Viviane Morales y la “ideología de género”: ¿por qué su llegada a Mineducación genera dudas?

Aunque se había rumoreado sobre la llegada de Morales al Ministerio de Educación, el pasado 7 de julio Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente que la exfiscal encabezará la entidad.

El nombre de Viviane Morales lleva varios años sonando en la política colombiana. Ha sido representante a la Cámara, senadora y fiscal General de la Nación. Fue la primera mujer en ocupar este último cargo, aunque su elección fue anulada un año después. Más tarde se convirtió en embajadora en Francia. En total, suma más de tres décadas de experiencia en el sector público. En cuanto a su vida personal, la abogada se acercó a la iglesia cristiana y desde entonces adoptó sus creencias. Un dato que no es menor, pues su fe ha estado presente en buena parte de sus posturas políticas sobre temas de género.

Dichas posiciones se hicieron más visibles hace una década, cuando Colombia avanzaba en el reconocimiento de derechos clave para la población LGBTIQ+, como el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo. Mientras esas garantías ganaban terreno, también crecía una oposición política y religiosa de la cual Morales se convirtió en una de sus principales voceras.

El 7 de julio, su nombre volvió a sonar. El presidente electo Abelardo de la Espriella la designó ministra de Educación, y el nombramiento no pasó inadvertido. Entre los cuestionamientos figuran su historial en oposición a los temas de género y su poca experiencia en el sector educativo. La cartera será asumida por ella el próximo 7 de agosto. En un mensaje publicado en X, De la Espriella aseguró que Morales encabezará la entidad para impulsar una “reconstrucción moral y académica de nuestras aulas”.

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¿Qué dudas deja el nombramiento de Viviane Morales en el Ministerio de Educación?

El reciente nombramiento de Morales como ministra de Educación, tras una trayectoria marcada por la convergencia entre la fe y la política, cobra especial relevancia frente a una promesa de la Espriella: “Hay que sacar a Fecode y volver a meter a Dios a las clases, en los salones de nuestros niños”, dijo durante su campaña. Ambos antecedentes dejan dudas sobre el rumbo que podría tomar el Ministerio.

Para María Mercedes Acosta, codirectora de Sentiido, el momento político no debe leerse en clave personal, sino institucional y democrática. A su juicio, el Ministerio de Educación exige un conocimiento técnico del sistema, de sus brechas, de su arquitectura institucional y de las obligaciones constitucionales del Estado frente a la infancia, adolescencia, docentes y familias. Por eso, considera que una trayectoria sin experiencia en el sector, pero marcada por posturas contrarias a los derechos de determinadas poblaciones, puede representar un riesgo.

“Una ministra no puede borrar derechos de un plumazo. Ella no va a llegar a echar para atrás, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no puede. Pero siendo la cabeza de un Ministerio de Educación, ella sí decide qué se prioriza, qué se financia, qué se deja de nombrar, qué equipos se conforman, a quiénes contratan, qué lineamientos se actualizan, qué materiales se distribuyen y qué mensaje se envía institucionalmente a las secretarías de educación, a los colegios y a las familias”, comenta en entrevista con El Espectador.

La experta agrega que esto podría traducirse en un debilitamiento de la educación sexual integral y de las herramientas para enfrentar la discriminación por orientación sexual o identidad de género. También podría afectar las rutas de atención, los manuales de convivencia, la formación docente, las políticas de prevención, los materiales educativos y los indicadores de convivencia escolar. Aún así, advierte que el mayor riesgo estaría en retroceder frente al principio constitucional de una educación basada en derechos humanos, pluralismo, democracia y respeto por la dignidad de todas las personas.

Esos derechos, según la experta, pueden verse afectados tanto por omisión como por acción. “Si desde el Ministerio se empieza a decir que no se va a hablar de diversidad, de derechos sexuales o de familias diversas porque eso es ‘adoctrinar’, muchos colegios pueden retroceder por miedo, incluso sin que exista una prohibición formal. Puede haber autocensura. Yo creo que ese es un riesgo difícil de medir, pero de los más reales que podemos tener con su llegada”, dice Acosta.

Otra lectura de la experta apunta a la bandera de la “protección de la infancia” que Morales ha usado durante años. Según Acosta, el Ministerio de Educación podría convertirse en el espacio ideal para impulsar estas posturas. “Yo creo que ella lo ve [el Ministerio] como la importancia de formar en primera infancia en lo que para ella son sus valores y sus principios, que están marcados por una religión. Repito, no tiene nada malo que ella tenga sus creencias si éstas no se traducen en políticas en un ministerio como el de Educación”, agrega.

