Mujeres afro con discapacidad: ¿quién garantiza sus derechos sexuales y reproductivos?

Participante de la investigación "Cuerpos que luchan" de Fundación Asesorarte e Ilex Acción Jurídica.

Foto: Crist Mina (Cortesía)

“A mí ya no me gusta ir al médico porque cada vez que voy, el médico ni siquiera me mira. Habla con la persona que va conmigo”. Ana Bolena Rodríguez, socióloga y directora de la Fundación Asesorarte, escuchó ese testimonio mientras recorría barrios y corregimientos de Buenaventura para investigar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres negras con discapacidad. No fue el único que la sorprendió. También encontró mujeres que desconocían qué método anticonceptivo utilizaban, situaciones de esterilización forzada, mujeres cuyas familias siguen tomando decisiones sobre su sexualidad y mujeres adultas a quienes todavía consideran “niñas”.

“¿A quién le importa la vida de las mujeres negras con discapacidad? ¿Le importa la familia? ¿Le importa la sociedad? ¿Le importa el Estado?”, son algunas de las preguntas que surgieron después de ese trabajo de campo. No encontró respuestas contundentes. Esa ausencia es precisamente el punto de partida de Cuerpos que luchan, una investigación realizada por la fundación junto a Ilex Acción Jurídica, que documenta cómo el racismo, el machismo, la discapacidad, el conflicto armado y el abandono institucional terminan condicionando decisiones tan íntimas como acceder a un método anticonceptivo, acudir a una consulta médica o decidir si se quiere ser madre.

Entre septiembre y diciembre de 2024, las investigadoras solicitaron información a diferentes instituciones de salud en Buenaventura para conocer qué protocolos existen para la atención de mujeres con discapacidad y qué rutas están disponibles para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. La respuesta fue casi nula. De las entidades contactadas, únicamente Profamilia accedió a aportar información para el análisis, aseguran.

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Ese hallazgo, aunque puede parecer pequeño, ayuda a explicar uno de los problemas centrales que identifica la investigación. Las mujeres negras con discapacidad aparecen muy poco en las estadísticas, en las bases de datos institucionales y en los estudios académicos. Por ejemplo, se encontró que tanto los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como la Comisión Intersectorial de Salud Pública (CISP), dos sistemas clave para la producción de información en salud, “no recopilan datos desagregados ni permiten identificar adecuadamente esta realidad intersectorial”, dice Audrey Mena, directora de Ilex Acción Jurídica, a El Espectador.

¿Por qué es importante hablar de información en este contexto? Porque la autonomía empieza, justamente, por la posibilidad de comprender y decidir. El informe da dos pistas. La primera tiene que ver con la información que produce la institucionalidad: cuando una población no aparece en los datos, resulta más difícil identificar sus necesidades, diseñar políticas públicas y evaluar si los servicios están respondiendo a ellas. La segunda es el acceso a la información por parte de las mismas mujeres. Una mujer sorda que no cuenta con intérprete de lengua de señas, una mujer con discapacidad visual que no recibe información en braille o una mujer con discapacidad intelectual que enfrenta explicaciones cargadas de tecnicismos parten de condiciones desiguales para ejercer derechos que, en teoría, deberían estar garantizados para todas las personas.

Ante la ausencia de datos, las investigadoras optaron por el trabajo de campo para conocer de primera mano la situación de las mujeres con discapacidad. Fueron 26 encuestas, 20 entrevistas y varios meses de trabajo en los corregimientos de Cisneros y Bajo Calima, y en los barrios La Inmaculada, María Eugenia y Antonio Nariño. Allí encontraron que “el 46 % de las mujeres encuestadas nunca había recibido información sobre salud sexual y reproductiva en formatos accesibles”, señala Mena.

Lo alarmante de esta situación es que el país ya cuenta con un marco normativo robusto en materia de derechos sexuales y reproductivos. Solo por mencionar dos hitos: la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo tres causales, y la C-055 de 2022, que la despenalizó hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de causales. En el caso de las mujeres negras con discapacidad, parece que esos avances quedan solo en el papel. “Esto nos muestra que el problema no es únicamente jurídico. También tiene que ver con quién recibe la información, cómo la recibe y si realmente puede usarla”, agrega.

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Ana Bolena Rodríguez concuerda y suma una arista adicional: también existe un marco normativo sobre las personas con discapacidad que reconoce y protege su capacidad para tomar decisiones con apoyo. “Aquí el tema no es que no haya normas o lineamientos. Aquí el tema es que todavía estamos en una sociedad a la que hay que hacerle una fuerte pedagogía al respecto”, dice.

Sin embargo, la investigación encontró que las dificultades para acceder a información se entrecruzan con otro tipo de barreras que van desde la infraestructura, la infantilización de las mujeres negras con discapacidad, hasta las creencias arraigadas en el territorio sobre machismo, religión y sexualidad.

