Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal
A pocas horas en lancha de Puerto Inírida, la capital de Guainía, se encuentra una de las zonas mineras más grandes de Venezuela: el Parque Nacional Yapacana. Muchos de los insumos, alimentos, combustibles y personal para esas explotaciones ilegales sale de Colombia. Incursiones de la fuerza pública venezolana en ese territorio han desplazado la minería ilegal hacia Guainía.
Daniela Quintero Díaz
David Riaño Valencia
Sergio Silva Numa
David Escobar Moreno
Antes del amanecer, el puerto de Inírida, la capital de Guainía, se llena de motocarros cargados de recipientes plásticos azules y grandes. Lucen pesados. Contienen hasta 200 litros de combustible cada uno. Un puñado de hombres los bajan, uno por uno, y los embarcan en un par de botes alargados.
El proceso dura algunas horas, pero nadie alrededor le presta mucha atención. Entre la llegada y salida de plátanos, paneles solares, colchones y todo lo demás que se mueve por el río Inírida, los ‘tambores’ llenos de gasolina también parecen algo rutinario. El combustible es un insumo necesario para que las comunidades aledañas (en su mayoría indígenas) puedan transportarse y contar con luz a ratos. Pero los habitantes de Inírida también saben que, en esas cantidades, suelen tener otro rumbo.
“Más adelante hay otro puerto. Ahí almacenan 300 o 400 ‘tambores’ de gasolina. Básicamente, todo lo que llega a ahí es para la mina”, explica un líder indígena de la región que pidió reservar su nombre. A solo unas horas por río desde Puerto Inírida, se encuentra una de las zonas mineras más grandes de Venezuela: el Parque Nacional Yapacana, creado en 1978 para conservar ecosistemas clave (parecidos a los que se encuentran en Guainía).
Pero, desde el año 2000, la minería ilegal ha avanzado de forma alarmante. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), Yapacana es uno de los principales focos de deforestación causados por la minería de oro en el bioma amazónico. Su estado, dicen, es “crítico”. Para el 2022, había más de 4.100 campamentos mineros y 3.800 piezas de maquinaria en esa área. “El Parque Nacional Yapacana puede ser, actualmente, el sitio más impactado de toda la Amazonía”, aseguraba en el informe.
Se estima que, en total, ese territorio tiene una deforestación por minería de 1.537 hectáreas, un área equivalente a 14 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. De estas, la mitad se perdió solo entre el 2021 y 2022.
Pero, ¿qué tiene que ver lo que pasa en Yapacana con Puerto Inírida o con la minería en el Guainía?
Inírida es uno de los pocos centros urbanos más cercanos a las minas de Yapacana. Desde hace años ambos territorios, y sus habitantes, tienen una relación estrecha. Como aseguró Pablo Willan Acosta, alcalde de Inírida hasta el pasado 1° de enero, “la minería es una actividad informal para nuestro municipio. Pero, para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía de la ciudad”.
Muchos colombianos -cuenta Carlos*, un indígena de Guainía que trabajó más de siete años en la mina de Yapacana- ahorran durante meses para ir a minear a Venezuela, y regresan por periodos de tiempo. En Guainía, las oportunidades laborales son escasas, especialmente en las zonas rurales. Un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) identificó que gran parte de la oferta laboral está en la administración pública, como la Alcaldía o la Gobernación (casi el 50 % del PIB). Solo el 14 % está relacionado con el comercio y los hoteles, y menos del 9 % con actividades de agricultura, ganadería o pesca.
Por eso, pasar al otro lado de la frontera (o vender sus insumos allá) termina siendo una alternativa recurrente para los pobladores de Guainía. Como cuenta un comerciante en Inírida, “la economía de este pueblo (Inírida) no depende tanto de las minas en Colombia, sino de la mina en Venezuela. Gran parte de lo que llega de comercio aquí sale para allá”. Combustible, alimentos, licores, ropa, medicinas y otros recursos se surten desde Inírida.
