El laberinto de los dineros de la paz
La Fiscalía ya habla de una red de intermediarios con acceso a información privilegiada que podrían estar direccionando los proyectos del posconflicto a empresarios o contratistas, o escogiendo interventorías para eludir controles.
Redacción Investigación
“No hay ningún señalamiento de corrupción o falta de transparencia”, fue la frase del presidente Juan Manuel Santos el pasado miércoles 4 de abril cuando surgieron los primeros rumores y críticas respecto del manejo de los millonarios recursos del Fondo Colombia en Paz. En contraste, la semana concluyó con más dudas que certezas, careos políticos y los anuncios de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de inicio de investigaciones para determinar qué está pasando con los dineros de la paz.
(Lea: Fondo Colombia Paz entregó informe sobre ejecución presupuestal de la JEP)
El detonante fue una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda para que se convocara a una reunión de evaluación de los recursos del Fondo Colombia Sostenible, del cual los tres son donantes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su administrador. Lo que se ha venido después es una cascada de información sobre diversos aspectos del entramado burocrático para la implementación de la paz, en la cual han salido a relucir hechos y nombres hoy en la lupa de las autoridades.
Lo primero que se debe entender para abordar el laberinto institucional de la implementación de la paz es determinar cómo surgió el gran Fondo Colombia en Paz. El punto de partida fueron dos documentos Conpes (3850 de 2015 y 3867 de 2016), que determinaron que operara como un patrimonio autónomo con régimen privado y obrara como un fondo de fondos para articular los recursos derivados de distintas ayudas económicas. La ley 1815 de 2016 definió sus funciones para el manejo de inversiones públicas y privadas.
(Vea: El lío por el dinero de la chequera para la paz)
El Fondo Colombia en Paz se estructuró como una mesa de cuatro patas. La primera, con autonomía de gasto, a cargo del Banco Mundial, con recursos de Suecia y énfasis especial en la Unidad de Víctimas. La segunda, representada por la Unión Europea (UE) para financiar proyectos sociales. La tercera, un Fondo Multidonante a cargo de Naciones Unidas, vinculado a la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sustitución de cultivos y programas de desarrollo con enfoque territorial de la Agencia de Renovación Territorial (ART), con más de $2,4 billones.
La cuarta tomó el nombre de Fondo Colombia Sostenible para administrar, a través del BID, las donaciones de Noruega, Suecia y Suiza, que suman US$200 millones, y un crédito de US$100 millones. Algo así como $900.000 millones destinados al apoyo de la creación de proyectos de agricultura sostenible y energías renovables. Es en este último componente donde la mesa del Fondo Colombia en Paz empezó a tambalear, abriendo una caja de Pandora de insospechadas magnitudes.
Hasta Semana Santa, la coordinadora del Fondo Colombia Sostenible era Marcela Huertas Figueroa. Después de 25 años de experiencia financiando proyectos, 10 de ellos en el Banco Mundial en países en tránsito hacia la concordia, esta politóloga caleña había regresado a Colombia animada por el proceso de paz. Al cargo accedió luego de una exigente convocatoria abierta por el BID en la que concursó junto a otras siete personas. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se tomó la decisión de no renovarle el contrato.
Aunque no está claro quién dio la orden, es evidente que fue una decisión que debía salir del comité directivo del Fondo Colombia Sostenible, en el que también intervienen los ministerios de Agricultura, Hacienda y Ambiente, la Agencia de Cooperación Internacional, la Consejería para el Posconflicto y el Departamento Nacional de Planeación. Con otro ingrediente: la intervención del Fondo Colombia en Paz y del Departamento Administrativo de la Presidencia, encargado de gestionar los recursos de la paz a través de cuatro fiduciarias.
