![La Superintendencia de Sociedades abrió el expediente contra Plataforma Universal S.A.S. el pasado mes de septiembre. / Getty Images](https://www.elespectador.com/resizer/v2/NGTZS6AO25HXHK6XXWYLWK2NVY.jpg?auth=0ab0df8f289ccaa7ff55bc064753417ef7b532f02611eacfc19d4afa7b1eee03&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El negocio de compraventa de pagarés de libranzas extrabancarias sigue dejando malos manejos. Plataforma Universal S.A.S. era presentada como ejemplo de buenas prácticas en el sector, pero acaba de ser intervenida por la Superintendencia de Sociedades ante la sospecha de que captó ilegalmente miles de millones de pesos. Después de los descalabros financieros de Estraval y Elite, que dejaron billonarias pérdidas, la sociedad liderada por María Claudia Vargas Gómez y Carlos Felipe Alvarado Vergara, parecía ajena a las irregularidades, pero incurrió en sus mismas prácticas.
El Espectador conoció la resolución de 73 páginas, en la que el superintendente delegado para inspección, vigilancia y control, Andrés Alfonso Parias Garzón, ordenó a Plataforma Universal, otras tres sociedades y tres cooperativas la suspensión inmediata de sus operaciones de captación masiva. La Supersociedades concluyó que Plataforma Universal vendió un mismo pagaré de libranzas –crédito que se paga a través del descuento de su sueldo– a varias personas. Además, tenía irregularidades contables, problemas en la custodia de pagarés y utilización de recursos de inversionistas para cubrir sus necesidades.
(Vea: Los líos de la firma Plataforma Universal, un grande en el negocio de las libranzas)
La caída de Plataforma Universal comenzó en 2016. Las autoridades descubrieron que cerca de $2 billones invertidos en el negocio de las libranzas extrabancarias estaban embolatados. Estraval fue la primera sociedad en la que se descubrieron movidas irregulares. Siguieron Elite International, Vesting Group Colombia y otras seis de las grandes. Las alarmantes sumas de dinero captadas ilegalmente llevaron al Congreso a tomar acciones. Dos años después se promulgó la Ley 1902 de junio de 2018, para mitigar los riesgos y daños ocasionados a casi 10.000 inversionistas.
Plataforma Universal no estaba en el radar de las autoridades. Tanto así, que a su dueña y representante legal, María Claudia Vargas Gómez, presidenta de Fiduagraria entre julio de 2001 y enero de 2004, la invitaron al Congreso para que ayudara a crear la nueva ley del mercado de las libranzas. Vargas y su socio Carlos Alvarado, que venían de trabajar en la bolsa, lograron sostener su negocio prometiendo a los inversionistas rendimientos hasta del 26 %. Pero sus finanzas no aguantaron y su debacle comenzó cuando el exrevisor fiscal John Freyman Moreno reportó a la Supersociedades.
La alerta de Moreno advirtió que la sociedad había dejado de pagar sus obligaciones y que, de seguir así, estarían comprometidos $15.000 millones de 16 inversionistas. La Supersociedades encontró contratos firmados desde 2011 para administrar el negocio de venta de cartera de libranzas a través de Unisercoop, la Cooperativa Solidaria Abre tu Corazón (Coopsolidaria) y la Cooperativa Multiactiva.
El “bono solidario”
Para la Supersociedades una de las irregularidades en Plataforma Universal se dio por un convenio suscrito con Coopsolidaria para financiar un producto llamado el “Bono solidario”. Según la investigación, en Coopsolidaria “se estructuró un juego de suerte y azar, del tipo rifa, denominado ‘Bono solidario’(…). Se ofrecían rifas diarias, semanales, quincenales o mensuales hasta por $1’5000.000, así como premios equivalentes a $160 millones”.
