La cancelación del evento musical Jamming, que se desarrollaría los días 19, 20 y 21 de marzo en Ibagué, tomó por sorpresa a asistentes, empresarios y autoridades, aunque días antes de su realización ya se rumoraba su fracaso y varios artistas declinaron su participación. La noticia oficial, sin embargo, llegó 24 horas antes y la mayoría de las personas ya había incurrido en gastos de hospedaje, transporte y alimentación; o había invertido y preparado sus productos para vender en el evento que esperaba recibir 50.000 personas diarias. (Lea aquí: Cuando el Jamming se volvió tragedia)
En un comunicado oficial, los organizadores explicaron que el evento sería “aplazado”, debido a las cancelaciones de por lo menos 14 bandas, que fueron cambiando el cartel propuesto a los consumidores. Entre las agrupaciones que declinaron su participaron estuvieron Vicentico, Maldita Vecindad, La Sonora 100 Fuegos, los Cafres, UB 40 FT Ali Campbell y Black Eyed Peas. (Protestas del público por cancelación del Jamming Festival 2022)
“A lo anterior se le suma una bodega digital que bombardeó las redes sociales de denuncias sin sustento. Algunos de los mensajes incitaban a agredir al director general del festival y afectar el desarrollo del mismo, de lo cual tenemos las pruebas las cuales serán entregadas a la Fiscalía. A pesar de los esfuerzos realizados por la organización para su realización, dichas circunstancias conllevaron a tomar medidas responsables como suspender el evento, con el fin de salvaguardar la integridad, bienestar y salud de nuestros asistentes, proveedores y público en general”, aseguraron las directivas Buena Vibra EU, propietaria del Jamming,
La compañía ofreció a los asistentes devolverles el dinero o abonarlo para la boleta de otro de sus eventos. Para las reclamaciones de los proveedores, restaurantes, stands y aliados, se dispuso el correo electrónico juridico@jammingfestival.com.co. “Estamos adelantando los compromisos financieros adquiridos con artistas, hotelería, proveedores, entre otros, y así vamos resolviendo nuestro compromiso con la ciudad”, añadieron los organizadores del evento.
La Superintendencia de Industria y Comercio, sin embargo, puso su lupa en el Jamming una semana antes de que se llevara a cabo, pero solo hasta el día de su cancelación, el pasado 18 de marzo, informó que adelantaba una averiguación preliminar contra su productor, la empresa Buena Vibra Eventos EU, por supuestamente no informar a los consumidores que las condiciones del evento, los artistas y el orden de las presentaciones había variado.
El ente de control tiene estos indicios a raíz de unas visitas de inspección que hizo en las instalaciones de la compañía, a la que también le solicitó el 16 de marzo informar en su página web oficial y las redes sociales el listado de artistas confirmados, sus horarios de presentación y las locaciones. Además, la entidad solicitó avisarles a los compradores de boletas las modificaciones del evento, por medio de correo electrónico o mensaje de texto. Incumplir estas órdenes podría conllevar a una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos.
Los productores del Jamming no atendieron los requerimientos de información de la Superindustria, no asistieron a una mesa de trabajo convocada por ésta y cancelaron de forma unilateral el evento. En consecuencia, el ente de control abrió el pasado 18 de marzo una investigación administrativa (que se espera derive en la formulación del pliego de cargos), ordenó dejar de promocionar y publicitar la versión del Jamming 2023, que ya se ofertaba en redes sociales; y le pidió a la Fiscalía investigar lo concerniente al ámbito penal.
Luisa Fernanda Caldas, docente de derecho penal de la Universidad Externado, explica que el Jamming tendría implicaciones a nivel penal por los posibles delitos de estafa o abuso de confianza. El primer escenario tendría lugar si se demuestra que la persona que promovió el festival vendió las boletas anunciando un grupo de artistas con los que no había concretado nada; se trataría de un engaño. El segundo escenario se daría si, aun teniendo la confirmación de las bandas y los permisos de la alcaldía, el evento se canceló y los organizadores no devuelven el dinero de las boletas.
“No implica engaño, pero si me pagaron por un concierto y, éste no se da, me estaría quedando con una plata que no me corresponde”, puntualiza la abogada Caldas. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa en contra de la empresa organizadora, Buena Vibra Eventos EU, y se espera que próximamente se dé la formulación de pliego de cargos. Además, la entidad le pidió a la Fiscalía que investigue.
Los asistentes y emprendedores afectados también se están organizando para demandar de forma colectiva. El abogado Felipe Parra y cuatro de sus colegas están reuniendo casos para representarlos de forma gratuita y hacerles entender a los organizadores que “tienen que responder, y no solo basta con sacar comunicados ambiguos”. Por lo menos 200 personas están interesadas en iniciar las acciones y se está en la etapa de recolección de información y registro de formularios. Se espera que se instauren acciones ante la Superindustria y en la justicia civil.
“Al cambiar de locación, aplazar el festival y cancelar artistas los organizadores generaron perjuicios y daños de carácter moral en las personas, por las expectativas, hicieron incurrir en gastos a los asistentes y comerciantes, en hospedaje y transporte a Ibagué. También vamos a solicitar información a las entidades de control y la alcaldía, que debieron haber hecho acompañamiento, queremos conocer si estaban haciendo un control adecuado, porque también puede haber omisión de autoridades y de la Superindustria, que tuvo que haberse pronunciado antes de que faltaran ocho días para el festival”, resaltó el abogado Parra. Todavía no se sabe a cuánto podría ascender la suma de los perjuicios.
El abogado Parra aclara también que el escenario ideal sería llegar a un acuerdo directo con los organizadores, Buena Vibra Eventos EU, pero que debido al comportamiento y las respuestas oficiales emitidas entiende que “no existe un ánimo conciliatorio que permita un arreglo amigable”. En las instancias judiciales, se planea vincular también a las aseguradoras, pues para un evento de esta magnitud se tuvieron que expedir pólizas precisamente previendo estas situaciones.
La pretensión principal será que un juez ordene el reembolso de los valores indexados de las boletas, y reconozca los valores correspondientes a transporte y hospedaje, y se indemnice por el incumplimiento. “Cabe aclarar que para quienes se vincularon como proveedores o tenían un stand en el festival dichas pretensiones de ajustarán a los compromisos adquiridos con ellos”, concluye el abogado Parra.
