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Hace unos días, el fútbol mundial entró en crisis tras el anuncio de una liga europea entre los clubes más poderosos y tradicionales. La idea fue desestimada por la misma FIFA, otros equipos profesionales, los hinchas y gran parte de la prensa, pero en el fondo de la discusión quedó evidenciada una realidad: la crisis económica, producto de que el gasto es mayor que la inversión, hace que el mercado de pases de futbolistas esté desbordado y los ingresos mal distribuidos. Una situación a la que no es ajena Colombia y que para la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) afecta a los deportistas por normas abusivas en los sistemas de contratación.
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El pasado 23 de abril, el abogado Jairo Rubio Escobar, en representación de Acolfutpro, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una denuncia contra la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y los clubes profesionales por limitar la libre competencia. Un caso inédito en el país y que abre un nuevo capítulo en la pelea entre la SIC y el fútbol colombiano, que como antecedente tiene la millonaria sanción por la reventa de boletas en las eliminatorias del Mundial 2018. Esta vez, la asociación de futbolistas acudió a la entidad para evidenciar que existe un cartel que viola los derechos de los jugadores profesionales al exigir formatos únicos de contrato, crear estatutos que impiden negociar los derechos de imagen colectivos, y construir listas negras de quienes que han intentado alegar por sus derechos laborales o negociar su traspaso a otro club sin la autorización del equipo con el que juegan actualmente.
Rubio explicó que la denuncia se concentró en las reglas de juego que obligan a los clubes a tomar decisiones de forma conjunta y no individual en temas laborales. Según los estatutos de la Dimayor, la entidad sólo verifica las relaciones contractuales, tramita las inscripciones y no actúa en representación de los clubes, porque no es el empleador. “La Dimayor sí interviene, porque verifica que los contratos se ajusten a lo acordado en sus asambleas, acuerdos y circulares, que en muchas ocasiones conlleva para los clubes profesionales pactar condiciones anticompetitivas con otros empleadores o intercambiar información sensible asociada con sus políticas laborales", dijo el abogado.
En la denuncia ante la SIC, Acolfutpro alegó que, una de las normas para permitir que un futbolista juegue en la liga colombiana es que ceda sus derechos de imagen colectivos a la Dimayor para uso comercial, bien sea cuando esté en un partido o vistiendo la indumentaria de su club. Para la Asociación, se trata de una conducta anticompetitiva laboral, pues lo que implica es que en el mercado de jugadores los clubes no actúen de forma autónoma e independiente. “Establecen como condición para contratar a un futbolista que ceda sus derechos. Eso es como si los medios se pusieran de acuerdo en sus contratos y exigir algo para contratar periodistas”, agregó Rubio.
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Otro de los reclamos son las listas negras que supuestamente crean los clubes y son propiciadas por la Dimayor. “En estas listas, que impiden a los jugadores ser contratados, se incluyen quienes buscan la terminación unilateral del contrato. A esto se suma que los clubes les prohíben a los futbolistas que se encuentren en la última temporada de vigencia de su contrato negociar con otro club, salvo que el de origen manifieste su acuerdo o reciba una compensación. Los presidentes envían comunicación a sus pares informando las circunstancias que, en virtud de los acuerdos comunes, impiden que cualquier club profesional contrate a un jugador”, dijo a este diario el abogado Rubio, que presentó ante la SIC las pruebas de esas cartas.
Una de ellas es una misiva del 9 de diciembre de 2019, en la que el expresidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena –quien perdió la ficha deportiva por no pagar salarios–, informó a los presidentes de los otros clubes que los jugadores Luis Fernando Miranda y Hárrison Mancilla Mulato “pasaron la carta de renuncia desconociendo que jurídicamente no tenían derecho a pasarla, ya que el Club está cumpliendo todas las obligaciones laborales y contractuales con ellos”, por lo que solicita “abstenerse de hacer cualquier tipo de negociación con algún agente, representante o con el mismo jugador, ya que lo que quieren es dividir el fútbol y sacar ventaja siempre de nosotros los clubes”, se lee.
Otro caso es el ocurrido el 4 de diciembre de 2020, cuando el presidente del Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos, comunicó a otros clubes que “el jugador Nelinho José Tapia Gil se encuentra vinculado con su club mediante contrato laboral a término fijo, debidamente registrado ante la Dimayor, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022”, impidiendo así que gestionara su vinculación a un nuevo club. El tercer caso fue el de Hernán Luna Gómez y Jermein Peña, quienes no pudieron buscar nuevas oportunidades luego de que el 6 de enero de 2021 el presidente del Unión Magdalena, José María Campo, informó que eran jugadores con contrato vigente registrado ante la Dimayor.
Un reclamo más de Acolfutpro es que los estatutos obligan a todos los futbolistas a someter sus diferencias de orden disciplinario y relacionadas con materias de libre disposición ante los órganos disciplinarios deportivos. Es decir, que sus conflictos frente a la posibilidad de ser o no agente libre, no van a la justicia ordinaria. “En virtud de este acuerdo de los clubes profesionales, los futbolistas no pueden someter, so pena de sanciones, cualquier tipo de controversias que no sean laborales, como lo es, por ejemplo, el uso indebido de su derecho de imagen o de cualquier otro asunto de libre disposición por parte de un club, la Dimayor o la FCF, a la justicia ordinaria o un tribunal de arbitramento”, se lee en la denuncia.
