“Mujeres han perdido a sus hijos en prisión”, expertas sobre el régimen Bukele

Salvadoreños exigen la liberación de personas presuntamente inocentes detenidas bajo el estado de excepción de Bukele.

Foto: AFP - MARVIN RECINOS

El Salvador, uno de los países más pequeños de América Latina, ha convertido la seguridad en su carta de presentación ante el mundo. El llamado “modelo Bukele” ha sido destacado por mandatarios de otros países como un referente en la reducción de la violencia. Según datos oficiales del gobierno publicados en enero de 2024, el año anterior fue calificado como el más seguro en la historia del país.

Sin embargo, más allá de las estadísticas y el reconocimiento internacional, este modelo ha sido cuestionado por su impacto en los derechos humanos y las garantías judiciales. Organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS) alertan que aunque no existen cifras oficiales sobre la población carcelaria, se estima que al menos el 10% son mujeres, muchas de las cuales enfrentan violencias basadas en género dentro del sistema penitenciario.

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“Lo que el gobierno llama ‘paz’ en realidad es un espejismo que pretende esconder un sistema represivo, una estructura de control y opresión que abusa de su poder y descarta los derechos de quienes ya habían sido invisibilizados – las personas que viven en pobreza, bajo el estigma estatal y la marginación –, en nombre de una supuesta seguridad definida de una forma muy limitada” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en sus redes sociales.

En marzo de 2022, El Salvador aprobó el régimen de excepción, una medida que permite al Estado suspender temporalmente derechos constitucionales. Desde entonces, el gobierno de Nayib Bukele ha desplegado su “guerra contra las pandillas” basada en el uso de la fuerza, con detenciones masivas sin órdenes judiciales. En casi tres años, cerca de 80.000 personas han sido arrestadas en el marco de esta política, en un proceso que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como una estrategia de persecución y estigmatización de sectores vulnerables.

El país cuenta con 28 centros penitenciarios, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), reconocida como la cárcel “más grande de América Latina” y un emblema de su estrategia de seguridad. Ha recibido la visita de mandatarios, periodistas y creadores de contenido, quienes han difundido imágenes de personas privadas de libertad en condiciones de orden y estricto control penitenciario. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que el CECOT alberga solo una fracción de la población reclusa, mientras que el resto de las cárceles del país enfrentan condiciones críticas, marcadas por el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos y constantes vulneraciones a los derechos civiles.

En entrevista con El Espectador, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos de la organización Servicio Social Pasionista (SSPAS) en El Salvador, explica que bajo estas detenciones masivas en el marco del régimen de excepción, la situación de hacinamiento es preocupante. “En celdas para 30 personas hay 100, sin espacio para dormir; muchos pasan la noche de pie”, comenta la experta, poniendo de ejemplo la situación del Centro La Esperanza y el Penal de Izalco.

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La falta de agua, alimentos y atención médica, junto con denuncias de tortura, violencia sexual y malos tratos, han convertido las cárceles en espacios de precariedad extrema. Desde 2020, las visitas familiares han sido suspendidas, afectando aún más a las mujeres privadas de libertad, quienes además enfrentan la desprotección de sus derechos sexuales, reproductivos y menstruales, denuncia Reyna.

De acuerdo con la organización se han registrado testimonios de mujeres en estado de gestación que han sido trasladadas sin explicaciones y, al regresar, han perdido a sus bebés. “Nos han contado que les administran medicamentos sin mayor información y que muchas terminan sufriendo abortos involuntarios. No hay un protocolo de atención médica ni seguimiento, lo que genera un ambiente de desprotección total para ellas”, advierte Reyna.

Y es que esta situación deja más preguntas que respuestas para las organizaciones de derechos humanos, pues resulta paradójico que, pese a que el aborto en El Salvador está penalizado completamente y las sanciones son severas, no haya investigaciones cuando ocurren estos casos de “abortos espontáneos” dentro de las prisiones. “Si una mujer fuera acusada de interrumpir un embarazo, sería condenada de inmediato, pero cuando es el Estado el que provoca la pérdida, no hay consecuencias”, cuenta Teodora del Carmen Vásquez, presidenta de la organización Mujeres Libres El Salvador, en conversación con El Espectador.

