En Latinoamérica, la violencia ha dejado un rastro de desapariciones que los Estados no han logrado atender. Mientras se documentan cifras y se discuten los conflictos políticos, poco se menciona a quienes enfrentan el vacío dejado por las autoridades. Familias que, entre la desesperación y el amor, han asumido la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, desafiando la inacción estatal, el crimen organizado y las secuelas de los conflictos armados.
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Son las mujeres quienes históricamente han asumido las labores de búsqueda, impulsadas por el rol cultural que les asigna la responsabilidad del cuidado familiar. Según Amnistía Internacional, las buscadoras enfrentan discriminación de género en su interacción con las autoridades, quienes tienden a estigmatizarlas, subestimarlas y marginarse. Así como normas culturales patriarcales que perpetúan las desigualdades y relaciones de poder, exponiendo a las mujeres a violencia sexual y de género, utilizada como herramienta para silenciarlas.
En Colombia, las mujeres que en búsqueda de sus familiares han sumado esfuerzos para encontrar a las y los desaparecidos, han logrado el reconocimiento como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional. La Ley 2364 de 2024, aprobada por el Congreso de la República de Colombia, reconoce el derecho a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y adopta medidas que mitiguen las vulneraciones que enfrentan las buscadoras en el ejercicio de su labor.
En la Comuna 13 de Medellín, colectivos artísticos realizaron un mural en el que se destacaba en letras amarillas la frase “Las cuchas tienen razón”, lo que volvió a poner en el centro de la conversación a las Madres Buscadoras de La Escombrera. Un mural que, más allá de la polémica que generó en distintos sectores, era una forma de homenajear la incansable lucha de estas mujeres en la búsqueda de sus familiares. Durante años, este grupo había denunciado que en esa zona estaba ubicada una fosa común de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
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El mural ha sido replicado en otras ciudades del país como Soacha, Ibagué, Armenia, Barranquilla, Cali, Villavicencio y Bucaramanga, extendiendo el mensaje de las madres buscadoras y reafirmando su lucha contra el olvido estatal.
Durante 21 años, las mujeres denunciaron la inhumación de cuerpos en La Escombrera, un botadero ubicado en las laderas de la comuna y utilizado también como explotación minera. Desde el primer momento, se dirigieron a la Policía, a la administración municipal y a cualquier institución pública que pudiera ayudar. Según señala el colectivo, “las acusaron de locas y pusieron en cuestionamiento su salud física, mental y emocional”.
El 18 de diciembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunciaron el hallazgo de los primeros cuerpos humanos en ese lugar, confirmando las denuncias que cientos de familiares habían realizado durante años.
En palabras del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, vinculado al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE): “Los avances de los que hoy somos testigos se deben al pulso y a la valentía de las madres, abuelas, esposas, hermanas e hijas que, por décadas, hemos permanecido inamovibles en las consignas y exigencias”.
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En entrevista con El Espectador, Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) señala que el organismo reconoce el papel fundamental de las mujeres buscadoras en Colombia, “valoramos sus conocimientos y experiencias, integrándolos en los procesos de búsqueda e identificación, ya que su comprensión del contexto de las desapariciones y su conocimiento sobre los patrones de violencia y posibles lugares de inhumación son esenciales para fortalecer la investigación”.
La UBPD señala que, entre 1948 y 2016, 124.734 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Colombia. El organismo, creado tras los Acuerdos de Paz de La Habana, tiene como mandato resolver los casos ocurridos durante el conflicto armado.
En 2024, la misma institución registró la participación activa de 30.042 mujeres buscadoras, quienes han presentado solicitudes para la búsqueda de sus familiares, entre ellas 1.613 mujeres afrocolombianas, 1.358 indígenas y 3.456 se identifican como campesinas. En cuanto a su distribución territorial, los cinco departamentos con mayor número de mujeres buscadoras registradas respectivamente son Antioquia, Meta, Bogotá, Valle del Cauca y Norte de Santander.
El caso de La Escombrera, uno de los más representativos, no es aislado. A estos se unen colectivos de mujeres buscadoras en Colombia, como la Fundación Nydia Erika Bautista, Familiares Colombia, Familiares del Palacio de Justicia, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Colectivo 16 de Mayo y las Madres de Soacha.
