Lo que se sabe de las candidatas a fiscal general y el enfoque de género

Quien llegue al cargo de Fiscal General tendrá el reto de afrontar el contexto de violencias de género que atraviesa al país.

Foto: Cortesía Corte Suprema de Justicia

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia se reunió en pleno para intentar por segunda vez elegir a la nueva fiscal general de la Nación, quien reemplazará a Francisco Barbosa. La jornada terminó sin un marcador definitivo, pues ninguna de las ternadas alcanzó los 16 votos necesarios. Las abogadas Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago son las candidatas en una terna que, por primera vez en Colombia, está conformada solo por mujeres.

Contexto: “Una terna para fiscal con solo mujeres no va en contra de la igualdad de género”

El pasado 25 de enero, en el primer intento por elegir a la nueva fiscal, ninguna de las candidatas logró el mínimo de 16 votos requeridos en la Corte Suprema para obtener el cargo; las ternadas fueron superadas, incluso, por el voto en blanco. Amelia Pérez, quien más votos consiguió, llegó a nueve, Luz Adriana Camargo recibió seis y Ángela María Buitrago no obtuvo ni un solo voto.

En un tercer intento para definir el tema, la Corte Suprema volverá a votar en la Sala Plena del 22 de febrero. Francisco Barbosa dejará el cargo el 12 de febrero, así que Martha Mancera, la actual vicefiscal, asumirá el cargo de manera interina.

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Mientras tanto, las ternadas mueven sus fichas en el alto tribunal reuniéndose con algunos magistrados para convencerles de su capacidad para el cargo y la hoja de ruta que, en su criterio, debería tomar la Fiscalía General en los próximos cuatro años. Las penalistas han hecho un llamado a trabajar contra la corrupción y hacer de la Fiscalía una entidad más eficiente, pero organizaciones de mujeres también han llamado la atención sobre la necesidad de poner el foco sobre las violencias basadas en género y fortalecer la perspectiva de género en la investigación y judicialización de estos casos.

Karol Martínez, directora de la Clínica Jurídica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario, define el enfoque de género como la herramienta para reconocer que los roles sociales que se han asignado tanto a hombres como mujeres determinan ciertas violencias, pero también el acceso a la justicia. Según una encuesta de la organización Dejusticia, por ejemplo, los procesos judiciales de las mujeres suelen ser inadmitidos en mayor medida y obtienen menos sentencias, en comparación con aquellos donde el hombre es quien presenta un recurso.

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Desde la Red Jurídica Feminista señalan que, ante el contexto de violencias basadas en género que atraviesa el país, se requiere una atención urgente por parte de la nueva dirección de la entidad. “La elección definitiva de la siguiente fiscal nos permitirá exigirle de manera contundente que se tomen medidas para que la investigación de las violencias basadas en género sea un enfoque priorizado durante su gestión”, afirmaron en su cuenta de Instagram. Además, denunciaron que hoy las cifras de impunidad de estos casos alcanza el 95%.

Por eso, se ha puesto la lupa sobre el perfil profesional de las candidatas a fiscal general, para conocer qué tanto se aproximan a la perspectiva de género. Esto es lo que se conoce de ellas, de acuerdo con la información pública disponible:

Amelia Pérez

Amelia Pérez Parra es penalista. Comenzó como jueza, hasta llegar a ser la fiscal delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos entre 1995 y 2002, y de la Unidad Especializada Antiterrorismo hasta el 2003. En estos cargos, lideró investigaciones de varios de los episodios más conocidos del conflicto armado, por ejemplo, la masacre de El Aro, que inició el 22 de octubre de 1997, y el atentado al Club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003.

Pérez formuló acusaciones contra grandes jefes paramilitares como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por ello, se vio obligada a abandonar su cargo como fiscal de derechos humanos por amenazas y hostigamientos. Además, según Indepaz, su situación se tornó crítica en el 2003, cuando le retiraron su vehículo blindado y disminuyeron su esquema de seguridad, tras abrir una investigación contra el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez por la masacre de Mapiripán, perpetrada el 4 de diciembre de 1996 por un grupo de 50 paramilitares al mando de Mancuso.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado colombiano protegerla, pero nunca se establecieron medidas. En 2003, abandonó el país y se fue a Canadá, donde vivió exiliada durante 11 años. Regresó en 2012 y desde ese entonces ha trabajado en investigaciones académicas y consultorías de derechos humanos para la administración de Bogotá.

En su hoja de vida no hay mención sobre alguna experiencia o capacitación en materia de género. Sin embargo, desde que fue nombrada en la terna se ha pronunciado públicamente sobre la necesidad de priorizar dentro de la agenda del ente investigador estas problemáticas. “De ser fiscal general, prestaré especial atención a la violencia de género que hoy golpea de manera grave a las mujeres y niñas”, afirmó en noviembre pasado durante una audiencia pública ante el alto tribunal.

Para Pérez, las violencias basadas en género constituyen un “fenómeno en aumento”, por lo que uno de sus objetivos es ampliar las unidades específicas que asumen los casos, conformadas por profesionales especializados y complementarios en áreas como psicología y trabajo social. Asimismo, ha hablado sobre priorizar la investigación de los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia contra menores y la trata de personas.

Luz Adriana Camargo

Luz Adriana Camargo Garzón fue fiscal delegada ante la Corte Suprema y magistrada auxiliar de la Sala Penal de ese alto tribunal. Hizo parte de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Corte, donde tuvo la función de investigar a congresistas con nexos con paramilitares, es decir, la parapolítica. Este caso terminó involucrando a más de 50 congresistas y la gran mayoría fueron condenados.

