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¿Una barrera dentro de los hospitales? El acoso al personal que presta servicios de aborto

Por primera vez, investigadoras documentan el acoso, las amenazas y la estigmatización que enfrentan médicas y médicos por prestar servicios de aborto. Advierten que estas agresiones pueden convertirse en barreras para acceder al derecho a decidir.

Estas barreras incluyen trámites médicos y administrativos que no están contemplados en la sentencia y que terminan retrasando o dificultando el acceso al servicio.
Foto: Laura Sánchez

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Un grupo de WhatsApp, profesionales de la salud que preferían guardar silencio sobre su trabajo y un vacío en los datos fueron los elementos que llevaron a un grupo de investigadoras a preguntarse qué estaba pasando con el derecho al aborto en Colombia. Esta vez, la mirada no estaba puesta en las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden sobre sus proyectos de vida, ni en las numerosas barreras que enfrentan a causa del estigma y la desinformación. La lupa estaba sobre quienes sostienen el acceso a ese derecho en el día a día: médicos y médicas que prestan servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Todo comenzó con un chat de Médicos por el Derecho a Decidir (GMDD), una colectividad de profesionales de la salud que lleva más de 16 años de trabajo y que se constituyó oficialmente en 2018. Al principio, el grupo funcionaba para compartir conocimientos clínicos, resolver dudas y encontrar alternativas cuando a una paciente le negaban un servicio de aborto. Poco a poco, entre los mensajes también empezaron a aparecer historias sobre lo que vivían las y los profesionales en sus lugares de trabajo.

Una de ellas era la de un médico que pidió entrar al grupo para buscar asesoría entre sus colegas. En el hospital donde trabajaba, una médica lo había señalado ante el comité de ética médica por hacer su trabajo, cuenta Laura Gil, ginecóloga, cofundadora y directora del GMDD. Cuando empezó a relatar lo que ocurría, otras personas reconocieron situaciones parecidas y también se animaron a contarlas. Había comentarios ofensivos, agresiones físicas y trabas para acceder a las salas de cirugía. También había profesionales que preferían mantener en secreto su trabajo y otros que habían renunciado a prestar estos servicios, pese a que no estaban haciendo nada ilegal.

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"Eran tantas las historias que había a diario que un día dijimos: esto hay que sistematizarlo. Esto no se podía quedar en anécdotas o en una red de apoyo entre profesionales", recuerda Gil. Junto con otras investigadoras, María Alejandra Gutiérrez-Torres, Ana Cristina González, Salomé Valencia y Alice Miller, decidió documentar esas experiencias y entender cómo podían terminar afectando el derecho al aborto de cientos de mujeres y personas con capacidad de gestar.

De esa decisión surgió la primera investigación en Colombia que documenta el acoso y la violencia estructural contra quienes prestan servicios de IVE. El estudio se publicó este año en International Journal of Gynecology & Obstetrics y reunió las respuestas de 163 profesionales de medicina de 16 departamentos del país, quienes participaron en una encuesta anónima entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Los resultados revelaron una realidad distinta a la imagen que suele asociarse con el acoso contra quienes garantizan este derecho: la típica escena de personas con pancartas e insultos a las afueras de los hospitales, protestando contra quienes practican abortos. En este caso, el estigma y los señalamientos venían de adentro, del mismo personal de salud con el que estos profesionales compartían sus espacios de trabajo.

"En el hospital me ponen apodos como ‘héroe’ o ‘sicario’ cada vez que llego a valorar a una paciente que solicita una IVE; mis colegas hacen gestos y preguntan: ‘doctor, ¿cómo puede dormir por las noches?'", cuenta uno de los testimonios recogidos en la investigación.

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Aunque solo el 25,2 % de las personas encuestadas se identificó como víctima de estigmatización, acoso o trato diferencial, las investigadoras encontraron que el 52,8 % se sentía juzgado por otras personas del sector salud. "Encontramos varias explicaciones de esto. Una de estas es que, por ejemplo, hay una resistencia a asumir una identidad estigmatizada", explica María Alejandra Gutiérrez-Torres, investigadora y doctoranda en Trabajo Social en la Boston College School of Social Work (BCSSW).

Médicos y médicas no necesariamente reconocen esas experiencias de hostilidad como acoso o victimización porque han normalizado ese trato. Algunas personas pueden interpretarlo bajo la falsa idea de que es "el costo de practicar IVE" o como parte de las condiciones habituales de su trabajo. También puede haber resistencia a reconocerse en una situación de victimización. Pero eso no significa que esas experiencias dejen de ser formas de discriminación.

