La inestabilidad en la zona de frontera, con territorios convertidos en áreas de confrontación armada que se extiende desde Colombia, determinan que Venezuela viva hoy una franca transición hacia la producción de cocaína, con la evolución criminal que trae consigo este ilícito negocio. Esa es la conclusión del informe preparado por el centro de pensamiento y medio de comunicación InSight Crime, que documentó en terreno y en regiones estratégicas, lo que pasa hoy mientras los gobiernos de las dos naciones le dan continuidad a su diálogo de sordos.
La investigación que se reveló este miércoles reporta que la región del Catatumbo en Colombia y el estado Zulia en Venezuela llevan mucho tiempo usadas para el colegaje criminal. Enmarcadas en la serranía del Perijá, constituyen la geografía de expansión de la economía cocalera. Con realidades complementarias inocultables. Del lado colombiano, los impulsores son el Eln y las disidencias de las Farc. Desde Venezuela, ya no sólo crecen las pistas de aterrizaje clandestinas para movilizar cocaína, sino también la mano de obra migrante que vuelve con los dineros de la siembra o la que se lucra de los laboratorios al alza.
En 2019, la detención por cargos de narcotráfico y movimiento de precursores químicos del general Leopoldo Lapadula Sira, entonces comandante del Ejército en Zulia, aportó la evidencia que no se documenta en extenso en los medios de comunicación o en los informes oficiales del vecino país. Con fuentes distintas, entre ganaderos, periodistas o residentes de la zona, InSight Crime constató que al menos en los municipios zulianos de Jesús María Semprún, Catatumbo y Machiques de Perijá, está echando raíces de manera extendida el negocio cocalero.
Sin embargo, las fuentes también explicaron que son cultivos controlados desde Colombia. “Aquí domina el Eln. Ellos son los que controlan toda el área desde el Río Bravo hasta Río Abajo”, comentó un residente de la región, que además añadió: “Han estado comprando hectáreas a los propietarios de fincas para el cultivo de la coca”. Otra persona que habita en la zona refirió a los investigadores de InSight Crime: “Si uno tiene una finca que ellos quieren comprar, hay que vendérsela, quiera o no, porque van a sembrar coca”. La situación ya ha generado desplazamiento de ganaderos o propietarios de tierras.
El dilema es mayor si se advierte que además de las montañas tropicales de Zulia, ahora también se aprovechan los pastizales de los llanos occidentales de Venezuela en el estado Apure para aumentar las rentas de la coca. A pesar de sus dificultades para la producción, el informe sostiene que los productores de droga han logrado desarrollar cepas más versátiles, y que hoy ya se advierten las plantaciones de coca en áreas dispersas de los municipios de Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, a lo largo de las orillas de los ríos Capanaparo, Cinaruco y Riecito. Las plantaciones viven fuertemente custodiadas por guerrilleros.
“La zona donde tienen los cultivos es impenetrable. Tienen un estrecho anillo de seguridad por todas partes. Nadie puede entrar con un teléfono, una cámara o un reloj. Si vas allí, te desnudan, y si la organización no te aprueba, no te dejan entrar”, comentó un líder social. Otra fuente protegida añadió que las disidencias de las Farc “utilizan a los campesinos o a los grupos indígenas para preparar el suelo, sembrar y cosechar los cultivos”. Los indígenas constituyen mano de obra barata y después terminan amenazados. Las fuentes reportaron que se han llevado instructores desde el Putumayo para enseñar la preparación de la cocaína.
Según la investigación del centro de pensamiento que orienta el periodista Jeremy McDermott, “el narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias del presidente de Venezuela Nicolás Maduro para aferrarse al poder”. No para captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de la cocaína, sino para “controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para apremiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del gobierno”. Eso explica por qué cada día se ha vuelto más difícil controlar la criminalidad derivada de la cocaína.
El diagnóstico de Estados Unidos apunta a que, en la actualidad, anualmente se trafican por Venezuela unas 250 toneladas de cocaína. Después de tres años de investigación con trabajo de campo en puntos críticos y decenas de entrevistas en toda la cadena de flujo de la cocaína, InSight Crime sostiene que hoy las rutas del alcaloide en el vecino país pasan por casi todos sus estados, aunque el inicio de la travesía es Colombia. El informe incluye un mapa de los destinos finales de la droga en México, Guatemala, Bélice, Honduras y República Dominicana, antes de su destino final en Europa o Estados Unidos.
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La investigación detalla la acción concreta del Cartel de Paraguaná y del Cartel de La Guajira como organizaciones cuyos líderes operan como enlaces mafiosos en coordinación con bandas criminales como el Tren de Aragua, el Tren del Llano, la megabanda de San Juan de Unare o Los 300, cada día con mayores niveles de especialización en el montaje de las redes de exportación y soborno. El informe infiere que, en estas condiciones, “para Nicolás Maduro y sus aliados, mantener control de este complejo sistema de narcotráfico, constituye un delicado acto de malabarismo”.
