El 21 de febrero de 2022, los alrededores de la Corte Constitucional se llenaron de mujeres que celebraban la despenalización del aborto hasta la semana 24. Mientras tanto, sectores políticos y religiosos contrarios a la decisión ya preparaban acciones jurídicas para intentar revertirla. Desde entonces, Colombia, que hoy figura entre los países con mayores avances en derechos sexuales y reproductivos, ha recibido 49 solicitudes de nulidad y dos intentos de referendo para derogar la sentencia C-055. Fue de este panorama del cual surgió el libro “Protegiendo el derecho a decidir” que reconstruye el paso a paso que articularon los movimientos feministas para dar respuestas jurídicas, políticas y comunicativas que detuvieran estas iniciativas.
El primero, el “Referendo por la vida”, fue radicado el 23 de febrero de 2022 por la exconcejala Sara Castellanos, con el respaldo de algunas iglesias cristianas del país, principalmente de la Misión Carismática Internacional, liderada por su padre, César Castellanos. La iniciativa buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución para establecer que la vida inicia desde la concepción hasta la muerte natural.
El segundo, denominado “Referendo Pro Vida”, fue presentado el 10 de mayo del mismo año por la autodenominada “bancada Provida” del Congreso, conformada por los partidos políticos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres, y liderada por Mila Patricia Romero. En la iniciativa figuran múltiples nombres de excongresistas, activistas e integrantes de iglesias como Manantial de Vida. Este referendo tenía el objetivo de modificar los artículos 5, 11 y 18 de la Constitución.
Fue entonces cuando La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women’s Link Worldwide, Siete Polas del Movimiento Causa Justa y Politeia empezaron un monitoreo de estas iniciativas y evidenciaron el incumplimiento repetido del principio de publicidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado civil, las irregularidades en la recolección de firmas de ambos referendos y las prórrogas que se dieron durante este proceso.
Esta documentación fue acompañada por la doctora en ciencia política Sandra Borda, quien hizo parte de un grupo interdisciplinario conformado por expertas de distintos campos. Su rol consistió en contribuir en la formulación de la estrategia política que se implementaría para resistir a las iniciativas de referendo. Fue así como Borda, tras una amplia trayectoria investigando sobre política exterior colombiana, derechos humanos y movimientos sociales estudiantiles, decidió enfocar su mirada en el activismo feminista, con especial interés en las luchas por la consolidación y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
Y es justamente eso lo que reconstruye en su nuevo libro, Protegiendo el derecho a decidir: La batalla contra las iniciativas del referendo. A lo largo de ese proceso, documentó cada etapa: desde el momento en que los movimientos sociales identificaron las iniciativas hasta la decisión final, que determinó que las firmas recolectadas no eran suficientes para convocar los referendos.
A partir de ese trabajo, identificó el mayor hallazgo: el uso indebido de los mecanismos de participación ciudadana. En su lectura, que fue compartida con este diario, los referendos no pueden emplearse para promover retrocesos en la garantía de los derechos fundamentales. Es decir, ir contravía de la dignidad y el aborto legal y seguro como componente de los derechos sexuales y reproductivos.
Explica que la voluntad de las mayorías que respalda este tipo de iniciativas quiere enviar el mensaje de que la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y su dignidad pueden ser objeto de debate. Medidas que pondrían en riesgo la vida y la salud de las personas con capacidad de gestar, al mismo tiempo que cuestiona su competencia para decidir sobre su cuerpo con autonomía.
“No es constitucionalmente aceptable convocar a referendos para anular derechos de un sector de la población, porque eso nos llevaría a escenarios de dictadura de las mayorías, justo lo que las democracias y su diseño institucional intentan evitar. La garantía de los derechos de las mujeres o cualquier otra población no puede quedar sujeta a la voluntad de las mayorías”, señaló en entrevista con El Espectador.