Del total de participantes, el 35,6 % afirmó que otras personas habían intentado hacerle sentir vergüenza por su trabajo; el 33,7 % reportó haber recibido un trato diferente cuando se conocía su labor y el 31,9 % había tenido experiencias negativas después de revelar que prestaba servicios de IVE. Además, el 17,8 % informó amenazas o agresiones verbales y el 3,1 %, amenazas o agresiones físicas.

"Despenalizar es muy diferente a desestigmatizar", señala Gutiérrez-Torres. Y es ahí donde las investigadoras encuentran el meollo del asunto. Pese a que Colombia cuenta con un marco legal que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantiene las tres causales establecidas por la Corte Constitucional para los casos fuera de ese plazo, del papel a la realidad todavía hay mucho trecho. "Aunque están garantizando lo que la ley ya reconoce, los están tratando como si estuvieran haciendo algo ilegítimo", agrega Gutiérrez-Torres. El estigma y la discriminación pueden llevar a profesionales a alejarse de estos servicios y, en consecuencia, reducir su disponibilidad. Es decir, generar una barrera más para las mujeres.

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Por otro lado, también están quienes no se alejan y sienten orgullo por garantizar un derecho, pero a la vez, prefieren ocultar a qué se dedican. Para las investigadoras, ahí hay una contradicción que requiere atención: "Aunque estas médicas y médicos están orgullosas y orgullosos de su trabajo, igualmente lo están escondiendo", dice Gutiérrez-Torres.

Al final, el silencio también tiene consecuencias para el propio gremio. Si quienes prestan estos servicios no pueden hablar abiertamente, es más difícil que otras personas conozcan sus experiencias y encuentren referentes para hacerlo. "Algunas veces resulta desalentador; a veces hace que quieras dejar el trabajo y dedicarte a temas menos complejos de salud materna", dice otro de los testimonios.

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Para Gil, "nadie tendría por qué ejercer la medicina de manera ‘heroica’. Aquí nadie vino a sacrificarse, sino a prestar un servicio y a ejercer una responsabilidad". Con esta reflexión se refiere a que gran parte de los esfuerzos de médicos y médicas se concentran en proteger a las pacientes y sortear las barreras institucionales. En ese proceso, dice, quedó relegada la protección de quienes hacen posible la atención.

(Le recomendamos el especial: La geografía del silencio: el aborto para mujeres indígenas, afro y migrantes en Colombia)

Insultos, amenazas y obstáculos para quienes practican abortos

Este es el primer estudio que se realiza en Colombia sobre un fenómeno que tiene larga data en otros países. Uno de los contextos más estudiados es el de Estados Unidos, donde las investigaciones han encontrado que la intimidación puede desalentar a profesionales a ofrecer o continuar prestando servicios de aborto, agravar la escasez de personal y limitar el acceso de las pacientes a estos servicios.

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En ese país, cuatro médicos fueron asesinados entre 1993 y 2009 en ataques relacionados con grupos antiabortistas: David Gunn, John Bayard Britton, Barnett Slepian y George Tiller. Las cifras de la Federación Nacional del Aborto (NAF) muestran la magnitud de la violencia: entre 1977 y 2022, la organización registró 15.915 incidentes relacionados con ataques contra clínicas y personal que presta estos servicios. Entre ellos hubo 11 asesinatos, 26 intentos de asesinato, 200 incendios provocados, 100 ataques con ácido y 531 agresiones que causaron lesiones. Además, documentó más de un millón de incidentes de alteración grave, como amenazas de bomba, mensajes de odio, difusión de información falsa y protestas que obstaculizaban el funcionamiento de las clínicas.

“Es que esto aviva discursos de odio y aviva extremos violentos", dice Gil.

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En Colombia, el estudio también documentó agresiones verbales y físicas, además de amenazas contra familiares de quienes prestan estos servicios. "Algunos nos contaron que les pegaban con carpetas en los hospitales o que sus familias habían recibido amenazas", afirma Gutiérrez-Torres.

Las agresiones, sin embargo, no son la única forma de acoso que aparece en los testimonios. También hay prácticas institucionales que dificultan el trabajo de quienes prestan servicios de aborto y afectan la atención de las pacientes. Una de las personas encuestadas contó: "En la clínica donde presto servicios de IVE, estas pacientes reciben la menor prioridad cuando se asignan quirófanos, consultorios y recursos. Esto hace que mis jornadas laborales sean mucho más largas que las de quienes prestan otros servicios".

