Siete mujeres se aferran a las fotografías de sus familiares como escudos. Las sostienen contra el pecho, sobre camisetas blancas que rezan: “Liberen a todos los presos políticos”. Antimotines vestidos de negro, con sus propios escudos de policarbonato y cascos tácticos, custodian el centro de detención de la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, Venezuela. Mientras las mujeres defienden la libertad de sus seres queridos.
Son madres, hermanas, hijas, esposas de personas desaparecidas y detenidas por motivos políticos. Desde hace más de 30 noches mantienen una vigilia ininterrumpida. Cuando no están enunciando cánticos, susurran oraciones, se reparten palabras de aliento o entonan el himno nacional. También escriben los nombres de los detenidos y las detenidas en el suelo, mientras sus cuerpos resisten entre la lluvia y el calor caraqueño.
“Mi vida está paralizada hasta que mi hermano sea libre”, dice Raidelys, hermana del político Renny Chourio, desaparecido desde noviembre de 2025 luego de entregarse ante amenazas contra su familia. Después de insistir a las autoridades, hace dos semanas la mujer, de 39 años, por fin confirmó el paradero de su hermano en la cárcel de Boleíta.
Ella dejó su trabajo y a sus dos hijos en el estado Zulia para instalarse en esta calle escondida de Caracas con su madre, de 66 años. Lo hizo tras el anuncio oficial de Jorge Rodríguez, presidente del poder legislativo y hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones, luego del bombardeo de Estados Unidos en tres estados del país y la posterior extracción de Nicolás Maduro, el 3 de enero.
Para las familias, ese anuncio se tradujo en una espera que parece eterna, aún con un proyecto de Ley de Amnistía General en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela, que promete la liberación de personas prisioneras políticas y el cierre del mayor símbolo de la represión en el país, la cárcel del Helicoide.
El pasado viernes, Jorge Rodríguez se acercó a la Zona 7, donde acampan alrededor de 20 mujeres. Se le vio abrazando a una mujer y prometiendo que este martes 10 de febrero “a más tardar el viernes están todos libres”.
“Por lo menos hay una luz al final del túnel. No voy a negar que he sentido rabia porque todo ha sido muy lento, pero tenemos fe”, expresa Raidelys. Su mirada cansada busca alguna señal de la excarcelación de su hermano.
Aunque muchas mujeres se llenan de esperanza con las últimas liberaciones y el anuncio de la amnistía, otras temen que se trate de libertad parcial y selectiva.
Represión política en Venezuela: la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres
Cuando una persona es desaparecida o detenida por motivos políticos, “el castigo se extiende al núcleo familiar y recae de forma desproporcionada en la mujeres”, señala Cristina Ciordia, del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
En la práctica, son las mujeres quienes recorren instituciones sin respuesta, buscan información, gestionan visitas y exigen justicia. Se convierten en víctimas de violencia porque se les vulneran múltiples derechos humanos, explica.
“La incertidumbre prolongada, la falta de respuestas oficiales y el trato hostil y vejatorio por parte de las autoridades convierten esta experiencia en una forma de violencia sostenida en el tiempo. A esto se suma la exposición al hostigamiento, la estigmatización y, en muchos casos, a amenazas directas o indirectas”, señala.
Esta violencia también se traslada a las afueras de las cárceles venezolanas, que se han convertido en un hogar temporal para mujeres como Raidelys y su madre.
“Las noches son las más difíciles porque estamos expuestas. Son tan oscuras y solas que una no puede ir a hacer sus necesidades. Nosotras hemos sido acosadas, nos han tomado fotografías sin nuestro consentimiento”, relata.
La comida llega gracias a donaciones de organizaciones no gubernamentales, movimientos estudiantiles, grupos religiosos y la sociedad civil. También les donan artículos de aseo personal y de gestión menstrual.
“El apoyo de la gente no nos ha faltado. Gracias a Dios, mi mamá y yo nos hemos sentido acompañadas en este proceso tan duro”, dice.
En el penal de Tocorón por ejemplo, a 133 kilómetros de Caracas, otras mujeres llegaron a lavarles el cabello y peinarlas.
