Así resultamos pagando con nuestros impuestos $7,29 billones de la deuda de Electricaribe

Los más de cincuenta millones de habitantes de Colombia terminamos pagando de nuestro bolsillo las metidas de pata que llevaron al descalabro a Electricaribe. La historia de cómo se llegó a ese punto es la misma que caracteriza al sector energético en la región, al menos en los últimos cuatro gobiernos, con polémicas decisiones empresariales y la mirada ausente de las autoridades que, ahora con Electricaribe, deliberadamente o no, dejaron que la compañía saliera del país por la puerta de atrás dejando un problema de proporciones absurdas. Hoy, no solo subsidiamos parte del suministro de energía de la costa Caribe, sino que, por decisiones estatales, terminamos pagando más de $7,29 billones de pesos. Una cifra que se hubiera podido ahorrar.

Entender qué pasó requiere evaluar un trazado de antecedentes en la región Caribe desde los años 70, cuando el sector lo manejaban ocho electrificadoras: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira y Magangué. Todas públicas. El sistema lo controlaban los entes territoriales, en llave con el Estado, en donde siempre se terminaban pagando favores políticos. Se cobraban entre los partidos y se hacía a cambio de financiación de las campañas políticas. Terminaban como promesas electorales. El tono de ese discurso sembró en la costa Caribe la idea social generalizada de que la energía debía ser gratis y que se trataba de un servicio público que debía garantizar el Estado, a toda costa.

(En contexto: La vulnerabilidad del sector eléctrico)

Una historia de politiquería, malas inversiones, poco o nulo control estatal, improvisación, intereses económicos y algo de nuestra idiosincrasia. Antes de la privatización del servicio, a finales de los años 90, la deuda de las ocho electrificadoras ascendía a $1,1 billones. La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), entidad que creó el Estado para dar apoyo técnico, administrativo y financiero a esas empresas, dejó un hueco en su contabilidad de $1,2 billones. Aunque el Estado inyectó miles de millones para tratar de salvarlas, en abril de 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino y patentó un nuevo modelo de suministro de energía, asumiendo las deudas que hicieron imposible que las entidades públicas continuaran al frente del negocio.

La estrategia del gobierno Samper fue privatizar las empresas. No solo por lo complicado que les resultó a él y a sus antecesores mantenerlas a flote, sino porque en 1992 Colombia había atravesado la recordada crisis del apagón, provocada por el fenómeno de El Niño, que secó los cultivos y también las principales hidroeléctricas del país. La sequía disparó los precios de la Bolsa de Energía, donde las electrificadoras del Caribe compraban. Hubo problemas de pagos, no fue posible regularizar el servicio, y en un panorama turbio surgieron nuevos protagonistas. Uno de ellos, el consorcio conformado por Houston Industries y La Electricidad de Caracas, que se quedó con el 65 % del negocio, tras pagar US$800 millones.

El 35 % restante del negocio energético quedó en manos de las anteriores electrificadores y de Corelca, ahora unidas en la Electrificadora del Caribe (más conocida como Electricaribe) y la Electrificadora de la Costa (también llamada Electrocosta). Con la garantía que esperaban de Houston Industries y La Electricidad de Caracas, el Estado entregó todos los pasivos y activos, infraestructura y redes del sistema, cuya rentabilidad se calculaba en más de $1 billón (que hoy serían más de $3 billones). Pero la realidad fue otra. Sencillamente, el negocio no tenía la rentabilidad que esperaban. Las inversiones para garantizar el servicio fueron más grandes de lo que ganaron las empresas y, de nuevo, el fuerte verano elevó los precios de la energía a cifras que no pudieron costear.

(Le puede interesar: ¿Cómo se ve 2021 en términos de generación de energía?)

El consorcio de Houston Industries y la empresa venezolana se retiró del negocio dos años después de haber entrado a Colombia. Antes de salir, consiguieron un cliente a quien entregarle el problema: la empresa española Unión Fenosa, con ochenta años de experiencia en negocios de producción y distribución de energía en el país ibérico. La transacción se confirmó en 2000 y no costó más de US$600 millones. Con este nuevo jugador en la cancha, el Estado volvió a poner la responsabilidad de la prestación del servicio público en manos de un grupo empresarial extranjero y de las dos empresas colombianas. Pero ni la experticia de los españoles, ni la localidad de estas últimas, mejoraron la situación.

