Óscar Gutiérrez, líder de la organización Dignidad Agropecuaria, denunció en una carta enviada al Ministerio de Agricultura y a la Contraloría General que en los últimos veinte días funcionarios de Fedegán han presionado a dirigentes ganaderos de distintas regiones de Colombia para que voten por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan.
Según Gutiérrez, los funcionarios de Fedegán han llamado a varios líderes ganaderos para que respalden a Cabal y consigan votos de los miembros de sus organizaciones. De no hacerlo, dice Gutiérrez, no los incluirán en el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Si los ganaderos no están al día con la vacunación no reciben las autorizaciones del ICA y no pueden hacer explotación bovina de ningún tipo. En palabras sencillas: sin vacunación contra la fiebre aftosa no se puede vender ni comercializar carne y leche.
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La carta es contundente: “esta presión sobre los ganaderos y sus organizaciones sucede en varios sitios del país. Parece que responde a una orden nacional dada a los funcionarios de Fedagán para que presionen la votación por la señora María Fernanda Cabal”.
En entrevista con El Espectador, Gutiérrez afirmó que, en concreto, los funcionarios de Fedegán estarían pidiendo 200 votos de cada organización ganadera para Cabal. “Es un chantaje, una especie de extorsión”, dice Gutiérrez. Además de los votos, Gutiérrez denuncia que los funcionarios de Fedegán habrían ejercido presión para que los lideres ganaderos locales dejen poner publicidad y propaganda de la campaña de Cabal en las sedes de las organizaciones ganaderas.
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Óscar Gutiérrez explica que Fedegán ejerce poder y control sobre el Fondo Nacional del Ganado, que es quien administra los recursos parafiscales que se utilizan en la vacunación contra la fiebre aftosa. “Nosotros decidimos enviar esa carta al Ministerio y a la Contraloría para que investiguen. Pedimos una reunión con el ministro para mostrarle los audios de las llamadas que confirman las presiones de Fedegán”, dice Gutiérrez.
El líder campesino insiste en que no puede dar los nombres de los dirigentes que han recibido las presiones por razones de seguridad. “Nos atrevimos a hacer la denuncia, como una especie de S.O.S para que las autoridades hagan algo y el señor Lafaurie no use a Fedegan para presionar a ganaderos para que voten por su esposa”.
En la carta también se denuncia que Fedegán está usando bases de datos de las organizaciones ganaderas para controlar dónde y por quién están votando las personas asociadas. “Esta campaña, además, está acompañada de indebidas presiones a las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, OEGAS.”, concluye Gutiérrez.
La oficina de prensa del Ministerio de Agricultura le informó a El Espectador que “el área Jurídica del Ministerio dará traslado a los entes de control, quienes, por competencia, son los que deben investigar”. Por su parte, en Fedegán afirmaron que la denuncia era un ataque político de Dignidad Agropecuaria, organización que respalda la candidatura de Jorge Enrique Robledo. “Dignidad Agropecuaria no aporta ninguna prueba de lo que supuestamente está denunciando. Si fuera una denuncia seria, debería aportar pruebas, no enviar una carta sin ningún sustento”, explicó uno de los funcionarios de prensa de Fedegan.
En un comunicado de prensa compartido días después de la publicación de este artículo, la junta directiva de Fedegán afirmó que “es falso que funcionarios de Fedegán hayan hecho llamadas extorsivas a organizaciones de ganaderos, para presionar el respaldo a la candidatura de María Fernanda Cabal y la difusión de su propaganda política, bajo la amenaza de no renovación de los contratos para el manejo del ciclo de vacunación contra fiebre aftosa”.
Fedegán, además, dijo que era falso y “absurdo”, que el gremio ganadero tuviera bases de datos para “controlar los sitios donde votan vacunadores, ganaderos y demás personal de las organizaciones de ganaderos, pues más allá de la información individual que cada ciudadano puede solicitar, las bases de datos de inscripción de cédulas son de manejo exclusivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.