Violencia sexual en el conflicto: el relato de una víctima y las demandas a la JEP

Según expertas, la violencia sexual fue usada como estrategia de guerra: para sancionar, reprimir, obtener ventajas en los territorios y desplazar poblaciones.

Foto: Corporación Colectiva Justicia Mujer

Fanny Escobar dice que tiene dos recuerdos muy claros antes de cumplir siete años. El primero se relaciona con el pueblo donde creció: Las Platas, en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Allí caminaba con sus hermanas por las calles, llevando sobre la cabeza canastas de frutas que su madre preparaba para vender. También recuerda perderse entre los cultivos de tabaco de su abuelo, mientras buscaba alguna fruta que le gustara lo suficiente para comerla directamente de la planta.

El otro recuerdo que conserva de ese año es muy distinto. Se trata del momento en el que fue víctima de violencia sexual por parte de un policía de la zona. En ese momento, no supo cómo nombrar lo ocurrido ni cómo dimensionarlo; solo recuerda que estaba en una fiesta infantil, que alguien la sacó de allí sin que nadie lo notara, y que regresó con una sensación de tristeza y confusión. Un hecho que, solo muchos años después, pudo reconocer como una violación.

Durante los años noventa, el Urabá antioqueño se convirtió en un punto crítico del conflicto armado en Colombia. Su ubicación estratégica, con salida al mar Caribe, y su producción bananera hicieron que rápidamente se convirtiera en un territorio disputado por distintos grupos armados. Fanny recuerda que esa violencia por el control territorial también alcanzó a su familia y a ella. Apenas tenía doce años cuando fue víctima, nuevamente, de violencia sexual, esta vez por un hombre perteneciente a un grupo paramilitar.

Años más tarde, a los 25 años, Fanny volvió a ser víctima de violencia sexual por parte de otro integrante del mismo grupo armado. Esta vez, la agresión ocurrió en un contexto distinto, pues se encontraba en estado de embarazo. Según relata, el presunto agresor le generó un aborto espontaneo, dejándola en graves condiciones de salud.

En palabras de Fanny, estos hechos ocurrieron en esos contextos específicos con el propósito de utilizar la violencia sexual como estrategia de guerra. “Usaban el cuerpo de las esposas, compañeras e hijas, para poder dominar al hombre o a los grupos contrarios. De esa forma imponían dominio sobre ellos y dejaban en las mujeres la carga de la vergüenza y la humillación. Al final, fuimos nosotras las que tuvimos que pagar con nuestro cuerpo”, explica Fanny Escobar, representante legal de la Asociación Mujeres del Plantón, en entrevista con El Espectador.

Así como el caso de ella, se han documentado miles de casos en Colombia. Según datos recopilados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el país 35.178 personas fueron víctimas de este tipo de violencia entre 1957 y 2016. Antioquia concentra al menos el 15% de los casos, con 5.320 víctimas registradas, seguido de Magdalena, con 3.346 hechos, y Nariño, con 2.734.

Las vivencias, denuncias y el reconocimiento de la dimensión sistemática de estas violencias basadas en género, motivaron la apertura del Macrocaso 11 en 2023 por parte de la JEP. Este caso investiga la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, relacionados con la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano.

Paralelamente a esta investigación, organizaciones sociales continúan denunciando los desafíos que implica el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en relación a las violencias basadas en género. A lo largo de los años, diversas organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, han señalado que, históricamente, los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ fueron instrumentalizados y utilizados como botines de guerra por distintos actores armados.

Por esas razones, organizaciones como Corporación Colectiva Justicia Mujer, Caribe Afirmativo, la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, la Asociación de Mujeres del Plantón y diversas víctimas del conflicto solicitaron hace unas semanas un espacio dialógico ante la JEP, con el objetivo de exponer los casos ocurridos en Antioquia, pero también garantías.

La conversación, llamada “Travesías y resistencias de las mujeres por la paz”, reunió a mujeres víctimas del conflicto armado en Antioquia y a defensoras de derechos humanos. A partir de sus relatos y experiencias, aportaron a la comprensión de las violencias ocurridas en distintos territorios del departamento.

“En el marco del conflicto armado, es necesario hablar específicamente de estas violencias, ya que históricamente han sido invisibilizadas y en el país hay un gran subregistro, además de una impunidad constante. Estos espacios sirven para insistir en que la violencia sexual, la violencia reproductiva y la violencia basada en prejuicios de género, cometidas por todos los actores armados, no pueden quedar fuera de la etapa dialógica”, dijo Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer en entrevista con este diario.

De acuerdo con la experta, estas formas de violencia se utilizaron para sancionar, reprimir, obtener ventajas en los territorios y desplazar poblaciones, “cada una con fines que sirvieron a los diferentes grupos armados, legales e ilegales”. Los reportes de la JEP dan indicios de que la violencia sexual afectó de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan el 89,2% de las víctimas, y en el 35% de los casos las víctimas eran niñas, niños y adolescentes.