“Para entrar hay que pagar como cuatro o cinco retenes. El del ELN, el de las disidencias de las FARC, el de la Guardia Venezolana y hasta la infantería de marina. Al llegar, hay listados de lo que hay que pagar por cada producto para poder ingresarlo. Y la gente baja a recibirlos por el río Orinoco”, asegura el exminero indígena.
Según la Defensoría del Pueblo, en ese territorio se encuentra el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – llamadas por las autoridades Clan del Golfo) también tendrían un interés por incidir en esta zonas. Una investigación de Vorágine y Mongabay Latam evidenció, a través de informes oficiales del Ejército colombiano a los que tuvo acceso, que existe un acuerdo entre las disidencias de las FARC y las Fuerzas Militares de Venezuela “para coordinar actividades delictivas en el sector La 40 de la mina Yapacana”. (Le puede interesar: Grupos armados y los vínculos con la minería ilegal en Colombia, Brasil y Perú)
“La mina”, como conocen popularmente a Yapacana, parece más una ciudad de tablas que se ha ido extendiendo. Se estima que en todos sus puntos de explotación hay una población estable de 25 mil personas. Puestos de salud, billares, guarderías, campamentos; todo se encuentra muy cerca de los puntos de extracción de oro y de las piscinas con residuos tóxicos que deja esa actividad.
En septiembre de 2023, militares venezolanos realizaron una gran operación “contra la minería ilegal”, y muchos de los mineros y familias que se encontraban allí cruzaron (o retornaron) a Colombia. Llegaron por el río a Puerto Inírida. La Alcaldía de Inírida, entonces, declaró alerta amarilla hospitalaria y los líderes Indígenas denunciaron que las dragas mineras se multiplicaron por los ríos. “El río Guainía está lleno de dragas, porque algunos se trajeron las que tenían allá”, dijo a El Espectador uno de ellos.
La advertencia también la hizo la Defensoría en diciembre de 2023: “Se plantea un riesgo del incremento de la minería ilegal en los ríos del área fronteriza (Atabapo, Guainía e Inírida). Los operativos de las Fuerzas Militares Venezolanas en el estado de Amazonas, Venezuela, plantean la posible relocalización de la actividad que desarrollan los mineros ilegales en dicho territorio a los ríos y resguardos del Guainía”. Como explicó Mauricio Poso, quien hasta el 31 de diciembre de 2023 fue el jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía de Inírida, “cuando se cierran las minas allá, esas personas llegan aquí. Desde septiembre de 2023, han retornado cerca de seis mil personas”.
Más allá de la zona fronteriza con Venezuela, o de Yapacana, la actividad minera se ha extendido, desde hace más de 30 años, también al interior del departamento. De hecho, aunque se estima que el 95 % del oro que se extrae en Guainía es de origen ilegal, entre 2014 y 2023 el departamento recibió más de $ 9.700 millones de pesos de regalías por la explotación de oro.
Al otro lado de Puerto Inírida, mucho más al sur, cerca de la frontera con Brasil, hay otras zonas de extracción que ha encendido las alarmas de las autoridades ambientales: el corregimiento de Pana – Pana, la Serranía del Nequén, Campoalegre, el resguardo Medio Guainía y el resguardo Isana Cuyarí.
“En la Serranía del Nequén hay una zona minera desde hace 30 años. Aunque antes sí se sacaba el mineral artesanalmente, ahora están volviendo a repelar el territorio con dragas”, cuenta un líder indígena de la zona. Tal y como sucedió en Yapacana, en los últimos años los pobladores han visto cómo ese territorio, que además se encuentra dentro de un área protegida (la Reserva Nacional Natural Punawai), se ha convertido en un pequeño pueblo minero. Según Parques Nacionales Naturales, en los últimos dos años, la población de mineros ha ido en aumento.
“A pesar de que nuestro territorio está dividido en el área de los resguardos (que se traslapan más de un 80 % con todo el departamento de Guainía), dentro de ellos están los mineros trabajando. Entre las comunidades hay conflictos internos, porque unos quieren y otros no quieren que estén ahí. Pero ya los indígenas estamos metidos en ese sistema, trabajando con ellos, porque la plata mueve todo”, insiste el líder indígena.
