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El pasado mes de abril, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció ante la Superintendencia de industria y Comercio (SIC) que la Federación, la Dimayor y los clubes profesionales son un cartel que limita la libre competencia e impide que los jugadores puedan negociar realmente sus contratos y derechos de imagen. La denuncia, revelada por El Espectador, asegura que existe un cartel que viola los derechos de los jugadores profesionales al exigir formatos únicos de contrato, crear estatutos que impiden negociar los derechos de imagen colectivos, y construir listas negras de quienes han intentado alegar por sus derechos laborales o negociar su traspaso a otro club. (La lupa de la SIC a los contratos del fútbol colombiano)
El caso es inédito en el país, aunque la SIC y el fútbol colombiano ya se enfrentaron en el pasado por la millonaria sanción por la reventa de boletas en las eliminatorias del Mundial 2018. En respuesta a la mencionada denuncia, la SIC anunció este domingo que abrió una investigación formal y encontró varias evidencias que, en su juicio, ameritaron formular pliego de cargos en contra de la Dimayor y 16 clubes y sus respectivos presidentes. En la imputación, conocida por El Espectador, se mencionan varias conductas de los presidentes de clubes que serían irregulares y constituirán formas de competencia desleal en el mercado laboral de los futbolistas. (SIC investigará a la Dimayor por presuntos actos anticompetitivos)
Las partes imputadas son la Dimayor, encargada de reglamentar el fútbol de equipos a nivel profesional y de la que hacen parte 35 equipos de la primera y segunda división; y 16 clubes, entre los que se encuentran Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. Así mismo, los presidentes de estos equipos, en calidad de personas naturales.
Las pruebas centrales de la SIC son las comunicaciones que en los últimos años intercambiaron entre sí los presidentes del fútbol colombiano sobre los futbolistas que terminaron sus contratos laborales. La superintendencia identificó tres modalidades. La primera se da cuando los jugadores deciden terminar de forma unilateral su relación laboral con el club, porque consideran que hay justa causa. El club, por el contrario, alega que no existió justa causa y decide que el contrato sigue vigente, que sigue siendo el titular de los derechos deportivos sobre el jugador y que no pueden ser adquiridos por otro club.
De esta manera, los empleadores (los clubes) habrían desconocido la renuncia de sus trabajadores (futbolistas) y habrían solicitado a los demás presidentes de equipos no contratar a esos jugadores. Así, por ejemplo, el 1 de febrero de 2019, Talento Dorado les informó a los demás presidentes de los equipos de la Dimayor que un jugador había terminado su contrato de forma unilateral, por culpa del mismo club, que incumplió sus obligaciones. La presidenta de Talento Dorado apeló, entonces a la “solidaridad de gremio” y al “pacto de caballeros” que existe entre los clubes en este tipo de situaciones. Pero en realidad, la intención era que esos clubes no se atrevieran a contratar a los jugadores que decidieron terminar sus contratos.
De hecho, al ser entrevistado por la SIC, Gabriel Camargo Salamanca, presidente de Deportes Tolima, respondió la siguiente pregunta: ¿Usted ha recibido comunicaciones en las que se pide a los demás presidentes de clubes que no contraten a un jugador? “Que yo recuerde no. Pueda que sí (…) Uno que hacía esas prácticas era el de Águilas Doradas. Salazar. Ese sí hacía esas prácticas de mandar y que no contrataran (…) Que le había insultado a la hermana y no sé cuántos... bueno. Ese sí enviaba esas cartas”, ratificó Camargo, dando a entender que estas comunicaciones sí pretendían vetar a ciertos futbolistas.
Así mismo, se encuentra una comunicación del Cúcuta Deportivo del 9 de diciembre de 2019 a la Dimayor, que a su vez la reenvió a sus equipos. En dicho correo, el club avisó que varios jugadores habían terminado su relación con el club de manera unilateral, pero que consideraba que no existía justa causa. Por eso, les solicitó a los demás equipos “abstenerse de negociar con esos jugadores, ya que ellos buscan sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”.
En otra comunicación de Boyacá Chicó se evidenció que el 5 de diciembre de 2020 su presidente informó que uno de sus jugadores se encontraba vinculado al equipo hasta diciembre de 2022. Esa misma información fue rotada por otro presidente en un grupo de Whatsapp con el siguiente mensaje: “mencionar el club que está perjudicando el FPC (Fútbol Profesional Colombiano) y violando los acuerdos”. A su vez, otro presidente de club replicó: “Apoyo total, presi”.
La segunda modalidad es cuando un club informa a los demás clubes que un jugador en particular terminó la relación laboral sin que existiera justa causa y sin que se cumpliera su plazo y, por ende, les solicita a los otros equipos que no negocien o contraten con dicho futbolista. Aquí se encuentra, por ejemplo, el caso del presidente del Envigado, Ramiro Ruíz Londoño, quien el 2 de agosto de 2018 envió un correo a los demás presidentes del fútbol para avisarles que un jugador había terminado su contrato “tentado por una oferta de otro equipo”, por lo que Ruíz apeló a la “solidaridad del gremio y al pacto de caballeros que entre nosotros existe para esta situación”.