Las barreras empiezan mucho antes de llegar al consultorio

Buena parte de las mujeres que participaron en la investigación viven en una ciudad donde, históricamente, las brechas de acceso a la salud conviven con altos índices de pobreza, la presencia de actores armados y problemas de infraestructura. Razón por la cual las barreras para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos también son físicas.

Los testimonios hablan de camillas inaccesibles para personas con movilidad reducida, ausencia de rampas y espacios diseñados “para un usuario universal que excluye a quienes no se ajustan a la norma corporal”, asegura Mena. A esto se suma la falta de intérpretes de lengua de señas, una dificultad que afecta especialmente a las mujeres con discapacidad auditiva y que se vuelve aún más crítica en situaciones complejas, como la atención a casos de violencia sexual.

“La infraestructura sanitaria de Buenaventura evidenció una insensibilidad sistemática frente a las necesidades de las mujeres con discapacidad”, sostiene.

Para quienes viven en zonas rurales, las dificultades empiezan incluso antes de cruzar la puerta de un centro médico: los servicios especializados se concentran en las ciudades, los traslados son costosos y las EPS no cubren esos gastos, una realidad que termina obligándolas a aplazar o perder citas médicas, reporta el informe. “Tenemos muchas personas sin discapacidad sin acceso a medicamentos, sin acceso a salud. Esto es aún más complejo para las personas con discapacidad y para las familias”, dice Rodríguez.

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Durante las entrevistas también apareció otra preocupación relacionada con la violencia sexual, especialmente en un territorio con presencia de actores armados y economías ilegales. Audrey Mena explica que algunas familias toman decisiones sobre anticoncepción o esterilización forzada movidas por el temor a que sus hijas o familiares enfrenten este tipo de violencias. “Las familias, si tienen que tomar la decisión entre que estas chicas salgan embarazadas o no, prefieren esterilizarlas, porque los contextos son bastante difíciles”, señala Rodríguez.

Más allá de la infraestructura o del acceso a la información, el hecho de que estas mujeres no puedan decidir sobre los métodos anticonceptivos, la interrupción voluntaria del embarazo o su propia sexualidad también está relacionado con contextos de exclusión, pobreza y violencia que reducen las alternativas disponibles para ellas y sus familias. No obstante, las investigadoras advierten que reconocer esas condiciones no significa justificar que otras personas decidan sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

“Son eternas niñas”: la infantilización que les impide tomar decisiones sobre su cuerpo

Otro de los hallazgos de la investigación apunta a la infantilización de las mujeres. Tanto profesionales de la salud como sus familias siguen percibiéndolas como personas incapaces de tomar decisiones sobre su sexualidad, la anticoncepción o el embarazo. En algunos talleres y entrevistas, aseguran las autoras, quienes las acompañaban respondían preguntas dirigidas a las participantes, completaban sus respuestas o hablaban en su nombre.

“La infantilización opera en todos los niveles. Desde la familia que toma decisiones sobre anticonceptivos sin consultar a la mujer con discapacidad, hasta el personal médico que le habla al acompañante en lugar de a ella. Por otro lado, también enfrentan la hipersexualización, que las reduce a objetos de deseo exótico y las expone a violencia sexual. Ambos mecanismos convergen en la negación de su autonomía reproductiva”, sostiene Audrey Mena.

Que esto ocurra en un espacio diseñado para que ellas sean escuchadas muestra cómo la sociedad convierte a las mujeres con discapacidad en objetos de cuidado, pero no en sujetos de decisión. Las investigadoras resaltan situaciones en las que utilizaban métodos anticonceptivos sin comprender plenamente el procedimiento al que habían sido sometidas, o en las que desconocían qué método usaban y enfrentaban obstáculos para retirarlo.

“No, es que es una niña, es una bebé” y “bueno, si Dios mandó esto, si Dios lo permitió, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo?”, son otros de los comentarios que Rodríguez escuchó. Una muestra de cómo la infantilización se cruza con las creencias religiosas y los tabúes sobre la sexualidad, muy presentes en el Pacífico colombiano. Esto tiene implicaciones directas en sus vidas: si la sexualidad de las mujeres con discapacidad se aborda desde el silencio, los prejuicios o las creencias, es más probable que reciban menos información, que sus decisiones sean cuestionadas y que otras personas terminen hablando o decidiendo por ellas.

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“Muchas veces no se habla de estos temas porque se asume que ellas no van a tener relaciones, que no van a ser madres o que no tienen una vida sexual. Entonces la información nunca llega”, asegura Mena.

Después de escuchar decenas de historias, Ana Bolena Rodríguez sigue regresando a las mismas preguntas. No cuántas mujeres acceden a un servicio de salud ni cuántas conocen sus derechos, sino quién las escucha cuando intentan ejercerlos. Las respuestas, por ahora, siguen siendo insuficientes. Por eso, el informe busca convertirse en un punto de partida para cerrar esos vacíos y en un llamado a la institucionalidad para tomar acciones.

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