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Durante 2025, distintos países de la región registraron retrocesos en materia de derechos para las mujeres y la población LGBTIQ+. Estas decisiones se dieron en paralelo al fortalecimiento de discursos que cuestionan la igualdad y la diversidad, y que en varios casos han sido promovidos o respaldados desde los propios gobiernos.
Situaciones de este tipo se observaron en países como Perú, El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, en los que cambios normativos, recortes institucionales o cierres de instituciones enfocadas a trabajar en temas de género, modificaron políticas vinculadas a igualdad, educación, salud y protección frente a las violencias.
Se trata de un panorama de retrocesos que va en aumento y que responde a una tendencia global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de cada cuatro países reportó retrocesos en los derechos de las mujeres durante 2024. Este escenario se da en un contexto en el que, en la región, se registraron en promedio once femicidios por día en lo corrido del año. A esto se suma que los homicidios contra personas LGBTIQ+ se concentran de forma desproporcionada en América Latina y el Caribe, región que reporta cerca del 73 % de los asesinatos registrados, según Amnistía Internacional.
A continuación le contamos desde los hechos más recientes hasta las decisiones adoptadas en el primer semestre del año.
Perú: cambios en la manera de abordar el enfoque de género
Este año, el Congreso de Perú aprobó una ley que elimina el enfoque de género de la legislación vigente y lo reemplaza por una definición basada únicamente en el sexo biológico, lo que deja por fuera a las personas con identidades de género diversas.
La medida establece que toda referencia vigente a expresiones como “enfoque de género”, “equidad de género”, “igualdad de género” u otras similares deberá entenderse o sustituirse por las categorías “hombre” y “mujer”. En la práctica, esto implica realizar cambios a múltiples políticas en las que se menciona este enfoque, en donde se verían implicadas leyes relacionadas con la igualdad, educación, salud y derechos humanos.
La decisión quedó plasmada en la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, aprobada por el Congreso de la República el 19 de noviembre de 2025. Esta se basa en una norma original adoptada en 2007, que hablaba de igualdad de género y promovía una perspectiva transversal para abordar las desigualdades.
“En el año 2007, cuando se debatió la anterior ley, la intención del legislador fue precisamente promover la igualdad entre mujeres y hombres, no insertar conceptos como el ‘Enfoque de Género’ o la ‘Educación Sexual Integral’; con esta aprobación, retomamos el verdadero espíritu de la norma original reconociendo a las mujeres y hombres, pero sobre todo retomamos la sensatez a nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, autora de la iniciativa, en un comunicado de prensa publicado por el Congreso.
Sin embargo, la aprobación generó alertas a nivel internacional. Analistas de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que la ley puede representar un retroceso en materia de derechos humanos, en particular para las personas LGBTIQ+. Desde esta lectura, la norma no amplía la igualdad, sino que reduce el alcance de las protecciones que ya existían.
“Al sustituir el género por el sexo biológico, la legislación propuesta debilitaría las protecciones existentes para las mujeres y las personas de género diverso, al ignorar las realidades sociales y culturales del género y las desigualdades que se derivan de ellas”, afirmó la ONU.
El Salvador: las decisiones en educación y el régimen de excepción
El pasado 2 de octubre, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tomó la decisión, mediante el Ministerio de Educación, de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas del país. La medida vetó expresiones como “amigue”, “compañere”, “todos y todas”, “jovenxs” o “nosotrxs”. La justificación se basó en que estas palabras constituyen una “deformación del idioma”. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario, advirtieron que este tipo de medidas responden a estrategias más amplias para evitar que se hable de diversidad.
Por otro lado, las supuestas detenciones arbitrarias en el país siguen en aumento. A mediados de 2025, los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas aprobaron la extensión por dos años del período de detención provisional, en el marco del régimen de excepción. Con esta reforma, las personas detenidas pueden permanecer hasta cinco años en detención provisional sin audiencia ni comparecencia ante un juez.
En conversaciones pasadas con Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos de la organización Servicio Social Pasionista (SSPAS), le comentó a El Espectador, que bajo el régimen de excepción se incrementaron las detenciones sin debido proceso y muchas personas permanecen privadas de la libertad en condiciones precarias.
Según Reyna, en los centros penitenciarios se han documentado faltas de acceso a agua, alimentos y atención médica, además de denuncias de tortura, violencia sexual y malos tratos. La suspensión de las visitas familiares ha profundizado estas condiciones y ha afectado de manera particular a las mujeres privadas de la libertad, quienes enfrentan limitaciones adicionales en el acceso a derechos sexuales, reproductivos y menstruales.
De acuerdo con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a finales de 2024 nueve mujeres enfrentaban procesos penales tras haber sufrido emergencias obstétricas o abortos espontáneos. Un escenario que se da en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo continúa penalizada en todas las circunstancias, incluso en casos de violencia sexual, incesto, riesgo para la vida o la salud de la persona gestante, o inviabilidad del feto fuera del útero.
Argentina y el desmantelamiento de programas de género
El gobierno de Javier Milei, cuyo mandato inició en diciembre de 2023 y se extiende hasta 2027, ha propiciado múltiples retrocesos para las mujeres y las personas LGBTIQ+. En 2024, inició con el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres. Sumado a los recortes presupuestarios a las políticas de igualdad, el cierre de programas sociales, despidos en áreas vinculadas a derechos humanos y salud comunitaria, y la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública.