(Lea: Otra quiebra en libranzas: Plataforma Universal)
El costo del “Bono solidario” era de $990.000 y se podía pagar en efectivo, tarjeta de crédito, cheque o libranza. Sin embargo, la Supersociedades encontró que solo aceptaron el pago a través de libranzas expedidas por Plataforma Universal, lo que significó captación de recursos a través de los créditos, pues la plata nunca llegó a Coopsolidaria. Los principales compradores fueron pensionados de las Fuerzas Militares, a quienes les ofrecían un celular o una tableta si compraban el bono, que supuestamente se iba a destinar a atender a víctimas del conflicto.
La Supersociedades descubrió que el valor de los celulares que se entregaban como supuesto regalo estaba incluido en el valor de los bonos. Asimismo, encontró que las facturas por las compras de esos equipos, adquiridos a través de la empresa Innova Gestión de Negocios, propiedad de María Claudia Vargas, quedaban a nombre de quienes compraban el bono y no de Coopsolidaria. Algo similar sucedió con la plata de los bonos, pues la Superintendencia no encontró que esos dineros entraran a las cuentas de la cooperativa ni se utilizaron para pagar las rifas.
(En contexto: Crecen las reclamaciones por desfalco con libranzas)
La Superintendencia puso en conocimiento de Coljuegos la investigación para saber si tenía información al respecto. La respuesta de Coljuegos llegó el pasado 25 de septiembre e informó que, revisada su base de datos, no se encontró autorización que Coopsolidaria realizara rifas. Asimismo, reportó que el 30 de agosto de 2018 le impuso una sanción a esta cooperativa por la operación ilegal de juegos de suerte y azar. La Supersociedades concluyó que Plataforma Universal creó un esquema fraudulento con el que captaron recursos a través de un supuesto negocio unos bonos solidarios que ofrecían bajo engaños.
Pagarés vencidos y hasta vendidos dos veces
Otra de las irregularidades fue que Plataforma Universal “gemelió” pagarés. Es decir, vendió dos veces una misma libranza. Esta denuncia fue interpuesta por un grupo de personas a las que la representante legal de Plataforma Universal calificó como “inversionistas quejosos”. El organismo de control analizó el caso de Juan Carlos García y Nuevacol S.A.S. En sus pesquisas evidenció que Plataforma Universal “vendió dos veces 364 pagarés, lo que constituye un hecho objetivo de captación ilegal de recursos del público”.
La Supersociedades sostuvo que esta situación explica el déficit financiero que tenía Plataforma Universal, pues mientras a un inversionista le vendieron los pagarés en mayo de 2017, al otro se los ofrecieron en noviembre de 2017, generando doble deuda. “Las fechas de venta tienen diferencias entre 3 y 6 meses, y se hicieron por el mismo número de cuotas. Eso permite concluir que no se trató de ventas en las que se dividieran los pagarés o flujos, una vez cumplida la obligación, sino de una venta doble del mismo pagaré”, explicó la entidad.
Los mismos inversionistas denunciaron ante la Supersociedades que varios de los pagarés, supuestamente bajo custodia de la empresa Administradora de Archivos (AdeA), fueron falsificados. Estas irregularidades fueron confirmadas por Claudia Patricia Galvis, directora de Operaciones de AdeA, quien aseguró que algunos certificados de custodia entregados por Plataforma Universal S.A.S. estaban alterados. Por eso, lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
En su defensa, Maria Claudia Vargas manifestó que, en su calidad de representante legal, denunció las irregularidades y que varios “inversionistas quejosos”, de forma “abusiva”, retiraron de las oficinas de Plataforma Universal pagarés que correspondían a otros compradores. “La responsabilidad deberá establecerla un juez”, fue la explicación que dio Vargas a este diario. Para la Supersociedades, el hecho es de suma preocupación porque la misma administración les manifestó que entregó títulos a nombres de personas que no estaban legitimadas.
Otra de las anomalías encontradas fue que Plataforma Universal vendió pagarés de libranza vencidos o en mora, sin explicación financiera razonable. Según un análisis aleatorio a 1.090 pagarés, de un total de 21.131, en cerca de 100 se detectaron inconsistencias. Por ejemplo, se descubrió que la sociedad vendió cartera en mora como si fuera saludable a por lo menos dos compradores, provocando que no se generara un solo flujo de dinero. Según la Superintendencia, la misma cooperativa tuvo que asumir con recursos propios el pago de la deuda.
