En un documento de 22 páginas, doce patriarcas de la comunidad menonita, ubicada en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016, solicitaron a la Fiscalía General iniciar un principio de oportunidad. Se trata de un mecanismo contemplado por la ley que les permitiría, en este caso, ejecutar una reparación del daño ambiental y evitar así una eventual condena. El ente investigador acusa a 12 patriarcas de esa comunidad de 300 familias de cometer, entre 2017 y 2021, los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Según el escrito de acusación de la Fiscalía en su contra, los menonitas habrían estado involucrados “con la remoción de cobertura vegetal y la tala mecanizada de numerosos árboles y de diferentes especies nativas de la región colombiana. Todo ello en un área de aproximadamente 110 hectáreas, con el fin de adecuar el área para el establecimiento de cultivos agrícolas”. Esa área equivale, aproximadamente, a 65 canchas de fútbol. De acuerdo con el ente investigador, los menonitas no tenían los permisos de las autoridades para hacer esa tala masiva de bosque nativo, lo cual generó una erosión del suelo y la eliminación de corredores estratégicos para la migración de aves y mamíferos.
La Fiscalía señaló que los menonitas construyeron cuatro puentes, que oscilan entre los siete y seis metros de ancho por 11 a 16 metros de largos. Los funcionarios del CTI que inspeccionaron las zonas encontraron que esas estructuras invaden el cauce o áreas de tres cuerpos hídricos: el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. El Espectador logró acceder al expediente del caso, el cual tiene un documento en el que los menonitas dan pistas sobre cómo sería su plan de reparación ambiental, en dado caso que un juez lo avale. El documento de 22 páginas también tiene un relato de sus abogados sobre cómo está conformada la comunidad menonita en Colombia y sus motivaciones religiosas, sociales y económicas.
“En lugar de ser objeto de una sentencia condenatoria, la oportunidad para realizar una serie de actuaciones, que cumplen con los condicionamientos inicialmente pactados, donde prevalece la protección y recuperación o restablecimiento, en este caso de recursos naturales (...) En cuanto a la invasión de áreas que presuntamente sean de importancia ambiental y rondas hídricas que se describen en los informes técnicos, se propondrán entre otras actividades como talleres, vallas informativas, jornadas de limpieza y todas aquellas que disponga la autoridad ambiental Cormacarena, con el fin que el principio de oportunidad de una forma efectiva se logre los tiempos del sistema penal acusatorio”, dice el documento conocido por este diario.
Uno de los abogados de los menonitas señaló le dijo a este diario que “en este momento no podemos proponer acciones específicas, porque estamos a la espera de que Cormacarena se pronuncie, donde se va a orientar las acciones posibles de reparación dentro del marco del principio de oportunidad. Cormacarena ya ha manifestado que el caso es de su prioridad, entonces, esperamos que este año ya tengamos términos y referencias y así poder continuar con todo lo demás. Hay una disposición total de la comunidad de atender esas pautas, conscientes de que las presuntas conductas se desarrollaron en sus propios predios y que no solo sostienen a sus familias, sino que también aportan al comercio y a la economía regional”.
El ente investigador busca llevar a juicio por estos hechos a Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen, Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr. Lo que ha dicho la Fiscalía es que los menonitas “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere de permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su propia voluntad, quisieron la realización de las obras”.
Como contó este diario, el pasado 5 de septiembre, el fiscal del caso estaba listo para iniciar la acusación en su contra. Sin embargo, los abogados de los menonitas pidieron suspender la audiencia, pues adelantan una negociación con la Fiscalía para concretar un principio de oportunidad. Se trata de una figura contemplada en la ley que les permitiría, en este caso, ejecutar una reparación del daño ambiental y evitar así una eventual condena. Uno de los abogados de los menonitas expresó durante la audiencia que “nuestro propósito no es dilatar las audiencias, por el contrario. Nosotros fuimos los que iniciamos el proceso para llegar a un principio de oportunidad. No queremos eludir responsabilidades, como se quiere hacer ver”.
El defensor agregó que sus clientes han asistido a todas las audiencias y que, incluso, fueron ellos los que aportaron el traductor para los 12 procesados, quienes entienden español, pero su principal lengua es el plautdietsch, un dialecto alemán. El juez del caso reconoció que este tipo de “conflictos sociales” no siempre se pueden solucionar a través de las condenas, pero señaló que, en todo caso, la audiencia tenía que continuar. Entre otras, porque acogió uno de los argumentos que la Procuraduría puso sobre la mesa: la negociación entre la Fiscalía y los menonitas apenas está cogiendo forma. Durante la diligencia, quedó claro que, en junio de 2025, los procesados enviaron un documento a Cormacarena, la autoridad ambiental en el Meta, en el que presentaron su plan para restaurar el daño ambiental generado en Puerto Gaitán.
La comunidad menonita habita desde 2016 en tres megafincas que suman 30.000 hectáreas, las cuales son destinadas a la agroindustria. Un terreno similar al municipio de Soacha. Además, que otros predios bajo su poder fueron comprados a dos viejos conocidos del mundo criminal: Édgar Augusto Gutiérrez y Wilson Rodrigo Jiménez, ganaderos y narcotraficantes condenados en 2007 por la justicia francesa por intentar ingresar dos toneladas de cocaína en un avión del príncipe saudí Nayef Al-Shaalan. Sin embargo, el primer movimiento para avanzar en la investigación penal se conoció en julio de 2024, cuando la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los 12 menonitas.
El proceso penal está lejos de acabar ante las dos salidas que, por ahora, aparecen en su camino ante la justicia colombiana. El primero, el del principio de oportunidad, ni siquiera ha sido construido por la Fiscalía, y mucho menos presentado ante un juez, que será el encargado de darle luz verde. El segundo, el de afrontar un juicio penal, el cual solo se reactivará en enero próximo. A partir de allí, es incierto el tiempo que pueda pasar hasta que se emitan, al menos, las sentencias de primera y segunda instancia que resolverán si los menonitas son culpables, o no, de cometer delitos ambientales en Puerto Gaitán (Meta).
Consulte más temas de Investigación 🔍📓 de El Espectador aquí.
Si le interesan los temas de Investigación y quiere opinar sobre este contenido y recibir o compartir más información, escríbame al correo de jescobar@elespectador.com (David Escobar Moreno).
Por David Escobar Moreno
