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Después de casi siete años de espera, la justicia finalmente avanzó el último proceso judicial activo contra Robert Andrés Colonia González, conocido como “Gono Taser”. El pasado 14 de noviembre recibió una condena de nueve años de prisión por el delito de acto sexual violento contra Lucía*, sin posibilidad de detención domiciliaria. Esta sentencia se suma a otras de 12 y 18 años, también por delitos relacionados con violencia sexual, uno de ellos en contra de una menor de edad.
Este caso se suma al amplio expediente criminal de Colonia, que comenzó en 2018 con su captura. De acuerdo con la investigación realizada por el equipo periodístico de Las Igualadas, de El Espectador, en su momento la detención se produjo por los delitos de acceso carnal violento y tortura contra una joven de 21 años en su vivienda en Bogotá. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron sustancias psicoactivas, cámaras ocultas y más de mil grabaciones que registrarían presuntas agresiones sexuales. El caso generó un revuelo mediático que se extendió a las redes sociales, lo que visibilizó la situación e impulsó a más de 150 mujeres a señalarlo como su agresor, algunas de ellas menores de edad.
Sin embargo, de ese centenar de denuncias, la justicia solo admitió cuatro casos, y uno de ellos fue cerrado en 2023 sin juicio ni audiencias, según denunciaron las sobrevivientes. El caso de Lucía, por el que Colonia fue condenado la semana pasada, es el único proceso que seguía activo después de siete años. Ella relató a este diario que conoció a Colonia a través de una persona cercana y acudió a su vivienda para comprar marihuana. Aunque insistió en que no quería ningún tipo de contacto sexual, “Taser” la sometió físicamente, la manoseó y la tocó sin su consentimiento. Lucía manifiesta que, de no haber llegado dos amigos a tocar la puerta, habría sido víctima de violación. Tras conocer la captura de Colonia en 2018 y escuchar las demás denuncias, decidió formalizar la suya.
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De hecho, el sujeto ya había sido capturado previamente por porte y tráfico de estupefacientes; sin embargo, el proceso fue archivado y, hasta el momento, no registra condenas por delitos vinculados con drogas en su expediente judicial, según pudo comprobar este diario. No obstante, de acuerdo con las especialistas consultadas durante la investigación periodística, el consumo y la eventual comercialización de marihuana pudieron haberle servido para atraer personas a su vivienda, en contextos distintos a los que usaba con las otras víctimas que lo denunciaron.
Sin embargo, la violencia ejercida hacia Lucía no terminó allí y se extendió hasta los tribunales. Durante la audiencia realizada en julio de este año, Colonia negó los hechos y mantuvo una actitud hostil hacia Lucía, la jueza y la fiscal, usando expresiones misóginas y conductas intimidatorias que quedaron registradas en el proceso. Mientras ella daba su testimonio, él se burló e hizo gestos ofensivos. Su defensa también trató de restar valor a lo que dijo Lucía con preguntas basadas en estereotipos de género y argumentos que buscaban responsabilizarla o poner en duda su palabra, incluso insinuando que, por haber fumado marihuana, estaba “confundida”.
“El encartado desde las audiencias preliminares dejó ver su animadversión por el género femenino pues insultó con improperios, gestos y señas a la juez de control de garantías y durante la etapa de juzgamiento fue evidente su decidía y agresividad, ya que en reiteradas ocasiones, interrumpió, insultó, se burló y menoscabó a Lucía* en el momento en el que aquella estaba rindiendo testimonio, llamándola ‘zorra’ y ‘mentirosa’”, consignó la jueza en la sentencia, documento al que tuvo acceso El Espectador.
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La situación llegó a tal punto que la funcionaria de la Fiscalía tuvo que detener varias veces la audiencia para pedirle que guardara silencio, dejara de hacer comentarios ofensivos y permitir que la diligencia continuara. Incluso tuvo que pedir apoyo policial. Aun así, Colonia ignoró repetidamente las advertencias, lo que dificultó el desarrollo normal de la audiencia.