Solo en 2025, el Gobierno eliminó programas destinados a la atención de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia basada de género. Entre ellos: el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales de Género. Estos brindaban asistencia integral a personas que atravesaban situaciones de violencia, al mismo tiempo que reunía información sobre organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de mujeres, personas trans y otras identidades de género diversas.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 466/2025 del Ministerio de Justicia. Según el texto, un informe de auditoría detectó “debilidades sustantivas” y problemas de eficiencia en la implementación de estos programas. En ese marco, el Gobierno argumentó que los recursos serían reasignados a iniciativas consideradas de mayor utilidad para el “bien común y respaldadas por evidencia empírica”.
Un hecho que ocurre justo cuando el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, registró 229 femicidios y transfeminicidios en el país en lo que va corrido del año. Estos datos se conocen en un escenario en el que se redujeron los mecanismos estatales de prevención, atención y acompañamiento antes y durante situaciones de violencia.
A este panorama se sumaron cambios en la normativa vinculada a derechos de las personas trans. En marzo de 2025, el Gobierno anunció modificaciones para restringir el acceso de niñas, niños y adolescentes a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género, estableciendo que esta última sólo estaría permitida para mayores de edad.
Un año de restricciones que estuvo acompañado por declaraciones públicas del presidente. En distintas intervenciones, Milei sostuvo que, en sus “versiones más extremas”, la llamada “ideología de género” constituye “abuso infantil”, y calificó a la “ideología woke” como un “cáncer que hay que extirpar”.
Para Amnistía Internacional Argentina estas son decisiones que responden a un panorama de retrocesos que se están dando a nivel internacional y que quieren eliminar los avances que ya se habían obtenido “es una ofensiva global, organizada y bien financiada, que busca frenar los avances en los derechos de las mujeres y diversidades. Es un movimiento que intenta devolvernos a los roles de cuidado y a la función reproductiva, negando la desigualdad que vivimos todos los días”, expresó Mariela Belski directora ejecutiva de la organización.
Ecuador: cambios en la paridad electoral y las instituciones creadas para las mujeres
Este año, la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia estuvo acompañada de cambios normativos que marcaron la agenda del país con retrocesos en derechos para las mujeres.
Uno de los cambios se produjo el 28 de junio de 2025, cuando la Asamblea Nacional aprobó una serie de reformas al Código de la Democracia, la ley que regula los procesos electorales en el país. Entre las modificaciones se incluyó el artículo 99, que establece las reglas para la conformación de listas de candidaturas de género paritarias. El texto aprobado eliminó el numeral que indicaba que los binomios electorales debían integrarse obligatoriamente por una mujer y un hombre. Ante lo cual, organizaciones sociales de mujeres han señalado que este cambio no cuenta con un sustento técnico o jurídico y que responde a intereses políticos de corrientes conservadoras.
Pocos meses después, Noboa tomó la decisión de fusionar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el Ministerio de Gobierno. A partir de esta decisión, ambas carteras dejaron de funcionar de manera independiente y pasaron a operar como un viceministerio dentro del Ministerio de Gobierno. La medida se enmarca en una reducción general del número de ministerios, que pasó de 20 a 14. Según el Gobierno, esta reorganización responde a una política de control del déficit fiscal y de equilibrio de las cuentas públicas, en línea con los compromisos asumidos en el programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con información publicada en la página web del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (CEPAM), la fusión desconoce la necesidad de contar con respuestas diferenciadas frente a las violencias basadas en género. Además señalaron que esta medida desmantela los planes contra las prevenciones de esta forma de agresión en el ámbito educativo, y la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Así como que dicha ausencia de una institucionalidad especializada, genera que las víctimas enfrenten mayores obstáculos para acceder a protección, justicia y reparación.
Guatemala: entre las restricciones en educación con enfoque de género y maternidad forzada
Durante los primeros meses de 2025, el Ministerio de Educación de Guatemala, a través de la Dirección General de Coordinación de Direcciones Departamentales de Educación, emitió disposiciones que prohíben de manera explicita cualquier tipo de capacitación vinculada a “ideología de género” o a “educación integral” que sea impartida por organizaciones no gubernamentales en centros educativos. Esta decisión se suma a medidas anteriores, que ya habían establecido controles más estrictos para la participación de organizaciones externas en actividades escolares.
Estas restricciones se dan en un país donde el acceso a derechos sexuales y reproductivos sigue siendo limitado. En Guatemala, el aborto continúa penalizado en casi todas las circunstancias y solo es permitido cuando está en riesgo la vida de la persona gestante.
Organizaciones sociales, atribuyen que por esa misma razón, la maternidad en niñas y adolescentes sigue siendo una realidad. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, en 2025 se documentaron 50.847 nacimientos provenientes de madres adolescentes que tenían entre 15 y 19 años y 1.919 nacimientos registrados en niñas de entre 10 y 14 años. Un escenario que ocurre justo cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima, una niña que sobrevivió a violencia sexual reiterada por parte de un profesor y que fue obligada a continuar con un embarazo producto de esa agresión.
En su decisión, el Comité señaló que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los proyectos personales, educativos, familiares y profesionales de las niñas, restringe gravemente sus proyectos de vida y vulnera sus derechos a vivir con dignidad.
Por otra parte, de acuerdo con un informe de Colombia Diversa que analiza el acceso a la salud de las personas trans en la región, Guatemala aún se caracteriza por la ausencia de una ley de identidad de género y por un sistema de salud que contemple las necesidades específicas de esta población. Señalan que la mayoría de los servicios de salud no cuentan con protocolos para la atención integral de personas trans, incluidos los tratamientos de afirmación de género. A esto se suman la discriminación y el estigma, que continúan operando como barreras de acceso.
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Por Luisa Lara