Otro hallazgo documentado es la dificultad para hacer un seguimiento riguroso a los grupos que promueven este tipo de referendos. Borda señala que persisten vacíos importantes, tanto desde el punto de vista legal como en el funcionamiento de las instituciones encargadas de supervisarlos. Comentó por ejemplo que encontraron que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría no cumplieron debidamente el principio de principio de publicidad que es fundamental para que la sociedad civil pueda conocer en qué van estas iniciativas. Es decir, tener información para conocer aspectos como: cuándo se proponen, cuáles son sus estrategias, cómo operan y qué recursos utilizan para hacer campaña.
La autora señala que las instituciones responsables de evaluar estas iniciativas, por mandato, deberían publicar, socializar y contarle a la ciudadanía en qué estado se encuentran los referendos, “hay un déficit de transparencia importante que se tiene que subsanar si uno quiere que estos referendos sean realmente una forma de profundización de la democracia y no una manera de atentar contra los derechos de forma velada”, concluye.
¿Realmente es posible revertir el aborto en Colombia?
Laura Pedraza, profesional de incidencia política de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en entrevista con El Espectador, comentó que revertir los derechos alcanzados sobre la interrupción voluntaria del embarazo es muy difícil, porque en Colombia el precedente jurisprudencial es muy sólido. Señala que más de 20 sentencias reconocen este derecho, incluyendo la C-055 de 2022, que permite el aborto hasta la semana 24, y la C-355 de 2006, que lo despenalizó bajo tres causales.
Pedraza también añade que la IVE está conectada con otros derechos, lo que dificulta aún más cualquier intento de reversión. Penalizar el aborto implicaría vulnerar derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia, como la dignidad, la vida, los derechos de las infancias, la libertad y la salud, tanto como servicio como derecho fundamental.
“En estos momentos no hay institución ni hay un mecanismo de participación con capacidad de revertirlo porque eso sería en términos de jerarquía ir en contra de algo que ha dicho el órgano de cierre a nivel constitucional y la guardiana de la Constitución que es la Corte Constitucional. Entonces, en términos de capacidad no la hay”, añade la experta.
Si bien explica esto, también señala que las acciones que se han conocido que buscan ir en contra del aborto se traducen únicamente en intentos de poner “piedras en el camino” a las mujeres, pacientes, niñas y personas con capacidad de gestar que quieren hacer uso de este derecho. “Barreras como profesionales de la salud que no están capacitados, profesionales que no toman en cuenta que su opinión personal no puede interferir cuando están prestando el servicio de salud. También actores, como en el Congreso, con la bancada que se autodenomina ‘Provida’, que incluso sacó una muy controversial pancarta con el mensaje ‘Salva Colombia, ten hijos’”, afirma.
Añade que estos intentos se reproducen en diferentes niveles, “ya sea desde la política o a través de iniciativas legislativas y normativas, como lo estamos viendo en el Concejo de Bogotá con un proyecto de acuerdo impulsado por concejales y concejalas provida que busca colocar barreras a la prestación del servicio”.
También le puede interesar: Concejo de Bogotá impulsa proyecto que podría limitar el acceso al aborto
¿Blindar el derecho al aborto en la Constitución Política cambiaría algo?
Frente a este panorama hipotético, Pedraza considera que elevar el derecho a la IVE a rango constitucional representaría una ganancia social y política para los movimientos de mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias.
Aclara, sin embargo, que esto no modificaría el modo en que se presta el servicio, ya que la interrupción voluntaria del embarazo se ha realizado históricamente dentro del sistema de salud, incluso antes de la Sentencia C-055 de 2022. En ese sentido, explica, elevarlo a rango constitucional “funcionaría exactamente de la misma manera”, porque debe garantizarse a través del sistema de salud, sin importar el régimen al que pertenezca la persona, su lugar de residencia, identidad étnico-racial, estatus migratorio, edad o identidad de género.
🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.
✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.
Por Luisa Lara