Vásquez, hoy en día, es considerada como una de las principales voces en denunciar las condiciones de las mujeres en el sistema penitenciario. Cuenta que, durante su reclusión, pudo evidenciar la situación de precariedad de las mujeres en las cárceles, advirtiendo que el aislamiento de las reclusas impide conocer la realidad de lo que ocurre al interior de estas. Su caso, uno de los más resonados en medios internacionales, es una muestra de esta paradoja en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. En 2008, ella fue condenada a 30 años por homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica y parir un bebé sin vida. Pasó una década encarcelada hasta que su condena fue conmutada en 2018.

“No está saliendo ningún tipo de información. Lo poco que sabemos es por testimonios de mujeres que han sido liberadas y cuentan lo que han vivido. Muchas han perdido a sus hijos dentro de la cárcel porque no recibieron atención médica, fueron golpeadas o simplemente no tuvieron acceso a controles prenatales”, apunta Vásquez.

Sumado a esto, las organizaciones también denuncian la falta de acceso a productos de higiene menstrual para las mujeres. Alertando que, con la suspensión de las visitas, muchas internas se han quedado sin insumos básicos, dependiendo exclusivamente de lo que el sistema penitenciario les provee, lo que en muchos casos es inexistente.

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“Dentro de la cárcel me di cuenta de toda la violencia que se vive como mujer”, relata Vásquez. “Gracias a que mi familia me visitaba cada ocho días, podía tener toallas sanitarias, pero quienes no reciben visitas deben arreglárselas como pueden. Algunas usan pedazos de colchón donde han dormido cientos de personas, con todas las enfermedades que eso puede traer”, agrega.

Solo hace unas semanas, medios de comunicación en El Salvador reportaron las condiciones en las que viven las personas menstruantes en las cárceles de El Salvador. Además del hacinamiento extremo, enfrentan la falta de toallas sanitarias, agua potable y medicamentos para infecciones vaginales. Ante la escasez, las personas recluidas deben improvisar con trapos y tampones caseros, aumentando el riesgo de complicaciones de salud.

Ante este panorama, este diario habló con el colectivo Menstruantes, que desarrolla un programa latinoamericano de educación menstrual, para conocer las condiciones a las que se enfrentan las personas menstruantes en los centros penitenciarios. El colectivo destacó que “las cárceles han sido construidas sin perspectiva de género” y por tal motivo no atienden las necesidades básicas de las mujeres privadas de la libertad. Al tratarse mayormente de mujeres en situación de pobreza, enfrentan condiciones aún más precarias, con acceso limitado a productos básicos y atención médica.

“Desde el momento en que son privadas de libertad, son vistas como personas indignas de cualquier derecho. La violencia estructural en las cárceles afecta a todos, pero las mujeres y las personas menstruantes enfrentan un castigo aún mayor”, advierte Laura Contreras, coordinadora de Salud Menstrual de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas.

Según Menstruantes, cuando las mujeres están expuestas a situaciones de estrés, se eleva la producción de cortisol, que suele alterar la regulación hormonal, lo que puede provocar desde la ausencia de menstruación por meses hasta sangrados irregulares y descontrolados. Además, la alimentación deficiente y el acceso limitado a agua potable influyen en la producción hormonal, aumentando los riesgos para su salud.

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Además, el acceso a atención médica ginecológica es sumamente limitado, muchas de las personas recluidas sólo reciben atención cuando su estado de salud ya es crítico. “Las mujeres no son atendidas a tiempo. Hay casos de infecciones, miomas o problemas graves que podrían tratarse con prevención, pero que terminan en cirugías de emergencia debido a la falta de atención médica”, advierte Contreras.

Para las mujeres en las prisiones de El Salvador, la falta de políticas que garanticen su salud menstrual y reproductiva refuerza el abandono dentro del sistema penitenciario, convirtiendo un proceso biológico en un factor adicional para la precarización dentro de un entorno de violencia y desprotección.