Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El desconcierto se apoderó de Playa Hawái la madrugada del pasado 18 de marzo, cuando decenas de emprendedores intentaban entrar al terreno para instalarse en los stands más cotizados por esos días en Ibagué, Tolima. El evento musical Jamming iniciaría pronto su versión número diez y los comerciantes, que se habían preparado durante meses y pagaron para estar ahí, llegaban con la ilusión de recuperar lo perdido en la pandemia, capitalizar sus empresas o salir de deudas. “Váyase, antes de que le roben sus cosas. Se canceló esto. La gente de logística se está llevando todo lo que encuentra, porque no les pagaron”, le dijo el portero del sitio a María Nubia Segovia, dueña de Savigurt. Gracias a esa advertencia, ella salvaguardó sus mil yogures a base de sábila y hortalizas. (Protestas del público por cancelación del Jamming Festival 2022)
La noticia de la cancelación del Jamming solo se conoció la madrugada de ese viernes en Playa Hawái, 24 horas antes de su realización. Las primeras en recibirla fueron las nietas de la dueña de Artesanías Bachué. Una de ellas, Juanita Calderón, cuenta que se enteraron a las 3 a.m., cuando llegaron con su mercancía. “Pensamos que era mentira, ¿cómo iba a pasar eso, si hasta la noche anterior nos dijeron que sí había evento”, exclama la joven, cuyo negocio familiar invirtió, con ahorros y préstamos, $3 millones en el arriendo de su stand y más de $20 millones en la elaboración de recordatorios alusivos al Jamming, como copas, manillas y pareos, que ahora no puede vender.
Minutos después, la abuela de Juanita llamó a Ángela María de la Pava Londoño, directora del Buró de Turismo del Tolima y esposa del dueño de Playa Hawái. La empresaria era considerada la anfitriona del Jamming, pues les abrió puertas a sus organizadores en Ibagué, principalmente a Alejandro Casallas, representante de la empresa Buena Vibra Eventos EU, cuyo paradero hoy es incierto, y a su papá, Luis Casallas. Si ellos necesitaban hablar con la Alcaldía para pedir un permiso o si requerían una reunión con el aeropuerto para conversar sobre la llegada de artistas en vuelos chárter, Ángela de la Pava los contactaba con las personas encargadas. (”Se cancela el Jamming Festival”: Secretaria de Cultura de Ibagué)
“Doña Ángela: ¿cómo así que se canceló el Jamming? Mi nieta está allá y estamos confundidas”, preguntó por teléfono la dueña de Artesanías Bachué a De la Pava. “¿Cómo así? ¿Qué está diciendo?”, respondió ella levantándose de un brinco de su cama. De inmediato, despertó a su esposo, Juan Raúl Solórzano, propietario del centro recreacional Playa Hawái, quien apenas había llegado horas antes a su casa, pues estuvo en Bogotá comprando mercancía para comercializar en el evento musical. “Amor, ¿cómo así que se canceló el Jamming?”, Solórzano también quedó en shock y llamó a uno de los organizadores, pero no recibió respuesta.
De la Pava llamó entonces a Greis Cifuentes, secretaria de Cultura de Ibagué, y le contó lo que estaba pasando. En los siguientes minutos, la servidora pública recibió una llamada de Luis Casallas, vocero del Jamming y papá del gerente de Buena Vibra Eventos EU, anunciándole que el evento se aplazaría por “fuerza mayor”, debido a que, supuestamente, varios artistas cancelaron su participación porque algunos integrantes tenían covid o no querían vacunarse, y temían generar malestar entre los asistentes, pues en redes sociales se ventilaban “amenazas” por la ausencia de ciertos artistas.
“Le pregunté si estaba seguro, porque iba a afectar la ciudad. Pero él me dijo tranquilo que iba a sacar un comunicado informando y que no saldrían a medios (…) Como ciudad, sí sentimos la necesidad de responder oportunamente por la cancelación que nos informaron los organizadores. Por eso, respondimos las llamadas de todos los medios”, explicó Cifuentes a El Espectador, aclarando que la Alcaldía de Ibagué realizaba un acompañamiento al evento, pero no hacía parte de su organización ni lo patrocinaba. (“Es una estafa millonaria”: comerciante sobre cancelación del Jamming Festival)
Por eso, hacia las 8 a.m. del viernes, la Alcaldía de Ibagué fue la primera en dar a conocer en medios de comunicación la cancelación del Jamming. La noticia era desconcertante en la administración, ya que, desde finales del año pasado, se realizaron reuniones con los organizadores y el gabinete para coordinar temas esenciales, como los permisos del espacio, el ingreso, el número de ambulancias disponibles y los policías que garantizarían la seguridad. Un día antes de la cancelación, el jueves, hubo incluso una reunión con el comité de riesgo, en el que cada dependencia expuso su plan para acompañar al Jamming y los organizadores del evento se conectaron de forma virtual.