Así estaba la situación de Electricaribe en 2016:

Otra vez, el clima no ayudó a sacar a flote el negocio. En un país en el que las estimaciones de los expertos dan el 80 % de energía consumida a la fuente hidráulica, el fenómeno de El Niño no era un reto menor para cualquier empresa. Sin embargo, Unión Fenosa se le midió a encararlo durante un poco más de ocho años, en los que no faltaron altibajos, pues sacar adelante una empresa con deudas por más de $800.000 millones no era un asunto fácil. Además, los fantasmas de la politiquería nunca dejaron de perseguirla, con el propósito de seguir usándola como un botín político. Entre quienes conocieron el trabajo de Fenosa durante ese tiempo, no es claro si finalmente lograron la estabilidad operativa y financiera, porque todo volvió a cambiar.

En plena crisis financiera global de 2008 afectando los mercados del mundo, con España en el eje de los coletazos, la crítica situación obligó a muchas empresas a buscar suerte en América Latina. Gas Natural, empresa gasífera de origen catalán, vio en los negocios que tenía Unión Fenosa una oportunidad imperdible y en 2009 surgió Gas Natural Fenosa, que pasó a tener el control de la energía en la costa Caribe, junto a Electricaribe. Aunque hoy es claro que Gas Natural sí hizo la debida investigación del negocio al que entraba, su terrible situación y su volatilidad, como lo determinó recientemente un juez internacional, constituyen evidencias que muestran que se descacharon o tuvieron pocas posibilidades de sacar la empresa adelante.

(Lea también: Colombia podría aprovechar mejor su energía hidroeléctrica)

Lo cierto es que, cuando el que Gas Natural aterrizó en la costa Caribe, la situación económica ya era crítica. El servicio de energía tenía cortes continuos y prolongados, su calidad era deficiente, los precios subían sin control, la empresa no avisaba cuándo cortaba el servicio para hacer mantenimientos o instalar medidores y tampoco había compensaciones por fallas. Los electrodomésticos y equipos electrónicos se empezaron a dañar con periodicidad alarmante y, con un clima como el de la costa, el apagón del aire acondicionado caldeó la molestia de los usuarios. Para rematar, las inversiones para mejorar el sistema se atrasaron y la falta de pago y el robo de cables y de energía se volvieron diarios.

El problema social

Ahondar en los motivos de la crisis de Electricaribe es crucial, pues no solo la empresa fue responsable de la prestación de un mal servicio, sino que los usuarios, con y sin intención, jugaron un papel primordial en lo que sucedió. Jorge Barrientos Marín, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y experto en el mercado eléctrico del país, que le ha seguido la pista a este caso, publicó una investigación en 2019 en la que explicó que, además del clima, la pobreza de la mayoría de los usuarios de ese servicio en la costa Caribe y la cultura ciudadana sobre la gratuidad de la energía, fueron determinantes en la posterior debacle de Electricaribe. Sobre el aspecto segundo, el profesor Barrientos se basó en cifras del DANE para explicar su teoría.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, los hogares en esta zona del país tienen en promedio un mayor número de personas por hogar (3,4 personas y el promedio nacional es de 2,9 persona) y, por lo tanto, consumen más energía. Además, Barrientos apuntó datos claves para entender por qué la pobreza resulta un tema difícil de lidiar cuando se trata de prestar un servicio como la energía. El profesor explicó que el 56 % de los 10,8 millones de habitantes que eran clientes de Electricaribe estaban en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según datos del DANE para 2016. Y, debido a esta situación, los hogares tienen electrodomésticos más obsoletos e ineficientes, lo que requiere mayor consumo de energía para su funcionamiento.

En ese mismo entorno social, Barrientos explicó que la falta de recaudo fue mortal para Electricaribe y reconoce que ya desde los tiempos de las ocho electrificadoras, en la costa se entendía que la electricidad era una especie de derecho fundamental y que cuando los usuarios no tenían cómo pagar, el Gobierno asumía los pagos. El lío es que la producción de ese servicio es costosa y lo que hace el Estado es subsidiarlo. Sin embargo, el tema ha tenido otras aristas en la costa Caribe, como el robo de energía y la cultura de no pago, no solo porque había usuarios que no tenían dinero para hacerlo, y la Corte Constitucional había ordenado a seguir prestando el servicio, sino porque varios de ellos, molestos por el mal servicio, decidieron no seguir pagando.