De tiempo atrás, Marcela Huertas venía formulando inquietudes respecto a la operatividad del Fondo Colombia Sostenible. Lo paradójico es que, sin un consejo directivo formal, reparos desde los ministerios de Ambiente y Agricultura y sin consultar la opinión de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, la apartaron de la coordinación. La función la asumió en interinidad Gloria Ospina, gerente del Fondo Colombia en Paz, es decir, jefa suprema de todos los fondos por la paz y encargada de ordenar el gasto.
En ese momento se dio la carta de los tres embajadores, para pedir una ruta clara y transparente en la ejecución de recursos, celeridad en la celebración de proyectos y explicaciones a la salida de Marcela Huertas, la chispa que encendió la oleada de críticas al manejo de los recursos para la paz, con datos que han puesto en el ojo del huracán a funcionarios del Fondo Colombia en Paz y sus conexiones con el alto gobierno. Con dos nombres en el foco de atención: Gloria Ospina y Wendy Arenas, asesora en temas de medio ambiente del Fondo.
La directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, ha sido una profesional muy cercana al consejero presidencial Rafael Pardo, y de hecho lo ha acompañado en sus campañas políticas desde 2009. Apenas salió a relucir su nombre, apareció una carta firmada por más de 100 contratistas de la Agencia de Renovación de Tierras que reciben pagos con dinero del Fondo Colombia en Paz, para reclamar por pagos atrasados desde 2017, retenciones por encima del margen legal o incumplimientos de los plazos pactados.
De igual modo, se supo que uno de los contratos primordiales del Fondo Colombia en Paz, el de la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), por valor de $1.340 millones, quedó en manos de la firma experta en desarrollo informático Synersis S.A.S. Se trata de una empresa cercana a Iván Fernando Cifuentes, pareja sentimental de Gloria Ospina. Hoy se sabe que recibió $14 millones por asesorar técnicamente al Fondo Colombia en Paz en la estructuración de ese contrato.
En su defensa, Gloria Ospina ha dicho que ese contrato se terminó antes de oficializar su relación, por lo que no existía impedimento. No obstante, al parecer no es el único caso de conexiones entre contratistas y funcionarios en el laberinto burocrático de la paz. Como tampoco es la única crítica sobre los atrasos en la ejecución de proyectos. El Espectador estableció que al menos 10 proyectos del Fondo Colombia Sostenible ya estaban listos para su ejecución, pero desde la dirección del Fondo Colombia en Paz siguen en espera.
Se trata de proyectos para sustitución de cultivos con cannabis medicinal en Norte de Santander, de reforestación en Chocó, producción de cacao en el Cauca, pago por servicios ambientales en Antioquia, energía fotovoltaica en Santander, cultivos silvopastoriles en Amazonas y Putumayo, siembra de tomate en La Guajira y canaricultura en Nariño. Sin embargo, a pesar de que pasaron más de ocho meses desde la creación del Fondo Colombia Sostenible, el país no conoce la primera convocatoria para desarrollar estos temas.
En medio de las revelaciones por la carta de los embajadores o la salida de Marcela Huertas del Fondo Colombia Sostenible, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le salió al paso al escándalo y, en una carta al presidente Santos, le hizo saber que desde el año pasado tiene la lupa puesta sobre los procesos de contratación del posconflicto, así algunas de las entidades estén sometidas a régimen privado. Con un detalle preocupante: la falta de información y bloqueos al acceso de los sitios web han dificultado las labores de la Fiscalía.
De cualquier modo, el fiscal advirtió la existencia de una “red de intermediarios” interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos. Además, esos mismos intermediarios tendrían acceso a información privilegiada antes de hacerse públicas las convocatorias, lo que podría direccionar los contratos. Y finalmente, Martínez señaló que esta red también estaría escogiendo las interventorías a dedo, para evitar los controles legales.
La Procuraduría y la Contraloría no se quedaron atrás y ya anunciaron sendas indagaciones. “No hay territorios vedados, ni fondos vedados, para las instituciones de control”, comentó el jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo. “Pedimos la información, y si no la entregan, ejerceremos nuestras funciones de Policía Judicial”, agregó el contralor Edgardo Maya. Este viernes, el Fondo Colombia en Paz comenzó a entregar sus informes de ejecución, por lo pronto, de lo invertido en la JEP.
