Las alertas están prendidas en el grupo Solari, el prestigioso conglomerado empresarial chileno que tiene inversiones en marcas tan reconocidas en Colombia como Falabella y Homecenter. ¿El motivo? Un reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia que le ordena a la Reforestadora del Sinú, una de sus compañías en Colombia, devolver 264 hectáreas en Valencia (Córdoba) por haberlas comprado en un contexto violento. Más precisamente, la que perpetraron Carlos y Vicente Castaño Gil, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a punta de asesinatos, despojos, desapariciones y desplazamientos forzados. Sin embargo, los líos de tierras de esa compañía —que compró más de 8.000 hectáreas en esa región— no paran allí.
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La Unidad Investigativa de El Espectador accedió a dos expedientes judiciales que indican que 522 hectáreas, compradas por la Reforestadora hace 15 años en Valencia, fueron embargadas por la Fiscalía. El ente investigador sostiene que pertenecieron en los años 2000 a la cúpula paramilitar de los Castaño y de alias Don Berna, líder de la Oficina de Envigado. Con base en testimonios de exparamilitares, entre 2018 y 2021, fiscales decomisaron esos terrenos y los incluyeron en el listado de bienes para reparar a las víctimas. Al igual que el primer caso revelado por este diario, la compañía argumenta que sus compras fueron hechas con base en exhaustivas acciones que determinaron que esos predios no arrastraban con fantasmas del conflicto armado.
No obstante, el ente investigador y el tribunal superior que falló en octubre pasado contra la Reforestadora dicen que Valencia es ampliamente conocido por haber sufrido la violencia paramilitar, sobre todo asociada al despojo de predios. Incluso, una figura emblemática de la restitución de tierras fue la lideresa campesina Yolanda Izquierdo, quien representaba a 843 familias que buscaban recuperar varias fincas en ese municipio que les fueron arrebatadas por el grupo criminal de los Castaño. En 2007, su lucha fue interrumpida, dice la Fiscalía, cuando uno de los protagonistas de esta historia habría ordenado asesinarla: Jesús Ignacio Roldán Pérez (alias Monoleche), jefe de seguridad de los hermanos Castaño Gil.
Los documentos judiciales conocidos por este diario, que no habían sido revelados, dan cuenta que el ente investigador tiene serios indicios de que esas hectáreas adquiridas entre 2010 y 2011 por la Reforestadora cargan con el rastro violento de las AUC de la casa Castaño, el cual se asentó en Valencia durante los años 90 y la primera década del siglo XXI. A su vez, advierten que la compañía del grupo Solari no se ha quedado quieta para recuperarlos ante los estrados de la justicia colombiana. Incluso, hace un par de semanas los abogados de la Reforestadora del Sinú se movieron en el escenario legal para solicitar una parte de los terrenos que compraron en Valencia.
Finca La 21, señalada base paramilitar
El pasado 11 de noviembre, la Reforestadora envió un documento al Tribunal Superior de Medellín en el que se opone al decomiso de un predio de 117 hectáreas que compró en 2011 por COP 368 millones. Esta enorme parcela hace parte de la finca La 21, la cual, a su vez, está conformada por ocho terrenos más. La Fiscalía dice que ese terreno fue centro de reuniones del grupo armado con empresarios y políticos, así como para el entrenamiento de las AUC. En esa zona, en la frontera entre Antioquia y Córdoba, también estaban otras fincas de los Castaño como la 7, 15, 24, 28, 29, 33, 37 y Las Tangas; en esta última los Castaño entrenaron a Los Mochacabezas, grupo criminal denominado así por su despiadada forma de asesinar.
Monoleche, hoy en juicio penal por el asesinato de Yolanda Izquierdo, se desmovilizó en 2004 como miembro de las AUC. Como parte de ese proceso de volver a la vida civil, este miembro de la cúpula paramilitar entregó a la Fiscalía información sobre los bienes de los paras, entre ellos La 21, la cual está ubicada en el corregimiento Villanueva, donde Fidel Castaño pasó sus últimos años antes de ser asesinado. Monoleche entregó documentos según los cuales fue dueño de 80 hectáreas de La 21 que, según exparamilitares cercanos a Don Berna, alcanzó a ser de “más de 1.000 hectáreas”. Incluso, dijo que esas 80 hectáreas en el pasado fueron de Humberto Ágredo, responsable del ingreso ilegal de 11.000 armas desde Bulgaria para las AUC de los Castaño.
En su defensa ante la justicia colombiana, la Reforestadora dice que, desde 2015, cuando exparamilitares empezaron a entregar información de La 21, la compañía hizo sus labores para determinar si el predio descrito por Monoleche era el mismo que compraron cuatro años antes. La empresa de origen chileno dice que sus labores de investigación arrojaron que “es absolutamente diferenciable e individualizable el lote de propiedad de la Reforestadora con relación al inmueble ofrecido por Roldán Pérez”. Además, anexaron al Tribunal Superior de Medellín los estudios que hicieron en ese momento para determinar que las tierras en Valencia eran idóneas para montar su megaproyecto de siembra de eucaliptos.
A renglón seguido, la Reforestadora señaló que, en 2011, cuando compró este extenso lote, realizó labores “exhaustivas” para determinar que ninguno de los involucrados en el negocio tuviera cuentas pendientes con la justicia. Por ejemplo, en 2012, acudió a Kroll, multinacional con sede en Nueva York, experta en asuntos de riesgos corporativos. Esa firma aseguró que, “en consulta realizada mediante contactos con fuentes humanas con conocimiento de temas criminales y en la base de datos pública de la Fiscalía, Kroll no identificó que Héctor Téllez Ardila (vendedor de esa parte de La 21 a la Reforestadora) tuviera antecedentes judiciales”.