Todo resultó ser una receta para el desastre. Funcionarios de la Superintendencia de Servicios que trabajaban allí cuando el problema empezó a tomar dimensiones inesperadas le explicaron a este diario que, solo hasta 2013, los directivos de Electricaribe se acercaron a la entidad para pedir ayuda. Y como el Gobierno no podía aceptar que parte del problema era el robo de energía y la falta de recaudo, pues esas dos situaciones las debía evitar el mismo Estado, no se logró una solución de fondo. Un año después, cuando el Ministerio de Minas y Energía estaba encabezado por Tomás González, aparecieron nuevos salvavidas. Pero a la crisis por el no pago, el clima y la situación de pobreza de sus clientes se sumó después el hecho de que Electricaribe nunca hizo inversiones para mejorar el sistema.

(Lea también: La geografía de la pobreza y la desigualdad)

En consecuencia, la falta de modernización de los circuitos, la actualización y construcción de nuevas subestaciones, entre otras cosas, sigue vigente. Ingenieros expertos en esta materia le explicaron a El Espectador que el sistema de distribución de energía en la costa Caribe es radial. En términos castizos, esto significa que toda la red funciona entre extremos. Aunque el profesor Barrientos aclara que este modelo tiene la ventaja de ser sencillo en su instalación y mantenimiento, “tiene el delicado problema de que, ante un fallo de un transformador, toda la red se queda sin energía (...) este sistema es obsoleto y es de los pocos, si no el último modelo así en Colombia. Y es paradójico porque en la costa es donde más se necesitaría un sistema más moderno preparado para no paralizarse”.

Aunque en su momento el ministro Tomás González se comprometió a mejorar el mercado a Electricaribe, reducir las tarifas, pagar los subsidios pendientes, ayudar a que los morosos pagaran y frenar el hurto de energía, entre cosas, nada fue suficiente para frenar los problemas. En 2015, en ciudades como Barranquilla, Soledad, Malambo, Santa Marta, Mahates y Corozal, los ciudadanos se organizaron para protestar en las oficinas de Electricaribe y rechazar los cortes y el mal servicio. Tan crítica fue la situación que hasta alcaldes de varios municipios se sumaron al clamor de los usuarios. En varias ocasiones, los encuentros en plenas vías públicas se tornaron violentos. Y cada día la posibilidad de que Electricaribe no pudiera seguir prestando el servicio se tornaba más real.

En 2016 el tema tocó fondo. Congresistas de la costa Caribe empezaron a ejercer presión desde Bogotá para que el Gobierno hiciera algo. Las cifras que la Superintendencia logró recopilar en ese momento les daban la razón, pues mostraban que Electricaribe tenía el promedio más alto de interrupción del servicio en todo el país: 120 horas al año, cuando el promedio nacional era de 38 horas. Además, había alcanzado un 35 % de pérdidas de energía, contra un 14 % de promedio nacional. Y, aunque hasta hoy no es claro realmente cuáles fueron los movimientos internos entre el Congreso y el Gobierno, lo que es cierto es que la crisis coincidió con la presentación de una reforma tributaria que, en sus primeros debates, causó todo tipo de rechazo, especialmente en la bancada costeña.

Las primeras discusiones se dieron en octubre de 2016, seguidas por las conversaciones entre los políticos y el Gobierno para llegar a consensos. En noviembre, en los pasillos del Congreso ya se escuchaba el rumor de que la intervención a Electricaribe era inminente. Una fuente del Partido Verde le contó a El Espectador que, en ese entonces, la única manera de que los congresistas costeños, que tenían influencia importante en el Congreso, “le aprobaran esa polémica ley al gobierno Santos fue a cambio de que tomaran las riendas de la empresa en el Caribe y sacaran como fuera a los españoles”. Esta infidencia coincide, además, con la amenaza de entrar a un paro legislativo que propuso la bancada, lo que habría sido una estocada final.