“Luis Casallas dijo que todo estaba perfecto”, narró a este diario Cifuentes, quien constató que el montaje en Playa Hawái estaba casi al 100 %. La funcionaria reitera que la Alcaldía no canceló el festival, pues la decisión fue tomada unilateralmente por los organizadores “de forma inesperada, irresponsable y desorganizada”, y que esta provocó afectaciones en la percepción e imagen de la ciudad, porque en un comienzo los medios de comunicación no hicieron la diferenciación entre la Alcaldía y los organizadores del evento.
La ciudad esperaba 50.000 personas cada día y la cancelación generó pérdidas, aunque la administración local intentó ayudar a los emprendedores abriéndoles espacios en parques, centros comerciales y el Festival de Música Tradicional Colombiana, y con medidas para impulsar el consumo, como la suspensión del pico y placa para taxistas, y la apertura del comercio durante 24 horas, las discotecas abiertas hasta las 5 a.m. y restaurantes hasta las 2 a.m.
De acuerdo con Alba Lucía García, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, 20.000 personas llegaron a la ciudad por la terminal de transporte, 30.000 por el peaje Gualanday, desde Bogotá, y se registraron más de 600 vuelos comerciales. De los 31 stands instalados en el Jamming, la entidad calcula que más de setenta personas emprendedoras han sido afectadas con su cancelación.
De la Pava expone que en su caso “las afectaciones son de todo tipo: familiar, emocional, moral y económica, porque dejaron de pagar un arriendo en Playa Hawái, y ese es nuestro sustento. Pero, además, en el aspecto personal había una ilusión. Como directora del Buró de Turismo, yo estaba contenta de lo que estaba pasando en la ciudad. Le íbamos a demostrar al país que Ibagué está preparada para grandes eventos y era el desafío que siempre habíamos esperado. Fue devastadora la cancelación y la forma en que se dio. Jamás pensamos que se iba a cancelar”.
El Jamming también se volvió una tragedia para una emprendedora de 29 años. Está desempleada y tiene a su cargo a su mamá, abuelo e hijo, así que vio un salvavidas económico en el evento musical. Una vez se enteró de su realización en Ibagué, vendió su moto, pidió dinero prestado a sus conocidos y empezó a ofertar paquetes de hotel, comida y transporte para los asistentes al Jamming. Hoy debe cerca de $60 millones, porque varios de sus clientes abonaron solo el 50 %, sí viajaron a Ibagué, pero se negaron a pagar el resto del dinero excusándose en la cancelación del evento, mientras la llamaban “ladrona y estafadora”, sin que ella tuviera relación con la organización. La situación es tan grave, que terminó ha afectado su salud mental.
El Jamming, que tradicionalmente se había realizado en Ricaurte (Cundinamarca), se realizaría por primera vez en Ibagué, porque la antigua sede se había quedado pequeña y el cartel de 2022 era del más alto nivel, con artistas de la talla de Black Eyed Peas, Damian Marley, Ky Mani Marley, Enanitos Verdes y Zona Ganjah. Tan ambicioso que personas cercanas a la industria musical aseguraron a este diario que se “llenaron primero los ojos que la barriga”, pues esa oferta era insostenible con el precio de esa boletería.
Un empresario del Tolima, que pidió reserva de su nombre, le contó a El Espectador que sí hubo “banderas rojas” para sospechar que algo iba a mal. El comerciante, que se dedica al sector de comidas, vio en el Jamming una gran oportunidad de negocio exprés y se asoció con tres amigos para invertir todo su capital, cerca de $400 millones. “Ya teníamos créditos aprobados y nos acercamos a los organizadores, quienes siempre nos hicieron sentir exclusivos, decían que quedaban solo dos cupos para los negocios de restaurantes (pero ahora sabemos que eran más de veinte y nos tenían encantados a todos con el mismo cuento)”, sostuvo el empresario a este diario.
“En diciembre nos comienzan a asaltar algunas dudas, porque los voceros empiezan a faltar a las citas. En ese momento, el alquiler de una carpa de 6 x 6 metros costaba $24 millones, y en enero pasó a $35 millones. Notamos que los organizadores se querían ahorrar hasta el último peso, no tenían patrocinadores y en una visita a Playa Hawái vimos que el propio Luis Casallas era quien manejaba la retroexcavadora para alistar el terreno. Querían acaparar todo”, concluyó el emprendedor tolimense.