Ese informe de Kroll, conocido por este diario, no hizo referencia a otra de las personas a las que la Reforestadora le compró tierras en Valencia hace 15 años y que, a su vez, está estrechamente relacionado con uno de los protagonistas de esta historia. Se trata de Guillermo Alberto Mass Sánchez, quien, desde 2023, comparece junto a Monoleche en el juicio penal por el asesinato de la reclamante de tierras Yolanda Izquierdo. Según la Fiscalía, ambos fueron los cerebros de ese crimen cometido en enero de 2007, del cual hizo eco la prensa a escala nacional. Luis Enei, director del proyecto forestal, dice que, cuando llegaron a Colombia, en 2011, no tenían forma de saber que Mass Sánchez habría tenido algún nexo con los paramilitares.
Luis Enei agregó que esa compra al hoy acusado Mass Sánchez fue de una “pequeña” finca. De acuerdo con el certificado de Notariado y Registro, en 2011, la Reforestadora pagó COP 143 millones por 50 hectáreas, un área que equivale a unas 70 canchas de fútbol. Cuatro años más tarde, la Fiscalía incluyó ese terreno en la lista de bienes entregados por las AUC para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, pero la compañía insiste en que posee documentos para demostrar que todos sus predios siguieron un riguroso proceso de verificación de antecedentes y que se debe respetar su compra.
Un pasado marcado por el despojo paramilitar
Aunque el asesinato de Yolanda Izquierdo también suscitó, en 2007, un pronunciamiento público de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando el crimen, Enei dice que los análisis de riesgo de la Reforestadora no tenían forma de saber del asesinato de la lideresa reclamante de tierras, en un municipio donde, según sus cuentas, compraron 4.000 hectáreas. Esas compras las hicieron en los corregimientos de Valencia, Jaraguay y Villanueva, donde los Castaño vivieron varios años. Un habitante de esta zona le dijo a este diario que “intentar negar la existencia del conflicto armado en esta zona es absurdo. Los Castaño controlaban todo en los años 2000. Ellos construyeron el colegio donde me gradué, el Liceo Villanueva Fidel Castaño Gil; eso lo contaron los paramilitares a la Fiscalía”.
Fallos judiciales, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad han documentado un asunto clave de contexto. Los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá —donde la Reforestadora compró un total de 8.000 hectáreas— fueron epicentro de una estrategia paramilitar de despojo. Los campesinos de esta zona y del Urabá chocoano y antioqueño fueron obligados por los Castaño a vender sus predios a precios irrisorios y a firmar documentos falsos que luego eran acreditados por la Fundación para la Paz en Córdoba, más conocida como Funpazcor. La cabeza de esta estafa paramilitar fue Sor Teresa Gómez (suegra de Monoleche y cuñada de los Castaño), quien fue condenada en 2018 por el asesinato de Yolanda Izquierdo.
Por lo pronto, el Tribunal Superior de Medellín programó para el 30 de junio de 2026 la audiencia pública en la que la Reforestadora expondrá sus argumentos para solicitar que le devuelvan las 117 hectáreas que están en manos de las autoridades desde 2021. Esa misma instancia judicial también tiene desde 2018 otra reclamación por 405 hectáreas (divididas en seis predios) que habrían sido propiedad de un hombre de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), quien hace dos décadas lideró el Bloque Héroes de Tolová de los paramilitares y la Oficina de Envigado, grupo criminal creado por Pablo Escobar en los años 80.
Las tierras del narcoparamilitar que dirigió la Operación Orión
Ese hombre de confianza de Don Berna es Héctor Fabio Jaramillo Cardona (alias Orión), cofundador de los bloques Héroes de Tolová y Cacique Nutibara de las AUC, junto a Don Berna. Esta última estructura criminal es conocida por haber colaborado con el Ejército para ejecutar la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en la que ocho personas fueron desaparecidas de manera forzada. De acuerdo con la Fiscalía, seis predios estuvieron reclamados por la Reforestadora estuvieron en manos de testaferros de Orión, quien fue miembro de la Policía. Una fuente de la Policía explicó que supieron de él por última vez hace una década por sus viajes a Brasil, pero desconoce su actual paradero.
Los seis predios que habrían sido propiedad de alias Orión aparecieron en el radar de las autoridades por las declaraciones de Uber Yáñez Cavadía, exparamilitar del bloque Héroes de Tolová. Un testimonio que, para la Reforestadora, es impreciso y de poco fiar para determinar si algún terreno fue propiedad de las AUC. Yáñez le contó al ente investigador que hasta Valencia también llegaron capos mafiosos para comprar tierras. Entre ellos, alias el Tuso Sierra y Gordo Lindo, quienes estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico. Sobre la presencia de grandes capos en Valencia, la Reforestadora insiste en que Orión u otro nombre ligado al crimen organizado nunca apareció en la tradición de los terrenos que compraron.
Sobre esta solicitud de la Reforestadora para que le devuelvan los seis predios, el Tribunal Superior de Medellín lleva analizando el caso desde septiembre de 2024 para emitir un fallo de primera instancia, el cual, eventualmente, sería revisado por la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto, la compañía del Grupo Solari también está pendiente sobre qué decisión toma la Unidad de Restitución de Tierras sobre otros dos predios de la Reforestadora en San Pedro de Urabá que tienen solicitudes de restitución: si presentar los casos ante la justicia o descartarlos. Ante ese complejo laberinto judicial que enfrenta la Reforestadora del Sinú en Colombia, la empresa dice que seguirá sosteniendo que las compras de tierra fueron de buena fe y con apego a la ley.
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Por David Escobar Moreno