Carlos Alberto Barato Méndez, representante de Fortaleza, respondió: “Inaudito que algún club lo registre luego de conocer esta situación. Eso sí es cuidar nuestro negocio”. Días después, Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente de la Equidad, se sumó a la cadena de respuestas y sostuvo: “Espero que estos correos sean verdaderamente privados y no salgan a la luz pública (…) Recomiendo no hablar de vetos ni de unirnos en contra de… esto puede ser interpretado jurídicamente a una cartelización en contra el derecho al trabajo y demás”.
Por último, en la tercera modalidad, los presidentes de los clubes suelen avisar que un determinado jugador no quiere renovar su contrato, cuyo plazo está próximo a vencerse, y que por eso no deben ser contratados por los demás equipos profesionales. Esto es irregular porque cualquier futbolista, como trabajador, tiene la potestad de no renovar con su empleador y firmar un nuevo contrato como jugador libre con otro club.
Para ejemplificar esta última modalidad, la SIC tiene como prueba un correo enviado por la presidenta de Talento Dorado, Paola Salazar Olano, a los presidentes de los clubes afiliados a la Dimayor. La directiva les contó que uno de sus jugadores se negó a renovar su contrato, lo que perjudicaba a la institución por la inversión realizada, y a continuación les solicitó a los destinatarios que le informaran cualquier contacto con el jugador o con su empresario. “Un caso similar se nos presenta a nosotros con el jugador X (….) solicito la solidaridad de ustedes adicional que debemos buscar que este tipo de situaciones no se presenten con normas o sanciones ejemplarizantes”, respondió Tulio Castrillón Tobón, presidente de Once Caldas.
“En todos los casos estas comunicaciones tenían una misma finalidad: presionar al jugador para que, en caso de querer vincularse laboralmente con otro club en Colombia, no negocie sus derechos deportivos directamente como un jugador libre, sino por intermedio de su antiguo empleador, quien obtendrá réditos económicos por esta transacción”, afirma la SIC en el pliego de cargos.
El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón Rodríguez, reconoció ante la SIC que sí envió comunicaciones a la Dimayor y a los demás presidentes de equipos de fútbol informando sobre un jugador que había terminado su contrato de forma unilateral. “Sí. Con el caso que tú acabas de mencionar. Ha sido el único caso porque realmente, además de que nosotros hemos invertido unos recursos elevados, también todavía tenemos una deuda elevada con el club a quien consideramos comprarle el 50% de los derechos económicos de él y enviamos una comunicación, como vuelo y repito, informando que antes de que se contrate y eso se espere para nosotros poder tener diálogo (…) Pero no evitando que él pueda tener posibilidades o alternativas en su vida”, se lee en la declaración de Casabón.
Tras escuchar esto, el funcionario de la SIC insistió en la siguiente pregunta: ¿Usted o la asociación ha recibido en el pasado comunicaciones de presidentes de equipos de clubes en las que se haya solicitado que no se negocie con determinados jugadores argumentando que estos tienen algún contrato vigente con esos equipos? Óscar Casabón Rodríguez, presidente del Deportivo Pasto, respondió: “Sí. Vuelvo y te repito, o sea es algo no para evitarle al trabajador que pueda laborar, sino es algo más de respeto entre los presidentes o representantes legales de los clubes, porque no es justo que x club haya invertido cantidades inmensas de recursos y que por x, y o z circunstancia pierda esa inversión porque un jugador decide renunciar”.
No obstante, para la SIC la conducta de Casabón sí estaba dirigida a impedir que el jugador que había renunciado fuera contratado por otro equipo. Incluso el presidente del Deportivo Pasto se comunicó por Whatsapp con el futbolista en cuestión para avisarle que ya le había contado a “la gente” que se había querido liberar de una “manera inadecuada y llegar como jugador libre”, y por lo tanto no lo iban a aceptar. “Piénsalo, reflexiona”, le escribió Casabón al futbolista que se quería ir del Pasto.
Al mismo tiempo, Casabón sostenía una conversación en otro grupo de Whatsapp en la que comentaban el caso de este jugador. “Ahí puedes ver cómo actuamos. Bloquearlo en Colombia y se le dañó el negocio (…) mientras pretenda llegar libre va a ser muy difícil”, escribió Casabón en la charla.
En conclusión, para la SIC, estas comunicaciones dan cuenta de que los presidentes de clubes solicitaron no contratar a ciertos jugadores, pese a que las renuncias presentadas por ellos eran legítimas. Esto constituiría una conducta anticompetitiva de los clubes y un abuso sobre los jugadores al pretender retener sus derechos deportivos, aun cuando no cumplen sus obligaciones como empleadores. “Los jugadores estarían viendo cercenados sus derechos y se verían limitados por sus empleadores a ejercer libremente su actividad económica a nivel nacional e internacional”, concluyó la SIC.
La investigación de la superindustria determinará entonces si efectivamente los clubes del fútbol colombiano y la Dimayor se aliaron para conformar un cartel del trabajo y si, como ya lo asegura la SIC en el expediente, acordaron no negociar los derechos deportivos de determinados jugadores y ejecutaron lo pactado entre “caballeros”.
