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25 Jul 2022 - 11:00 a. m.

Las puertas que se quieren abrir a la marihuana en el Congreso

Uno de los proyectos de ley radicados el pasado 20 de julio busca regular el uso adulto del cannabis, contempla su control en términos de salud pública e incluye políticas para cultivadores afectados por el conflicto armado.

Mónica Rivera Rueda

Periodista Bogotá

Nicolás Achury González

Realizador Audiovisual
El proyecto plantea subsidios en las licencias de producción de cannabis a personas afectadas por el conflicto.
El proyecto plantea subsidios en las licencias de producción de cannabis a personas afectadas por el conflicto.
Foto: Jose Vargas Esguerra

Hay esperanzas en el Congreso de sacar adelante la regularización de la marihuana de uso adulto. El pasado 20 de julio, durante la instalación de la nueva legislatura, no solo llamó la atención Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Valle (Pacto Histórico ), quien apareció con cervezas y chocolates con marihuana, así como con unos zapatos hechos de fibra de cáñamo, sino que además miembros del mismo partido radicaron un proyecto de ley con el que se espera establecer las condiciones para la comercialización de la marihuana de uso adulto.

El proyecto fue radicado por los congresistas Gustavo Bolívar, Aída Quilcué, Ermes Pete, Polivio Rosales, Norman Bañol y Alejandro Ocampo con el fin de establecer un marco regulatorio, en el que prime la salud pública y haya condiciones sólidas que protejan a los pequeños y medianos cultivadores, en especial a quienes están en zonas afectadas por el conflicto armado. (Vea este especial multimedia sobre marihuana en el norte del Cauca: El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca)

El proyecto se puede explicar en tres partes. En la primera, relacionada con la producción, se establecen requisitos básicos, como la obligatoriedad a los productores de adquirir semillas caracterizadas y registradas en el ICA, y se plantea un sistema de cupos para el control de la oferta.

Sumado a esto, se establecen condiciones para que comunidades indígenas, campesinas y minorías raciales puedan tener un plazo hasta de dos años para caracterizar sus semillas o adquirir las que están registradas, y se propone otorgarles beneficios en la entrega de licencias (que pueden ser subsidios y hasta dárselas gratuitamente) a estos mismos cultivadores que busquen formalizarse “a través de una discriminación positiva que tenga como base aspectos de género y grupo étnico, socioeconómicos y que reconozca la condición de personas vulnerables o que habitan territorios que han sido afectados por el conflicto y los cultivos ilícitos, entre otros”, indica el proyecto.

Según explica el senador Gustavo Bolívar, con este tipo de acciones lo que quieren es que, como ocurrió en California, la regulación beneficie, en primera medida, a las víctimas del conflicto detrás de la comercialización ilegal y a quienes han sido condenados por temas relacionados con la marihuana, pues también el proyecto propone dar una amnistía a quienes hayan cometido delitos menores relacionados con el cannabis. (Puede leer: “Nunca se habían dado tantas condiciones para avanzar en la regulación de drogas”)

“Lo que estamos tratando de solucionar con la ley del cannabis son los problemas que tiene la regulación medicinal, porque los procesos son tan costosos y solo grandes multinacionales con millonarias inversiones han podido sacar adelante el negocio, mientras que es muy difícil encontrar campesinos o indígenas con licencias, que son quienes al fin de cuentas le han puesto el pecho a las balas. Por eso proponemos que el 35 % de las licencias recaigan sobre estas personas y que se den las condiciones para poderse agremiar. Ellos tienen el conocimiento y mucho por aportar”, indicó Bolívar.

En el caso de los autocultivos, se permitiría tener hasta veinte plantas, pero en estos casos no sería necesario tener una certificación de la semilla, mientras que en cuanto a los dispensarios —establecimientos que puedan almacenar, distribuir al por menor y vender al público el cannabis— se deja en claro que pueden ser públicos o privados, pero los públicos deberán adquirir el 50 % de la marihuana de pequeños y medianos productores.

La segunda parte está enfocada en la salud pública. El proyecto indica que el Ministerio de Salud deberá tomar determinaciones de su calidad, como por ejemplo las concentraciones de los cannabinoides (el THC y el CBD) y sus características organolépticas. De igual forma, deberá contemplar condiciones importantes como el etiquetado y el empaque, que de entrada no podrá tener colores llamativos, sugerir que el cannabis contribuye al éxito en cualquier área de la vida ni divulgar información falsa o engañosa que reduzcan la percepción del riesgo con expresiones como “suave”, “saludable” o “relajante”. (Le recomendamos: Corte estudia demanda para que el Estado controle el mercado de las drogas)

En cuanto a la prevención del consumo, se pide al Ministerio desarrollar herramientas para capacitar al personal de la salud en el trato a los consumidores problemáticos de la marihuana de uso adulto, y solicita crear políticas públicas e indicadores de seguimiento para establecer cambios en la prevalencia o los patrones en el uso del cannabis, por rangos de edad y poblaciones.

Bajo esta misma sombrilla, se prohibe cualquier tipo de promoción del cannabis para uso adulto y sus derivados, por lo que no se podrán promocionar en redes sociales ni medios de comunicación, fijar vallas, pancartas ni murales, ni patrocinar eventos deportivos o culturales en los que se identifique o informe sobre las empresas de marihuana.

