“Hay un plan para matarme”: las interceptaciones a la abogada del paramilitarismo

“Hay una orden para asesinarla lo más pronto posible”. En esta corta frase se resume una visita que le hicieron dos funcionarios del CTI de la Fiscalía a Consuelo Parra Velandia, quien es conocida en el bajo mundo y los pasillos judiciales como la abogada de la mafia. El 21 de septiembre de 2022 los funcionarios fueron hasta su casa, en el norte de Bogotá, para darle ese mensaje y los detalles de cómo descubrieron ese plan. A la mañana siguiente, un mayor de la inteligencia policial la llamó para informarle que uno de sus hombres la acompañaría hasta el despacho de la entonces vicefiscal general, Martha Mancera, para denunciar esa amenaza de muerte. “A las 10 de la mañana es la cita, doctora”, dijo el uniformado.

Esta llamada —y decenas más interceptadas por la Fiscalía— aparece en un informe de 821 páginas conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, el cual es pieza clave en el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra Parra. Esta abogada, que defendió a capos como Don Mario y Otoniel, es acusada por el ente investigador de liderar una red que lavaba activos para el Clan del Golfo, a través de una red de testaferros que habría ocultado 240 inmuebles de esa organización criminal en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Además de estar en el radar de las autoridades, el extenso reporte también revela que la abogada estaba en la mira de una poderosa red sicarial que funcionaba en el sur de Bogotá.

Estas dos organizaciones han tenido una particular relación en los últimos 15 años. Durante ese lapso estuvieron enfrentadas y, a la vez, delinquieron de manera conjunta en Antioquia para no “pisarse” en las rentas criminales. Incluso, la Policía dice que hubo periodos en que sus miembros eran parte de ambas organizaciones. Algo similar a lo que ocurrió a inicios de los 2000, cuando narcos de la Oficina se camuflaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre ellos, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, cliente de vieja data de la abogada Consuelo Parra. Incluso, en el informe conocido por este diario hay conversaciones entre ellos del año 2020. “No es hablar en contra de Uribe”, le dice Parra al extraditado capo ante una posible solicitud para que se sometiera a la JEP.

Un sicario, el notario y falsos policías

Ya en el búnker de la Fiscalía, Parra hizo un relato sobre lo sucedido en las últimas 24 horas. “Ayer vinieron a mi casa dos agentes del CTI, de parte de una fiscal que tiene el caso del sicario que mato al notario y al hermano. Al tipo lo capturaron el 16 de septiembre (de 2022) y ayer (miércoles 21 de septiembre) dijo que iba a colaborar con la justicia y pasó una lista de seis personas. Dijo que esta semana iban a matar a una abogada. Él da mi nombre, la placa de mi carro, mi dirección y todo, entonces la fiscal local de la unidad de vida manda a los de CTI a que verifiquen la información que el tipo estaba dando y para darme la alerta de que hay un plan de matarme, que estaba para ejecutar esta semana”, relató Consuelo Parra a la vicefiscal Mancera.

Los homicidios mencionados por Parra son los que perpetró el mencionado sicario contra los hermanos Andrés Felipe y José Francisco Varona Ortiz, en marzo y julio de 2022, respectivamente. Este último, quien era el notario 76 de Bogotá cuando fue asesinado, se opuso a que un megalote en Ciudad Salitre quedara en manos de un grupo criminal. Parra señala en una de sus conversaciones que se apartó de los temas judiciales por seguridad: “Sé a quiénes he defendido, además uso cosas caras y ando en carros blindados”. Además, agregó en esa comunicación telefónica que, unos meses antes, en mayo de 2022, interpuso una denuncia ante la Fiscalía sobre dos hechos que la hicieron temer por su seguridad.

“Hace cuatro meses vinieron acá unos oficiales de ‘mentiritas’. Yo tengo la denuncia, igual te la muestro hoy. Vinieron a mi conjunto, supuestamente a hacer una verificación de las áreas comunes. Ahí no me preguntaron por mí. Después de venir a mi casa, se fueron para la oficina mía a hacer las mismas preguntas y que los dejaran subir hasta mi despacho. No los dejaron subir, pero todo quedó en video y fotos. Puse la denuncia ante la Fiscalía, pero no pasó nada”, le cuenta Parra a un alto oficial de la Policía, vía telefónica. Hasta ahora no se sabe quién ordenó asesinar a la entonces abogada de alias Nicolás, quien entregó información clave a la Fiscalía para que el máximo líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, fuera capturado y extraditado en mayo de 2022.

