Lisdany Rodríguez, una joven de 25 años quedó embarazada mientras cumple una pena de ocho años en la prisión de Guamajal, en Cuba. Según Naciones Unidas, ella fue víctima de una detención arbitraria por supuestos “desórdenes públicos”, tras las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 (11J) en la isla. La organización de derechos humanos Prisoners Defenders y su familia dieron a conocer que, desde que las autoridades carcelarias se enteraron de su embarazo, le han negado atención médica y la están presionando para que aborte.
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Lisdany siempre soñó con ser mamá. Desde hace algunos años intentaba quedar en embarazo con su esposo, quien también fue privado de la libertad tras las protestas, pero nunca habían obtenido un resultado positivo. Mantuvieron un encuentro en el pabellón conyugal y, para su sorpresa, quedó embarazada. Hoy, mientras cursa el primer trimestre de gestación de un embarazo deseado, siente que su vida y salud están en riesgo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) define la violencia obstétrica como una forma de violencia de género que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud, o en este caso autoridades, que cause daño físico o psicológico a la mujer o persona gestante durante el embarazo, parto y posparto. Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que el aborto forzado constituye una violación a los derechos sexuales y reproductivos.
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En diálogo con El Espectador, Bárbara Isaac Rojas, madre de Lisdany, comenta que su hija no cedió a la presión de las autoridades de intervenir su embarazo y que eso llevó a que en los últimos días fuera trasladada a una celda con malas condiciones de ventilación que le han ocasionado un estado gripal. Asimismo, menciona que habían logrado que le permitieran asistir a una cita de control prenatal, pero que al final nunca autorizaron un carro para trasladarla.
La familia también denuncia que una de las razones por las que el estado de salud de Lisdany ha empeorado se debe a la falta de alimentación. “Está pasando muchísima hambre, yo trato de llevarle comida a las visitas, pero me dice que se la quitan. Hoy me dijo que en el desayuno solo le dieron un cocimiento (agua aromática) y la mitad de un pan”, añade Bárbara. Lisdany se encuentra presa junto con su hermana Lisdiany, quien fue la primera en avisar sobre el embarazo.
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El contexto de la prisión que se encuentra la joven es muy preocupante. En una carta enviada por cuatro relatores especiales de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria, los relatores señalan que hay registros de privación intencional de alimentos y agua, en especial, sobre quienes se niegan a renunciar a toda forma de activismo político. Este es el caso de Lisdany, quien, según el documento, había sido catalogada como “persona de mala conducta social” por su credo y pertenecer a la Asociación de Yorubas Libres. La religión yoruba también se conoce como “santería” en las islas del caribe.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, Lisdany es una prisionera de conciencia, es decir, una persona que, en este caso, fue encarcelada por sus creencias y raza. Por ello, la violencia obstétrica a la cual está siendo sometida constituye también un tipo de tortura. “La presión de un aborto forzado en contra de la voluntad de una madre y sin motivo clínico no es sino un asesinato producto del terrorismo de Estado”, afirmó en comunicación con este diario.
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En redes sociales, la plataforma feminista Yo Sí Te Creo señaló que “en Cuba es ilegal obligar a una persona a realizarse un aborto, esté o no privada de la libertad, de acuerdo con el Código Penal vigente desde 2022″. Por lo que, según las activistas, la Seguridad del Estado y las autoridades carcelarias del centro donde Lisdany está recluida estarían infringiendo un delito. Además, agregan que Lisdany debe ser incluida en el Programa Materno Infantil contemplado en el Reglamento del Sistema Penitenciario.
Este caso abre la discusión sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres privadas de la libertad en Cuba y las violaciones a los derechos humanos que denuncian las presas políticas. Registros de la organización Amnistía Internacional dan cuenta de que, tras las detenciones de las protestas del 11J, por lo menos unas 218 mujeres resultaron encarceladas sin sentencias o procesos justos.