Era 2012. Una sala de necropsia, el cuerpo de una bebé de 15 días y un diagnóstico que hablaba de choque hipovolémico. Su cuerpo había perdido tanta sangre que su organismo no logró sostener sus funciones vitales. Cuando el médico Leonardo Quintero avanzó en el examen, entendió lo que tenía en frente: se trataba de un caso de mutilación genital femenina, en un país que aún no sabía cómo nombrarla ni cómo responder a ella. ¿Qué se hace acá? ¿Cómo se llena el registro de necropsia? ¿Qué rutas se activan? Las preguntas aparecieron una tras otra.
No había un protocolo o una ruta que activar, o al menos no lo recordaba. “En ese entonces yo estaba en un municipio alejado y la niña que llegó, llegó sin contexto, sin que yo conociera su historia”, dice a El Espectador. Hasta ese momento, su referencia eran los registros de prensa de 2007, cuando se documentó la muerte de tres recién nacidas de la comunidad Emberá Chamí, en Pueblo Rico, Risaralda, por la misma práctica. Investigó un poco más y dio con la decisión judicial de 2008 que abordó esos casos desde la violencia intrafamiliar.
“Me llegó el caso, tal como le ha llegado a la inmensa mayoría de los funcionarios del Estado colombiano. Ninguna institución sabía qué hacer al respecto. ¿Por qué? Porque no teníamos protocolo ni guías. No había una ley en Colombia que nos dijera que eso existía”, afirma. Había antecedentes, alertas y discusiones en el Estado y en organizaciones internacionales. Pero en la práctica, frente al cuerpo de esa niña, lo que encontró fue incertidumbre y el secreto a voces de que eso aún existía en los territorios.
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En su momento, relató a Medscape que, frente a este caso, su siguiente paso fue notificar a sus jefes locales y regionales. “Me pidieron documentarlo, registrar fotografías y entrevistar a la familia, porque en algunos sectores del Estado colombiano se pensaba que este tema era un mito”, relató. Entonces, la escena pasó de ser una necropsia en su día a día a evidenciar una práctica que había sido negada o minimizada por mucho tiempo. La causa de muerte de la niña obligaba al Estado a mirar de frente algo que no estaba reconocido en sus leyes. Y aún no se reconoce.
Fue así como Quintero decidió seguir el rastro de lo que había notificado. Cursó una maestría en ciencias forenses y sociología y continuó su trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y desde allí, a título personal, ha investigado la mutilación genital femenina en el país. En ese camino encontró vacíos sobre cómo estaba siendo tratada la práctica en la medicina y en el ámbito jurídico, así como los subregistros que hay al día de hoy. En su investigación, identificó que se trata de una práctica presente en comunidades indígenas Emberá y Nasa, enmarcada en contextos culturales específicos.
Por ejemplo, en la comunidad indígena Emberá, que ha tenido mayor visibilidad pública, la mutilación genital femenina es conocida como “corte de callo” o “curación”, y forma parte de creencias arraigadas sobre la sexualidad de las mujeres y su rol como esposas. “Lo que se le hace a las niñas es cortar con una cuchilla o quemar con una cuchara caliente el clítoris. La creencia, según mis investigaciones, es que, si no le hacen eso, la niña emberá va a tener varios esposos, como se dice por ahí, ‘de la vida alegre’. Se hace más como para que ella guarde fidelidad”, contó en conversaciones anteriores con este diario Francia Elena Giraldo, lideresa indígena que lleva cerca de 20 años trabajando por la erradicación de esta práctica en su comunidad.
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Dolor, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental aparecen en el corto y largo plazo. Se trata de una práctica que deja secuelas en el cuerpo y en la vida de quienes sobreviven a ella. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.
Pero es en ese cruce entre lo cultural, lo médico y lo jurídico donde se encuentra el terreno en el que Leonardo Quintero identificó vacíos. Durante casi dos décadas, el Estado ha abordado la mutilación genital femenina desde marcos distintos, sin una ruta unificada. Por ejemplo, explica que la primera sentencia sobre el tema se abordó como violencia intrafamiliar; la Fiscalía lo ha tratado como lesiones personales; Medicina Legal lo ha analizado desde la tortura y los tratos crueles e inhumanos; y las Comisarías de Familia no han tenido lineamientos claros para su abordaje.
“Son cuatro visiones del Estado colombiano diciendo: no sabemos qué es, ni cómo la agarramos”, sostiene.
Esa fragmentación motivó a Quintero a indagar sobre una nueva mirada, al menos desde lo forense. En la investigación que realizó junto a la docente Luz Elena García, expone la necesidad de cambiar la forma en que se analizan las violencias basadas en género. Tradicionalmente, este enfoque se ha centrado en el daño físico, siguiendo ideas del derecho penal. Sin embargo, a nivel internacional existe una preocupación creciente por ampliar esta visión y entender el daño de manera más integral.