En medio de ese tire y afloje, en noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza del superintendente José Miguel Mendoza, intervino Electricaribe. Un mes después, como ocurrió a finales de los años 90, el problema de la energía en la costa quedó en manos del Estado. A su vez, el Congreso aprobó la reforma tributaria que significó el aumento del IVA del 16 % al 19 %, para que el Estado tapara el hueco fiscal que tenía el país ante la desaparición de la renta petrolera. La aprobación de esa reforma resultó un alivio. Pero en la Superintendencia la situación comenzó a tornarse oscura. Aunque estaban seguros de que la intervención de Electricaribe era la decisión correcta, los españoles amenazaron con demandar al Estado en un tribunal internacional.

Y lo hicieron. Sus pretensiones sumaban casi $5 billones desde el argumento de que la intervención había sido en realidad una expropiación ilegal de sus bienes y que Colombia había violado sus derechos como inversionistas extranjeros. En esa demanda, los españoles agregaron que el Estado tampoco había protegido sus intereses económicos, no ayudó a la empresa con el pago de subsidios ni actuó para evitar los robos de energía y saldar las cuentas morosas. En su momento, este expediente judicial causó verdadera angustia en las entidades del Estado, pues, además de que tenían que resolver de alguna manera quién se quedaba con el negocio, que el tribunal ordenara pagar semejante multa habría sido el peor de los escenarios posibles.

(Le puede interesar: Los argumentos de Colombia para no indemnizar a la empresa que operaba Electricaribe)

El desenlace de este pleito millonario se conoció en marzo de 2021, pero lo que pasó durante el litigio y los percances que se fueron dando en Colombia no fueron menores. Por lo menos dos abogados le contaron a este diario que Electricaribe se buscó la intervención que lo sacó del negocio de la energía en la costa, que le permitió salir de la crisis en la que estaba metida sin mayor ruido. ¿Por qué aseguran que “se la buscaron”? ¿De qué le servía a Electricaribe que el Gobierno entrara a las malas a controlar su empresa? ¿El Estado sí tenía los argumentos suficientes para asumir semejante chicharrón? Conozca esta respuesta y más pormenores de esta investigación en la siguiente entrega.

(Lea aquí la segunda entrega: El colapso de Electricaribe: Gobierno, presión de los bancos y un fantasma llamado Odebrecht)

Los más de cincuenta millones de habitantes de Colombia terminamos pagando de nuestro bolsillo las metidas de pata que llevaron al descalabro a Electricaribe. La historia de cómo se llegó a ese punto es la misma que caracteriza al sector energético en la región, al menos en los últimos cuatro gobiernos, con polémicas decisiones empresariales y la mirada ausente de las autoridades que, ahora con Electricaribe, deliberadamente o no, dejaron que la compañía saliera del país por la puerta de atrás dejando un problema de proporciones absurdas. Hoy, no solo subsidiamos parte del suministro de energía de la costa Caribe, sino que, por decisiones estatales, terminamos pagando más de $7,29 billones de pesos. Una cifra que se hubiera podido ahorrar.

Entender qué pasó requiere evaluar un trazado de antecedentes en la región Caribe desde los años 70, cuando el sector lo manejaban ocho electrificadoras: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira y Magangué. Todas públicas. El sistema lo controlaban los entes territoriales, en llave con el Estado, en donde siempre se terminaban pagando favores políticos. Se cobraban entre los partidos y se hacía a cambio de financiación de las campañas políticas. Terminaban como promesas electorales. El tono de ese discurso sembró en la costa Caribe la idea social generalizada de que la energía debía ser gratis y que se trataba de un servicio público que debía garantizar el Estado, a toda costa.

(En contexto: La vulnerabilidad del sector eléctrico)

Una historia de politiquería, malas inversiones, poco o nulo control estatal, improvisación, intereses económicos y algo de nuestra idiosincrasia. Antes de la privatización del servicio, a finales de los años 90, la deuda de las ocho electrificadoras ascendía a $1,1 billones. La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), entidad que creó el Estado para dar apoyo técnico, administrativo y financiero a esas empresas, dejó un hueco en su contabilidad de $1,2 billones. Aunque el Estado inyectó miles de millones para tratar de salvarlas, en abril de 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino y patentó un nuevo modelo de suministro de energía, asumiendo las deudas que hicieron imposible que las entidades públicas continuaran al frente del negocio.

