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Ganaderos dicen que mano derecha de Carlos Castaño financió la masacre de El Aro

Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro quien, según la Fiscalía, manejó el Parqueadero Padilla, la oficina que llevaba la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por el clan Castaño. Desde enero de 2024, la Fiscalía lo procesa por la masacre de La Granja, perpetrada en junio de 1996.

David Escobar Moreno

20 de agosto de 2025 - 06:00 a. m.
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Foto: Cortesía Fiscalía
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Las extensas declaraciones de Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la JEP —los ganaderos de Ituango que confesaron patrocinar dos masacres paramilitares en 1996 y 1997— tienen varios detalles reveladores sobre cómo y quiénes gestaron esas dos incursiones criminales que dejaron a 24 campesinos asesinados. Uno de los señalamientos de los hermanos ante esa jurisdicción especial apunta contra un viejo conocido de los asuntos judiciales: Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien según la Fiscalía, fungía como jefe financiero de los hermanos Castaño en los años noventa.

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Las confesiones de los Angulo, reveladas por este diario el pasado 16 de agosto, apunta contra Soto Toro por un grave asunto: el hombre de confianza de la cúpula paramilitar habría entregado dineros para que se ejecutara la masacre de El Aro perpetrada en octubre de 1997. “Cuando Lucas no mandaba dinero a los paras en Ituango, yo le entregué 10 millones a alias Junior, el paramilitar en Ituango que seguía órdenes de Mancuso”, dijo Francisco Angulo en febrero de 2025 ante los magistrados de la JEP.

El Espectador se contactó con la defensa de alias Lucas para conocer su postura con relación a las declaraciones de los hermanos Angulo. El abogado Jorge Rodríguez señaló que las declaraciones de los hermanos no tienen ningún fundamento o aporte adicional que comprueben que Lucas entregaba los dineros de los paramilitares que entraron a Ituango en 1996 a cometer las dos masacres paramilitares. El defensor de Soto Toro le dijo a este diario que los hermanos jamás habían hablado de su cliente ante otras autoridades y que solo ahora lo hacen “para ser aceptados por la JEP, la cual busca aportes novedosos de verdad”.

Y agregó: “Para mí es un tema demasiado vago que no pasa del chisme, no dice absolutamente nada concreto, cuando tengamos la oportunidad de interrogarlos o de contrainterrogarlos, le aseguro que eso se cae de su propio peso. Usted contrasta todos los expedientes y nunca mencionaba. Junior le dijo a la Fiscalía en 2017 que no recuerda que Jacinto Alberto Soto le haya dado recursos, como para que ahora diga ese señor Angulo que Junior le dijo que Jacinto le daba recursos, entonces creo que no hay nada de qué preocuparse”.

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No es la primera vez que Lucas es mencionado en expediente judiciales. En enero de 2024, en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín lo condenó a 40 años de prisión, por su participación en los hechos que rodearon el asesinato de tres investigadores del CTI de la Fiscalía que indagaban sobre las finanzas y los patrocinadores del narcoparamilitarismo en Antioquia. El abogado de Lucas le contó a este diario que, en septiembre de 2024, presentó una impugnación de la sentencia ante la Corte Suprema con el fin de tumbar el fallo.

Los tres crímenes por los que fue condenado Lucas son el de Manuel Guillermo López Umaña (5 de septiembre de 1997), John Jairo Ruiz (14 de marzo de 1998) y Luis Fernando González (13 de abril de 1998), quienes investigaban los tentáculos del paramilitarismo en Antioquia. Estos asesinatos, y los de otros nueve integrantes de ese cuerpo de investigación, fueron perpetrados en un contexto en el que los paramilitares habían infiltrado la Fuerza Pública, la propia Fiscalía, políticos, y otros sectores de la sociedad. Además, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, otro exjefe paramilitar, en ese momento era el capo de la Oficina de Envigado, tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993.

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Lucas, que fue recapturado en abril de 2021, ha resumido ante las autoridades que su papel en las Auc fue el de un simple “mandadero” y que no tenía jerarquía para ordenar asesinatos. Sin embargo, para la Fiscalía es claro que su papel fue más allá y fue determinante en la planeación de asesinatos, que eran perpetrados por la temida banda La Terraza, a la cual se le endilgan los homicidios de Jaime Garzón y el abogado Jesús María Valle, quien denunció las masacres de Ituango. Por ese mismo papel logístico fue que a principios de agosto de 2022 la Fiscalía también llamó a juicio a Lucas por planear la masacre de nueve personas en Coredó, en 1996. En este proceso, dice su defensa, se encuentra en las audiencias previas al juicio.

Lucas, que fue recapturado en abril de 2021, ha resumido ante las autoridades que su papel en las Auc fue el de un simple “mandadero” y que no tenía jerarquía para ordenar asesinatos. Sin embargo, para la Fiscalía es claro que su papel fue más allá y fue determinante en la planeación de asesinatos, que eran perpetrados por la temida banda La Terraza, a la cual se le endilgan los homicidios de Jaime Garzón, Jesús María Valle, Mario Calderón y Elsa Alvarado, entre otros. Por ese mismo papel logístico fue que a principios de agosto de 2022 la Fiscalía también llamó a juicio a Lucas por planear la masacre de nueve personas en Coredó, en 1996.

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Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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