Pero el cansancio pasa factura. Hace dos semanas, en Zona 7, Marina Saldivia, familiar de cuatro desaparecidos, se desplomó en la acera.
Un escenario peor ocurrió en el penal de Tocorón: Yarelis Salas, madre del preso político Kevin Orozco, murió de un infarto. Días después el joven fue excarcelado. Al menos tres madres de presos políticos fallecieron desde que se anunciaron las excarcelaciones.
Pero el proceso de liberaciones no ha sido del todo transparente, denuncian las organizaciones civiles.
Mientras la administración de Rodríguez asegura haber liberado al menos a 600 personas detenidas por motivos políticos, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela solo han podido verificar 431 excarcelaciones, hasta la fecha de publicación de este reportaje.
Según sus registros, entre 600 y 800 personas continúan detenidas. Son militares disidentes, personas asociadas a movimientos políticos, activismo y defensa por los derechos humanos y medios de comunicación, y otras sin vínculos políticos señaladas de “terrorismo” o “incitación al odio” por expresar sus opiniones en manifestaciones y redes sociales.
La lucha colectiva de las mujeres para exigir libertad y justicia
Cuando detuvieron a su hijo en septiembre de 2024, acusado de presunta participación en una manifestación poselectoral, la vida de María Agudelo* dio un giro. El impacto no fue solo emocional, también perdió su empleo como peluquera en un salón de belleza. La angustia no la dejó continuar, asegura.
María se quedó sin ingresos, pero eso no le impidió mantenerse en movimiento. Sin saber qué era un número de expendiente, comenzó a recorrer entre tribunales y centros de reclusión, donde coincidió con otras mujeres en la misma situación.
“Muchas ni habían pisado Caracas”, relata. Con el acompañamiento del colectivo de derechos humanos Surgentes, se organizaron y fundaron el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, centrado en las personas detenidas por hechos poselectorales, la mayoría trasladados y recluidos en Tocorón.
Este esfuerzo, aunque espontáneo, no fue casual.
Cristina Ciordia explica que el sistema represivo venezolano no solo reorganiza de forma forzada la vida cotidiana de sus familiares, también produce una carga de trabajo adicional que recae principalmente en las mujeres. “Es el cuidado del detenido, de la familia, de la memoria y de la denuncia. Un trabajo invisible, no reconocido y profundamente desgastante”.
En este contexto, las redes de apoyo entre mujeres sostienen los espacios de resistencia que desafían al Estado.
Según Ciordia, cuando ellas comparten información, se brindan soporte emocional o articulan estrategias de denuncia, fracturan el aislamiento que el sistema represivo intenta imponerles.
La madrugada del 1 de enero liberaron al hijo de María, junto a otros 88 detenidos -cifra que la administración de Rodríguez insiste en contabilizar dentro del grupo de los más de 600 excarcelados-.
Si bien retomar la vida “normal” no ha sido sencillo, su compromiso social no terminó allí. No abandona la lucha “hasta que todos sean libres”, afirma.
Desde la distancia, María coordina jornadas de recolección con otras madres del Comité. Viajan hasta Tocorón para llevar alimentos, artículos personales, agua potable, y registran contenido para redes sociales con la esperanza de recibir ayuda externa.
“Somos personas humildes, la mayoría no tienen recursos para mantener la vigilia. Ahora más que nunca se necesita apoyo”, dice.
Las Madres en Defensa de la Verdad han avanzado poco a poco para que sus hijos mejoren sus condiciones de vida en medio del encierro. “Primero logramos las visitas porque no estaban permitidas, luego logramos pasar paquetería porque no recibían nada, ni útiles personales ni nada. Empezaron recibiendo un paquete de galletas con chocolate. También logramos coordinar la visitas de hombres porque solo dejaban a las mujeres pasar y había un señor que no tenía familia. Estuvo cuatro meses sin ver a su hijo. Eso también lo peleamos”, cuenta.
El pasado 27 de enero presentaron un proyecto de Ley de Amnistía a la Asamblea Nacional.
No solo piden liberar a las personas detenidas injustamente, sino un proceso pleno, sin medidas cautelares, es decir, sin mecanismos de control que prolonguen la criminalización.