El sábado, un día después de la cancelación del Jamming, se supo que la Policía mantenía bajo custodia a Luis Casallas, papá del gerente de la empresa dueña del evento, y que se la habría ordenado no salir de Ibagué. Sin embargo, Luisa Fernanda Caldas, docente de Derecho Penal de la Universidad Externado, advierte que para afectar la libertad de una persona o prohibirle salir de la ciudad es necesario tener la orden de un juez. Si eso no se hizo, el acto es ilegal y arbitrario. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que el ente investigador no se ha pronunciado sobre el tema y no ha habido capturas.
En opinión de la abogada Caldas, el Jamming tendría implicaciones penales por los posibles delitos de estafa o abuso de confianza. El primer escenario tendría lugar si se demuestra que la persona que promovió el festival vendió las boletas anunciando un grupo de artistas con los que no había concretado nada; se trataría de un engaño. El segundo escenario se daría si, aun teniendo la confirmación de las bandas y los permisos de la Alcaldía, el evento se canceló y los organizadores no devuelven el dinero de las boletas.
“No implica engaño, pero si me pagaron por un concierto y este no se da, me estaría quedando con una plata que no me corresponde”, puntualiza la abogada Caldas. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa en contra de la empresa organizadora Buena Vibra Eventos EU, y se espera que próximamente se haga la formulación de pliego de cargos. Además, la entidad le pidió a la Fiscalía que investigue.
Los asistentes y emprendedores afectados también se están organizando para demandar de forma colectiva. El abogado Felipe Parra y cuatro de sus colegas están reuniendo casos para representarlos de forma gratuita y hacerles entender a los organizadores que “tienen que responder, y no solo basta con sacar comunicados ambiguos”. Por lo menos 200 personas están interesadas en iniciar las acciones y se está en la etapa de recolección de información y registro de formularios. Se espera que se instauren acciones ante la Superindustria y en la justicia civil.
“Al cambiar de locación, aplazar el festival y cancelar artistas, los organizadores generaron perjuicios y daños de carácter moral en las personas, por las expectativas, hicieron incurrir en gastos a los asistentes y comerciantes en hospedaje y transporte a Ibagué. También vamos a solicitar información a las entidades de control y la Alcaldía, que debieron haber hecho acompañamiento, queremos conocer si estaban haciendo un control adecuado, porque también puede haber omisión de autoridades y de la Superindustria, que tuvo que haberse pronunciado antes de que faltaran ocho días para el festival”, resaltó el abogado Parra. Todavía no se sabe a cuánto podría ascender la suma de los perjuicios.
El Festival Jamming, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que, por varias razones, algunos artistas cancelaron su participación en el evento, y por eso tuvo que ser suspendido. “Buena Vibra Eventos EU realizó y garantizó todas las acciones necesarias para la realización del evento (…) Pedimos disculpas por todas las personas afectadas y esperamos logren entender nuestros argumentos”, informó la empresa, que dio opción de devolver el dinero o abonarlo para asistir a otro evento.
“Hay gente que preparó 25.000 lechonas”
Camilo Andrés Murillo, empresario de la fábrica de achiras La Ibaguereñita, asegura que pagó $5 millones para poder estar en un stand del Jamming y vender sus productos. Normalmente, su empresa fabrica 1.000 paquetes semanales, pero con el evento aumentó a 16.000.
“Mi producto tiene una vida útil de tres meses, así que mi solución es dejar de producir y vender lo que tengo, pero hay otra gente afectada que preparó 25.000 lechonas o 12.000 tamales. También ha sido lindo ver la respuesta de la gente para ayudar, y ver a todos almorzando lechona y tamal”, aseguró Murillo.
“Nos preparamos un mes antes”
César Andrés Cocomá, representante comercial de la empresa Cocomá, cuenta que su familia se preparó un mes antes para el Jamming y adelantó la producción en un 30%. “Normalmente movemos en un evento 100 litros de limonada, pero para el Jamming alistamos 300 litros. Invertimos alrededor de $12 millones”, afirmó el empresario Cocomá.
Gracias a un espacio otorgado por la Alcaldía de Ibagué, la compañía familiar logró vender su producto y recuperar parte de la inversión. Sin embargo, Cocomá anunció que varios emprendedores se están uniendo para comunicarse con los organizadores del Jamming y buscar respuestas para sus afectaciones.
Por Pilar Cuartas Rodríguez
Conoce más