El 2026 no arranca precisamente con buenas noticias. Apenas en el primer mes del año, ONU Mujeres advirtió que ningún país ha logrado cerrar por completo las brechas de género. Según los datos, hoy las mujeres cuentan, en promedio, con solo el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres alrededor del mundo.
Con esto, el organismo alerta que las leyes siguen siendo “sistemáticamente desfavorables” para las mujeres y que, aunque se hable de igualdad, todavía existen baches que impiden que tengan las mismas garantías en temas como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios o, incluso, la jubilación.
Estos vacíos generan que mujeres y niñas sigan enfrentándose a múltiples obstáculos para alcanzar la igualdad de género, especialmente cuando se trata del acceso a la justicia. “Si el progreso continúa al ritmo actual, se tardarán 286 años en cerrar las brechas de protección legal. Eso no es un plazo, es una rendición”, se lee en el informe.
Una realidad que no dista mucho de lo que otros organismos ya han venido advirtiendo. Más allá del número de leyes que se promulguen al interior de los países, también es necesario seguir su implementación, ha reiterado la Convención Belém do Pará de la OEA. En su último informe, por ejemplo, reveló que la región había invertido apenas dos dólares por mujer en 2021. En los datos desagregados, en casi la mitad de los Estados se destinó menos de un dólar anual, y algunos llegaron a gastar solo unos centavos.
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Ante este panorama no tan alentador, ONU Mujeres insiste en encontrar soluciones, como derribar las leyes discriminatorias, ampliar las protecciones legales que hoy siguen siendo frágiles y prestar atención a las normas sociales nocivas que, en distintos países y culturas, continúan erosionando los derechos de las mujeres y las niñas. “Sin sistemas judiciales que funcionen para las mujeres, los derechos se convierten en una promesa que nunca se cumple”, añade.
Reiteradas veces, el organismo ha advertidoque la discriminación contra las mujeres atenta directamente contra los derechos humanos. Cuando las leyes protegen menos a las mujeres, esa desventaja no se limita a los textos consitucionales, sino que se traduce en violencias normalizadas, en menos oportunidades y en una carga constante de desigualdad que limita el ejercicio de otros derechos económicos, políticos y sociales.
Las leyes en Colombia que siguen discriminando a las mujeres
El “Análisis de la legislación discriminatoria en colombia” , publicado en octubre de 2025, revisó 117 leyes vigentes en Colombia para identificar normas con contenido discriminatorio, ya sea directo o indirecto, frente a los derechos de las mujeres y las niñas. Para ello, analizaron derechos laborales, seguridad social, acceso a la tierra, derecho a una vida libre de violencias y participación política. Aunque se reconocen avances, existen fallos que las siguen dejando en una situación de discriminación y desventaja frente a los hombres:
- Participación política: el análisis evidenció que no existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad del 50 % en las listas de elección popular, así como una financiación adecuada que asegure la inclusión efectiva de las mujeres en la política y en las candidaturas.
- Derechos laborales y seguridad social: identificó restricciones laborales que siguen afectando a las mujeres, como la exclusión de ciertos trabajos, entre ellos la pintura industrial. Además, no existe una licencia de paternidad equitativa que distribuya de manera más justa las tareas de cuidado y reduzca la discriminación asociada a las licencias más extensas que recaen sobre las mujeres, y se mantienen vacíos en la protección frente al acoso laboral.
- Derecho a la tierra: continúan las barreras para que las mujeres accedan a la titularidad conjunta de la tierra y la propiedad. En estos procesos, el trabajo de cuidado no es reconocido de manera adecuada y tampoco se garantiza de forma plena la titularidad independiente a nombre de las mujeres.
- Vida libre de violencias: no se ha elevado la edad mínima de consentimiento sexual; durante los procesos de acceso a la justicia, se sigue permitiendo la confrontación directa entre víctima y agresor, lo que favorece la revictimización, y aún no se reconocen de forma integral todas las violencias que afectan a las mujeres, incluidas digital, institucional, vicaria y obstétrica.
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Por Redacción Género y Diversidad