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Las investigadoras coinciden en que cuando el acoso genera agotamiento, lleva a ocultar el trabajo o hace que algunas personas abandonen la prestación de servicios, también disminuye la cantidad de profesionales disponibles para garantizar el acceso al aborto. Quienes continúan pueden terminar asumiendo una carga laboral mayor. "Una de las consecuencias de este acoso puede ser también la sobrecarga laboral, porque casi nadie quiere hacer el trabajo. Entonces, el único que quiere y que se siente orgulloso tiene que hacer el triple, porque no consiguen quién más lo haga", explica Laura Gil.

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"Si hay menos gente para garantizar el derecho, el estigma termina llevando a que haya un burnout y una deserción muy grande", agrega Gutiérrez-Torres.

Para las investigadoras, esa cadena de consecuencias también afecta a las y los pacientes. La falta de profesionales disponibles puede traducirse en demoras, remisiones a otras ciudades y mayores costos para quienes buscan una IVE.

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Incluso, la situación puede ser aún más complicada en ciudades pequeñas y municipios alejados si partimos del contexto del país y lo que se ha documentado sobre las barreras para acceder a este derecho. En las ciudades grandes hay más servicios, recursos e información, y también más posibilidades de mantener la privacidad. En los municipios pequeños, donde hay menos profesionales y las personas se conocen muy bien entre sí, quienes prestan servicios de aborto pueden quedar más expuestos a señalamientos.

Gil cuenta el caso de una paciente que tuvo que viajar de Pitalito a Ibagué porque, según su relato, los ginecólogos disponibles en su municipio eran objetores de conciencia. La mujer trabajaba por días y necesitaba ese ingreso para sostener a sus hijos. Viajar significaba pagar el transporte, perder un día de trabajo y buscar quién cuidara a sus hijos. Todo eso para recibir una atención que, según la médica, podía haberse prestado en su propio municipio.

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"El aborto es un servicio de salud esencial, o sea, debería estar disponible en todas partes, desde un consultorio hasta un hospital, de acuerdo con la normatividad colombiana. Tú podrías llegar a pedirlo sin ningún estigma y sin ningún papeleo adicional o sin ningún trámite adicional a cualquier otro servicio", agrega Gil.

(También lea: Abortar siendo migrante en Colombia: la historia de una mujer venezolana)

¿Quiénes protegen a los prestadores de servicios de aborto?

Parte de esa desprotección se expresa en las relaciones laborales dentro de los hospitales. Gil explica que la prestación de servicios de aborto puede adquirir una carga política cuando quienes dirigen las instituciones desaprueban esta atención, incluso si no hay objeción de conciencia. Esa posición puede condicionar el trato hacia el personal de salud e incluso poner en riesgo su estabilidad laboral.

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"Porque si la persona que el gerente o el que manda no está de acuerdo, pues entonces yo puedo poner en riesgo mi trabajo o puede cambiar la actitud hacia mí. Entonces empiezo a tomar decisiones, no solo con respecto a la ciencia, a qué beneficia mi paciente y sobre los derechos de los pacientes, sino también tengo que empezar a pensar en qué me va a pasar a mí si yo presto estos servicios", explica Gil.

Por eso, considera que prestar servicios de aborto puede convertirse llega a ser acto político por parte de las y los profesionales. Para ella, quienes prestan estos servicios deberían ser reconocidos como defensores de derechos humanos y tener garantías para hacer su trabajo sin acoso ni señalamientos.

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Sin embargo, aún hay otras aristas por analizar. La investigación encontró que muchas personas que han sufrido este tipo de situaciones prefieren no denunciar. Las investigadoras cuentan que varios profesionales no acuden al Comité de Ética Médica ni a la Superintendencia de Salud porque están concentrados en lograr que las pacientes reciban atención y en resolver las trabas que encuentran en los hospitales. Al final, los casos de maltrato quedan sin denunciar y se pierde la oportunidad de dejar un precedente que ayude a reconocer el problema y evitar que se repita.

¿Qué hace falta entonces? María Alejandra Gutiérrez-Torres señala que los hospitales y las clínicas, públicas y privadas, deberían tener políticas claras contra el acoso, además de canales confidenciales para denunciar y recibir acompañamiento jurídico y psicológico. También insiste en que hay que vigilar que la objeción de conciencia no termine convirtiéndose en una barrera para las pacientes. Si denunciar puede poner en riesgo el trabajo o exponer a alguien a más señalamientos, difícilmente las personas van a sentirse seguras para hacerlo.

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Alejandra Ortiz Molano

Por Alejandra Ortiz Molano

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, con una maestría en Salud Pública. aleja_ortizm aortiz@elespectador.com
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