A lo largo de su trayectoria, Camargo se ha destacado por la lucha anticorrupción y, recientemente, por trabajar en casos relacionados con el posconflicto y la implementación del Acuerdo de Paz. Ella también se ha desenvuelto en el ámbito jurídico regional. Ha sido consultada como experta en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente en casos que involucran ejecuciones extrajudiciales de activistas, asesinatos de defensores de derechos humanos y violencia contra periodistas.

Si bien la penalista es una figura destacada en el ámbito legal, su designación como candidata a fiscal ha sido cuestionada. Es considerada como “ficha” del Gobierno Nacional, al ser cercana al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Camargo y Velásquez trabajaron hasta el 2019 en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la cual él era el director y ella jefa de investigación y litigio. También trabajaron juntos en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, siendo los dos magistrados auxiliares del magistrado Álvaro Hernando Pérez.

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Tras revisar su trayectoria, este diario no encontró información relacionada directamente con el enfoque de género. Aun así, expertas en género y sistema judicial rescatan que una de las principales propuestas que Camargo ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia son los modelos de investigación con enfoque territorial. Esto, según las abogadas consultadas, sería clave para atender a mujeres y personas diversas en el país, ya que reconoce la interseccionalidad.

La interseccionalidad es un concepto reconocido desde hace algunos años en el país por el Ministerio de Justicia y las diferentes cortes como fundamental. Este permite entender que las violencias no afectan a las personas de la misma manera, pues están determinadas también por condiciones como la raza, el género, las condiciones socioeconómicas e incluso el territorio.

Por eso, en palabras de Camargo, es clave que desde la dirección de la Fiscalía se haga visible que en el país “no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad (Atlántico), a la que ocurre en Acandí (Chocó)”. De esta forma, la penalista propone que los investigadores y fiscales atiendan los casos con una aproximación real a los contextos que atraviesan las regiones. Asimismo, señala que no se pueden quedar solo en la labor de recibir denuncias.

Ángela María Buitrago

Ángela María Buitrago es conocida en el país por ser la fiscal que puso a andar el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, después de 20 años de impunidad. Su investigación llevó a juicio a altos oficiales retirados del Ejército como los generales Jesús Armando Arias e Iván Ramírez y el coronel Alfonso Plazas Vega, quienes fueron condenados como responsables de las 11 personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en 1985. Plazas Vega luego fue absuelto.

Como fiscal delegada ante la Corte Suprema, entre 2005 y 2010, su despacho tomó casos que llevaban mucho tiempo estancados. Por ejemplo, logró la condena de los entonces gobernadores del Meta, Casanare y Putumayo; del exdirector de la Fiscalía de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio; y, luego de su investigación, Jorge Noguera fue condenado por las chuzadas del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

En 2015, la CIDH la nombró como experta de un Grupo Interdisciplinario para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014. Como especialista en derechos humanos y sociología jurídica, su trabajo esclareció que la “verdad oficial” que mantenían las autoridades no era cierta. Hoy en día, siguen abiertas las investigaciones.

De las ternadas, Buitrago es la única que expone en su hoja de vida su experiencia en implementar la perspectiva de género. Ha sido consultada como experta de género por la Corte IDH y ha brindado conferencias a nivel regional y nacional sobre violencia de género y recolección de pruebas con este enfoque. En 2016, dictó capacitaciones sobre cómo atender e investigar el delito de feminicidio en el departamento de Valle del Cauca.

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En las audiencias públicas ante la Corte Suprema, Buitrago hizo énfasis en que, de forma general, las absoluciones de los delitos investigados por la Fiscalía ocupan entre el 57 % y el 63 % de los casos que llegan a juicio, por lo que debe ser un tema prioritario para los próximos cuatro años. Además, se pronunció sobre la estructura misma de la entidad y una necesidad de cerrar la brecha de género en sus funcionarios.

Fuentes consultadas por El Espectador comentan que, a pesar de que Buitrago es la única que a lo largo de su trayectoria ha trabajado desde un enfoque de género, es importante que la que llegue a ocupar el cargo implemente esta perspectiva. Esto teniendo en cuenta también que la entidad en los últimos años ha avanzado en la creación de protocolos para la investigación de violencias basadas en género y por prejuicio, pero que su efectiva implementación aún es un gran pendiente.

Otro de los retos es que el sistema de justicia presenta una alta congestión en los procesos. Según el conteo de víctimas de la Fiscalía, desde el 2015, cuando el feminicidio se incluyó como delito en el Código Penal, se han iniciado 3.904 procesos por este crimen. No obstante, solo 1.137 llegaron a etapa de juicio. Esto quiere decir que en más del 70 % de los procesos aún no ha habido decisión de un juez.

Desde el movimiento Causa Justa aseguran que la elección de la próxima fiscal es una decisión urgente que no da más espera, ya que el país atraviesa “una crisis de violencia feminicida”. Agregan que es fundamental que la persona que llegue al cargo contemple una perspectiva de género, pues el año pasado se actualizó la directriz para la atención y cierre de los procesos de criminalización por aborto y es necesario velar por su efectiva implementación.

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Independientemente de quién resulte elegida, su nombramiento significará un avance histórico. Como explica María Adelaida Ceballos, experta en brechas de género en el ejercicio del Derecho, el que todas las candidatas sean mujeres es producto de una acción afirmativa hacia la paridad en la Rama Judicial. Colombia solo ha tenido una fiscal general en su historia: Viviane Morales, quien se posesionó en el 2011, pero duró apenas un año en el cargo. Morales fue reemplazada en 2012 por Martha Lucía Zamora, quien estuvo en calidad de encargada por menos de un mes. En contraste, según Dejusticia, 11 hombres han encabezado la Fiscalía General de la Nación desde su creación en 1991.

*Nota de la editora: la introducción de este artículo fue modificada para actualizar la votación de hoy en la Corte Suprema de Justicia.