“Tenemos entonces un pagaré-libranza que nunca generó flujos, razón por la cual la cooperativa debió salir a cubrir el pasivo respectivo. Más aún, según lo relatado por la sociedad, durante un periodo de tiempo entre mayo de 2013 (fecha de la primera cuota del pagaré-libranza) y julio de 2018 se perdió por completo el rastro del girador. No fue posible contactarlo para efectuar el respectivo cobro. Es decir, el pagaré se encontraba en mora y no existía forma de cobrarlo por desaparición del deudor (…) A la fecha no se ha establecido contacto con el deudor, y menos se ha dado algún pago de las cuotas vencidas”.
Desde marzo de este año, Plataforma Universal no paga a sus inversionistas. “La administración de la sociedad ha utilizado la retención de recursos que pertenecen a los inversionistas, como mecanismo de negociación con ellos”, recalcó el organismo de control. Además, la Supersociedades demostró que gran parte de los recursos que se obtuvieron en Plataforma Universal, producto del pago de las libranzas, no se direccionaron a sus clientes, sino que se utilizaron en provecho propio.
“Los flujos recaudados por cartera comercializada fluyen directamente a la empresa y no a los propietarios de dicha cartera. Eso constituye una captación masiva y habitual de recursos, pues por medio de la celebración de los contratos de venta de cartera, la sociedad efectivamente transfirió el dominio a los inversionistas. Ahora bien, la Sociedad no solamente retiene dichos flujos, en abierto incumplimiento de las obligaciones contraídas, sino que se ha lucrado de tales fondos (…) La situación descrita, constituye un esquema de financiación abusivo y fraudulento”, afirmó Supersociedades.
Semejanzas con Estraval y Elite
Para la Supersociedades, este caso tiene similitudes a lo ocurrido con Estraval y Elite, a pesar de que los montos no representan más del 2 % de lo que se perdió en las dos primeras. Plataforma Universal, al igual que Estraval, no informó a sus inversionistas sobre la cartera de libranzas que estaba comprando, al no conocerse ni la fecha de celebración ni el deudor. Lo único que indicaba la sociedad a sus inversionistas era la tasa de retorno y el valor que debía pagar.
“Esta misma situación se pudo evidenciar en el esquema de captación de Estraval S.A., en el cual, entre otras cosas, la sociedad captadora no individualizó adecuadamente cada uno de los títulos que enajenaba a sus clientes (…) La conclusión ineludible de lo anterior es que la Sociedad captó masivamente recursos de los clientes inversionistas con base en la venta de una supuesta cartera y prometió rendimientos, que no correspondían”, agregó el Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control.
(Otros casos: Estraval,un descalabro peor que Interbolsa)
Frente al caso de Elite International, la Supersociedades indicó que Plataforma Universal también ofreció rendimientos garantizados al 26 %, a pesar de que su realidad financiera era deficiente y la ley estableció que las operaciones de libranza no implican una rentabilidad fija. “Ofrecer y garantizar una rentabilidad induce a error y genera falsas expectativas a los compradores (…) la sociedad conocía la existencia de pasivos con una rentabilidad incorporada que era pagada mensualmente a sus clientes, sin que existiera el flujo correspondiente”, señaló la resolución.
El caso fue remitido a la Fiscalía. Expertos del sector sostienen que se trata de un descalabro financiero más grave que el de Interbolsa, aunque pocos avances se han visto en la justicia y no se han endilgado responsabilidades penales. La recomendación de las autoridades a los inversionistas es que tengan en cuenta que, entre mayor rentabilidad les ofrezcan, mayores son los riesgos. Plataforma Universal por ahora está bajo el control de Supersociedades. Sin embargo, ante el hallazgo de la posible captación ilegal, el próximo paso podría ser su liquidación judicial.