Para Acosta, este no es un libreto nuevo. En los últimos años, en El Salvador se impulsaron iniciativas para prohibir el “lenguaje inclusivo” en entornos educativos. En algunos estados de México, como Chihuahua, se hicieron lecturas similares a partir de la reforma al artículo 8.º de la Ley Estatal de Educación. En Argentina, libros como “Cometierra”, que abordan las violencias basadas en género, fueron señalados por integrantes del Gobierno como “inapropiados para las escuelas”. Por esta razón, la analista advierte que los retrocesos para impedir que los espacios educativos formen en derechos y pensamiento crítico no siempre llegan mediante grandes reformas: también pueden producirse al retirar palabras, censurar materiales o desfinanciar políticas públicas.

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Por ahora, la vara con la que deberá medirse la gestión de Morales son los pendientes que arrastra el sector. Para Acosta, uno de los principales es dejar de tratar los temas de género como un tabú, pues desde la polémica con Gina Parody en 2016, en la que circuló información falsa sobre unas supuestas cartillas de educación sexual, “es muy poco lo que se ha reforzado, a pesar de lo que dice la ley”. También deberá enfrentar las brechas educativas, la deserción, la infraestructura, la alimentación escolar, la formación docente, el embarazo infantil, los abusos sexuales y la educación sexual integral.

“Una ministra de Educación no puede liderar solo para quienes comparten su visión moral o religiosa, y mucho menos tratar de imponerla. Tiene que liderar un ministerio para estudiantes indígenas, afro, campesinos, urbanos, migrantes, cristianos, católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, ateos; estudiantes LGBTIQ+, heterosexuales, con discapacidad, de familias diversas y monoparentales. Esa es la realidad de Colombia. Entonces, la educación tiene que formar en ciudadanía y no en obediencia”, concluye.

Viviane Morales y las seis cruzadas que marcaron su historial en temas de género

Su primer paso ampliamente conocido en estos temas fue a favor de los derechos de las mujeres. Morales llegó al Congreso en 1991 como representante a la Cámara, cargo que ocupó durante dos periodos, hasta 1998. Después fue senadora hasta 2002. Desde allí promovió políticas para las mujeres e impulsó la Ley de Cuotas, que estableció que al menos el 30 % de los cargos de máximo nivel decisorio y otros cargos directivos del Estado fueran ocupados por mujeres. Años después, otras congresistas impulsaron el avance de esa cuota hacia la paridad del 50 %.

Entre 2011 y 2012 fue la primera mujer en ocupar la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque su elección fue suspendida por irregularidades en su designación. En ese periodo, su agenda pública estuvo concentrada exclusivamente en las funciones del cargo.

No obstante, su debut en los debates sobre derechos LGBTIQ+ fue para intentar restringirlos. En 2016 impulsó un controvertido pero fallido referendo que buscaba limitar un derecho recién reconocido: la adopción igualitaria. El 4 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional había emitido la Sentencia C-683, que permitió a estas parejas adoptar en igualdad de condiciones y reconoció que la capacidad de crianza no depende de la orientación sexual.

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Ese descontento con la jurisprudencia llevó a Morales a impulsar un referendo sobre adopción, respaldado por dos millones de firmas. La iniciativa llegó al Congreso como un proyecto de reforma constitucional que buscaba “consagrar la adopción de menores solo para parejas conformadas por hombre y mujer”. De haber superado el trámite legislativo y la consulta popular, las parejas del mismo sexo y las personas solteras, incluso heterosexuales, habrían perdido la posibilidad de adoptar. El proyecto se hundió en 2017 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con 20 votos contra 12. Esta fue una de sus primeras ofensivas contra los derechos de la población LGBTIQ+, bajo la bandera de la protección a la infancia.

Algo relevante es que, durante esa campaña, Morales empezó a usar un término que pronto se convertiría en un fantasma en Colombia: la supuesta “ideología de género”. Antes de que el proyecto se hundiera, pidió en un audio difundido por WhatsApp una jornada de “ayuno y oración” para apoyarlo y aseguró que su aprobación significaría derrotar esa “ideología” en el país. La expresión, surgida en sectores católicos durante los años noventa, empezó a ganar fuerza en Colombia como una forma de rechazar avances relacionados con los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y de género. Ángela Hernández, Álvaro Uribe y la propia Viviane Morales estuvieron entre las figuras políticas que ayudaron a instalar esa expresión en el debate público.

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Otro episodio que muestra sus posturas frente a los temas de género ocurrió mientras impulsaba el proyecto para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo. Fue en 2016, en medio de la discusión sobre los manuales de convivencia escolar. Tras el suicidio de Sergio Urrego, un estudiante gay víctima de discriminación en su colegio, la Corte Constitucional ordenó en la Sentencia T-478 de 2015 revisar los manuales de convivencia para que respetara la orientación sexual y la identidad de género de las y los estudiantes.

El Ministerio de Educación, entonces dirigido por Gina Parody, preparó unas orientaciones para acompañar ese proceso. Pero en redes empezó a circular una cartilla falsa, con imágenes de una publicación pornográfica hecha en Bélgica, presentada como “material oficial”. La desinformación alimentó el rechazo de padres de familia y sectores políticos. Morales se sumó a las críticas y calificó la actuación del Ministerio como una arbitrariedad con la que se pretendía “imponer la ideología de género como política pública en nuestros colegios y en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo en un carta dirigida a la entonces ministra. La polémica terminó retrasando la implementación de un enfoque de no discriminación en las aulas.

