El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”, el último paso que le faltaba para convertirse en ley. La decisión es histórica y marca un precedente en un país donde, durante años, la práctica se mantuvo entre el silencio y respuestas institucionales dispersas. Así, Colombia pasa a ser el primer país de América Latina con una legislación específica para prohibirla en todo el territorio. El siguiente paso es la sanción presidencial.
“Esto no es una práctica cultural; esto es una práctica nociva impuesta en nuestro territorio. Las mujeres emberá hemos luchado desde el territorio y hemos traído esta propuesta al Congreso para que los senadores y los representantes nos ayudaran a que hoy este proyecto de ley se convirtiera en una realidad. Es una herramienta para que los pueblos emberá podamos seguir trabajando, pero, como consejera, dejo constancia de que esto no se quede en una ley muerta, sino que se convierta en una política pública para que pueda hacerse realidad”, fueron las palabras de la lideresa embera Juliana Domicó durante la plenaria.
La mutilación genital femenina, más conocida como ablación, reúne una serie de prácticas que consisten en alterar, lesionar o extirpar, de forma parcial o total, los genitales externos femeninos por razones no médicas. Las secuelas se extienden en el tiempo y dejan afectaciones en el cuerpo y la salud mental, como dolor, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones psicosociales. La Organización Mundial de la Salud la define como una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.
En Colombia, aunque la práctica ha permanecido durante años en un lugar poco visible, entre 2020 y 2025 el sistema de salud reportó al menos 204 casos de mutilación genital femenina. De ellos, 177 corresponden a niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. Sin embargo, las voceras de la iniciativa han enfatizado en la posibilidad de que haya subregistro, en parte atravesada por la falta de acciones unificadas entre instituciones y por el temor dentro de las comunidades a la estigmatización o a posibles consecuencias legales y sociales en caso de denunciar.
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Así lo expuso durante la plenaria la congresista Clara López: “El país no cuenta con un sistema oficial de vigilancia o registro epidemiológico sobre la mutilación genital femenina, lo que impide establecer cifras precisas y evaluar la magnitud del problema. Ni el Ministerio de Salud y Protección Social ni el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) incluyen actualmente esta práctica en sus reportes de salud o violencia basada en género, lo que limita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”.
De esta manera, la decisión llega después de casi dos décadas de intentos de las comunidades y diferentes instituciones del Estado por responder a la problemática. El primer caso conocido públicamente se reportó en 2007, en Pueblo Rico, Risaralda, y llevó a una sentencia bajo la categoría de violencia intrafamiliar. De ahí en adelante, diferentes instituciones empezaron a abordar la problemática bajo distintas categorías como violencia sexual, lesiones personales, maltrato infantil, entre otros. La violencia se ha reconocido, pero hasta el momento no existe una línea común que ordene las respuestas. Y en esa falta de claridad, cada institución y comunidad ha actuado con sus propias herramientas, explicó el médico forense Leonardo Quintero a El Espectador.
“La aprobación en este cuarto debate significa que el Congreso de la República honra su palabra de proteger y garantizar los derechos de las niñas y las mujeres. También, es el resultado de años de trabajo articulado y de exploración de diversas fórmulas para identificar, visibilizar y lograr un contexto sobre la necesidad de erradicar la mutilación genital femenina en Colombia. Ahora, viene un reto aún mayor: que ninguna niña sea mutilada en Colombia”, asegura Leandra Becerra, asesora legal y de incidencia de Equality Now para América Latina y el Caribe, organización que ha acompañado la construcción de la iniciativa.
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En ese contexto, la iniciativa fue radicada el 27 de agosto de 2024 por las congresistas Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano. Una de sus particularidades es que su construcción y trámite en el Congreso estuvo acompañado y también impulsado por lideresas indígenas embera, quienes durante más de una década han adelantado procesos de diálogo, transformación y defensa de sus derechos dentro de sus territorios. Se trata, además, de la comunidad indígena en la que hasta el momento se han reportado más casos.
“Este proyecto de ley nace de la voluntad y el clamor de las propias comunidades indígenas, en especial del pueblo indígena Emberá. No se trata de una imposición externa, sino de una iniciativa gestada desde la base comunitaria para eliminar una práctica que atenta contra la dignidad y los derechos de las niñas y mujeres”, agregó López.
La iniciativa aprobada propone medidas que atraviesan distintos niveles. El principal eje es un abordaje desde un enfoque intercultural, reparador e interseccional, es decir, que al tratarse de un tema que afecta de manera desproporcionada a niñas y mujeres indígenas, su implementación busca respetar sus contextos culturales y reconocer las múltiples desigualdades que enfrentan. Con esa premisa, incluye la creación de una política pública nacional para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, la adopción de protocolos obligatorios en el sistema de salud, con formación para el personal que atiende estos casos, y el fortalecimiento de los sistemas de información para registrar y hacer seguimiento.
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En este caso, el proyecto de ley aprobado busca enmarcar la mutilación genital femenina dentro de las violencias basadas en género, porque “históricamente se ha usado como una forma de controlar la sexualidad de las niñas y mujeres, con la creencia de que, sin ella, serán ‘infieles’, tendrán múltiples parejas o no serán ‘puras’”, sostiene Equality Now. Esto afecta directamente sus derechos sexuales y reproductivos.
Con esta noticia, Colombia se convierte en el único país de América Latina con una normatividad que previene, prohibe y busca la erradicación de la mutilación genital femenina.
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Por Alejandra Ortiz Molano
