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En medio de la coyuntura política actual y con la atención centrada en la disputa por la reforma laboral, queda exactamente una semana para que finalice el periodo legislativo en el Congreso de la República. Con ese cierre, también se aleja la posibilidad de discutir otras propuestas que tienen como propósito mejorar la vida de miles de personas en Colombia. Dos de ellas, fundamentales para los derechos de las mujeres, todavía esperan su turno: una iniciativa que reivindica el valor del trabajo doméstico y otra que exige el reconocimiento jurídico de la violencia vicaria como una forma de violencia de género. Si no se someten a debate en los próximos días, deberán comenzar nuevamente su recorrido legislativo, enfrentando desde cero el proceso.
El caso más crítico es el que impulsa la congresista María Fernanda Carrascal. A pesar de varios intentos por incluir en la agenda de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el proyecto de ley sobre las trabajadoras domésticas (Proyecto 246C de 2023), la iniciativa no alcanzó a ser discutida en su segundo debate. Ha sido radicada en dos ocasiones y, todo indica, deberá presentarse por tercera vez si no avanza en los próximos días.
En entrevista con El Espectador, la representante advierte sobre el riesgo de que el proyecto se hunda, subrayando la urgencia de atender las condiciones precarias de miles de mujeres en Colombia. La propuesta, construida junto a organizaciones internacionales y trabajadoras del sector, busca formalizar esta labor y fortalecer la capacidad del Estado para inspeccionar y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
“Son las únicas trabajadoras que no tienen derecho a la inspección y vigilancia, y esto impide que las podamos proteger. Son una población sumamente vulnerada: hay mucho trabajo infantil; mujeres racializadas —afros, indígenas— que se las traen en unas condiciones de vulnerabilidad desde sus territorios, por falta de oportunidades. Las violentan, las abusan, las acosan sexualmente”, explica Carrascal, señalando que la inspección laboral es una de las apuestas más importantes del proyecto.
Por otro lado, el proyecto de ley sobre violencia vicaria (052 de 2023), liderado por la congresista Alexandra Vásquez, parecía avanzar con mayor fluidez en el trámite legislativo. Superó los dos primeros debates en la Cámara de Representantes y llegó al Senado para su tercera discusión. Sin embargo, el proceso se estancó debido a la ausencia del informe a cargo de la congresista Maria José Pizarro, según afirma Vásquez, en entrevista con este diario.
La iniciativa busca otorgar reconocimiento jurídico a la violencia vicaria, es decir, el uso de hijos e hijas como herramientas para causar dolor a la madre, especialmente en contextos de separación, custodia o disputa judicial. La representante Vásquez alerta que la necesidad de legislar sobre esta forma de violencia radica en el subregistro de casos, lo que impide dimensionar la magnitud del problema.
“Necesitamos índices, estadísticas y datos que revelen la magnitud del problema en el país, permitiendo diseñar políticas públicas de carácter preventivo. Es fundamental que se reconozca como una forma de violencia basada en género y deje de ocultarse bajo la etiqueta de violencia intrafamiliar”, agrega.
Entre tanto, la realidad de cientos de mujeres en el país sigue sin encontrar eco en el Congreso de la República. Para salvar estos proyectos quedan apenas siete días, ya que el periodo legislativo finaliza el próximo 20 de junio. En el caso específico de estas dos iniciativas, su destino es aún más incierto, pues ya cumplen dos periodos legislativos desde su radicación.
Cuando una propuesta de ley no logra ser aprobada en los cuatro debates requeridos (dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado) durante dos legislaturas consecutivas, se descarta definitivamente. Esto implica que su trámite queda concluido y que deberán presentarse nuevamente para reiniciar todo el proceso.
¿Cuál es el panorama de las trabajadoras domésticas en Colombia?
Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2024, en Colombia hay cerca de 664.000 personas dedicadas al trabajo doméstico, la mayoría mujeres (94 %). De ellas, el 75,5 % gana menos de un salario mínimo y casi el 80 % trabaja en la informalidad. Solo el 18 % tiene acceso a la seguridad social. Estas cifras son preocupantes, porque detrás de cada número hay historias de explotación, discriminación y violencia, como denuncian las organizaciones de trabajadoras.
Los datos son aún más preocupantes para las mujeres migrantes y afrodescendientes. Un estudio reciente de la agencia humanitaria CARE Colombia encontró que el 82 % de las trabajadoras domésticas migrantes gana menos del salario mínimo, y solo el 1 % cuenta con acceso a seguridad social.
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“El trabajo doméstico en Colombia siempre ha sido difícil; siempre ha pasado por un contexto muy fuerte, un contexto cultural de no reconocimiento de los derechos de las trabajadoras”, dice Claribeth Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, en entrevistas anteriores con este diario, haciendo alusión a la invisibilidad estructural que enfrenta su gremio.
Pero la falta de contratos formales y prestaciones sociales no es el único problema que enfrentan las trabajadoras domésticas. La congresista Carrascal también denuncia las violencias basadas en género que muchas de ellas sufren dentro de los hogares en los que trabajan. En una encuesta que realizó en Urabá, Cartagena y zonas rurales de Bolívar, el 41 % de las encuestadas dijo haber sido víctima de algún tipo de discriminación o maltrato, y el 21 % denunció acoso sexual.
El proyecto pretende revertir décadas de abandono, proponiendo que se firmen contratos registrados ante el Ministerio del Trabajo, garantizando el salario mínimo, el acceso a salud y pensión, y condiciones laborales dignas. También plantea poner en marcha mecanismos de inspección laboral para asegurar que esos derechos se cumplan.
¿Cuál es el panorama de violencia vicaria en Colombia?
El concepto de violencia vicaria fue propuesto y difundido por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, aproximadamente en el año 2012. Se trata de una de las formas más crueles de violencia de género: ocurre cuando se busca herir a una mujer usando a sus hijos o hijas como medio para causarle dolor. No suele darse de manera aislada, sino como el paso siguiente tras ejercer violencia psicológica, económica o física.
Amnistía Internacional ha documentado distintas formas en que se presenta: desde la amenaza por quitar la custodia o hacer daño a los menores, hasta humillaciones frente a ellos. Aunque esta forma de violencia ya ha sido reconocida legalmente en países como España, México, Argentina, Uruguay y Australia, en Colombia aún no se ha dado ese paso.
También es un tipo de violencia que afecta a los niños y niñas. Las consecuencias pueden ser graves y duraderas: ansiedad, depresión, comportamientos agresivos o dificultades para establecer relaciones sanas. “La violencia vicaria no solo ataca a la madre: marca profundamente la vida de hijos e hijas, y perpetúa el daño de una generación a otra”, afirma Vásquez.
En el caso de Colombia, al no ser reconocida jurídicamente como un tipo de violencia basada en género, no hay un consenso o un dato estadístico contundente que permita visibilizar la magnitud del problema. No obstante, la Fundación Contra la Violencia Vicaria ha registrado al menos 614 casos en lo que va de este año. Mientras que en 2024 se reportaron 3.672 y en 2023 2.517.
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Por Alejandra Ortiz
