Con una votación unánime, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Olimpia, una iniciativa que busca modificar la Ley 1257 de 2008 para incluir dentro de sus alcances la violencia digital sexual y establecer sanciones penales para quienes difundan, compartan o produzcan contenidos íntimos de carácter sexual sin consentimiento.
Al superar este paso legislativo, el proyecto queda ahora en manos del Senado, donde deberá ser discutido y votado en los próximos meses. De ser aprobado, Colombia se convertiría en el cuarto país de América Latina en contar con una ley específica sobre este tipo de violencia, siguiendo a México, Argentina y Panamá.
“Países como Uruguay, Ecuador, Guatemala y Honduras ya tienen procesos legislativos en curso, y se espera que toda América Latina avance hacia la regulación y protección de la intimidad digital gracias a esta lucha colectiva que inició en el año 2013”, se lee en el comunicado de Ley Olimpia.
El proyecto de ley fue presentado por la congresista Ana Rogelia Monsalve en septiembre de 2024, y propone incorporar al ordenamiento jurídico la figura de la violencia digital sexual. La ley contempla sanciones de hasta seis años de cárcel, además de medidas orientadas a la prevención, la educación digital y la protección de las víctimas.
¿Por qué se llama Ley Olimpia?
El nombre de la ley tiene un significado simbólico en honor a Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que, tras ser víctima de la difusión no consentida de un video íntimo en 2013, decidió visibilizar una forma de violencia que hasta entonces no estaba contemplada en la legislación de varios países.
Después de lo que vivió, Olimpia Coral empezó a investigar el por qué no existía el delito, “me enteré de que tampoco era delito en otros países, ni siquiera en Estados Unidos. Junté los testimonios de todas estas mujeres y formé una primera organización que se llama Mujeres Contra la Violencia Cibernética, allí empezamos a crear la propuesta legislativa. La primera vez que salí de mi casa fue cuando ya tenía la ley en mis manos, no se llamaba Ley Olimpia, yo le había puesto Ley Contra la Violencia Digital en México”, contó en anteriores entrevistas con El Espectador.
Fue así como su lucha pasó de ser personal a un movimiento colectivo en distintos países de América Latina. Por esta razón, el proyecto de ley lleva su nombre, como una forma de reconocer que, detrás de las normas hay historias humanas, rostros y voces que han enfrentado la violencia sexual digital.
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¿Qué implica la Ley Olimpia?
La propuesta plantea reconocer como delito la difusión no autorizada de imágenes, videos o audios de contenido sexual —ya sean reales, manipulados o generados con inteligencia artificial— que afecten la privacidad e integridad de una persona. También busca frenar otras formas de agresión en línea, como amenazas, acoso o suplantación de identidad con fines de violencia sexual.
Aunque los casos de violencia digital han venido aumentando en los últimos años, las víctimas en Colombia han enfrentado obstáculos para acceder a la justicia, debido a que estas conductas no estaban claramente tipificadas en la ley. “Con este avance, Colombia se encamina a cerrar una brecha legal que ha dejado hasta cuatro mil casos en la impunidad”, dice el comunicado.
El consentimiento es uno de los temas clave en la iniciativa legislativa, aclarando que no se trata de un trámite, sino de una condición indispensable que debe respetarse en todos los espacios, incluidos los digitales. Al establecer sanciones claras para quienes vulneren este principio, la ley busca fomentar una cultura de respeto y responsabilidad frente a la privacidad, evitando que la intimidad sea objeto de violencia o explotación.
La aprobación de este tipo de leyes ha venido ganando terreno en América Latina desde 2013, cuando comenzó a visibilizarse este tipo de violencia a partir de casos públicos y del trabajo de diversas organizaciones. En 2021, México se convirtió en el primer país en legislar sobre el tema, creando un marco legal que otros países han ido adaptando según sus contextos.
Con la aprobación en Cámara, el proyecto necesita pasar dos debates en el Senado para convertirse oficialmente en ley. Su implementación permitiría no solo sancionar penalmente estas conductas, sino también abrir la posibilidad de reparación para las víctimas, al estar reconociendo que la violencia digital tiene consecuencias reales y graves.
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Por Redacción Género y Diversidad