Estos hechos, sumados al testimonio de Lucía, fueron determinantes en la decisión judicial. Para la jueza, la conducta de Colonia durante el proceso evidenció una profunda falta de respeto hacia la autoridad y, especialmente, hacia las mujeres, lo que justificó la necesidad de una sanción más alta que el mínimo previsto para ese delito. La Fiscalía también recordó que el acusado ya tenía dos condenas por agresiones sexuales, lo que mostraba su reincidencia. Con base en estos elementos, la jueza fijó la pena en 108 meses de prisión.
Los tres casos que llegaron a condena, sumado a las decenas de denuncias presentadas en 2018 y que fueron descartadas por las autoridades, evidencian que Colonia no actuaba de manera improvisada. Según expertas forenses consultadas por este diario, seguía un patrón que combinaba acercamiento, manipulación y control. Solía contactar a mujeres por redes sociales e invitarlas a actividades de ciclismo urbano o a iniciativas sociales vinculadas a su grupo “Gonoraiders”. Una vez ganaba confianza, las aislaba y ejercía violencia sexual, en ocasiones acompañado de otras personas, de acuerdo con las denuncias. También las grababa sin consentimiento y usaba esos registros para intimidarlas y obligarlas a guardar silencio.
“No es un agresor impulsivo, es un depredador que planificaba cada ataque. Buscaba víctimas ‘vulnerables’, muchas menores de edad, y se escudaba en su imagen de activista”, explicó en su momento Angélica Mora, psicóloga jurídica. Su comportamiento y accionar también incluía intimidación, acoso sexual y sumisión química.
Aún faltan respuestas
Durante los últimos meses, las sobrevivientes de estos casos han venido denunciando la aparente pérdida de los videos incautados en 2018 tras haber sido enviados a peritaje. Según contó Lucía, durante el desarrollo de su proceso legal contra Colonia, fue la fiscal encargada de su proceso quien le informó que el material probatorio presuntamente no se encuentra. “Inicialmente recibieron mi denuncia para poder sacar de custodia por un día ese material. Me reuní con la fiscal Juanita Montes y le dije: ‘Bueno, doctora, ¿cómo hacemos para sacar esos videos?’ Ella se puso pálida, se puso en blanco y me dijo: ‘No, esos videos se perdieron’”, comentó en su momento a El Espectador.
Tras los hechos revelados por este diario en julio, decenas de mujeres se acercaron a la Fundación Mujer Libre, la organización que ha acompañado a las víctimas en los últimos años- para denunciar que también fueron víctimas de Colonia, asegura la directora. Daniela López Muñoz, especialista en sistema penal acusatorio y representante de víctimas, reiteró que este material probatorio podría servir como antecedentes y como evidencia del patrón violento del imputado.
“Sin ese material, lo único que queda es el testimonio de las sobrevivientes, y aunque debería ser suficiente, en la práctica no lo es. La justicia exige evidencias que muchas veces no existen porque los delitos sexuales ocurren en la intimidad”, afirmó en su momento.
Frente a esta denuncia, El Espectador radicó un derecho de petición en mayo para conocer el estado del material, con motivo de la publicación del reportaje. Hasta la fecha, seis meses después, no ha habido respuesta por parte de la entidad.
Por otro lado, al revisar el expediente judicial de Colonia se corroboró que el 16 de octubre de este año se notificó a la Rama Judicial que, en total, se le han descontado seis años, diez meses y 24 días por trabajo intramural. La actualización previa data de 2023, cuando se reportó una rebaja de siete meses y cinco días. Para la Fundación Mujer Libre, esta clase de decisiones resulta revictimizante y envía un mensaje de impunidad. La preocupación aumenta si se considera que una de las condenas que Colonia cumple actualmente corresponde a un caso de acceso carnal violento en perjuicio de una menor de edad.
“Puedes agredir sexualmente a niñas y mujeres y, aun así, recibir beneficios en prisión”, señalaron voceras de la fundación en su momento, cuestionando el efecto que estas medidas tienen sobre la garantía de justicia para las víctimas.
*El nombre de la víctima fue modificado con el fin de proteger su identidad.
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