La estrategia del gobierno Samper fue privatizar las empresas. No solo por lo complicado que les resultó a él y a sus antecesores mantenerlas a flote, sino porque en 1992 Colombia había atravesado la recordada crisis del apagón, provocada por el fenómeno de El Niño, que secó los cultivos y también las principales hidroeléctricas del país. La sequía disparó los precios de la Bolsa de Energía, donde las electrificadoras del Caribe compraban. Hubo problemas de pagos, no fue posible regularizar el servicio, y en un panorama turbio surgieron nuevos protagonistas. Uno de ellos, el consorcio conformado por Houston Industries y La Electricidad de Caracas, que se quedó con el 65 % del negocio, tras pagar US$800 millones.

El 35 % restante del negocio energético quedó en manos de las anteriores electrificadores y de Corelca, ahora unidas en la Electrificadora del Caribe (más conocida como Electricaribe) y la Electrificadora de la Costa (también llamada Electrocosta). Con la garantía que esperaban de Houston Industries y La Electricidad de Caracas, el Estado entregó todos los pasivos y activos, infraestructura y redes del sistema, cuya rentabilidad se calculaba en más de $1 billón (que hoy serían más de $3 billones). Pero la realidad fue otra. Sencillamente, el negocio no tenía la rentabilidad que esperaban. Las inversiones para garantizar el servicio fueron más grandes de lo que ganaron las empresas y, de nuevo, el fuerte verano elevó los precios de la energía a cifras que no pudieron costear.

(Le puede interesar: ¿Cómo se ve 2021 en términos de generación de energía?)

El consorcio de Houston Industries y la empresa venezolana se retiró del negocio dos años después de haber entrado a Colombia. Antes de salir, consiguieron un cliente a quien entregarle el problema: la empresa española Unión Fenosa, con ochenta años de experiencia en negocios de producción y distribución de energía en el país ibérico. La transacción se confirmó en 2000 y no costó más de US$600 millones. Con este nuevo jugador en la cancha, el Estado volvió a poner la responsabilidad de la prestación del servicio público en manos de un grupo empresarial extranjero y de las dos empresas colombianas. Pero ni la experticia de los españoles, ni la localidad de estas últimas, mejoraron la situación.

Así estaba la situación de Electricaribe en 2016:

Otra vez, el clima no ayudó a sacar a flote el negocio. En un país en el que las estimaciones de los expertos dan el 80 % de energía consumida a la fuente hidráulica, el fenómeno de El Niño no era un reto menor para cualquier empresa. Sin embargo, Unión Fenosa se le midió a encararlo durante un poco más de ocho años, en los que no faltaron altibajos, pues sacar adelante una empresa con deudas por más de $800.000 millones no era un asunto fácil. Además, los fantasmas de la politiquería nunca dejaron de perseguirla, con el propósito de seguir usándola como un botín político. Entre quienes conocieron el trabajo de Fenosa durante ese tiempo, no es claro si finalmente lograron la estabilidad operativa y financiera, porque todo volvió a cambiar.

En plena crisis financiera global de 2008 afectando los mercados del mundo, con España en el eje de los coletazos, la crítica situación obligó a muchas empresas a buscar suerte en América Latina. Gas Natural, empresa gasífera de origen catalán, vio en los negocios que tenía Unión Fenosa una oportunidad imperdible y en 2009 surgió Gas Natural Fenosa, que pasó a tener el control de la energía en la costa Caribe, junto a Electricaribe. Aunque hoy es claro que Gas Natural sí hizo la debida investigación del negocio al que entraba, su terrible situación y su volatilidad, como lo determinó recientemente un juez internacional, constituyen evidencias que muestran que se descacharon o tuvieron pocas posibilidades de sacar la empresa adelante.

(Lea también: Colombia podría aprovechar mejor su energía hidroeléctrica)

Lo cierto es que, cuando el que Gas Natural aterrizó en la costa Caribe, la situación económica ya era crítica. El servicio de energía tenía cortes continuos y prolongados, su calidad era deficiente, los precios subían sin control, la empresa no avisaba cuándo cortaba el servicio para hacer mantenimientos o instalar medidores y tampoco había compensaciones por fallas. Los electrodomésticos y equipos electrónicos se empezaron a dañar con periodicidad alarmante y, con un clima como el de la costa, el apagón del aire acondicionado caldeó la molestia de los usuarios. Para rematar, las inversiones para mejorar el sistema se atrasaron y la falta de pago y el robo de cables y de energía se volvieron diarios.