No obstante, este tipo de violencia no solo se da en el contexto colombiano sino, en general, en los escenarios de guerra. De allí que sea necesario abordarlo desde una perspectiva de género. Por ejemplo, Naciones Unidas ha documentado que las agresiones sexuales han sido usadas como una táctica para reafirmar la idea de que quienes dominan el territorio también ejercen control sobre las vidas y los cuerpos. Estas agresiones buscan quebrar el tejido social, generar humillaciones y traumas a largo plazo.

Adicionalmente, el organismo señala que en contextos donde ya existen relaciones desiguales de poder, discriminación y estigmatización hacia las mujeres, la guerra exacerba esas condiciones y las convierte en armas. Esto significa que ellas suelen enfrentar vulneraciones particulares, que se agravan cuando se cruzan con factores como la ruralidad, la pobreza o la pertenencia a comunidades étnicas.

Tal como han señalado las entidades y expertas, lejos de quedarse en la teoría, estas situaciones se entrecruzan en historias concretas como la de Fanny. Su caso evidencia que la violencia sexual no se fue únicamente de hechos individuales, sino que se utilizó como estrategia de guerra para reprimir, silenciar y controlar.

Y aunque el caso de Fanny se enmarca dentro del acceso carnal violento en el marco del conflicto armado, la violencia sexual va más allá de la violación y el contacto físico. Según la Guía sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado del Ministerio del Interior, se reconocen diferentes tipos de violencia sexual:

• Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce años: cuando, en el marco del conflicto armado, se accede carnalmente a una persona menor de 14 años.
• Esclavitud sexual: ejercer control sobre una persona protegida, mediante la violencia, para obligarla a realizar uno o más actos de naturaleza sexual.
• Prostitución forzada: obligar a persona a prestar servicios sexuales.
• Embarazo forzado: causar embarazo a una persona como resultado de acceso carnal violento, abusivo o cuando está en incapacidad de resistir, y obligarle a continuar con la gestación.
• Esterilización forzada: privar a una persona de su capacidad de reproducción biológica, sin que exista un tratamiento consentido por la víctima.
• Trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual: cuando, en el marco del conflicto armado, se capta, traslada, acoge o recibe a una persona protegida dentro o fuera del país con el fin de explotarla sexualmente.
• Explotación de carácter sexual: obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, propio o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena, la esclavitud sexual, el matrimonio servil, el turismo sexual u otra forma de explotación sexual.
• Desnudez forzada en persona protegida: cuando, en el marco del conflicto armado, mediante la violencia se obliga a una persona protegida a desnudarse total o parcialmente o a permanecer desnuda.
• Aborto forzado en persona protegida: cuando mediante la violencia se interrumpe o se obliga a interrumpir el estado gestacional de una persona protegida sin su consentimiento.
• Violencia sexual: cuando, en el marco del conflicto armado, se cometen actos sexuales distintos al acceso carnal con una persona protegida menor de 14 años, en su presencia o induciéndola a prácticas sexuales.

La apertura del Macrocaso 11 y la justicia restaurativa para crímenes de violencia sexual

Antes de la apertura del macrocaso 11, la JEP trataba los crímenes de violencia sexual, reproductiva y otras violencias basadas en género de forma transversal. Es decir, se investigaban dentro de otros macrocasos, tanto territoriales, como temáticos. Esta aproximación era fuertemente criticada por las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, quienes señalaron que este enfoque diluía la gravedad y la especificidad de dichos delitos, al mismo tiempo que las voces de las víctimas no tenían la visibilidad ni el trato especializado que requerían.

Cuando se dio la apertura en 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad explicó que “en la fase de concentración se realizó una identificación preliminar que, según los relatos recopilados, pueden configurar patrones distintos a los que están siendo abordados en otros macrocasos, y que, por tanto, ameritan una investigación particular”. Con esto, la JEP reconoció que la violencia sexual y de género tiene particularidades que requieren un enfoque investigativo especializado, entendiendo que los patrones, las motivaciones y los impactos de estos crímenes son distintos a los de otros delitos.

En el encuentro realizado en Antioquia, las mujeres retomaron propuestas de reparación colectiva, que implican contar con espacios seguros que les permitan fortalecer sus procesos organizativos. También se subrayó la importancia de garantizar condiciones efectivas para su participación y de consolidar redes de apoyo sociales y comunitarias activas, fortalecidas y libres de discriminación y estigmatización.

“Es importante que la JEP se comprometa a reconocer que sin participación de las víctimas no hay reparación. También que tome medidas administrativas para que el macrocaso 11 llegue al resultado para el cual fue creado. Y, por último, insistir en que, dentro de las medidas de reparación, es clave que la Gobernación de Antioquia y las alcaldías —especialmente la de Medellín— no sigan dándole la espalda al cumplimiento del Acuerdo de Paz”, concluyó Álvarez.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.