También lo confirma el Gobernador (máxima autoridad) del resguardo Isana-Cuyarí, ubicado a tres días de viaje en lancha desde Puerto Inírida. “Estamos muy apartados de la capital. El único sustento que se nos ha dado es la minería, que no se ha podido legalizar porque estamos dentro del área protegida Puinawai. Pero la seguimos trabajando”, dice. Parques Nacionales Naturales estima que, actualmente, hay diez puntos de minería al interior del área protegida, que han deforestado 72,2 hectáreas.
Los impactos de estas actividades al interior del departamento ya son evidentes. En 2020, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental de la zona, hizo un diagnóstico base de la minería en los principales ríos del departamento. Según Jenny Rojas, directora de la seccional Guainía, en ese año no superaban las 30 balsas en tres ríos: Inírida, Guainía y Atabapo. Ahora ha avanzado hasta el punto de encontrar cerca de 30 dragas en cada río y nuevos puntos de extracción, como el río Negro y el Isana Cuyarí.
El estudio también demostró que, en los ríos Atabapo, Inírida, Isana Cuyarí, Guainía y Taraira, los niveles de mercurio y cadmio en peces, plantas y sedimentos sobrepasaban los límites que la Organización Mundial de la Salud considera “seguros”. Solo en el río Inírida, por ejemplo, tomaron muestras de sangre que tenían niveles de mercurio hasta 100 veces por encima de lo permitido.
Los operativos poco efectivos para controlar la minería ilegal en Guainía
El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Defensa anunció que había dado un “contundente golpe” a las organizaciones ilegales que contaminan los recursos hídricos y degradan los suelos en el Guainía. El balance, aseguraron, dejaba a tres personas capturadas por explotación ilícita de yacimientos mineros cerca de Inírida. Además, la maquinaria y los insumos que usaban fueron incautados, y la infraestructura fue destruida.
Como aseguró Álvaro Pardo, director de la ANM, a El Espectador, este ha sido uno de los esfuerzos para “reducir la criminalidad” en la minería ilegal. “Soy testigo del gran trabajo que se está haciendo desde la Policía y el Ministerio de Defensa para acabar con estas dragas. Llevamos ya varios meses en los que el Ministerio de Defensa le está trabajando muy duro al tema”, dijo.
Sin embargo, como confiesa Rojas, de la CDA, la efectividad para controlar el avance de la minería ilegal “ha sido todo un desafío”. “En el momento se destruyen o incautan tres dragas y al otro día ya hay el doble en el mismo lugar. Además, cuando llegamos a hacer los operativos ‘sorpresa’, ya les han avisado. Entonces se esconden en los caños o pasan, sobre el mismo río, al otro lado de la frontera”, explica.
Un investigador de la Agencia Nacional Minera, que pidió la reserva de su nombre, considera que acciones como estas no resuelven el fondo del problema. “Quemar dos o tres dragas es como coger a diez raspachines y decir que se está erradicando el tráfico de cocaína. La cúspide de la pirámide del oro no está en los mineros, sino en quienes se enriquecen con ese tipo de negocios”, asegura.
Según datos del sistema de información de la Fiscalía, entregados a El Espectador, entre 2015 y 2023 se registran 1.931 procesos por delitos relacionados con la explotación ilícita de yacimiento minero en Colombia. En Guainía las cifras son mínimas. El sistema solo tiene registro de 11 procesos. Ninguno está en investigación.
Pardo, de la ANM, agrega otra variable: “Durante décadas, no se hizo mayor cosa por este fenómeno, que hace unos años no tenía la gravedad que hoy reviste. Ahora es un tema estructural con un problema adicional: cuando el precio del oro sube en el mercado internacional, el tema se dispara terriblemente”. El oro, a nivel internacional, alcanzó esta semana un precio récord.
