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Un juzgado le imputó cargos al ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. Además, entre 2015 y 2016, el extranjero fue parte de la junta directiva de Fedepalma. El ente investigador le imputó los cargos de deforestación, ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.
Luego de que la fiscal del caso le informara los hechos por los que eventualmente podría ir a juicio, Vigna Taglianti, de 58 años de edad, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía también solicite una detención preventiva contra el director de la palmicultora. Sin embargo, aún no es claro qué tipo de medida solicitará: si una detención en centro carcelario, detención domiciliaria o restrictiva para salir del país.
Este diario conoció que el próximo 21 de julio se reanudará la audiciencia en la que la Fiscalía dejará claro qué tipo de dentenció preventiva solicitará: en centro carcelario, prisión domiciliaria o prohibición de salir del país. Este diario se comunicó con el abogado de Vigna Taglianti, Camilo Sepulveda, pero dijo que solo hablará del caso cuando se determine si su cliente encarará el resto de las audiencias detenido, o no.
El caso contra el director de Poligrow
Entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía realizaron inspecciones en el municipio donde tiene presencia la multinacional, con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto con otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledañas a parques naturales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos. Según cálculos de las autoridades, esas acciones contra el ambiente permitieron la construcción de 68 kilómetros de vías ilegales en esta región.
El pasado miércoles 10 de junio se desarrollaron operaciones para lograr la captura de 14 personas que también harían parte de la presunta organización al margen de la ley. Esos operativos se adelantaron en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Sus nombres son: Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguízamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis (el destituido exalcalde de Mapiripán), Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.
Entre los procesados están cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, así como Dumar Gontran Aljure Martínez. A su vez, los Aljure son nietos de una figura clave en la historia del conflicto armado colombiano: Dumar Aljure Moncaleano, excomandante de las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta, quien murió a manos del Ejército en abril de 1968.
Una de las principales hipótesis del caso gira en torno a la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del megapredio Santa Ana (120.000 hectáreas), que, de acuerdo con la Fiscalía, sería un predio baldío, es decir, propiedad de la Nación.
A su vez, Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona. Una sociedad que, según la Fiscalía, generó una deforestación a gran escala que impactó varios ecosistemas de la región, entre ellos bosques nativos de los Llanos Orientales. La Fiscalía llamó la atención sobre presuntas afectaciones “irreversibles” a la fauna y la flora de la Orinoquía, debido a la interrupción de corredores ecológicos.
La investigación sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de tierras, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el empresario italiano.
Investigadores del caso describen esa dinámica como un “carrusel de tierras”, en el que los terrenos pasaban sucesivamente por familiares, apoderados, compradores y sociedades comerciales hasta terminar incorporados a un modelo de explotación agroindustrial.
Fuentes del caso señalan que, en febrero pasado, cuando las autoridades viajaron a Mapiripán, encontraron ganadería extensiva, hectáreas sembradas con palma africana, contaminación de fuentes hídricas, afectaciones a humedales y cultivos de hoja de coca.
Hace tres semanas este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.
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Por David Escobar Moreno