Cuando la práctica se da dentro de comunidades indígenas, las categorías de “daño” o “violencia” no siempre se nombran de la misma forma que en los marcos institucionales, asegura el médico. Esa diferencia no elimina lo que ocurre en los cuerpos de las niñas y mujeres, pero sí muestra cómo se interpreta. Quintero coincide con la lideresa y lo explica desde ese lugar: “la mamá lo está haciendo algo ‘muy bueno’ por su hija, garantizándole una vida de éxito en su futuro afectivo. Allí no hay una motivación de agresión o de sufrimiento”. En esa mirada, la acción se entiende como “cuidado” desde las comunidades, aunque sus efectos y desenlaces digan otra cosa.
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Asimismo, en conversaciones previas con este diario, la abogada Leandra Becerra, asesora legal de Equality Now, ha señalado que se trata de una práctica naturalizada en ciertos contextos culturales, atravesada por intentos de controlar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad bajo ideas patriarcales. En esa línea, plantea que reúne los elementos para ser entendida como violencia de género, en tanto implica una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. El reto, entonces, es encontrar un equilibrio entre la jurisdicción indígena, sin estigmatizar y perseguir a las comunidades étnicas, y la garantía de los derechos fundamentales.
Para Giraldo, el punto no está en señalar a quienes practican la ablación. “Ellas lo hacen desde el desconocimiento”, dijo. Su énfasis está en otro lugar: en el acceso a información, en la posibilidad de entender lo que implica esa práctica en los cuerpos, los derechos y la vida de niñas y mujeres indígenas, en las secuelas que deja. Desde ahí han trabajado durante años distintas lideresas, abriendo espacios de conversación dentro de sus comunidades. Nombrar esa violencia también implica disputar cómo se explica. Para ella, la práctica no se puede reducir a la cultura, ya que viene de herencias colonizadoras, es una imposición y un “atentado contra nuestros derechos humanos”.
Incluso, desde 2007, las lideresas, con el apoyo de organizaciones internacionales, empezaron a abrir conversaciones y espacios educativos sobre el tema. Lo hicieron a través de “Embera Wera”, un proyecto basado en la palabra, la escucha y la circulación de información sobre lo que implica la ablación en los cuerpos de niñas y mujeres. Y en ese camino también se vislumbran decisiones colectivas: en 2016, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) asumió el compromiso de transformar estas prácticas y, en 2017, el parlamento de la nación embera firmó en Bolívar, Valle del Cauca, un mandato que recoge ese proceso construido desde el interior.
Es desde esos vacíos, y desde las tensiones que atraviesan la forma en que se ha abordado la mutilación genital femenina, que el médico Leonardo Quintero plantea una lectura directa: durante 18 años, la respuesta del Estado se ha construido al revés. “Como el Estado todavía no sabe muy bien qué es, las instituciones nos ha tocado empezar a indagar por nuestra propia cuenta. Sabemos que es una violencia, sabemos que es terrible, pero como no hay una ley oficial del Estado colombiano que nos diga cómo es, entonces lo más oficial que hay es la notificación del Sivigila en la nota de violencia sexual”, afirma.
Ahí se ubica el límite. La violencia se reconoce, pero no hay una línea común que ordene la respuesta. Y en esa falta de claridad, cada institución y comunidad actúa con sus propias herramientas, mientras los casos siguen ocurriendo en Colombia.
Hoy, las cifras que circulan en las plataformas del Estado apenas alcanzan a delinear la dimensión del problema. Entre 2020 y 2024 se reportaron 204 casos de mutilación genital femenina, 177 de ellos en niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. Pero esos números no están completos. La falta de acciones unificadas entre instituciones y el temor dentro de las comunidades a la estigmatización o a posibles consecuencias legales y sociales hacen que muchos de los casos no se registren.
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En ese contexto, lideresas embera han impulsado una respuesta que busca abordar el problema de forma integral. Junto a organizaciones y congresistas como Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano, presentaron el 27 de agosto de 2024 el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”. La iniciativa ya superó tres debates en el Congreso y queda uno pendiente en el Senado. Pero tiene plazo hasta el 20 de junio para avanzar y convertirse en ley antes de que se archive.
Como mencionó Quintero en su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 17 de noviembre, “se avizora en el horizonte cercano la necesidad de una acción conjunta y coordinada a través de cada puente interjurisdiccional“. Y mencionó responsabilidades concretas: el sector salud en el primer nivel de atención, con enfoque cultural y rutas claras de reporte; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la protección de la primera infancia; el sistema educativo en la transformación de los imaginarios que sostienen la práctica; la Jurisdicción Especial Indígena en la construcción de normas propias frente a las violencias de género; y el Congreso en la definición de marcos legales y recursos para que esas acciones no se queden en el papel.
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Por Alejandra Ortiz Molano