Sobre las 8:30 de la mañana, de vuelta en el puerto de Inírida, una moto de la Policía pasa ronda por el puerto. Ya no hay motocarros con tanques, o tanques, o embarcaciones llenas de combustible.
*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
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Antes del amanecer, el puerto de Inírida, la capital de Guainía, se llena de motocarros cargados de recipientes plásticos azules y grandes. Lucen pesados. Contienen hasta 200 litros de combustible cada uno. Un puñado de hombres los bajan, uno por uno, y los embarcan en un par de botes alargados.
El proceso dura algunas horas, pero nadie alrededor le presta mucha atención. Entre la llegada y salida de plátanos, paneles solares, colchones y todo lo demás que se mueve por el río Inírida, los ‘tambores’ llenos de gasolina también parecen algo rutinario. El combustible es un insumo necesario para que las comunidades aledañas (en su mayoría indígenas) puedan transportarse y contar con luz a ratos. Pero los habitantes de Inírida también saben que, en esas cantidades, suelen tener otro rumbo.
“Más adelante hay otro puerto. Ahí almacenan 300 o 400 ‘tambores’ de gasolina. Básicamente, todo lo que llega a ahí es para la mina”, explica un líder indígena de la región que pidió reservar su nombre. A solo unas horas por río desde Puerto Inírida, se encuentra una de las zonas mineras más grandes de Venezuela: el Parque Nacional Yapacana, creado en 1978 para conservar ecosistemas clave (parecidos a los que se encuentran en Guainía).
Pero, desde el año 2000, la minería ilegal ha avanzado de forma alarmante. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), Yapacana es uno de los principales focos de deforestación causados por la minería de oro en el bioma amazónico. Su estado, dicen, es “crítico”. Para el 2022, había más de 4.100 campamentos mineros y 3.800 piezas de maquinaria en esa área. “El Parque Nacional Yapacana puede ser, actualmente, el sitio más impactado de toda la Amazonía”, aseguraba en el informe.
Se estima que, en total, ese territorio tiene una deforestación por minería de 1.537 hectáreas, un área equivalente a 14 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. De estas, la mitad se perdió solo entre el 2021 y 2022.
Pero, ¿qué tiene que ver lo que pasa en Yapacana con Puerto Inírida o con la minería en el Guainía?
Inírida es uno de los pocos centros urbanos más cercanos a las minas de Yapacana. Desde hace años ambos territorios, y sus habitantes, tienen una relación estrecha. Como aseguró Pablo Willan Acosta, alcalde de Inírida hasta el pasado 1° de enero, “la minería es una actividad informal para nuestro municipio. Pero, para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía de la ciudad”.
Muchos colombianos -cuenta Carlos*, un indígena de Guainía que trabajó más de siete años en la mina de Yapacana- ahorran durante meses para ir a minear a Venezuela, y regresan por periodos de tiempo. En Guainía, las oportunidades laborales son escasas, especialmente en las zonas rurales. Un estudio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) identificó que gran parte de la oferta laboral está en la administración pública, como la Alcaldía o la Gobernación (casi el 50 % del PIB). Solo el 14 % está relacionado con el comercio y los hoteles, y menos del 9 % con actividades de agricultura, ganadería o pesca.
Por eso, pasar al otro lado de la frontera (o vender sus insumos allá) termina siendo una alternativa recurrente para los pobladores de Guainía. Como cuenta un comerciante en Inírida, “la economía de este pueblo (Inírida) no depende tanto de las minas en Colombia, sino de la mina en Venezuela. Gran parte de lo que llega de comercio aquí sale para allá”. Combustible, alimentos, licores, ropa, medicinas y otros recursos se surten desde Inírida.
“Para entrar hay que pagar como cuatro o cinco retenes. El del ELN, el de las disidencias de las FARC, el de la Guardia Venezolana y hasta la infantería de marina. Al llegar, hay listados de lo que hay que pagar por cada producto para poder ingresarlo. Y la gente baja a recibirlos por el río Orinoco”, asegura el exminero indígena.