El asunto apenas comienza. El Gobierno insiste en que se están haciendo bien las cosas. La Cancillería envío un mensaje de tranquilidad y manejo transparente a la comunidad internacional. Sin embargo, en terreno, los atrasos en la implementación de la paz son evidentes, crecen los reclamos, aumentan los disidentes y se multiplican los rumores de que los recursos para el posconflicto siguen embolatados. Es cierto que hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, pero los enredos burocráticos también complican.
Así se ha movido este año la plata del Fondo Colombia en Paz
El Gobierno presentó el viernes un balance sobre el manejo del presupuesto de los fondos que componen el Fondo Colombia en Paz en lo que va corrido del 2018. El que más llama la atención es el Fondo Colombia Sostenible, que de un presupuesto de US$38 millones no ha invertido un peso en proyectos.
Sin embargo contrasta con el Fondo del Banco Mundial, que ya destinó el 100 % de sus recursos a proyectos con víctimas del conflicto. A su vez, el Fondo Multidonantes, manejado por las Naciones Unidas en estos primeros meses, ha invertido US$67 millones de US$82,7 millones que tiene disponibles. Mientras al Fondo de la Unión Europea sólo le queda por ejecutar el 6 % de los $86 millones de euros que tenía de presupuesto.
Cabe recordar que la financiación durante 15 años para el posconflicto saldrá del Presupuesto General de la Nación (36 %), del Sistema General de Participaciones (29,2 %), del Sistema General de Regalías (15,2 %), de entidades territoriales (4,3 %), de cooperación internacional (8,9 %) y de inversión privada (6,4 %).
Nota del editor: El primer párrafo de este artículo se modificó para precisar que el.parte de tranquilidad del presidente Santos el miércoles fue antes de que se hubiera revelado nueva información, en particular la carta del fiscal general, sobre lo que está sucediendo con el Fondo Paz.
“No hay ningún señalamiento de corrupción o falta de transparencia”, fue la frase del presidente Juan Manuel Santos el pasado miércoles 4 de abril cuando surgieron los primeros rumores y críticas respecto del manejo de los millonarios recursos del Fondo Colombia en Paz. En contraste, la semana concluyó con más dudas que certezas, careos políticos y los anuncios de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría de inicio de investigaciones para determinar qué está pasando con los dineros de la paz.
(Lea: Fondo Colombia Paz entregó informe sobre ejecución presupuestal de la JEP)
El detonante fue una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda para que se convocara a una reunión de evaluación de los recursos del Fondo Colombia Sostenible, del cual los tres son donantes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su administrador. Lo que se ha venido después es una cascada de información sobre diversos aspectos del entramado burocrático para la implementación de la paz, en la cual han salido a relucir hechos y nombres hoy en la lupa de las autoridades.
Lo primero que se debe entender para abordar el laberinto institucional de la implementación de la paz es determinar cómo surgió el gran Fondo Colombia en Paz. El punto de partida fueron dos documentos Conpes (3850 de 2015 y 3867 de 2016), que determinaron que operara como un patrimonio autónomo con régimen privado y obrara como un fondo de fondos para articular los recursos derivados de distintas ayudas económicas. La ley 1815 de 2016 definió sus funciones para el manejo de inversiones públicas y privadas.
(Vea: El lío por el dinero de la chequera para la paz)
El Fondo Colombia en Paz se estructuró como una mesa de cuatro patas. La primera, con autonomía de gasto, a cargo del Banco Mundial, con recursos de Suecia y énfasis especial en la Unidad de Víctimas. La segunda, representada por la Unión Europea (UE) para financiar proyectos sociales. La tercera, un Fondo Multidonante a cargo de Naciones Unidas, vinculado a la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sustitución de cultivos y programas de desarrollo con enfoque territorial de la Agencia de Renovación Territorial (ART), con más de $2,4 billones.