Lo que sí tienen claro los investigadores de la Fiscalía General es que el sicario, Jorge González Garzón, alias Freddy, era un antiguo miembro de la extinta guerrilla de las FARC y que en, 2016, firmó el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano. Posteriormente, retomó el camino de la ilegalidad y las autoridades indican que participó, al menos, en otro homicidio. En enero de 2023, el confeso criminal que tenía órdenes de matar a la abogada Parra fue condenado a 21 años de cárcel. En ese fallo, el juez le solicitó a la Fiscalía investigar quiénes estaban detrás de esa organización sicarial y envió el expediente judicial a la JEP para este sistema de justicia tomara las medidas pertinentes contra el exguerrillero tolimense de 38 años de edad.

El pacto con la Oficina y El Clan del Golfo

En junio de 2022, una sala de interceptación de la Fiscalía grabó las llamadas de dos supuestas fichas de la red de lavado de activos de Consuelo Parra. De esas conversaciones, el ente investigador concluye que: “El grupo delincuencial organizado de la Oficina de Envigado hizo la reclamación de unos predios que administra la estructura de Parra, ante lo cual ella llega a un acuerdo consistente en hacer la entrega de 2.000 millones en muebles e inmuebles a través de una persona de confianza Héctor Javier Restrepo Santamaría alias Perra Loca, a quien le han enseñado varios inmuebles que administra el grupo de personas que estarían al mando de la abogada Parra”.

Ese hombre mencionado por la Fiscalía, Restrepo Santamaría, es un antiguo miembro de la Oficina que fue cercano al exjefe paramilitar Vicente Castaño y que, entre 2010 y 2017, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. A su regreso a Colombia, su nombre fue vinculado en el caso Meritage, un exclusivo megaproyecto inmobiliario en Medellín que fue permeado por la mafia. Pero volvamos a las interceptaciones a la supuesta red de Parra. El 16 de junio de 2022, dos empleados de Parra dicen en una conversación telefónica que fueron abordados hombres de la Oficina y del Clan del Golfo, “diciendo que eran dueños de un lote en Guarne que compramos hace 5 años y que tenemos que entregárselo y vino así, a pistola, mejor dicho”, relató uno de ellos.

Las interceptaciones dejan vacíos de cómo Parra arregló con la Oficina de Envigado y El Clan del Golfo. Lo cierto es que en una interceptación del 27 de julio de 2022, dos miembros de esa red dan luces sobre este asunto: “Están recogiéndole todo a Nicolás esos de La Oficina, pero ya cuadraron (...) Ese man sí tenía mucha plata, en la operación de extinción de dominio de la Fiscalía le quitaron $4 billones, es una cifra que uno no es capaz de escribir (...) quién sabe cuántas propiedades más tiene. Él tiene que entregar eso y más cosas; fuera de eso, la Oficina de Envigado le quitó más plata”, dice una de las personas que trabaja para la abogada.

Esa misma conversación de los empleados de Parra revela la identidad de un viejo conocido de los asuntos judiciales implicado en este asunto: al parecer, quien estaba haciendo ese reclamo de los bienes era Juan José Valencia, alias Falcon, uno de los narcos más cercanos a Otoniel. Esa llamada también menciona un asunto que casi entorpece la negociación: ese 27 de julio de 2022, lo extraditaron a Estados Unidos por narcotráfico. “Se llevaron para la USA al man con el que estábamos hablando, con el que estábamos en contacto, ahora vi en el noticiero. Pero ya estaba organizado todo, pero usted sabe que si no están esos manes se pone complicado”, dice una de las fichas de la abogada Parra en una llamada interceptada por la Fiscalía.

Es decir, de acuerdo con los audios conocidos por este diario, Falcon daba órdenes desde la cárcel La Picota (Bogotá), donde estaba preso desde mayo de 2021, mientras esperaba que las autoridades colombianas coordinaran con Estados Unidos su extradición. Los hombres de Parra también mencionan en sus conversaciones que nadie se iba a meter con ella porque, aparentemente, alias Perraloca la protegía. Incluso, especulan que tendría tanto respeto en el mundo de la mafia que alias Douglas, líder de la Oficina de Envigado (hoy nombrado como vocero de paz por el Gobierno de Petro), la nombraría como “subgerente” de ese grupo criminal.

Fuentes judiciales señalan que ese negocio se concretó sin mayores problemas. De lo que no pudo escapar la abogada de los jefes paramilitares fue de las investigaciones del ente investigador en su contra. En diciembre de 2023, la Fiscalía la capturó y la señaló de ocultarle bienes al capo alias Nicolás. Recientemente, el pasado 26 de agosto se truncó —por segunda vez— el llamado a juicio en su contra, ya que la fiscal del caso no asistió a la audiencia. Por lo pronto, Parra insiste ante la justicia que sus propiedades las consiguió con dinero que no está ligado al narcotráfico y que sus propiedades las consiguió legalmente.

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