Según la Defensoría del Pueblo, en ese territorio se encuentra el frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – llamadas por las autoridades Clan del Golfo) también tendrían un interés por incidir en esta zonas. Una investigación de Vorágine y Mongabay Latam evidenció, a través de informes oficiales del Ejército colombiano a los que tuvo acceso, que existe un acuerdo entre las disidencias de las FARC y las Fuerzas Militares de Venezuela “para coordinar actividades delictivas en el sector La 40 de la mina Yapacana”. (Le puede interesar: Grupos armados y los vínculos con la minería ilegal en Colombia, Brasil y Perú)
“La mina”, como conocen popularmente a Yapacana, parece más una ciudad de tablas que se ha ido extendiendo. Se estima que en todos sus puntos de explotación hay una población estable de 25 mil personas. Puestos de salud, billares, guarderías, campamentos; todo se encuentra muy cerca de los puntos de extracción de oro y de las piscinas con residuos tóxicos que deja esa actividad.
En septiembre de 2023, militares venezolanos realizaron una gran operación “contra la minería ilegal”, y muchos de los mineros y familias que se encontraban allí cruzaron (o retornaron) a Colombia. Llegaron por el río a Puerto Inírida. La Alcaldía de Inírida, entonces, declaró alerta amarilla hospitalaria y los líderes Indígenas denunciaron que las dragas mineras se multiplicaron por los ríos. “El río Guainía está lleno de dragas, porque algunos se trajeron las que tenían allá”, dijo a El Espectador uno de ellos.
La advertencia también la hizo la Defensoría en diciembre de 2023: “Se plantea un riesgo del incremento de la minería ilegal en los ríos del área fronteriza (Atabapo, Guainía e Inírida). Los operativos de las Fuerzas Militares Venezolanas en el estado de Amazonas, Venezuela, plantean la posible relocalización de la actividad que desarrollan los mineros ilegales en dicho territorio a los ríos y resguardos del Guainía”. Como explicó Mauricio Poso, quien hasta el 31 de diciembre de 2023 fue el jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía de Inírida, “cuando se cierran las minas allá, esas personas llegan aquí. Desde septiembre de 2023, han retornado cerca de seis mil personas”.
Más allá de la zona fronteriza con Venezuela, o de Yapacana, la actividad minera se ha extendido, desde hace más de 30 años, también al interior del departamento. De hecho, aunque se estima que el 95 % del oro que se extrae en Guainía es de origen ilegal, entre 2014 y 2023 el departamento recibió más de $ 9.700 millones de pesos de regalías por la explotación de oro.
Al otro lado de Puerto Inírida, mucho más al sur, cerca de la frontera con Brasil, hay otras zonas de extracción que ha encendido las alarmas de las autoridades ambientales: el corregimiento de Pana – Pana, la Serranía del Nequén, Campoalegre, el resguardo Medio Guainía y el resguardo Isana Cuyarí.
“En la Serranía del Nequén hay una zona minera desde hace 30 años. Aunque antes sí se sacaba el mineral artesanalmente, ahora están volviendo a repelar el territorio con dragas”, cuenta un líder indígena de la zona. Tal y como sucedió en Yapacana, en los últimos años los pobladores han visto cómo ese territorio, que además se encuentra dentro de un área protegida (la Reserva Nacional Natural Punawai), se ha convertido en un pequeño pueblo minero. Según Parques Nacionales Naturales, en los últimos dos años, la población de mineros ha ido en aumento.
“A pesar de que nuestro territorio está dividido en el área de los resguardos (que se traslapan más de un 80 % con todo el departamento de Guainía), dentro de ellos están los mineros trabajando. Entre las comunidades hay conflictos internos, porque unos quieren y otros no quieren que estén ahí. Pero ya los indígenas estamos metidos en ese sistema, trabajando con ellos, porque la plata mueve todo”, insiste el líder indígena.