La cuarta tomó el nombre de Fondo Colombia Sostenible para administrar, a través del BID, las donaciones de Noruega, Suecia y Suiza, que suman US$200 millones, y un crédito de US$100 millones. Algo así como $900.000 millones destinados al apoyo de la creación de proyectos de agricultura sostenible y energías renovables. Es en este último componente donde la mesa del Fondo Colombia en Paz empezó a tambalear, abriendo una caja de Pandora de insospechadas magnitudes.
Hasta Semana Santa, la coordinadora del Fondo Colombia Sostenible era Marcela Huertas Figueroa. Después de 25 años de experiencia financiando proyectos, 10 de ellos en el Banco Mundial en países en tránsito hacia la concordia, esta politóloga caleña había regresado a Colombia animada por el proceso de paz. Al cargo accedió luego de una exigente convocatoria abierta por el BID en la que concursó junto a otras siete personas. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se tomó la decisión de no renovarle el contrato.
Aunque no está claro quién dio la orden, es evidente que fue una decisión que debía salir del comité directivo del Fondo Colombia Sostenible, en el que también intervienen los ministerios de Agricultura, Hacienda y Ambiente, la Agencia de Cooperación Internacional, la Consejería para el Posconflicto y el Departamento Nacional de Planeación. Con otro ingrediente: la intervención del Fondo Colombia en Paz y del Departamento Administrativo de la Presidencia, encargado de gestionar los recursos de la paz a través de cuatro fiduciarias.
De tiempo atrás, Marcela Huertas venía formulando inquietudes respecto a la operatividad del Fondo Colombia Sostenible. Lo paradójico es que, sin un consejo directivo formal, reparos desde los ministerios de Ambiente y Agricultura y sin consultar la opinión de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, la apartaron de la coordinación. La función la asumió en interinidad Gloria Ospina, gerente del Fondo Colombia en Paz, es decir, jefa suprema de todos los fondos por la paz y encargada de ordenar el gasto.
En ese momento se dio la carta de los tres embajadores, para pedir una ruta clara y transparente en la ejecución de recursos, celeridad en la celebración de proyectos y explicaciones a la salida de Marcela Huertas, la chispa que encendió la oleada de críticas al manejo de los recursos para la paz, con datos que han puesto en el ojo del huracán a funcionarios del Fondo Colombia en Paz y sus conexiones con el alto gobierno. Con dos nombres en el foco de atención: Gloria Ospina y Wendy Arenas, asesora en temas de medio ambiente del Fondo.
La directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, ha sido una profesional muy cercana al consejero presidencial Rafael Pardo, y de hecho lo ha acompañado en sus campañas políticas desde 2009. Apenas salió a relucir su nombre, apareció una carta firmada por más de 100 contratistas de la Agencia de Renovación de Tierras que reciben pagos con dinero del Fondo Colombia en Paz, para reclamar por pagos atrasados desde 2017, retenciones por encima del margen legal o incumplimientos de los plazos pactados.
De igual modo, se supo que uno de los contratos primordiales del Fondo Colombia en Paz, el de la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), por valor de $1.340 millones, quedó en manos de la firma experta en desarrollo informático Synersis S.A.S. Se trata de una empresa cercana a Iván Fernando Cifuentes, pareja sentimental de Gloria Ospina. Hoy se sabe que recibió $14 millones por asesorar técnicamente al Fondo Colombia en Paz en la estructuración de ese contrato.
En su defensa, Gloria Ospina ha dicho que ese contrato se terminó antes de oficializar su relación, por lo que no existía impedimento. No obstante, al parecer no es el único caso de conexiones entre contratistas y funcionarios en el laberinto burocrático de la paz. Como tampoco es la única crítica sobre los atrasos en la ejecución de proyectos. El Espectador estableció que al menos 10 proyectos del Fondo Colombia Sostenible ya estaban listos para su ejecución, pero desde la dirección del Fondo Colombia en Paz siguen en espera.