En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló al presidente Maduro y a otros altos funcionarios de su gobierno como apoyos de una organización narcotraficante conocida como el cartel de los soles. En criterio de los investigadores de InSight Crime en realidad nunca ha sido un cartel de drogas, sino “una red porosa y fluída de células traficantes arraigada en las fuerzas de seguridad venezolanas, facilitada, protegida, y, en ocasiones, dirigida por actores políticos”. El informe documenta su historia para concluir en resaltar el papel de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
“Las huellas de Cabello están en todas partes”, recalca el documento del Departamento de Estado en 2020. Las fuentes consultadas para este informe manifiestan que en realidad lo que ha sucedido es que el cartel de los soles ha cambiado y “de ser una red de tráfico poco cohesionada pasó a convertirse en un elaborado sistema de patronaje utilizado para distribuir la riqueza del tráfico de drogas entre quienes, a ojos de Maduro, son necesarios para mantener las estabilidad de régimen”. En síntesis, refiere InSight Crime, el propósito del cartel de los soles sigue siendo ayudar a un presidente chavista a aferrarse al poder.
“No hay un cartel de los soles, porque un cartel no podría sostener todos los soles”, le dijo la periodista venezolana Sebastiana Barráez, a los investigadores de este informe. Pero aclaró que lo que sí hay son militares involucrados en el narcotráfico según los cargos que van ocupando en determinados momentos. En otras palabras, el cartel de los soles terminó fragmentado en múltiples redes y pandillas de narcointermediarios. Otra fuente agregó que la participación de los militares en el negocio depende hoy de la ruta que tomen las drogas.
“Las disidencias de las Farc le pagan al gobierno por cada kilo despegado y ese pago va a los generales”, expresó una fuente. Incluso un agente de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Falcón que habló en condición de anonimato admitió: “Hay que trabajar para estas personas (narcotraficantes) y quedarse callado, porque de lo contrario uno termina en (la prisión militar) Ramo Verde”. Un exfuncionario judicial del estado Carabobo precisó que “la administración del puerto de Puerto Cabello está en manos de los militares y es allí donde transitan la mayoría de las drogas”.
El documento contextualiza la evolución de las organizaciones del narcotráfico en Venezuela, para concluir en hallazgos de actualidad. Por ejemplo, la existencia del cartel de Paraguaná, con la historia a bordo de Emilio Enrique Martínez, conocido como “Chiche Smith”, calificado como uno de los narcos más notorios de la costa caribe de Venezuela. Su captura en abril de 2020 conmocionó al vecino país, pero simultáneamente develó cómo crecen las sinergias entre la política y el narcotráfico hasta constituir sistemas de gobernanza criminal que también caracterizan la evolución del negocio de la droga.
La historia de “Chiche Smith” y sus relaciones con el gobernador de Falcón, Víctor Clark, constituyen un relato aparte. Según un oficial del Ejército, “Clark permitió que los narcotraficantes hicieran mejoras y modificaciones y luego el gobierno regional las inauguraba como si fueran obras públicas”. De esa manera se creó un feudo narco de políticos y fuerzas de seguridad aliados con actores criminales para usar las ganancias ilícitas. La investigación de Insight Crime refiere que se advierten lealtades políticas no sólo para proteger los grupos guerrilleros que trafican narcóticos en Venezuela, sino la participación directa de políticos.
En 2020, cuando la Guardia Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas arremetieron contra “Chiche Smith”, muchos residentes de Paraguaná salieron a las calles a protestar. De esa manera salió a relucir que tenía vínculos cercanos con altos funcionarios del Estado. El comentario generalizado fue que Martínez “debió ser capturado para impedir que se sometiera a la DEA y entregara información comprometedora contra funcionarios del gobierno venezolano”. Un policía de Falcón agregó para este informe: “Si Chiche fuera capturado por la DEA rodarían muchas cabezas por narcotráfico”.
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El informe dado a conocer hoy por el centro de pensamiento y medio de comunicación InSight Crime concluye con la documentación de otro de los personajes que hoy da de qué hablar en el mundo del narcotráfico venezolano: Hermágoras González Polanco, más conocido como “Gordito González”. Nacido en el seno de una familia de población indígena binacional Wayuu en la Guajira, el personaje entró al mundo de la droga desde los años 90. En ese momento lo hizo a través de Salomón Camacho Mora, exintegrante del cartel de Medellín. Junto a él y narcos del norte del Valle, el “Gordito González”, creó el cartel de la Guajira.
El “Gordito González” aprendió tan bien el negocio que pronto extendió puentes desde Venezuela hacia las islas de caribe, sobre todo República Dominicana. Sin embargo, en medio de las peleas propias del negocio, fue capturado cerca al lago de Maracaibo en marzo de 2008. Meses después cayó también su socio Salomón Camacho. La siguiente generación tampoco tuvo prosperidad, pero la evolución de la actividad ha llevado a la creación del llamado cartel del Malecón, que funciona como una red de contratistas organizando envíos a través de intermediarios. Una telaraña de conexiones que se entrelazan con actores estatales corruptos.
El informe de InSight Crime, según sus autores, “busca profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe, mediante la publicación periódica de informes, análisis e investigaciones sobre este flagelo y sobre los esfuerzos de los estados para combatirlo”. El centro de pensamiento es dirigido desde Medellín por el exoficial del Ejército británico y corresponsal de guerra, Jeremy McDermott, con la codirección del excorresponsal y miembro principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University en Washington, Steven Dudley.
Aquí encuentra el informe completo