También lo confirma el Gobernador (máxima autoridad) del resguardo Isana-Cuyarí, ubicado a tres días de viaje en lancha desde Puerto Inírida. “Estamos muy apartados de la capital. El único sustento que se nos ha dado es la minería, que no se ha podido legalizar porque estamos dentro del área protegida Puinawai. Pero la seguimos trabajando”, dice. Parques Nacionales Naturales estima que, actualmente, hay diez puntos de minería al interior del área protegida, que han deforestado 72,2 hectáreas.
Los impactos de estas actividades al interior del departamento ya son evidentes. En 2020, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental de la zona, hizo un diagnóstico base de la minería en los principales ríos del departamento. Según Jenny Rojas, directora de la seccional Guainía, en ese año no superaban las 30 balsas en tres ríos: Inírida, Guainía y Atabapo. Ahora ha avanzado hasta el punto de encontrar cerca de 30 dragas en cada río y nuevos puntos de extracción, como el río Negro y el Isana Cuyarí.
El estudio también demostró que, en los ríos Atabapo, Inírida, Isana Cuyarí, Guainía y Taraira, los niveles de mercurio y cadmio en peces, plantas y sedimentos sobrepasaban los límites que la Organización Mundial de la Salud considera “seguros”. Solo en el río Inírida, por ejemplo, tomaron muestras de sangre que tenían niveles de mercurio hasta 100 veces por encima de lo permitido.
Los operativos poco efectivos para controlar la minería ilegal en Guainía
El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Defensa anunció que había dado un “contundente golpe” a las organizaciones ilegales que contaminan los recursos hídricos y degradan los suelos en el Guainía. El balance, aseguraron, dejaba a tres personas capturadas por explotación ilícita de yacimientos mineros cerca de Inírida. Además, la maquinaria y los insumos que usaban fueron incautados, y la infraestructura fue destruida.
Como aseguró Álvaro Pardo, director de la ANM, a El Espectador, este ha sido uno de los esfuerzos para “reducir la criminalidad” en la minería ilegal. “Soy testigo del gran trabajo que se está haciendo desde la Policía y el Ministerio de Defensa para acabar con estas dragas. Llevamos ya varios meses en los que el Ministerio de Defensa le está trabajando muy duro al tema”, dijo.
Sin embargo, como confiesa Rojas, de la CDA, la efectividad para controlar el avance de la minería ilegal “ha sido todo un desafío”. “En el momento se destruyen o incautan tres dragas y al otro día ya hay el doble en el mismo lugar. Además, cuando llegamos a hacer los operativos ‘sorpresa’, ya les han avisado. Entonces se esconden en los caños o pasan, sobre el mismo río, al otro lado de la frontera”, explica.
Un investigador de la Agencia Nacional Minera, que pidió la reserva de su nombre, considera que acciones como estas no resuelven el fondo del problema. “Quemar dos o tres dragas es como coger a diez raspachines y decir que se está erradicando el tráfico de cocaína. La cúspide de la pirámide del oro no está en los mineros, sino en quienes se enriquecen con ese tipo de negocios”, asegura.
Según datos del sistema de información de la Fiscalía, entregados a El Espectador, entre 2015 y 2023 se registran 1.931 procesos por delitos relacionados con la explotación ilícita de yacimiento minero en Colombia. En Guainía las cifras son mínimas. El sistema solo tiene registro de 11 procesos. Ninguno está en investigación.
Pardo, de la ANM, agrega otra variable: “Durante décadas, no se hizo mayor cosa por este fenómeno, que hace unos años no tenía la gravedad que hoy reviste. Ahora es un tema estructural con un problema adicional: cuando el precio del oro sube en el mercado internacional, el tema se dispara terriblemente”. El oro, a nivel internacional, alcanzó esta semana un precio récord.
Sobre las 8:30 de la mañana, de vuelta en el puerto de Inírida, una moto de la Policía pasa ronda por el puerto. Ya no hay motocarros con tanques, o tanques, o embarcaciones llenas de combustible.
*Este reportaje hace parte de la serie “Las Rutas del Oro Sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador hizo parte.
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