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También en ese convulsionado 2016, sus posturas volvieron a aparecer en una discusión que, en principio, no tenía relación con estos temas: el plebiscito por la paz. El acuerdo con las FARC, impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos, incluía un enfoque diferencial y de género para que mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas accedieran en igualdad de condiciones a lo pactado en La Habana.

Sectores religiosos advirtieron que votar por el “sí” en el plebiscito equivalía a votar por una imposición encubierta de la “ideología de género”. Entre las voces que se sumaron a esa postura estuvieron el expresidente Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez —uno de los principales opositores al matrimonio igualitario—, Ilva Myriam Hoyos, Ángela Hernández y Viviane Morales. El Gobierno renegoció el Acuerdo para hacer estas precisiones, y Morales fue una de las primeras en celebrar los cambios: el enfoque de género quedó centrado en los derechos de las mujeres.

Después vinieron años relativamente tranquilos para Morales en estos debates, mientras ocupó el cargo de embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Pero, tan pronto dejó el cargo, llegaron nuevas discusiones. Esta vez sobre el aborto.

En 2022, cuando la Corte Constitucional estaba a punto de pronunciarse sobre la despenalización el aborto más allá de las tres causales, Morales le pidió a la Corte no ampliar ese derecho. En una columna en El Tiempo, calificó a quienes impulsaban la demanda como “fundamentalistas del aborto”, que pretendían “imponer su obsesión ideológica del aborto, como derecho absoluto”, escribió. Cuando el alto tribunal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, el 21 de febrero de ese año, Morales calificó la decisión de “ignorante y soberbia” y escribió en X (antes Twitter) que permitirlo hasta ese plazo era “un homicidio”.

Ese mismo año, Morales anunció su apoyo al precandidato presidencial David Barguil. El político prometió que, de llegar a la Presidencia, la designaría para liderar un “referendo por la vida”, con el que buscaba tumbar la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto hasta la semana 24. Barguil, sin embargo, no logró llegar al Ejecutivo.

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También en 2022 hubo importantes reconocimientos para las personas trans y no binarias. Ese año se expidió la primera cédula con marcador “T” y la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-033, reconoció el derecho de las personas no binarias a incluir esa identidad en sus documentos. En paralelo, el Congreso debatía una amplia reforma al Código Electoral. Entre los artículos más cuestionados estaba uno que permitía corregir el componente “sexo” de menores desde los cinco años. Aunque esa disposición fue retirada y la reforma terminó hundiéndose, Morales, en una columna de opinión titulada el “El fachoprogresismo de la reforma electoral”, comparó la propuesta con el fascismo y afirmó que buscaba convertir a los niños en “ratones de laboratorio ideológico”.

Otro de sus pronunciamientos ocurrió frente a las mal llamadas “terapias de conversión”. Prácticas que carecen de sustento científico y pretenden “cambiar” la orientación sexual o la identidad de género de las personas; y calificadas por la ONU como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos. Es por eso que Colombia ha intentado prohibirlas en tres ocasiones mediante distintos proyectos de ley, pero ninguno ha sido aprobado. Morales intervino activamente en uno de esos intentos: con el proyecto “Inconvertibles”, tramitado entre 2023 y 2024.

La abogada se opuso y aseguró que la iniciativa les quitaría a los padres “el derecho de hacer conocer su criterio a sus hijos y de transmitirles su tradición, sus valores, su cultura. Y ni qué hablar de si los padres llegaren a considerar que sería importante acudir a un apoyo profesional especializado, este proyecto les quita ese derecho en tanto amenaza también en convertir en delincuentes torturadores a los médicos, a los psicólogos, a los sacerdotes, a los pastores”, dijo en una de sus columnas de opinión llamada “Alerta: el delito de ser padres”.

El proyecto quedó rodeado de afirmaciones de este tipo, que, aunque no aparecían en el articulado, generaron miedo y se volvieron una pieza central de la oposición. Lo cierto es que la iniciativa no prohibía a padres, iglesias o profesionales aconsejar sobre orientación sexual o identidad de género, ni promovía cambios de sexo en menores. Solo buscaba castigar con mayor severidad los maltratos y torturas cometidos en estas prácticas, pero terminó hundiéndose en el Congreso.

Así de largo ha sido el historial de Morales en oposición a los temas de género y diversidad. Sin embargo, la última muestra llegó durante la campaña de Abelardo de la Espriella, a quien apoyó abiertamente. La política reiteró su intención de retomar el referendo que excluiría a las parejas del mismo sexo de la adopción, lo que evidenció que mantiene su postura frente a estos temas.

*Hasta el momento de publicación de esta nota, Viviane Morales no respondió a las solicitudes de entrevista sobre este tema.

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