Frente a estas condiciones, Bolívar resalta que la importancia está en reconocer las diferencias entre regular y legalizar. “Si hablamos de legalizar, como el licor, una empresa puede poner una valla o aparecer en una camiseta de la selección Colombia, pero en el sistema regulado no se puede promover el consumo ni se puede consumir en la calle. Se mantienen las restricciones, lo único que cambia es que se puede producir y distribuir, porque consumir, ya es legal la dosis mínima. La otra diferencia es que se requiere licencia, porque se tiene una trazabilidad de los productos y de la calidad, desde la adquisición de la semilla. Todo eso es muy controlado”. (Puede ver: Ruta de la marihuana en Jambaló: voces de cultivadores y quienes sustituyeron)

Por último, el proyecto incluye los impuestos. Se establece una tarifa nacional al consumo del 16 % del valor del producto final, que en principio sería diferente al del IVA, pero cuya destinación se iría en un 50 % a la prevención de sustancias psicoactivas, mientras que el 50 % restante se invertiría en el desarrollo rural de proyectos vinculados a políticas, planes y programas de construcción de paz y reparación de víctimas.

La puerta está entreabierta

En los últimos tres años, en el Congreso han cursado dos proyectos con los que se ha intentado modificar el artículo 49 de la Constitución, para permitir el uso adulto de la marihuana. El primero, que se hundió en primer debate, mantenía restricciones de porte y consumo en espacio público, mientras que el segundo fue aprobado en comisión primera de la Cámara, pero fue archivado en plenaria. Este planteaba la regulación a partir de la salud pública, la autodeterminación de los pueblos, y las licencias y sanciones, entre otros aspectos.

Parte de lo que se alcanzó a conciliar con este último proyecto fue incluido en el actual, con lo que los cabildantes ponentes esperan garantizar su rápido tránsito por las comisiones y, si bien, la bancada de gobierno entra con la ventaja al tener las mayorías, son variadas las condiciones que se deben plantear al contar con los votos.

Para Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por Bogotá, quien estuvo al frente del proyecto que fue archivado, señala que la discusión ya no se centra en si es bueno consumirla o no. “Lo que nos tiene trabados a los congresistas es que todavía está la discusión moral, porque en Colombia es legal fumar marihuana. Acá lo que estamos hablando es sí es legal comercializarla y, por supuesto, que hay una presión legal bastante grande, porque el desconocimiento es enorme en la población sobre los daños que pueda generar el cannabis frente a otras sustancias reguladas como el alcohol o el tabaco. Esto les pone una presión a los congresistas que sienten que pueden perder su electorado si se ponen del lado de la regulación”.

Por su parte, Pablo Zuleta, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), señala que se puede partir del ejemplo de otros países donde ya se ha regulado. “La legalización de la marihuana tiene efectos positivos sobre el consumo. En Estados Unidos hay evidencia de que aumentó el consumo en algunos rangos de edad, pero no el problemático. En particular lo que sabemos es que el consumo de cannabis sustituyó el de otras drogas, incluidos el alcohol y la heroína. Dicho de otra forma, una regularización fuerte puede tener efectos mucho más allá del tema fiscal”.

Sobre las ganancias que puede dejar el consumo interno de la marihuana, un análisis de Dejusticia, con base en estimativos de 2015 del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el consumo al detal del cannabis en varias ciudades, se estimó que el mercado del cannabis podría mover al año entre $2,2 billones y $4,4 billones, “pues el cannabis es, de lejos, la sustancia declarada ilegal más usada en todo en todo el país”, indica el libro Laberintos de prohibición y regulación. Los grises de la marihuana en Colombia.

Luis Felipe Cruz, uno de sus autores, manifiesta que es importante tener un enfoque de justicia social y comercio justo. “Uno piensa en medidas como que a las personas que han ido a la cárcel por vender marihuana en contextos de pobreza se les podría expedir licencias para venderla, ya que han sido afectadas por el mercado ilegal, la política de drogas y claramente no se involucraron en el negocio para ser Pablo Escobar, sino que, por ejemplo, era una madre cabeza de hogar que se puso a vender cannabis porque era la forma más fácil de cuidar a sus hijos. Ella no es la gran criminal. Entonces la política de drogas debería atender a estas personas y una forma de hacerlo es garantizar que ella tenga un puesto sobre el mercado legal. Ese es el tipo de medidas que se deben discutir”.

Aunque los promotores del proyecto creen que tienen las posibilidades para avanzar en el debate, resta esperar a que comience la discusión, que por ser un acto legislativo, requiere ocho sesiones en Cámara y Senado. A la par de la regulación de la marihuana de uso adulto, Bolívar indicó que radicarán en los próximos días otro proyecto con el que pretenden poner sobre la mesa la posibilidad de regular el resto de las drogas y los cultivos de coca y amapola.

“La propuesta es que países como Bolivia, México y en caso de que llegue Lula a la presidencia en Brasil podamos promover como bloque progresista latinoamericanos para hacer una propuesta global para la legalización. Trataremos de regular algo muy parecido a como ya pasó en Oregón, donde ya es legal el consumo de todas, están avanzando en la regulación de la producción y es posible que logren avanzar mientras nosotros lo hacemos”, indica Bolívar. Por lo pronto, las decisiones dependerán de los argumentos que se den en el Congreso.

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