Se trata de proyectos para sustitución de cultivos con cannabis medicinal en Norte de Santander, de reforestación en Chocó, producción de cacao en el Cauca, pago por servicios ambientales en Antioquia, energía fotovoltaica en Santander, cultivos silvopastoriles en Amazonas y Putumayo, siembra de tomate en La Guajira y canaricultura en Nariño. Sin embargo, a pesar de que pasaron más de ocho meses desde la creación del Fondo Colombia Sostenible, el país no conoce la primera convocatoria para desarrollar estos temas.
En medio de las revelaciones por la carta de los embajadores o la salida de Marcela Huertas del Fondo Colombia Sostenible, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le salió al paso al escándalo y, en una carta al presidente Santos, le hizo saber que desde el año pasado tiene la lupa puesta sobre los procesos de contratación del posconflicto, así algunas de las entidades estén sometidas a régimen privado. Con un detalle preocupante: la falta de información y bloqueos al acceso de los sitios web han dificultado las labores de la Fiscalía.
De cualquier modo, el fiscal advirtió la existencia de una “red de intermediarios” interesados en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos. Además, esos mismos intermediarios tendrían acceso a información privilegiada antes de hacerse públicas las convocatorias, lo que podría direccionar los contratos. Y finalmente, Martínez señaló que esta red también estaría escogiendo las interventorías a dedo, para evitar los controles legales.
La Procuraduría y la Contraloría no se quedaron atrás y ya anunciaron sendas indagaciones. “No hay territorios vedados, ni fondos vedados, para las instituciones de control”, comentó el jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo. “Pedimos la información, y si no la entregan, ejerceremos nuestras funciones de Policía Judicial”, agregó el contralor Edgardo Maya. Este viernes, el Fondo Colombia en Paz comenzó a entregar sus informes de ejecución, por lo pronto, de lo invertido en la JEP.
El asunto apenas comienza. El Gobierno insiste en que se están haciendo bien las cosas. La Cancillería envío un mensaje de tranquilidad y manejo transparente a la comunidad internacional. Sin embargo, en terreno, los atrasos en la implementación de la paz son evidentes, crecen los reclamos, aumentan los disidentes y se multiplican los rumores de que los recursos para el posconflicto siguen embolatados. Es cierto que hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, pero los enredos burocráticos también complican.
Así se ha movido este año la plata del Fondo Colombia en Paz
El Gobierno presentó el viernes un balance sobre el manejo del presupuesto de los fondos que componen el Fondo Colombia en Paz en lo que va corrido del 2018. El que más llama la atención es el Fondo Colombia Sostenible, que de un presupuesto de US$38 millones no ha invertido un peso en proyectos.
Sin embargo contrasta con el Fondo del Banco Mundial, que ya destinó el 100 % de sus recursos a proyectos con víctimas del conflicto. A su vez, el Fondo Multidonantes, manejado por las Naciones Unidas en estos primeros meses, ha invertido US$67 millones de US$82,7 millones que tiene disponibles. Mientras al Fondo de la Unión Europea sólo le queda por ejecutar el 6 % de los $86 millones de euros que tenía de presupuesto.
Cabe recordar que la financiación durante 15 años para el posconflicto saldrá del Presupuesto General de la Nación (36 %), del Sistema General de Participaciones (29,2 %), del Sistema General de Regalías (15,2 %), de entidades territoriales (4,3 %), de cooperación internacional (8,9 %) y de inversión privada (6,4 %).
Nota del editor: El primer párrafo de este artículo se modificó para precisar que el.parte de tranquilidad del presidente Santos el miércoles fue antes de que se hubiera revelado nueva información, en particular la carta del fiscal general, sobre lo que está sucediendo con el Fondo Paz.