El problema social

Ahondar en los motivos de la crisis de Electricaribe es crucial, pues no solo la empresa fue responsable de la prestación de un mal servicio, sino que los usuarios, con y sin intención, jugaron un papel primordial en lo que sucedió. Jorge Barrientos Marín, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y experto en el mercado eléctrico del país, que le ha seguido la pista a este caso, publicó una investigación en 2019 en la que explicó que, además del clima, la pobreza de la mayoría de los usuarios de ese servicio en la costa Caribe y la cultura ciudadana sobre la gratuidad de la energía, fueron determinantes en la posterior debacle de Electricaribe. Sobre el aspecto segundo, el profesor Barrientos se basó en cifras del DANE para explicar su teoría.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, los hogares en esta zona del país tienen en promedio un mayor número de personas por hogar (3,4 personas y el promedio nacional es de 2,9 persona) y, por lo tanto, consumen más energía. Además, Barrientos apuntó datos claves para entender por qué la pobreza resulta un tema difícil de lidiar cuando se trata de prestar un servicio como la energía. El profesor explicó que el 56 % de los 10,8 millones de habitantes que eran clientes de Electricaribe estaban en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según datos del DANE para 2016. Y, debido a esta situación, los hogares tienen electrodomésticos más obsoletos e ineficientes, lo que requiere mayor consumo de energía para su funcionamiento.

En ese mismo entorno social, Barrientos explicó que la falta de recaudo fue mortal para Electricaribe y reconoce que ya desde los tiempos de las ocho electrificadoras, en la costa se entendía que la electricidad era una especie de derecho fundamental y que cuando los usuarios no tenían cómo pagar, el Gobierno asumía los pagos. El lío es que la producción de ese servicio es costosa y lo que hace el Estado es subsidiarlo. Sin embargo, el tema ha tenido otras aristas en la costa Caribe, como el robo de energía y la cultura de no pago, no solo porque había usuarios que no tenían dinero para hacerlo, y la Corte Constitucional había ordenado a seguir prestando el servicio, sino porque varios de ellos, molestos por el mal servicio, decidieron no seguir pagando.

Todo resultó ser una receta para el desastre. Funcionarios de la Superintendencia de Servicios que trabajaban allí cuando el problema empezó a tomar dimensiones inesperadas le explicaron a este diario que, solo hasta 2013, los directivos de Electricaribe se acercaron a la entidad para pedir ayuda. Y como el Gobierno no podía aceptar que parte del problema era el robo de energía y la falta de recaudo, pues esas dos situaciones las debía evitar el mismo Estado, no se logró una solución de fondo. Un año después, cuando el Ministerio de Minas y Energía estaba encabezado por Tomás González, aparecieron nuevos salvavidas. Pero a la crisis por el no pago, el clima y la situación de pobreza de sus clientes se sumó después el hecho de que Electricaribe nunca hizo inversiones para mejorar el sistema.

(Lea también: La geografía de la pobreza y la desigualdad)

En consecuencia, la falta de modernización de los circuitos, la actualización y construcción de nuevas subestaciones, entre otras cosas, sigue vigente. Ingenieros expertos en esta materia le explicaron a El Espectador que el sistema de distribución de energía en la costa Caribe es radial. En términos castizos, esto significa que toda la red funciona entre extremos. Aunque el profesor Barrientos aclara que este modelo tiene la ventaja de ser sencillo en su instalación y mantenimiento, “tiene el delicado problema de que, ante un fallo de un transformador, toda la red se queda sin energía (...) este sistema es obsoleto y es de los pocos, si no el último modelo así en Colombia. Y es paradójico porque en la costa es donde más se necesitaría un sistema más moderno preparado para no paralizarse”.