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Rastros en el desierto de México
En México, la violencia y la desaparición forzada también han marcado la vida de miles de familias. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta enero de 2025 se registran 121.452 personas como “desaparecidas o no localizadas”. Estas cifras aumentaron significativamente tras la militarización de la seguridad pública, iniciada en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” y desplegó a las fuerzas armadas para combatir a los cárteles que operaban en el país.
Sin embargo, aparentemente, el despliegue militar no trajo la seguridad prometida. En su momento, Human Rights Watch alertó que esta estrategia “incrementó los abusos por parte de las fuerzas armadas”, que han sido señaladas por cometer desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las cifras son un reflejo del aumento en los niveles de violencia, que van de la mano con el vacío institucional que ha obligado a las familias de las víctimas a convertirse en buscadoras de justicia.
En entrevista con este diario, Omaira Ochoa, defensora de derechos humanos e integrante de Justicia Pro Persona, explicó que los colectivos, integrados principalmente por mujeres, lideran las labores de búsqueda en México. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la red más grande del país en esta causa, reúne a 60 colectivos de organizaciones y familiares que trabajan para localizar a las víctimas y exigir justicia. Estas mujeres, muchas de ellas madres, hermanas y abuelas, recorren montes, ríos y desiertos, empeñadas en rascar la tierra con la esperanza de hallar a sus seres queridos.
En sus marchas, las mujeres buscadoras suelen gritar consignas como “No tenemos nada que celebrar”. Para ellas, cada fecha significativa, cada día conmemorativo, es un recordatorio de la ausencia de sus familiares y de la inacción estatal.
Los colectivos de mujeres enfrentan múltiples obstáculos en su labor, desde la falta de información hasta riesgos económicos. Según Ochoa, las autoridades suelen excluir a las familias de decisiones cruciales en las investigaciones, negándoles acceso oportuno a información que podría cambiar el rumbo de los casos. Además, la búsqueda implica un enorme costo económico para las familias, muchas de las cuales se empobrecen al tener que financiar viajes, equipos o dejar de trabajar. Esto se agrava aún más cuando la persona desaparecida asumió el rol económico del hogar.
La experta concluyó que, sin el trabajo incansable de las mujeres buscadoras, no se habría generado la sensibilización pública que existe hoy en torno a las desapariciones forzadas. Su labor no sólo impulsó la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en México, sino que también ha llevado al hallazgo de miles de cuerpos de personas desaparecidas.
“Las he visto transformarse, llegar devastadas, incapaces de articular palabras, y convertirse en defensoras de derechos humanos. Mujeres que solo han terminado la primaria, la secundaria, y que, en la búsqueda de sus hijos e hijas se han convertido en abogadas, peritas o criminólogas. Hoy son ellas quienes asesoran a otras familias y debaten frente al Estado con argumentos técnicos. Para mí, eso es fundamental: que sean ellas mismas las portavoces de la exigencia de sus derechos”, destacó Ochoa.
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Las primeras buscadoras estuvieron en Argentina
En Argentina, el rastro de la dictadura militar que duró hasta 1983 aún se siente en la memoria colectiva. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada tras el retorno de la democracia, documentó 8.961 desapariciones y reveló la existencia de 300 centros clandestinos de detención y fosas comunes distribuidas por todo el país. Su informe, titulado “Nunca más”, se convirtió en un testimonio clave para comprender las dimensiones de la represión de la dictadura argentina.
Frente a esta ausencia de justicia, un grupo de 14 mujeres dio inicio a un movimiento histórico. El 30 de abril de 1977, con pañuelos blancos en la cabeza, estas madres se reunieron en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir respuestas sobre el paradero de sus hijos desaparecidos. Aquella pequeña manifestación marcó el inicio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que pronto se convertiría en un símbolo de resistencia y en el centro de atención nacional e internacional.
El movimiento creció a medida que aumentaba el número de desaparecidos. Las marchas semanales alrededor de la plaza, organizadas para evitar las leyes que prohibían concentraciones públicas, se transformaron en una muestra constante de oposición al régimen y de una lucha incansable por la verdad. No solo buscaban a sus hijos, sino también exponer al mundo la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno militar.
Cuatro décadas después del fin de la dictadura, Argentina aún vive las consecuencias. No se sabe con certeza cuántos desaparecidos hubo, pero el trabajo de las Madres y Abuelas ha sido fundamental para mantener viva la memoria y para avanzar en la identificación de las víctimas. En América Latina, su ejemplo inspira a las mujeres buscadoras de otros países que, como ellas, luchan contra la ausencia, la impunidad y el olvido.
Por Luisa Lara