Aunque para María el proyecto de Ley de Amnistía del oficialismo es la máxima expresión de victoria para las madres de presos políticos tras casi dos años de lucha, aún quedan dudas del alcance de esta promesa de libertad.
En un comunicado, el Comité de Madres expresó su preocupación porque el proyecto sea demasiado restrictivo y deje por fuera a militares, trabajadores y campesinos judicializados. Además, alertaron sobre la falta de plazos claros en el proceso, ya que podría generar nuevos retrasos injustificados, también proponen reparación y garantía de no repetición.
La urgencia de incluir estas medidas se evidenció con la recaptura del dirigente Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido nuevamente horas después de su excarcelación, el domingo pasado.
En medio de un escenario de intereses geopolíticos, son las madres, esposas, hijas y hermanas quienes han jugado un papel destacado como lideresas, voceras y organizadoras, asegura Marino Alvarado, coordinador de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). “No solo han demostrado la capacidad de conducir, si no han dado ejemplo de que pese a la represión, pese a la amenaza no las han podido callar”, señala.
“Ya no tenemos miedo”: mujeres frente a la represión
Bajo la sombra del imponente Helicoide, reconocido como el principal “centro de tortura” por organizaciones de derechos humanos, se tejió otra red de solidaridad y resistencia.
Tras el anuncio de las excarcelaciones, todos los días a las cuatro de la tarde llegan decenas de mujeres con fotografías de sus familiares, velas y materiales de papelería. Elaboran carteles a mano, pintan la bandera de Venezuela y escriben consignas de libertad y justicia.
Gloria Morales parece tranquila mientras acomoda las velas para la vigilia de esa noche. Relata que hace mucho tiempo perdió el miedo, después de que su familia fue perseguida por meses tras la detención de su hijo vinculado a la operación Gedeón, un intento de golpe de estado llevado a cabo por exiliados venezolanos con apoyo de EEUU en 2020.
“Luego se dieron cuenta que no teníamos nada que ver y nos dejaron en paz”, asegura.
Ella y su nuera viajaron desde el estado Sucre hasta la capital. Lograron establecerse gracias al apoyo de otra madre que les prestó refugio en su casa.
“El apoyo entre nosotras también te hace más valiente. Nos ayudamos con dinero para pasajes y así impulsamos apoyo”, afirma.
Pero para muchas, esta valentía apenas empieza a asomarse. Las mujeres que se instalan frente al Helicoide relatan que muchas recién se animaron a denunciar las detenciones de sus familiares o a manifestar por un reencuentro con ellos.
Antes del anuncio de las liberaciones, algunas recibieron amenazas. A Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (ClippVe) y hermana de Josnar Baduel, recluido en el Rodeo denuncia que en diciembre, funcionarios de seguridad le dijeron que, ante una eventual intervención de Estados Unidos, las personas detenidas por motivos políticos serían ejecutadas.
Martha Tineo, coordinadora de la asociación Justicia, Encuentro y Perdón, que brinda asistencia legal a los presos políticos, asegura que desde el 9 de enero han recibido más de 700 denuncias por desapariciones y detenciones arbitrarias.
Aunque este escenario de represión no se ha detenido por completo y persiste la narrativa de intimidación por parte del oficialismo, Tineo afirma que hay una esperanza colectiva en la que la sociedad civil intenta apropiarse nuevamente de los espacios que perdió durante una década.
Durante la última semana, grupos estudiantiles y de la sociedad civil salieron a manifestar para exigir la libertad plena de personas presas políticas. Algunas de estas concentraciones se llevaron a cabo en las entradas de centros de reclusión. Como el pasado domingo, cuando dirigentes políticos recién excarcelados acudieron a el Helicoide y la Zona 7 para apoyar a las familiares.
“Queremos pensar que no se repetirá ese escenario de represión, aunque vemos ese discurso y esa narrativa intimidante. La gente está esperando. Son años cargados con ese sufrimiento. Ya se han fortalecido desde una lógica que nace de la misma desesperación”, concluye Tineo.
*María Agudelo es un nombre ficticio, creado para proteger la identidad de la denunciante.
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Por Omarela Depablos / Especial para El Espectador