Aunque en su momento el ministro Tomás González se comprometió a mejorar el mercado a Electricaribe, reducir las tarifas, pagar los subsidios pendientes, ayudar a que los morosos pagaran y frenar el hurto de energía, entre cosas, nada fue suficiente para frenar los problemas. En 2015, en ciudades como Barranquilla, Soledad, Malambo, Santa Marta, Mahates y Corozal, los ciudadanos se organizaron para protestar en las oficinas de Electricaribe y rechazar los cortes y el mal servicio. Tan crítica fue la situación que hasta alcaldes de varios municipios se sumaron al clamor de los usuarios. En varias ocasiones, los encuentros en plenas vías públicas se tornaron violentos. Y cada día la posibilidad de que Electricaribe no pudiera seguir prestando el servicio se tornaba más real.

En 2016 el tema tocó fondo. Congresistas de la costa Caribe empezaron a ejercer presión desde Bogotá para que el Gobierno hiciera algo. Las cifras que la Superintendencia logró recopilar en ese momento les daban la razón, pues mostraban que Electricaribe tenía el promedio más alto de interrupción del servicio en todo el país: 120 horas al año, cuando el promedio nacional era de 38 horas. Además, había alcanzado un 35 % de pérdidas de energía, contra un 14 % de promedio nacional. Y, aunque hasta hoy no es claro realmente cuáles fueron los movimientos internos entre el Congreso y el Gobierno, lo que es cierto es que la crisis coincidió con la presentación de una reforma tributaria que, en sus primeros debates, causó todo tipo de rechazo, especialmente en la bancada costeña.

Las primeras discusiones se dieron en octubre de 2016, seguidas por las conversaciones entre los políticos y el Gobierno para llegar a consensos. En noviembre, en los pasillos del Congreso ya se escuchaba el rumor de que la intervención a Electricaribe era inminente. Una fuente del Partido Verde le contó a El Espectador que, en ese entonces, la única manera de que los congresistas costeños, que tenían influencia importante en el Congreso, “le aprobaran esa polémica ley al gobierno Santos fue a cambio de que tomaran las riendas de la empresa en el Caribe y sacaran como fuera a los españoles”. Esta infidencia coincide, además, con la amenaza de entrar a un paro legislativo que propuso la bancada, lo que habría sido una estocada final.

En medio de ese tire y afloje, en noviembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos, en cabeza del superintendente José Miguel Mendoza, intervino Electricaribe. Un mes después, como ocurrió a finales de los años 90, el problema de la energía en la costa quedó en manos del Estado. A su vez, el Congreso aprobó la reforma tributaria que significó el aumento del IVA del 16 % al 19 %, para que el Estado tapara el hueco fiscal que tenía el país ante la desaparición de la renta petrolera. La aprobación de esa reforma resultó un alivio. Pero en la Superintendencia la situación comenzó a tornarse oscura. Aunque estaban seguros de que la intervención de Electricaribe era la decisión correcta, los españoles amenazaron con demandar al Estado en un tribunal internacional.

Y lo hicieron. Sus pretensiones sumaban casi $5 billones desde el argumento de que la intervención había sido en realidad una expropiación ilegal de sus bienes y que Colombia había violado sus derechos como inversionistas extranjeros. En esa demanda, los españoles agregaron que el Estado tampoco había protegido sus intereses económicos, no ayudó a la empresa con el pago de subsidios ni actuó para evitar los robos de energía y saldar las cuentas morosas. En su momento, este expediente judicial causó verdadera angustia en las entidades del Estado, pues, además de que tenían que resolver de alguna manera quién se quedaba con el negocio, que el tribunal ordenara pagar semejante multa habría sido el peor de los escenarios posibles.

(Le puede interesar: Los argumentos de Colombia para no indemnizar a la empresa que operaba Electricaribe)

El desenlace de este pleito millonario se conoció en marzo de 2021, pero lo que pasó durante el litigio y los percances que se fueron dando en Colombia no fueron menores. Por lo menos dos abogados le contaron a este diario que Electricaribe se buscó la intervención que lo sacó del negocio de la energía en la costa, que le permitió salir de la crisis en la que estaba metida sin mayor ruido. ¿Por qué aseguran que “se la buscaron”? ¿De qué le servía a Electricaribe que el Gobierno entrara a las malas a controlar su empresa? ¿El Estado sí tenía los argumentos suficientes para asumir semejante chicharrón? Conozca esta respuesta y más pormenores de esta investigación en la siguiente entrega.

(Lea aquí la segunda entrega: El colapso de Electricaribe: Gobierno, presión de los bancos y un fantasma llamado Odebrecht)