“¿Qué tiene que ver la SIC con el fútbol?”
“No he leído la denuncia, pero en Equidad manejamos todo dentro de la ley. Al hablar de la cartelización, se entiende como si manejáramos mercancía y no seres humanos, por lo que aquí se debe hablar es de derechos fundamentales, como el trabajo y la salud. Además, la contratación en el fútbol es libre y voluntaria, pero Acolfutpro pretende que los jugadores incumplan su trabajo, sus contratos –como cuando trasnochan o son indisciplinados–, y no se apliquen sanciones. Son muy permisivos con los jugadores, pero demasiado críticos con los clubes”, manifestó Carlos Mario Zuluaga, presidente del club profesional Equidad.
El directivo del club capitalino agregó que no conoce las supuestas listas negras y que desde Equidad nunca han escrito una carta para que no se contrate un jugador. A su voz se suman las de varios directivos que consideran que las reclamaciones de Acolfutpro afectan a instituciones que sí hacen bien las cosas. Alegan que si bien es una realidad que hay equipos atrasados en pagos, no son todos los 36 que conforman la Dimayor. “Dicen que hay listas negras y doble contratación. No conozco una lista de esas. Ni siquiera por el chat grupal de G-36 (en el que están presidentes y directivos de la FCF) jamás se nombran a jugadores que no puedan ser contratados”, sostuvo otra fuente consultada.
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Los directivos coinciden en que es posible que los clubes denuncien mal comportamiento de algunos jugadores, pero nunca en el sentido de que no los vuelvan a contratar. “En el mundo del fútbol todo se sabe”, dijo uno de ellos. Sin embargo, lo que sí creen es que deben existir reformas en los estatutos que rigen los modelos de contratación, pues si bien la FIFA establece que solo pueden ser contratos temporales y hasta de cinco años, en Colombia la ley solo permite que sean tres. La intención es promover un cambio, porque han descubierto casos puntuales de jugadores y empresarios que intentan manipular a la institución para quedar libres y que los clubes no reciban compensación.
“Si eso sucede, el equipo que invirtió en sus derechos pierde la inversión y ellos ganan una comisión más alta y libre de intermediarios por su traspaso a otro equipo. Muchos en su renovación exigen que les den salarios que rompen el mercado y las finanzas de un club”, dijo otro de los consultados. La postura de los equipos es que deben tener reintegro por la compra de los derechos del jugador y que todo está dentro de las normas del derecho laboral y el derecho internacional deportivo, que a su vez tiene sus tribunales. Además, que no es cierto que no puedan acudir a la justicia para exigir sus derechos laborales.
Frente a los derechos colectivos, varios directivos coinciden en que no se conoce el primer caso en Colombia de un jugador al que se le haya negado la posibilidad de que comercialice su imagen con temas de patrocinios. “Lo que hacen los clubes es que, si uno hace un contrato con una empresa para patrocinio del equipo, el jugador ceda sus derechos para salir en la foto. Además, la imagen de los jugadores vale más porque están en el club y porque juegan a nivel profesional. Si no jugaran en un club, no tendrían valor, a menos que sean exjugadores. ¿Por qué no pensar lo contrario, que el club les está cediendo la imagen?”, dijo Zuluaga.
La denuncia de Acolfutpro abre un nuevo frente de debate en el fútbol colombiano, que se ha visto ahogado por los conflictos internos entre varios clubes y las denuncias de corrupción. El caso de la reventa de boletas parecía que sería un nuevo inicio, pero nada cambió. Las propuestas de modernización y transformación van a paso lento. Sin embargo, son varios los clubes que apuestan por limpiar el fútbol y creen que es injusto que denuncias como la de Acolfutpro intenten perjudicar a quienes hacen bien las cosas. “La Asociación debe mostrar pruebas, como una carta, video o grabación, para decir que existe un cartel en el fútbol colombiano”, concluyó el presidente de Equidad.
El “fair play’' financiero, una propuesta latente
Una de las propuestas es crear un “fair play” (juego limpio) financiero, que evite desfase en premios, préstamos y salarios de jugadores, pues consideran que los grandes equipos pagan más de lo que reciben y eso impacta en los clubes más pequeños. “Hoy el fútbol gasta más de lo que reciben por derechos de televisión, excedentes de la FCF, boletería, patrocinios y venta de jugadores. Mientras hay instituciones grandes que buscan capitalizar su inversión, otros clubes tienen dueños propios que enriquecen sus bolsillos y no invierten en divisiones inferiores ni desarrollo. Tampoco garantizan el pago de nóminas y el sector financiero no confía en ellos para prestarles”, manifestó un directivo de la Dimayor.
Al preguntar qué tiene que ver esta situación con la denuncia por cartelización, los directivos creen que el fondo del asunto son los ingresos de los deportistas. Los clubes terminan cediendo a subir salarios y se endeudan con la expectativa de obtener una retribución con su venta. Sin embargo, esa es una cara de la moneda, pues hay otros equipos que a costa de bajos sueldos buscan apropiarse de toda la plata que reciben sin volverla a invertir o mejorar las condiciones de sus jugadores. “Muchos dueños de equipos que estaban en la B y eran competitivos, se enriquecieron al llegar a la A, porque recibir más recursos y no invertirlos para ser más competitivos. Por eso quebraron, como el Cúcuta”, reconoció un directivo.