, ser una mujer que ejerce la maternidad en solitario, viviendo en ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Brasilia, implica enfrentar crisis de vivienda y falta de espacios habitables y accesibles, además de condiciones laborales precarias. Muchas mujeres trabajan en el mercado informal, sin seguro médico, sin acceso a servicios de salud ni a guarderías. Si se observan todos estos factores en conjunto, se entiende mejor por qué muchas personas dicen que no pueden tener un hijo ahora”, explica Sottoli.
Es precisamente en este punto donde la experta cuestiona las políticas pronatalistas, que suelen pasar por alto que, lejos de ser una decisión “egoísta” de las mujeres, se trata de “una decisión responsable” y contextual. Por eso considera que, antes de llegar a conclusiones sobre la caída de la natalidad, los Estados y las entidades públicas y privadas deben garantizar la equidad de género, la existencia de sistemas de cuidado, el acceso al mercado laboral, programas de vivienda digna, servicios de cuidado infantil y atención en salud sexual y reproductiva. Solo así las personas podrán decidir cuántos hijos o hijas tener, cuándo y con quién.
De hecho, la Fundación WWB Colombia ha señalado que la decisión de tener —o no tener— hijas e hijos está vinculada con las brechas socioeconómicas, la falta de redes de apoyo y el deterioro del bienestar de las mujeres que lideran hogares. Esto sumado a que por lo menos en Colombia, los hogares encabezados por mujeres aumentaron del 36.4 % en 2015 al 46.5 % en 2024, un incremento de más de diez puntos porcentuales en menos de una década, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE de 2024.
Estos datos se suman a la desigualdad económica. De acuerdo con la misma entidad, el 37.7% de las mujeres jefas de hogar vive en situación de pobreza monetaria, frente al 29.5% de los hombres en la misma condición. Además, las mujeres presentan un Índice de Pobreza Multidimensional más alto, lo que refleja carencias acumuladas en educación, salud, empleo y vivienda.
Este aumento de hogares encabezados por mujeres evidencia transformaciones sociales en las decisiones que hoy pueden tomar, como separarse, priorizar su bienestar o construir proyectos de vida autónomos. Sin embargo, estos cambios sociales no han avanzado en la misma medida en que los Estados comprenden estos nuevos tipos de familias y las condiciones que deben implementar para combatir las desigualdades específicas que atraviesan las mujeres. Esto sumado al abandono de los padres frente al cuidado de los hijos e hijas, quienes, incluso cuando no están presentes en el hogar, muchas veces no asumen los costos. Solo en 2024, se presentaron 43.801 casos de demanda por inasistencia alimentaria, según datos de la Fiscalía.
Bajo esta lógica se alargan los ciclos de feminización de la pobreza
Para la experta, uno de los principales desafíos está en establecer un vínculo sólido entre los temas de salud sexual y reproductiva con las agendas de desarrollo. Siendo América Latina y el Caribe, una región que debería preocuparse por este tipo de medidas, al posicionarse como la segunda región con la tasa de embarazo adolescente más alta del mundo, después de África.
“Que una chica de 14, 15 o 16 años quede embarazada no solo trunca su vida, también representa el fracaso de los sistemas educativos, familiares y de política pública. Es, además, una pérdida para el Estado, la sociedad y la economía”, criticó Sottoli. El UNFPA ha estimado que el costo de oportunidad del embarazo adolescente en 15 países de la región equivale a 15.000 millones de dólares anuales, aproximadamente el 1% del PIB de esos países.
Para ejemplificar mejor la magnitud de este impacto económico en los países, los 15.000 millones de dólares equivalen a tener detenido el Canal de Panamá durante tres meses, siendo este el eje de la economía panameña, según Sottoli. Agregando que no se trata simplemente de una decisión individual, sino una pérdida de ingresos para las mujeres, una menor recaudación tributaria para los Estados y una sobrecarga de los sistemas educativos, sociales y de salud.
Por lo tanto, la directora advierte la necesidad de involucrar más sectores en la conversación y utilizar un lenguaje nuevo. “No basta con apelar sólo al discurso de los derechos reproductivos; hay que mostrar que invertir en prevención también tiene beneficios económicos”. Según UNFPA, por cada dólar invertido en la prevención del embarazo adolescente, el retorno puede oscilar entre 15 y 40 dólares.
Además de representar un avance para los países, la prevención del embarazo adolescente mejora la calidad de vida de mujeres y niñas. Según Naciones Unidas, cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Frente a esto, han advertido que cuando una adolescente queda en embarazo, su proyecto de vida se ve interrumpido, lo que puede derivar en resultados precarios en salud para ella y sus hijos e hijas, perpetuar el ciclo de pobreza, impedir que continúe sus estudios o acceda a un empleo, y mantenerla en relaciones con situaciones de violencia.
Sottoli subraya que la pobreza tiene un carácter estructural y se reproduce fácilmente. “Si no existen políticas públicas destinadas a romper ese ciclo, las mismas barreras se repiten de generación en generación”, afirma. En este contexto, muchas mujeres en situación de pobreza ven la maternidad como una forma de inversión en capital humano o una estrategia de supervivencia ante la falta de oportunidades y de autonomía reproductiva.
Por esa razón la experta finaliza con que este escenario exige incorporar el enfoque de género en el diseño de políticas, leyes y presupuestos. “Quienes formulan políticas deben ponerse en los zapatos de las personas y entender que una medida no impacta igual a hombres, mujeres, mujeres afrocolombianas o indígenas. El impacto es diferenciado”.
Por toda esta mezcla de factores, la llamada crisis de natalidad del siglo XXI no se puede atribuir a las mujeres, sino a las condiciones que determinan sus posibilidades de decidir. Los datos muestran que las decisiones sobre tener o no hijos o hijas están condicionadas por las desigualdades de género, la falta de redes de apoyo, las brechas laborales y el acceso limitado a servicios de cuidado y salud sexual y reproductiva.
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Por Luisa Lara
